Próximos juicios a los genocidas
El año 2013 nos encuentra en La Plata con 5 causas elevadas a juicio oral, a saber: hechos parciales por los CCD “La Cacha” y “Pozo de Banfield”, los crímenes cometidos contra los hermanos Iaccarino y los militantes Bettini y Bearze, y la apropiación de Elena Gallinari Abinet.
Tanto las causas Cacha, como Iacarrino y Gallinari-Abinet serían llevadas a juicio este año por el TOF N°1, presidido por Carlos Rozanski e integrado por los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, que en diciembre de 2012 fueron designados en el tribunal ante el apartamiento de Falcone y Portela. Se estima que las causas por el secuestro de los hermanos Iaccarino y por la apropiación de Gallinari comenzarían luego de marzo, mientras que el proceso por “La Cacha” comenzaría antes de la feria judicial de julio.
Tras llegar tardíamente a la instancia de juicio oral, todas estas causas dejan a muchas víctimas y represores en el camino, y confirman la propuesta de justicia a cuentagotas que realiza el Estado.
LOS HERMANOS IACCARINO
La causa Nº 3361/12, "Iaccarino, Rodolfo José y otros s/averiguación apropiación de bienes" investiga el secuestro, tortura y robo de bienes a los hermanos Iaccarino. La investigación fue elevada a juicio en marzo de 2012 e incluye acusación contra Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, ex jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús.
Las víctimas, los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo se dedicaban a la actividad empresarial en los rubros de la carne, la construcción, bancos y cooperativas. Durante su cautiverio, que comenzó en Santiago del Estero en noviembre del ’76, fueron obligados a desprenderse de las empresas, campos y un avión. Para la venta forzosa fueron llevados a la Brigada de Lanús (CCD conocido como “El Infierno”) en octubre del ‘77, a pesar de que desde mayo de ese año habían sido "legalizados" en la Unidad 9 de La Plata. Fueron liberados en septiembre del ’78, luego de que su padre firmó la cesión de los bienes.
Tras realizar durante 30 años varias denuncias por la multiplicidad de hechos de que fueron víctimas, los hermanos recibieron amenazas. El mayor de ellos, Rodolfo, murió en julio de 2009 de una complicación cardíaca, luego de haber recibido un mes atrás una amenaza en persona de un hombre que le dijo en una plaza platense “El caso Julio Lopez va a ser un poroto al lado del caso Iaccarino”. El hecho está denunciado en otra causa del juzgado N°3 de La Plata.
El expediente se inició como causa “N° 2384” en 2005. En sus testimonios en Juicio por la Verdad y en el juicio a Von Wernich los hermanos señalaron que Alejandro pasó por 14 CCD entre Santiago del Estero y la U9, reconocieron a una decena de torturadores del COT 1 de Martínez y de la Brigada de Lanús, y afirmaron la presencia de funcionarios judiciales que en un lugar de detención clandestina convalidaron el robo de los bienes. Pero la justicia sólo llevará a juicio a los máximos jefes del CCD “El Infierno”. Un primer desguace.
LA LUCHA DE ELENA
La causa "Madrid, Elichart y Kirilosky” juzgará la retención y ocultamiento de menor, supresión y suposición de estado civil y falsedad ideológica de documento público en el caso de Elena Gallinari Abinet. Nacida en 1976 durante el cautiverio de su mamá, María Leonor, e inscripta como hija propia por el represor Domingo Madrid, Elena recuperó a su familia en el ‘87 y su identidad en el ‘94. Durante 11 años, desde su nacimiento en 1976, vivió con el subcomisario de la Bonaerense Domingo Luis Madrid y su esposa, María Mercedes Elichart, quienes con la complicidad de la médica platense Silvia Kirilovski la anotaron como su hija biológica. Pero la joven fue recuperada por su abuela Leonor Alonso, que inició una causa que la justicia termino considerando prescripta y absolvió a los imputados. Pero Elena no estuvo conforme, y en abril de 2007 se presentó ante la justicia e inició la causa judicial que este año llegará a juicio.
