6/24/2015

La Justicia intimó al gobierno a profundizar la búsqueda del hijo desaparecido de Nora Cortiñas

(APL)A pesar de no haber concurrido a la audiencia ni el teniente general Milani ni el ministro Rossi, el Juzgado Nacional de Instrucción Nº 12 a cargo del Juez Ricardo Warley, hizo lugar al habeas corpus presentado por la madre de Plaza de Mayo -Línea Fundadora e intimó al gobierno nacional, al Episcopado Nacional, al Ministerio de Defensa y a la Jefatura del Argentino a que “continúen todas las diligencias necesarias a fin de profundizar la búsqueda de información tendiente a cumplir con el objetivo de esta acción de habeas corpus que es el de conocer el paradero de Carlos Gustavo Cortiñas, para lo cual deberán informar trimestralmente a la accionante y al tribunal, toda novedad que ocurra en torno a ello”.

COMUNICADO ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS REPUBLICA ARGENTINA

Resolución del juzgado

“RESUELVO:
I-ESTAR A LO DISPUESTO EN TANTO SE HIZO LUGAR A LA PRESENTE ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR NORA IRMA MORALES DE CORTIÑAS, RADICADA BAJO EL NÚMERO 48065/12
II-EN CONSECUENCIA INSTAR TANTO A LAS AUTORIDADES DEL EPISCOPADO NACIONAL, COMO DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA NACIÓN Y DE LA JEFATURA DEL EJERCITO ARGENTINO A QUE CONTINÚEN TODAS LAS DILIGENCIAS NECESARIAS A FIN DE PROFUNDIZAR LA BÜSQUEDA DE INFORMACIÓN TENDIENTE A CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE ESTA ACCIÖN DE HABEAS CORPUS QUE ES EL DE CONOCER EL PARADERO DE CARLOS GUSTAVO CORTIÑAS, PARA LO CUAL DEBERÄN INFORMAR TRIMESTRALMENTE A LA ACCIONANTE Y AL TRIBUNAL, TODA NOVEDAD QUE OCURRA EN TORNO A ELLO.

Por auto por separado se dispondrán medidas para mejor proveer tendientes a ahondar la investigación conforme a los parámetros mencionados en los considerandos”.

“No me vuelva a archivar el Habeas Corpus”

Si vemos en el número de causa en el Punto I de la resolución que favorece a Nora, se verificará que la acción fue iniciada en el año 2012, hace tres años.
Idas y vueltas, rechazos y vuelta a empezar. El mismo juez que ahora hace lugar al H.C. lo archivó dos veces.

Ese mismo año del inicio, se presentó la Secretaría de DDHH de la Nación, representando al Estado Argentino y para nuestra sorpresa le pidieron al Juez que archive el recurso afirmando que “el H.C. no es la vía idónea para encontrar a un desaparecido”.

Pero Nora no se achicó, y una y otra vez nos instó a apelar y a presentar los recursos y las acciones que sean necesarios hasta que en la audiencia del 18 de julio le dijo en la cara al Juez “no me vuelva a archivar el H.C”, sobre todo indignada por las razones que escuchaba del Estado Nacional y del Ejército Argentino.

Como era de esperar no comparecieron ni el Tte. Gral. Cesar Milani, ni el Ministro Agustín Rossi, sin embargo debemos reconocer que enviaron una delegación del primer nivel.
Se presentó el Subjefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, el General de División Gustavo Jorge Luis Motta, y el Jefe del Archivo General del Ejército Coronel Walter Horacio Faneco. Ambos con los abogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ejército.
Por el Ministerio de Defensa se presentaron también las máximas autoridades jurídicas, la muy conocida abogada Graciana Peñafort y la Directora Nacional de DDHH del Ministerio Stella Maris Segado.

