BASTA de IMPUNIDAD en URUGUAY! NO al TISA! Y La MEMORIA es del PUEBLO!

El colectivo URUGUAYXS en ARGENTINA por los DERECHOS HUMANOS, bajo las consignas BASTA de IMPUNIDAD en URUGUAY! NO al TISA! Y La MEMORIA es del PUEBLO! realizó un acto en Buenos Aires el pasado 27 de Junio, al cumplirse el 42 aniversario de la Heroica Huelga General del pueblo uruguayo y de la fatídica fecha del Golpe de Estado cívico – militar de Uruguay.

Participaron del acto  organismos de derechos humanos y organizaciones sociales latinoamericanos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asociación SERÉ por la Memoria y la Vida, Asamblea de Mexicanos en la Argentina; TAVA Arquitectura. A su vez el acto contó con la presencia de la colectividad uruguaya en Buenos Aires, representada por sus organizaciones políticas, culturales y sociales, y periodistas uruguayos de diversos programas de radios vinculados a la colectividad (Por el mismo camino, Nosotros Mismos).

La parte central del acto constó de la exposición del Dr.Jaime Nuguer; Abogado querellante en el  Juicio Oral del Plan Cóndor, con larga trayectoria en derechos humanos, quien reflexionó sobre el estado de situación de los juicios a los genocidas en el marco del Plan Cóndor que se están desarrollando en la Justicia Argentina; y de la Dra.Francesca Lessa (Dra en relaciones Internacionales) quien en sus palabras reflexionó “sobre la lucha por verdad y justicia llevada a cabo por los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y todos aquellos que, dentro de los sindicatos, las ONG, y la sociedad civil, acompañan en esa lucha aun inconclusa. Homenajeó a todos ellos, como un modelo de compromiso y fuerza que alumbra y convoca a todos en esa tarde, al mismo tiempo que subrayó algunas de las cuentas pendientes en este Uruguay posdictadura, especialmente la paradoja de la impunidad y su persistencia ”(va en adjunto texto completo), además realizó un informe de situación sobre los juicios de crímenes de Lesa Humanidad de Uruguay.

Posterior a las exposiciones centrales se cedió la palabra  a la compañera Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Norita Cortiñas, quien informó en primera persona, sobre la audiencia que mantuvo por la presentación del Habeas Corpus de su hijo Gustavo, con las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, aplauso cerrado recibió al comunicar, que sobre el final de la audiencia los militares quisieron abrazarla y darle un beso,  negándoles el saludo y  expresándoles enfáticamente que NO hay reconciliación.

A su vez se cedió la palabra a la compañera Monica Mexicano, de Asamblea de Mexicanxs en Argentina, quien reflexionó sobre la continuidad del Plan Cóndor y de los Estados Terroristas devenidos en Narcoestados, recordó y homenajeó la visita de Caravana 43, con familiares y sobrevivientes de la masacre de los 43 estudiantes de AYOTZINAPA, afirmando que la búsqueda de justicia y las luchas deben unirse, formando un frente global de resistencia y lucha. Concluyó con un sentido VIVO LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!!

Para finalizar se realizó la lectura de una proclama elaborada por el colectivo organizador, que dio cuenta del homenaje a la Heroica Huelga General, sostenida por 15 días por el conjunto del pueblo uruguayo, homenajeando a todas las organizaciones sociales, y culturales, sindicatos obreros, partidos políticos y gremios estudiantiles, que defendieron la libertad, la democracia y la vigencia del estado de derecho  en Uruguay.

Se leyó a su vez el siguiente comunicado de FAMIDESA:

El 27 de junio se cumplen 42 años del Golpe Cívico Militar. Pasaron 30 años de democracia y la verdad sigue ausente; solo se han encontrado los restos de cuatro compañeros desaparecidos en Uruguay y sus asesinatos y desapariciones siguen impunes. Las acciones contradictorias de los últimos gobiernos han postergado un necesario impulso de los tres poderes de Estado Uruguayo en ese sentido.
Desde el Ministerio de Defensa ha habido pronunciamientos que lesionan y en nada colaboran, pero también la justicia tiene una enorme deuda con la sociedad. La falta de justicia sobre los crímenes del terrorismo de Estado, ha fortalecido la cultura de la impunidad y ha empañado los logros obtenidos.
Sin el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad no se construye una democracia duradera.
Lamentablemente en esta búsqueda de Verdad y justicia han quedado muchos familiares por el camino, sin saber el destino de sus seres queridos. Tenemos la certeza de que siempre habrá nuevas generaciones de familiares, amigos y compañeros de los desaparecidos reclamando por ellos, exigiendo Verdad, Justicia y Nunca Más.