La madre de Elena, María Leonor Abinet, era una docente, militante gremial e integrante de Montoneros de la zona norte del Conurbano. Fue secuestrada el 16 de septiembre de 1976, embarazada de siete meses. Su padre, Miguel Ángel Gallinari, fue un obrero metalúrgico, delegado gremial y militante montonero secuestrado en junio del ’76. Miguel logró escapar cuando era trasladado a Campo de Mayo, pero un mes después fue recapturado y aún permanece desaparecido. Elena nació en cautiverio y fue entregada a Madrid por otro genocida de la Bonaerense que no será juzgado. Y el CCD en el que su madre la dió a luz no ha sido nunca investigado, con la excusa de que no hay sobrevivientes con los que María Leonor haya compartido su detención.
CAUSA “LA CACHA”
El proceso más grande a enjuiciarse próximamente en La Plata es la investigación por hechos del CCD “ La Cacha ”, uno de los más sofisticados de la dictadura en términos de coordinación entre los servicios de inteligencia de las fuerzas represivas. Tras varias idas y vueltas del juez Blanco en la instrucción de la causa el juicio finalmente incluirá a sólo 16 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. A continuación los detalles de una causa que tiene de todo: fragmentación de casos, genocidas muertos impunes, exonerados y prófugos.
El CCD “ La Cacha ” fue creado en el marco de una etapa definida del plan sistemático de represión ilegal diseñado por la junta militar y respondió a la necesidad de obtener información precisa para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en las afueras de La Plata y fue uno de los centros clandestinos de detención más sofisticados de la dictadura. Según los relatos de algunos sobrevivientes como Ricardo Victorino Molina el nombre “ La Cacha ” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que en un cínico paralelo elaborado por los represores “hacía desaparecer gente”.
Situado en la localidad de Lisandro Olmos, el CCD funcionaba en la antigua planta transmisora de Radio Provincia entre las calles 197, avenida 53, Ruta Provincial n° 36 y la calle 47 y cerca de las vías del ferrocarril Belgrano. se encontraba emplazado a 50 metros de lo que hoy es la entrada principal de la ex Unidad Penitenciaria n° 8 y a unos 100 metros del muro de la Unidad Penitenciaria n° 1 . Al predio se ingresaba por un camino de tierra corto que daba a una zona semi-deshabitada. El centro clandestino estaba compuesto por tres espacios diferenciados: un edificio principal de tres niveles, en donde se alojaba a los detenidos, otra edificación lindera a la anterior, denominada "la casita", que servía como sala de torturas, y una especie de casa rodante, adyacente a los otros dos edificios, a la que algunos ex detenidos-desparecidos fueron conducidos para sostener entrevistas con sus captores. Asimismo, algunos liberados mencionan haberse enterado durante su cautiverio de la existencia de otro centro de detención llamado “cachavacha superstar” o “casita azul”, en la que los prisioneros habrían tenido un régimen de permanencia distinto, sin “tabicamiento” y con la posibilidad de desplazarse por el interior del lugar.
La instrucción de la causa Cacha en el Juzgado Federal de 1ª Instancia de La Plata, a cargo del juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter, confirmó durante 10 años el extendido criterio de la justicia de fragmentar y estirar los procesos que tanta lucha costó para que fueran agrupados como unidad de hechos en un CCD. Desde hace casi 30 años, la misma justicia dispone de la declaración conjunta que parte de los sobrevivientes de este CCD hicieron ante la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo (conocido como Clamor). En 1983 y ante ese organismo los sobrevivientes detallaron un croquis y una descripción de las instalaciones de La Cacha con su distribución interna y una lista con los apodos de los represores y la pertenencia a cada arma o dependencia que intervenía.
Anuladas las leyes de impunidad en 2003, reabierta como Causa N° 16.419 “Dr. Felix Pablo Crous s/ denuncia (La Cacha-L.Olmos)” y radicada en el Tribunal N°1 de Blanco y Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Federal Sergio Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires donde tres denunciantes anónimos y ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en el CCD. Cotejados los legajos penitenciarios del ‘76/’83, se citó a indagatoria al “Oso” Acuña, a Osvaldo Uset (a) “el negro”, a Víctor Irineo Garay (a) “pájaro loco” y a Domingo Mac Tier (a) “Mister Y” o “Mister X”.
