Comunicación complementaria para la Presidenta que continúa sin recibir a delegación pueblos originarios

Esta comunicación es complementaria a la que entregamos en su despacho el 18 de Noviembre de 2012, donde solicitamos una audiencia en carácter der urgente. Pasado 6 meses, consideramos que las situaciones trágicas en territorios indígenas se suceden sin que ningún nivel de gobierno le dé la magnitud que corresponde. Pareciera que es más sencillo lograr mantener esa realidad oculta.
Vemos alarmados como nuestros territorios

utilizados como meros proveedores de materia prima para el mercado global, mientras expresamos discursos de soberanìa. En los territorios indígenas del sur nuestro drama es la contaminación hidorcarburifera, agravada por la llegada de la nueva tecnología del Fracking (fractura hidraulica), o enormes extensiones otorgadas a la megamineria, sin ninguna contemplación a la presencia del Pueblo Mapuche. En lo relacionado al agronegocio, en las últimas dos décadas, la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció en un 5.000 %, lo que representa dos tercios de la superficie cultivada total del país. Vemos que se promueve así una agricultura deshumanizada, sin agricultores y donde las semillas, la biodiversidad y la tierra son objetos y no lo que hay

que proteger por siempre. Quienes sufren los impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y las sequias, la pérdida de suelos y sus riquezas, el desplazamiento de poblaciones, y el hacinamiento en los márgenes de las ciudades, viviendo del asistencialismo, somos los pueblos indígenas y la población campesina.

No obstante, Sra Presidenta, queremos

expresarle que en medio de esta violencia, los Pueblos Indígenas, nos sentimos fuertes. Tenemos la herramienta más poderosa para el cambio urgente que necesitamos: nuestra relación cósmica con la madre tierra, con el conjunto de todas las vidas que nos rodean. Esas vidas no permitirán que nos resignemos. Esas vidas nos animan a que debemos recuperar la fuerza que nos da la vida en comunidad. Y no permitir que quiebren la relación sagrada con nuestro territorio.

Por lo dicho anteriormente:

Denunciamos la falta de cumplimiento, malversación de fondos y hechos dolosos producidos en la implementación del Programa de Relevamiento Territorial (Ley 26.160/06 de Emergencia Territorial y su prórroga). Hemos analizado el proceso de aplicación de la ley y los recursos administrados hasta la fecha. Los datos son productos de un detallado informe elaborado por el equipo jurídico del ENDEPA en base a informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Dirección del Programa de Relevamiento Territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Los mismos son contundentes y alarmantes. Sólo una referencia que surge de los datos: el total del presupuesto del relevamiento es de $ 60.000.000. Se ha verificado que ya se ha utilizado el % 76,41 de ese monto ($ 45.847.327). Solo se ha relevado el % 24,05 del total de las comunidades, de las cuales solo el % 12,48 del total se ha concluido efectivamente. Esta Cumbre ha tomado la decisión de iniciar acciones judiciales frente a los delitos cometidos por los funcionarios actuantes, en esta herramienta que tantas esperanzas generó en nuestros pueblos.

Un tema que sigue siendo de enorme preocupación para los pueblos indígenas presentes es el tratamiento que se está dando al Proyecto de Reforma al Código Civil y Comercial de la Nación. Lo detallamos en el informe presentado al Estado Argentino y lo reafirmamos en esta síntesis de nuestras demandas y propuestas. Reiteramos que los artículos sobre Propiedad Comunitaria Indígena deben ser suprimidos del proyecto de Reforma y se debe avanzar hacia una Ley Especial sobre nuestras Tierras y Territorios, con participación indígena.