Por la Iglesia Católica, igualmente citada por la Justicia concurrió su máxima autoridad Monseñor José María Arancedo Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Milani y Rossi ausentes
Nora Cortinas estuvo acompañada por tres abogados de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados quienes planteamos dos veces incidentes de nulidad de la audiencia considerando que la citación había sido expresamente para Milani y Rossi y no para sus representantes.

Ambas incidencias fueron rechazadas y Nora nos instruyó para que continuáramos con la audiencia y no nos retiráramos.
Los representantes del Ministerio y del Ejército alegaban que ellos carecían de elementos para ahondar investigación alguna, llegaron hasta el colmo de proponerle a Nora que buscara en los archivos de la Biblioteca del Ejército y del Ministerio.
Nos dieron a todos los presentes una verdadera clase de Historia de los DDHH en la Argentina que escuchamos con paciencia, sin embargo no hablaron del objeto del HC presentado por Nora.

Permanentemente alegaron su compromiso con “los DDHH y con los desaparecidos” pero no pudieron darle a Nora una sola respuesta a sus requerimientos.
Un ejemplo de esto lo constituyó una carta de Nora de 1977, interceptada por la inteligencia militar durante la dictadura y encontrada por el Ministerio de Defensa perdida en algún rincón de alguna oficina. Nora les dijo “Uds encuentran esa carta y no pueden decirme dónde está mi hijo”.

Le planteó en la cara al subJefe del Estado Mayor general del Ejército, al General de División Motta, que ellos siempre tuvieron “listas, nombres, datos, direcciones, sobrenombres y por tanto no es posible ignorar lo que pasó con mi hijo”.
Lo más saliente de las tres horas que transcurrieron las discusiones está en dos reconocimientos admitidos por los representantes del Ejército y Defensa:

1)Que el Ministerio de Defensa y el Ejército argentino agotaron la búsqueda respecto de la información sobre Gustavo Cortiñas y carecen de mayores elementos.

2)Que el Ministerio de Defensa y el Ejército Argentino no pueden asumir en esa audiencia la representación de la totalidad del Estado Argentino.

Frente a semejante planteo se le solicitó al Tribunal que debe intimar al Estado Nacional a continuar con las actuaciones y tanto Nora en persona como su representación jurídica le plantemos al Juez “que no vuelva a archivar el H.C.”

Al otro día nos notificaron la resolución que trascribimos aquí arriba. En la misma, como se aprecia, el Juzgado les rechaza a ellos el planteo del agotamiento de la búsqueda y los intima a continuarla.

Entendemos que en la historia de los Habeas Corpus en la Argentina, plagada de rechazos sistemáticos es uno de los mayores avances.

Y lo es por varias razones:
La primera es que se hizo lugar al H.C. cosa que generalmente no ocurre, esto a pesar de los sucesivos rechazos y archivos anteriores.

La segunda es que mediando un sin fin de apelaciones y rechazos finalmente se hizo lugar a la audiencia obligatoria del art. 14 de la Ley de H.C. cosa más remota aún de que ocurra.
Y los requeridos enviaron una altísima representación.
Y la más importante es que la Justicia a pesar de los planteos del Ministerio de Defensa y del Ejército, les ordena continuar las acciones “hasta cumplir con el objeto del H.C”
Y por separado intima a otros ministerios como el de Justicia y DDHH a hacer lo mismo fijándoles también a ellos fecha de audiencia para explicar lo que hacen y harán.
Entendemos que tres años fueron mucho tiempo para un recurso de H.C. pero estamos muy conformes con el resultado.