Pero recién en diciembre de 2009 la fiscalía hizo una descripción de los hechos y solicitó la detención de una veintena de imputados. Se comenzó entonces a imponer la división de la instrucción, contemplando sólo hechos perpetrados a lo largo del año 1977 y por sólo una porción de imputados, porque “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad” habrían aconsejado ir por partes.
Para mostrar cierta movilidad en la causa, en 2010 Blanco solicitó que el Poder Ejecutivo Nacional levante el secreto que protegía a la información de Inteligencia, y se imputó a 12 agentes del Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 101. Y aquí comenzaron nuevas defecciones del Juez: Las primeras detenciones, sobre 17 represores, se hicieron entre febrero y marzo de 2010. Luego, en abril de 2010, se suspendió el proceso contra Cesar Emilio Branne, por padecer “síndrome de Corea Huntington” o “Mal de San Vito”. Branne, que estaba con domiciliaria, quedó libre. En agosto de 2010 se procesó y detuvo a Rufino Batalla. En septiembre de 2010 se procesó a Juan Carlos Negri, Enrique Cicciari e Isaac Miranda. En diciembre de 2010 se le dictó la falta de mérito a Cicciari luego de indagarlo y, único imputado del Regimiento 7, quedó libre. En octubre de 2011, se constató el fallecimiento de Negri. Y para confirmar la costumbre judicial de llegar tarde buscar a los represores, entre febrero y marzo de 2010 se determinó como prófugos a 3 imputados en la causa con órdenes de captura: Ricardo Luis Von Kyaw (en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (en Israel) y Miguel Angel Amigo. Amigo fue recapturado en diciembre de 2012 y se espera la resolución sobre si será o no parte del juicio.
La siguiente defección fue en marzo de 2012, cuando Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa.
Las imputaciones definitivas recayeron entonces sobre 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Alejandro Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg). Un total de 18 genocidas para uno de los campos más grandes de la zona represiva de La Plata. Pero el cuento no terminó allí, ya que entre mayo y septiembre de 2012 murieron impunes, gracias a la demora judicial, el coronel Arias Duval y el general Saint Jean mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”. Arias Duval era el único imputado en Cacha acusado por los homicidios y apropiaciones de niños, además de los secuestros y torturas, de manera que con su muerte quedan impunes cientos de delitos, pero principalmente escapa a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en dictadura en La Plata. Los nombres de ambos decesos pasaron a integrar la irreversible cifra de 320 represores muertos impunes desde la caída de las leyes de impunidad, 8 de ellos imputados en causa Cacha.
Quizás por su doble rol como juez electoral y penal federal, Blanco estuvo muy ocupado en intríngulis narco-electorales como para dedicarse de lleno a una causa como la de “La Cacha”, que hace 10 años está en sus manos. Pero lo de su secretaria Ana Cotter es fuera de serie. Cuando elevaron a juicio la causa fragmentada, Justicia Ya se opuso por no estar completa la instrucción y contestó a la elevación en subsidio. En ese momento, Cotter prometió fervorosamente que iba a trabajar sobre lo que quedaba del año ‘77 y todo el año ‘78 para elevarla y que se juntara con lo ya elevado hace un año. Ahora, en una entrevista con Justicia Ya en febrero de 2013 la Sra. secretaria aclaró que no tuvo ni tiene tiempo de hacerlo y que no lo va a hacer porque se está ocupando de otra cosa; que de todas formas debería volver a tomar testimonios para que los sobrevivientes “reconozcan” a los represores; que sin reconocimiento, incluso dijo que “al menos dos”, ella no eleva nada; y que quizás investigaría si los organismos querellantes le hacemos el trabajo.
Con estas posiciones no sólo se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de policía, penitenciarios, de la Armada y del Ejército. También se retrocede a criterios ya superados como que la medida de prueba para imputar a reconocidos represores sea exclusivamente un reconocimiento fotográfico a 37 años de los hechos y haciendo recaer la responsabilidad del avance de la causa nuevamente en la víctimas.
La “sana crítica racional” o la “íntima convicción” del juez Blanco y su secretaria Cotter dejan paso a las contradicciones de un tribunal que, en distintas resoluciones de la instrucción, afirma por un lado que el reconocimiento fotográfico “ha resultado de mucha importancia en causas como la presente”, a la vez que define por otra parte que “el tabicamiento de las víctimas fue un mecanismo efectivo para evitar que los responsables fueran individualizados”.