Fue una jornada de resistencia, por la memoria de todos los desaparecidos de Uruguay y Latinoamérica, un acto que promovió el debate sobre el Plan Cóndor y la cultura de la impunidad y el olvido, la relación entre los Estados Terroristas pasados y los actuales, y el papel que juegan los sistemas judiciales, el sistema parlamentario y los gobiernos democráticos, en el no avance de la justicia y por ende el no juzgamiento de los genocidas y los responsables civiles y políticos. Se expresó que hoy como ayer, las organizaciones del pueblo uruguayo se movilizan permanentemente por sus derechos y objetivos, esto lo demuestran las recientes y multitudinarias movilizaciones de trabajadores, las estudiantiles, la de “Ni una Menos” en contra de la violencia de género, la “marcha de los bastones” de los adultos mayores y por último la memorable 20ma Marcha del Silencio. Los ejemplos sirven para afirmar que será la movilización del  pueblo uruguayo y latino americano en su conjunto, el que jugará el papel decisivo por verdad y justicia.
Se leyeron adhesiones de: Movimiento 26 de Marzo Agrupación Buenos Aires – Unidad Popular; Asociación por la Unidad de Nuestra América AUNA Argentina; Asociación Ex Detenidos Desaparecidos AEDD- Argentina;  Asociación Civil y Centro Cultural La Vereda - Argentina; Diálogo 2000 - Jubileo Sur- Argentina; Comisión de DD.HH Corrientes - Argentina; Sec. DDHH de Junta Interna ATE INDEC - Argentina; Multisectorial por el Desprocesamiento de las Autoridades Mapuche de las Comunidades Winkul Newen y Wiñoy Folil, Neuquén - Argentina.

El acto contó con la colaboración de:
Movimiento Popular La Dignidad, CTA Capital,  POR El MISMO CAMINO (Programa radial en FM La Tribu), Dr.Jaime Nuguer, Dra. Francesca Lessa, Asamblea de Mexicanxs en  Argentina, Lic.Noemí Fernandez Durán y  Olga Morales Fotografía, a todos ellos agradecemos enormemente su solidaridad, sin la cual no hubiese sido posible dicho acto. En especial agradecemos haber cedido su espacio para realizar la actividad al Bar La Dignidad.


BASTA DE IMPUNIDAD EN URUGUAY!!!
NO AL TISA!!!
LA MEMORIA ES DEL PUEBLO!!!

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, Y NO NOS RECONCILIAMOS!!!
COMPAÑERXS DETENIDXS DESAPARECIDXS, PRESENTES!!!
AHORA Y SIEMPRE!!!

Uruguayxs en la Argentina por los Derechos Humanos

En Uruguay, miles de personas criticaron los últimos fallos de la justicia porque supone un retroceso en materia de derechos humanos

Marcha en silencio en contra de la impunidad

Este año los que se movilizaron a la sede de la Corte Suprema repudiaron que ésta haya declarado inconstitucional una ley que dejaba sin efecto la amnistía y apartara a la jueza Mariana Mota de la investigación de delitos de lesa humanidad.

Miles de uruguayos salieron ayer a las calles de Montevideo para reclamar el fin de la impunidad. Bajo la consigna “En mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?”, marcharon hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia en reclamo de castigo para los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura militar 1973-85. La Marcha del Silencio se hace cada 20 de mayo, en conmemoración del asesinato en esa fecha, en 1976, de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes fueron secuestrados en Buenos Aires. Este año, la marcha estuvo marcada por los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucional la norma interpretativa de la Ley de Caducidad y apartó de la investigación por causas de delitos de lesa humanidad a la jueza Mariana Mota. La Justicia uruguaya se había pronunciado en febrero pasado contra una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante los años de plomo, por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas. Además, el propio presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, había expresado meses atrás que los casos que prosperaran se iban a chocar contra una muralla al llegar al Supremo.

Las entidades organizadoras insistieron en que se avanzó poco en el esclarecimiento de lo ocurrido, renovaron su reclamo en favor de la verdad y la justicia y cuestionaron el comportamiento de la SCJ, frente a cuya sede cerró la marcha con un cacerolazo. “No queremos que la condena quede circunscripta solamente a la SCJ, porque hay otros responsables,como los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, por ser los personeros más visibles, pero en Uruguay hay una cultura de la impunidad”, expresó Ignacio Errandonea, integrante de la organización Familiares de Desaparecidos. “Luego de avances y compromisos de la población, en esta última etapa la Suprema Corte de Justicia resuelve un retroceso en el proceso que llevó a los procesamientos de varios de los responsables de la tortura, y al traslado de la jueza Mariana Mota. Pero también hay retroceso por la incidencia de actores políticos que quieren que no se haga justicia en nuestro país”, explicó Washington Beltrán, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical PIT-CNT.