El H.C. no es un instrumento susceptible de bastardearse desaprensivamente porque con eso no solo no se logra el objetivo sino que se acrecientan los antecedentes de rechazos masivos.
Entendemos que es una importante y simple herramienta que debe utilizarse con seriedad en todo momento, y con la inquebrantable voluntad de no ceder ante las primeras derrotas porque todas las instancias de la Justicia Argentina, nacionales y provinciales, incluyendo jueces y defensores oficiales tenderán siempre a su rechazo.
Y mucho menos admitirán que se convoque a las audiencias con los responsables de afectar vidas y libertades.
Nuestra Asociación entiende que ha quedado claro que el Estado Argentino carece de la voluntad y la capacidad para conocer o intentar saber con eficiencia el destino de los desaparecidos y por tanto consideramos que, más allá de la resolución que nos favorece, están agotadas las vías judiciales dentro de la Argentina con lo cual, si Nora nos lo indica, seguiremos ante las instancias internacionales que correspondan.
Nuestro agradecimiento inmenso a todos y todas las que acompañaron a Nora durante estos tres años, los que se solidarizaron con ella y los que confiaron en nosotros.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS REPUBLICA ARGENTINA
Junio 2015

MILANI RENUNCIO : “Que el pase a retiro no sea una garantía de impunidad”

Así se expresó en diálogo con ANRed Graciela Ledo, hermana del desaparecido conscripto Alberto Ledo en 1976, al conocer que el Jefe del Estado Mayor General del Ejército desde 2013, César Milani, renunció a su cargo. La noticia se conoció hoy a través de un comunicado que difundió el Ministerio de Defensa, que atribuye razones personales como motivo. Por ANRed.

"No creo que hayan sido razones personales, creo que son políticas. Han agotado todos los recursos para intentar cubrirlo", afirmó Graciela. "Su retiro lo tomamos con una expectativa lógica. No vamos a dejar de pedir que la justicia actúe, sin trabas, citando a todos los responsables a declarar por la desparición de mi hermano. También sabemos que deja un aparato de inteligencia todo armado, ha recibido mucho presupuesto y tecnología para espiar. Hace poco ha nombrado 14 oficiales de inteligencia".
El jueves pasado, 18 de junio, Milani y el ministro de Defensa Agustín Rossi no se presentaron a la audiencia fijada por el Juzgado de Instrucción 12, donde Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, interpuso un hábeas corpus por su hijo Gustavo, desaparecido en 1977. A pesar de las ausencias, representantes legales del Estado le informaron a Cortiñas y sus asesores legales que no tenían información alguna al respecto. "Ellos siguen con la política de negar todo. Milani dijo que no conocía a mi hermano, que el acta había sido hecha por azar, que no conocía que había civiles en el Batallón de Ingenieros de Construcción. Gran parte de los archivos no sé si están. Hay muchos archivos abiertos que no dicen nada. Lamentablemente han hecho desaparecer muchas pruebas", sumó Ledo al respecto.
También la semana pasada, el 17 de junio, el colectivo Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, había presentado un recurso legal para ser parte en Tucumán de la causa sobre la desaparición del conscripto Alberto Ledo, en la que el ahora ex-Jefe del Ejército está involucrado, y un hábeas corpus en diferentes tribunales de Tucumán, Bahía Blanca y Buenos Aires, pidiendo información.
"Su renuncia es una parte, como resultado de la lucha que empezamos al principio solas, con mi madre, y luego con varios organismos de derechos humanos, que hicimos conocer las denuncias que tenía desde el ’79, en otras causas, todas relacionadas con el genocidio", comenta Graciela Ledo. "Él es uno de los responsables de la desaparición de mi hermano, y de fraguar un acta en la que hasta se lo acusa de ladrón. Ha formado parte del aparato genocida en La Rioja".
La causa Ledo es una de las principales objeciones a Milani que presentaron diversas organizaciones, cuando se lo designó al frente del Ejército, dos años atrás. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, había pedido una revisión del ascenso, por las situaciones dudosas y comprometidas de Milani durante la última dictadura militar, y el apoyo a grupos carapintadas que intentaron un golpe de Estado durante el gobierno de Alfonsín.
Incluso el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) había tenido sus objeciones, a pesar de que Horacio Verbitsky, el periodista que preside el organismo, había advertido que su ascenso "no invalida la política de derechos humanos de la última década", en una nota suya de Página 12, en diciembre de 2013. La ONG había interrogado a Milani acerca del contexto en qué se produjeron los hechos que se le atribuyen y sus valoraciones actuales. Verbitsky destacaba que el entonces jefe del Ejército mentía cuando dijo que la represión en La Rioja fue pasiva y de baja intensidad, que era inverosímil que desconociera violaciones a los derechos humanos por su juventud y formación militar, y que Milani desconociera la identidad de quiénes trasladaba de la cárcel al juzgado, como una de sus funciones, entre varias sospechas a sus respuestas.
"Queremos que el pase a retiro no sea una garantía de su impunidad. Si piensa que el pueblo se va olvidar no es así, que pague por lo que ha hecho. Las autoridades que lo han nombrado y le han dado todo este poder, que digan y que respondan por qué pusieron a un genocida en semejante cargo", sentenció Graciela Ledo.