Por último, se sabe que tanto la Fiscalía Federal de La Plata, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y del embajador argentino en España Carlos Bettini y su familia, pretenden que la causa N°29 por el asesinato en noviembre del ‘76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi sean juzgados junto al expediente por La Cacha. En febrero de 2013 el juez Arnaldo “2.040” Corazza cerró la instrucción de esa causa en relación a los genocidas imputados Etchecoltaz, Smart, Eduardo Gargano, Horacio Lujan y Julio César Garachico, y decidió fragmentar la causa para continuarla en otras actuaciones respecto a los represores Juan María Torino y Norman Alfredo Miniot. Más fragmentación.
CAUSA POZO DE BANFIELD
En otra obra maestra de la desidia judicial, en abril de 2012 el hoy renunciado juez Corazza decidió elevar a juicio oral la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD conocido como “Pozo de Banfield”. La tarea del juez se limitó a declarar clausurada la pobrísima instrucción que, pese al importante aporte de prueba que los organismos de DDHH realizaron, lo llevó a imputar a sólo 7 represores por este campo. Uno de ellos y jefe del CCD, Juan Miguel Wolk, está prófugo. El resto de los genocidas que actuaron en el lugar, como se acostumbra, quedará para inciertos próximos juicios.
Ubicado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, el “Pozo” funcionó como centro clandestino de detención entre los años 1974 y 1978 en lo que era la Brigada de Investigaciones de Banfield.
Por este CCD pasaron alrededor de 292 detenidos, y una de sus características específicas fue su papel relevante en el circuito de centros clandestinos que funcionó como apoyo para el llamado “Plan Cóndor”, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur parcialmente probada en el juicio que en marzo de 2011 condenó a sólo 4 genocidas por los casos de 65 compañeros que pasaron por el CCD “Automotores Orletti”, y que en el caso de Banfield alojó a parte del grupo de uruguayos militantes del MLN-AMS-GAU secuestrados entre diciembre del ’77 y mayo del ’78. Otra marca distintiva del “Pozo de Banfield” fue el gran número de embarazadas vistas allí y la cantidad de partos que se produjeron en ese lugar. Los casos de Adriana Calvo, que dio a luz en el auto que la trasladaba de Comisaría 5ta de La Plata a Banfield; el de Silvia Isabella Valenzi llevada del Pozo de Quilmes a parir al Hospital Iriarte de Quilmes, alojada en Banfield y apropiada su hija; y el de Stella Maris Montesano que dio a luz a su hijo Martín en una celda del CCD y desaparecida igual que su esposo Jorge Ogando; son sólo algunos de los que dan cuenta de la maternidad clandestina funcionaba en este CCD.
Iniciada en febrero de 2006 a raíz de una denuncia presentada por H.I.J.O.S. regional Capital, la causa N° 26 Pozo de Banfield tuvo un tortuoso derrotero. En 2008, los organismos querellantes pidieron la imputación de cerca de 200 represores en la causa, por todos los compañeros que pasaron por el campo. En 2010 Corazza decidió procesar, a instancias del requerimiento fiscal, a 6 genocidas (4 de ellos ya procesados en otras causas y pertenecientes a la cadena de mandos), e imputó como procesados nuevos al comisario Miguel Wolk y a Raúl Carlos Rodriguez. En septiembre de 2011 los roganismos reiteraron infructuosamente el pedido. Finalmente, el 23 de marzo de 2012, Justicia Ya! La Plata presentó una queja por retardo de justicia en las causas que instruye Corazza. El 24 de abril de 2012 el juez se despachó con varios “no ha lugar” por pedidos de oposición a la elevación a juicio de la causa en estas condiciones, de paso declaró la prescripción de la acción penal sobre el genocida Ignacio Oscar García “en virtud del fallecimiento del mismo”, y elevó la actuación a juicio.
“No tengo personal”, “estoy con otra causa”, “estoy cansado y nervioso”, “no soy Superman” y “a este paso vamos a terminar las causas en el 2.040” fueron las excusas que varias veces dio Corazza a los organismos querellantes con cínica elocuencia.