Para Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, la Marcha del Silencio estuvo signada por lo ocurrido recientemente en relación con los procesos judiciales. “Más allá de los operadores individuales, desde la dictadura hasta ahora, la Justicia no ha hecho un papel acorde al espíritu democrático del país”, enfatizó. Además, resaltó que el recientemente fallecido dictador argentino Jorge Rafael Videla fue enjuiciado con las garantías del caso y sentenciado a cadena perpetua, y destacó que en Argentina los familiares tuvieron la oportunidad de que se hiciera justicia, y la sociedad la tranquilidad de que el torturador muriera cumpliendo su pena. “Cuando Ruibal Pino dijo que se van a chocar con una muralla, por fin dice las cosas por su nombre. Ese es el tipo de pensamiento que hay que combatir”, concluyó.

En relación con la muerte de Videla y el estado de los juicios a los responsables de la última dictadura en Argentina, Rafael Michelini, senador del Frente Amplio e hijo del diputado asesinado en Buenos Aires en 1976 Zelmar Michelini, dijo que el ex dictador argentino fue el símbolo del horror y del Plan Cóndor. “Lo de Videla es perverso y termina con él una etapa. En la Argentina se ha avanzado más en el tema de la Justicia y casi todos los represores responsables de crímenes de lesa humanidad están presos”, agregó, trazando un paralelismo con lo que ocurre en Uruguay.

En su decisión de febrero pasado, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. El principal argumento esgrimido fue que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por el gobierno del FA, aunque con alguna disidencia interna entre sus distintas facciones. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares, que en 1989 y 2009 optaron por mantener la ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto. La SCJ había expresado que a partir de ese momento las causas judiciales abiertas en las que hubiera militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura debían ser archivadas, al entenderse que prescribieron. La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente José Mujica, había manifestado que por el fallo quedaba planteada la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte.

Presentación contra Uruguay por Macarena Gelman

Demanda en busca de justicia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció al Estado uruguayo ante la Corte Interamericana. Sostiene que incumplió sus obligaciones ante la desaparición forzada de María Claudia Iruretagoyena, al consagrar la impunidad de los represores.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó por primera vez una demanda contra Uruguay ante la Corte Interamericana, por el incumplimiento de sus obligaciones ante la desaparición forzada en 1976 de María Claudia Iruretagoyena, nuera del poeta Juan Gelman. La mujer de 19 años fue secuestrada en Buenos Aires y trasladada por militares uruguayos a Montevideo, donde antes de desaparecer dio a luz una niña, que 23 años después recuperó su identidad. El motivo central del incumplimiento es la impunidad de los represores orientales, producto de la Ley de Caducidad sancionada en 1986, poco después del fin de la dictadura oriental, y confirmada en un referéndum a fines del año pasado.

María Claudia y Marcelo Gelman fueron secuestrados en Buenos Aires el 24 de agosto del ’76. La joven fue trasladada a Montevideo, donde tuvo a su hija el 1º de noviembre. Dos meses después la beba fue entregada a la familia de un policía uruguayo. Desde entonces se desconoce el paradero de María Claudia. Marcelo Gelman estuvo secuestrado en Automotores Orletti, epicentro del Plan Cóndor, como se llamó la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Fue asesinado y su cuerpo fue fondeado en un río. En 1989 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos. En 1999 el escritor logró encontrar a su nieta Macarena, de 23 años, que se crió en Montevideo.
Hace un año la Comisión emitió una serie de recomendaciones al Estado uruguayo. La primera, realizar una investigación completa e imparcial para identificar y sancionar a los responsables del asesinato de María Claudia y de la sustracción de su hija. La segunda, que excede al caso específico, era “adoptar medidas para que quedase sin efecto la Ley de Caducidad”, sancionada en 1986, en un contexto de amenazas de desacato generalizado por parte de los militares, y ratificada en sendos referendos en 1989 y 2009. El Estado debía otorgar una “reparación plena a los familiares de la víctima”, que incluyese “no sólo una indemnización por daños materiales y morales” sino también la “celebración de ciertos actos de importancia simbólica para garantizar que no se reiteren delitos” similares.
Al cumplirse un año de las recomendaciones, la Comisión informó que presentó su demanda ante la Corte. El comunicado de la CIDH destaca “la denegación de justicia, impunidad y, en general, el sufrimiento causado” a los familiares de la víctima. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional manifestó su confianza en que “el litigio en este caso deje sin efecto la Ley de Caducidad, en concordancia con la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana”, que estableció que “los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para eximirse de la obligación de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.