6/23/2015

Desconocidos quemaron el auto de Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga

(Por La Retaguardia) El hecho ocurrió en la madrugada del 7 de junio pasado en la puerta de la casa de la hermana de Luciano Arruga. El siniestro se produjo pocas semanas después de la condena a 10 años de prisión para el policía bonaerense Diego Torales por las torturas cometidas contra el joven durante una detención en setiembre de 2008, meses antes de su secuestro, desaparición y muerte. Orieta y su compañero realizaron la denuncia y exigen que se esclarezca el hecho. En el comunicado donde denuncian el hecho, repasaron todos los actos intimidatorios que sufrieron desde que Luciano desapareció.

 Los Familiares y Amigos de Luciano Arruga difundieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por lo sucedido en la madrugada del 7 de junio frente a la casa de Vanesa Orieta.
En el escrito explicaron que no se trata del primer hecho de hostigamiento del que son víctimas: “somos una familia que lucha por justicia para Luciano Arruga y todos los jóvenes que la policía secuestra, tortura, mata y desaparece,  y estos años nos han permitido dimensionar los alcances de esta mafia estatal organizada y protegida por los poderes más grandes. Nosotros sabemos a qué nos enfrentamos, y cada día lo sabemos más. Empezamos a buscar a Luciano con la certeza de que fueron ellos y con la seguridad de que iba a ser muy difícil: ellos lo asesinaron y desaparecieron, pero un sistema organizado los protege desde todos los frentes. El peligro que corremos se convirtió en cotidiano, y también las amenazas a nuestra integridad. Estamos una vez más en la penosa situación de tener que volver a denunciar que todas nuestras vidas corren peligro. El hostigamiento no se detiene”.