En resumen serán 7 los represores llevados a juicio en esta causa: Rodolfo Aníbal Campos (Sub-Jefe de Policía Bonaerense de diciembre de 1977 a marzo de 1979), Ibérico Saint Jean (militar, gobernador de facto de la provincia), Miguel Etchecolatz (Director General de Investigaciones), Juan Miguel Wolk (Comisario y Jefe del CCD), Raúl Carlos Rodríguez (Subdirector de Investigaciones, segundo de Wolk), Jaime Smart (Ministro del gobierno defacto de la Provincia), y Jorge Antonio Bergés (médico policial). De todos ellos, sólo 3 son específicos de este CCD (Bergés, Wolk y Rodriguez), los otros son imputados por cadena de mandos. Las víctimas incluidas son 134.
En diciembre de 2012, en inusitado rapto de lucidez, “Superman” Corazza decidió procesar en una causa residual de este CCD a 15 represores más, que en su mayoría están requeridos en causa Cacha y son integrantes de la inteligencia militar. Eso sí, Corazza les otorgó automáticamente la prisión preventiva domiciliaria. Difícilmente integren el juicio por el CCD Banfield elevado en Causa N°26, aunque con la justicia federal nunca se sabe.
Párrafo aparte merece la imputación de Wolk, alias “El Patón”, “El Alemán” o “El Nazi”, ya que por lo menos entre 1976 y 1979 actuó en prácticamente todas las divisiones policiales que funcionaron con sede en el edificio del “Pozo de Banfield”: Jefe de la División Delitos contra la Propiedad, Director de la Dirección de Investigaciones y de la Dirección de Seguridad, Zona Metropolitana. Fue además Subdirector y Jefe de Plana Mayor de la Dirección General de Investigaciones y pasó brevemente por la Unidad Regional de Tigre. Además porque durante años la justicia lo daba por muerto. Sólo ante la denuncia de una compañera ex detenida que determinó que seguía cobrando su jubilación y que vivía en Mar Del Plata, se lo pudo imputar en la causa. Pero no fue Corazza el que lo ubicó, sino el periodista Roberto Garrone, quién lo buscó para entrevistarlo y hace 3 años lo encontró en su chalet de Benedetto Crocce 3045 del barrio Punta Mogotes.
Puesto en evidencia, Corazza lo mandó a indagar, pero lo hizo sin avisar a las querellas y liberó con domiciliaria al genocida por las famosas “razones de edad y salud”. Casi como un final previsible ante tanta inoperancia judicial, el 10 de Abril de 2012 la Corte Suprema de Justicia confirmó el rechazo de la prisión domicilia de Wolk, cosa que publicó en su sitio oficial de Internet en la misma fecha. La causa llegó a la Cámara de Apelaciones de La Plata el 27 de abril y recién el 4 de mayo el Juez “Cansado” Corazza ordenó su detención. Pero WolK ya no estaba. Su abogado comunicó el 3 de mayo que la hija de Wolk, Mónica Luján, de 51 años y teniente de la Policía Bonaerense, denunció su “desaparición” en la Comisaría 5ta de Mar del Plata el mismo 27 de abril de 2012. Wolk, junto a cerca de 70 genocidas más en todo el país, está prófugo con evidente complicidad de la Justicia que les da la oportunidad de fugarse. Por este hecho Abuelas de Plaza de Mayo pidió el juicio político a Corazza, que anticipando un oscuro horizonte publicó su renuncia en las redes sociales en enero de 2013, y que aún debe ser resuelta por la Cámara Federal de La Plata.
A 37 años del golpe genocida, la justicia platense evade la memoria de las víctimas y de sus familiares que esperan reparación. La justicia hace silencio frente a las denuncias y los reclamos de los organismos de Derechos Humanos, a los que les pide que, como siempre, terminen haciendo el grueso del trabajo investigativo. Los jueces Blanco y Corazza evaden su responsabilidad de investigar y, en definitiva, revelan a la sociedad toda qué calidad de funcionarios judiciales tienen los tribunales Federales de La Plata donde, a 10 años de anuladas las leyes de impunidad, sólo se ha condenado a 44 genocidas de la última dictadura, y donde sólo tienen procesados a otros 80 para entretenernos los próximos 10 años con una farsa de justicia.
HIJOS LA PLATA - Marzo 2013
Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!
HIJOS La Plata