Otros hechos intimidatorios

Luego, enumeraron algunos de los hechos de los que fueron víctimas. Por ejemplo, en febrero de 2009, cuando Orieta y su amiga fueron al destacamento de Lomas del Mirador a exigir información sobre el paradero de Luciano, el policía que las atendió apoyó un arma arriba de la mesa. “Se hicieron costumbre los amedrentamientos a toda la militancia que sostenía la causa: autos de civil, patrulleros, personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros y llamadas telefónicas con amenazas de muerte explícitas”, agregaron.
“‘¿Tu hija está bien?’, le preguntó un hombre desde un auto de último modelo a Mónica Alegre (mamá de Luciano) cuando cruzaba la calle para ir a hacer compras a pocos meses sin Luciano. Vanesa Orieta fue recibida por la fiscal Roxana Castelli –primera a cargo de la causa– en presencia de uno de los 8 policías implicados en la desaparición de Luciano”, enumeraron en el comunicado.
Los Familiares y Amigos de Luciano recordaron además la amenaza recibida por un testigo que declaró haber estado detenido con Luciano en la Comisaría 8º. “No hablés porque te vamos a matar”, le dijo personal del Servicio Penitenciario cuando iba al baño en la fiscalía en la que prestó testimonio.
Entre los hechos relatados en el comunicado figura la detención de una integrante de Familiares y Amigos, ocurrida a mediados de 2009. La joven estuvo detenida ilegalmente durante horas en la Comisaría 13º de La Tablada, donde fue víctima de torturas y abusos.
En abril de 2011, la mamá de Luciano, Mónica Alegre, y sus dos hijos se despertaron a las 6 de la mañana con la casa llena de humo: “tardaron en comprender lo que había pasado: alguien les había metido una madera en brasa adentro de una pila de frazadas junto a la ventana. Les querían prender fuego la casa. Esa misma semana, un compañero recibió en su casa a un patrullero del que bajó uno de los 8 implicados en el secuestro de Luciano: ‘desaparecé porque te vamos a matar’. Fue interceptado, a los pocos días, por un patrullero de la comisaría de Lomas del Millón cuando repartía cuadernos en el Barrio 12 de Octubre. Un efectivo le preguntó nombre, documento, domicilio e intentaron subirlo a la fuerza. Nuestro compañero se negó y por eso el policía lo empujó violentamente contra el móvil y cargó su arma a la vista de todo el barrio. La impunidad siguió: como él no fue llevado gracias a la intervención de varios vecinos, después fueron amedrentados aquellos que lo defendieron”, expresaron en el comunicado.
Además, afirmaron que saben que en comisarías del conurbano bonaerense se guardan fotos de familiares y allegados a la familia de Luciano. Cabe recordar que en agosto de 2012, el hermano menor de Luciano, con 16 años, fue interceptado y amenazado en la calle por un policía de civil y un uniformado, ambos sin identificación, que circulaban en un auto sin patente que lo venía siguiendo.
En enero de 2013, una noche a pocos días de cumplirse 4 años de la desaparición de Luciano, después de una reunión en la casa de un integrante del grupo, un compañero fue secuestrado por una camioneta en la parada del colectivo y paseado por una decena de barrios del Conurbano. No le robaron y lo largaron después de horas en la casa de la reunión, a cuadras del punto de partida. Durante el viaje lo amenazaron de muerte todo el tiempo, lo tabicaron en su propia casa para registrarla y llamaron a otros integrantes del grupo sin dejar en claro nunca qué querían.
Hace menos de un año, en setiembre de 2014, 2 testigos de la causa por la desaparición forzada fueron detenidos ilegalmente por personal del destacamento de Lomas del Mirador, el mismo donde estuvo detenido Luciano en enero de 2009. “Los policías intentaron requisarlos contra la pared sin identificarse ni justificarse, uno de los jóvenes se defendió y entró a su casa, pero lo siguieron y le dieron una golpiza que le abrió la cabeza. Terminaron en la Comisaría 8º, responsable del destacamento, hasta que la familia de Luciano con sus abogados fueron a buscarlo”, relataron.
A menos de una semana del hallazgo del cuerpo de Luciano, ocurrido el 17 de octubre de 2014, una patota intentó prender fuego el local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. El último hecho conocido es el del 7 de junio pasado cuando a las 2 de la mañana desconocidos prendieron fuego el auto de Vanesa Orieta y su compañero.

Con nombre propio

Hacia el final del comunicado, los Familiares y Amigos de Luciano Arruga expresaron: “a todos los funcionarios del poder ejecutivo que nos recibieron en estos seis años y medio les expresamos lo mismo: necesitamos protección. Nos negamos a cambiar nuestra identidad y mudarnos a pueblos recónditos para que el Estado se haga cargo de que nuestra vida corre peligro. Nosotros queremos seguir luchando. Integrantes del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación fueron claros: ‘la seguridad se negocia’. No vamos a negociar la seguridad, porque no negociamos a Luciano, ni a su memoria, ni a su historia, ni a la lucha, ni a ningún pibe. Exigimos la seguridad para toda la familia y los amigos de Luciano Arruga. La situación es insostenible, corremos peligro real: responsabilizamos al gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires por cualquier ataque a nuestra integridad o nuestra lucha”.
Los mismos pedidos y reclamos que realizamos quienes desde un primer momento estamos junto a la lucha de los familiares y amigos del joven que - como ellos mismos repiten una y otra vez - fue asesinado por la Policía Bonaerense y desaparecido por el Estado.

6/02/2015

Nora Cortiñas no pudo realizar charla sobre Derechos Humanos en la Universidad Arturo Jaureche


Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, y Pablo Pimentel, de la APDH, fueron algunas de las personalidades que el viernes pasado rechazó la dirección de la Universidad Arturo Jaureche para realizar una charla sobre la investigación de desaparecidos de Florencio Varela, en el marco de la campaña “Si no hay justicia hay escrache”. La respuesta se fundamentaba en que ya bastaba con la “valiente” decisión política del Gobierno en Derechos Humanos. “El rector cometió un error”, afirmó Cortiñas. La actividad se realizó pero en la vereda. Por ANRed.

El viernes 29 de mayo se realizó una actividad para lanzar la campaña “Si no hay justicia hay escrache”, que busca concientizar y reclamar por la apertura de archivos sobre desaparecidos en Florencio Varela, así como acompañar la investigación sobre 20 personas enterradas como NN en el cementerio municipal. El acto en el cual participaron, entre otros, familiares de los detenidos-desaparecidos, Nora Cortiñas, Pablo Pimentel y Marcelo Valko, tuvo lugar en la vereda, ya que la Universidad Nacional Arturo Jaureche no permitió que se utilizaran las instalaciones de la institución para realizar la charla abierta.

Según describen en un comunicado, los organizadores peticionaron a las autoridades de la universidad el espacio para la actividad: “El día 30 de abril ex detenidxs desaparecidxs, familiares y la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela solicitamos a la Universidad Arturo Jauretche autorización para hacer uso del Salón Auditorio de dicha institución a fin de presentar allí la campaña pública”. El 5 de mayo la Dirección de la Universidad respondió negativamente al pedido, alegando que “no daremos curso favorable al pedido por cuanto consideramos que, en actual contexto, gracias a la valiente decisión política del actual gobierno nacional, el Estado ha generado Políticas de Derechos Humanos duraderas y convincentes que se reflejan en el accionar de la Justicia. Por otra parte, no creemos que la práctica del escrache -que reivindicamos en el contexto de la lucha de HIJOS en la etapa anterior- sea el instrumento adecuado en este momento en el que la Justicia sigue siendo el camino que recorren tanto los Organismos de Derechos Humanos como los afectados directos del terrorismo de Estado”. Esta notificación la firmó Rafael Ruffo, Director del Centro de Política y Territorio.

La universidad negaba así una actividad de interés social que involucraba a personas comprometidas y reconocidas internacionalmente con la lucha de los Derechos Humanos. La jornada tenía por objetivo, además, exigir la apertura de archivos municipales para esclarecer las desapariciones del distrito y evidenciar responsables que no fueron juzgados: policías, políticos, civiles y hasta un juez de la Corte Suprema de Justicia. Entre ellos, Luis Esteban Genoud (Juez de la Suprema Corte de Justicia de Bs. As, denunciado en los Juicios por la Verdad), Julio Alberto Carpinetti (ex Intendente y ex Concejal) y Francisco “Chicho” Basile, hoy proveedor municipal, a quien el pasado 24 de marzo se le realizó un escrache Jornada por la Memoria en Florencio Varela: “Los que están vivos (Kunkel, Genoud, Basile) nunca pagaron por sus traiciones”

ANRed dialogó con Nora Cortiñas, quien mostró su pesar por la decisión de los directivos de la universidad. “Creo que el rector estuvo equivocado. El papelón fue que dijo que se asustó de un título ‘Si no hay justicia hay escrache’, cuando los abogados están amenazados, los jueces estas amenazados. El rector cometió un error, pero el acto se hizo, se dieron testimonios, a pesar del frío y que había niños, se hizo con respeto y corrección”.

Otros integrantes de la campaña señalaron el “manoseo de la política de derechos humanos del Gobierno quien permanece como cómplice al negarse a avanzar sobre los archivos que posibilitarían el esclarecimiento de las desapariciones en Florencio Varela, pues se contabilizan 105 de las cuales 20 fueron enterradas como NN en el cementerio municipal y que no se investigaron”. Y aseveraron que “utilizan a la institución como su espacio político propio y rechazan la voz de luchadores como es la de Nora Cortiñas. Es sin duda antidemocrático y sostiene la política de no profundizar en la búsqueda de la verdad para los desaparecidos en Florencio Varela”.

En el comunicado, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos convocantes también se manifestaron contra “la actitud antidemocrática y autoritaria de la UNAJ”, a la cual objetan varias observaciones a partir de la respuesta emitida por las autoridades “tratándose de una Universidad Nacional y pública, y no de una institución privada, consideramos que la decisión tomada es de un profundo espíritu antidemocrático y autoritario al negar el uso de este espacio, el cual pertenece a toda la comunidad, sin presentar fundamentos válidos más allá del desacuerdo ideológico. La actividad planificada se trata de una charla pública que abre un espacio de reflexión y debate sobre una problemática que atraviesa a toda la sociedad basándonos en datos comprobables y accesibles a todos”.

También cuestionan las palabras de las autoridades de la universidad con respecto a la las políticas del Gobierno manifestando que en el distrito no sucede tal actitud “valiente” debido a que, luego de 39 años, no se ha investigado sobre los 105 detenidos-desaparecidos del que solo se recuperaron 7 cuerpos. Señalan que “entre los años 1975 y 1983 se enterraron más de 20 personas NN en el cementerio municipal en medio de operativos irregulares según fue denunciado en 1983 por ex bomberos que participaron de los mismos. La denuncia fue descalificada por el entonces Intendente Julio Alberto Carpinetti, y las investigaciones no prosperaron. En los archivos de la DIPBA existe la documentación pertinente, con membrete de la Municipalidad de Fcio. Varela, donde se detalla el lugar y el estado en que se encontraron los cuerpos así como la parcela donde fueron enterrados; parte de esos cuerpos fueron hallados incinerados, mutilados, con heridas de bala y en lugares descampados lo que echaría por tierra las declaraciones oficiales de que los NN del cementerio municipal fueron accidentes en la vía pública. Hace 5 años que ex detenidxs desaparecidxs, familiares y organismos de Derechos Humanos estamos esperando el acceso a los archivos municipales de la dictadura en Florencio Varela”.

Tras describir esta situación, las organizaciones de la campaña se pronuncian por la continuidad del escrache: “Ante este escenario creemos que el escrache sí es un instrumento adecuado en tanto a casi 40 años de la dictadura cívico militar y 32 años de gobiernos democráticos la tan mencionada Justicia no llega, en Florencio Varela no hay detenidos ni imputados”. Y finalizan: “La Justicia sigue siendo el camino que Organismos de Derechos Humanos y afectados directos recorremos incansablemente, aunque uno de los denunciados sea parte de esa misma Justicia a la que le exigimos que intervenga. Pero el camino que recorremos es mucho más amplio y lo hacemos en la calle porque es ahí donde el pueblo construye su poder.”

Las organizaciones convocantes fueron ex Detenidxs desaparecidxs, familiares de detenidxs desaparecidxs, la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Fcio. Varela, el Centro de Participación Popular Mons. E. Angelelli, Centro Culturla Roque Dalton, FOL y HLI en la COB la Brecha, MTD Anibal Verón, MTR 12 de Abril, GEN y Lista Marrón Suteba Fcio. Varela.

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