La Presidente, la Corte Suprema, el Gdor Sapag en un frente de protección a Chevron. El avance de la industria extractiva es el eje de nuestras luchas y motivo de alarma y preocupación. En el caso de la región mapuche, la industria hidrocarburifera adquiere una nueva dimensión con la llegada de una nueva tecnología o modalidad de explotación denominada Fracking. Un ejemplo concreto para fundar nuestra alarma y preocupación sobre lo que se viene: se acaba de firmar un Convenio de asociación entre la empresa estatal YPF y la petrolera americana Chevron. El detalle es que Chevron enfrenta un embargo de 19.000 millones de dólares por contaminación ambiental y cultural contra los territorios del pueblo indígena quichua de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana de Ecuador. Para evitar pagar, esta multinacional norteamericana retiró todos sus activos del Ecuador y salió a buscar nuevos botines económicos en el continente. Recae en territorio mapuche y ante la denuncia y posibilidad de embargo por el fallo en contra, es el propio gobernador Jorge Sapag quien se ofrece de “Amicus Curiae” que es una figura jurídica que significa “amigo del tribunal”!.. Pero quien logra proteger a Chevron finalmente es la propia presidenta, quien mandata a la Procuradora Gils Carbo a que promueva que el embargo no se aplique aquí en Argentina. La frutilla del postre lo pone la Corte Suprema quien ayer, 4 de junio del cte. libera a Chevron de la sanción. Los poderes creados para garantizar la salud, el ambiente y la cultura, en definitiva LA VIDA, crean un sólido frente para darle impunidad a la petrolera americana, con el argumento de “alguien debe pagar el precio del progreso”.

En territorio de la Nación Warpe, la minería es la principal amenaza, por ejemplo en Iglesia la destrucción de los glaciares ya es un hecho. En Caucete, se quiere entregar a nuestro eterno guardián “el cerro Pie de Palo”, donde descansan nuestros ancestros, es nuestra fuente de poder y espiritualidad. El gobernador Gioja, en alianza con la empresa Barrick Gold, son los responsables directos de esta amenaza. El pueblo Warpe hoy enfrenta un momento decisivo en nuestra lucha por sobrevivir y resistir al capitalismo mundial, ya que el gobierno nacional planifica esta entrega de nuestra tierra a las transnacionales de la mega minería a cielo abierto.

La minería en Rio Negro tiene su cara más dramática en la Linea Sur (Jacobacci) donde las comunidades mapuche están en estado de amenaza por el emprendimiento otorgado a Panamerican Silver, sin el proceso de Consulta a las comunidades afectadas.

Un tema transversal a cada uno de estos escenarios es lo relacionado a un derecho violentado sistemáticamente como es el derecho a la Consulta. Este es el mecanismo que el Estado está obligado a aplicar ante cualquier proyecto de desarrollo, o iniciativa administrativa o legislativa, que pueda afectar la vida, la cosmovisión y territorios de los Pueblos Indígenas. Esta obligación es con el objeto de solicitar el Consentimiento, Previo, Libre e Informado de los pueblos y comunidades indígenas afectadas. La violación de este derecho coloca al Estado en responsabilidad internacional por su falta de cumplimiento, en base a los acuerdos jurídicos firmados.

Criminalización de la protesta: El acceso a la justicia es un derecho humano. Son frecuentes y graves las situaciones de penalización que provoca el poder frente a las protestas por reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas. El caso de los pueblos indígenas de la región NEA (Chaco, Formosa, Misiones), es uno de los mas alarmantes. El Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya sostuvo en su Informe sobre la situación en Argentina: “Esto ha generado una respuesta estatal que ha criminalizado actos vinculados a estas protestas. Se observa que muchos individuos indígenas siguen procesados por supuestos crímenes cometidos en este sentido. En algunos casos, estas protestas y la respuesta de la fuerza pública o terceros privados han generado momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de vida de miembros de pueblos indígenas.”

Decisiones de la Plenaria de la Cumbre:

Decisión de Pueblos y Organizaciones Indígenas trasladarnos a Buenos Aires para entregar los resultados de la Cumbre en la Casa de Gobierno, el próximo Jueves 06, para solicitar un dialogo en carácter de urgente con la Presidenta del Estado Argentino. Se designa para esta medida a diez hermanos y hermanas, que oficiarán de voceros es este mandato de la Cumbre.

Hacemos un sentido homenaje y reconocimiento a mártires de nuestra causa, como ha sido la Logko Mapuche Cristina Linkopan, que murió tempranamente a la edad de 30 años, como consecuencia de la contaminación provocada por la petrolera Apache en su territorio de Gelay Ko. Ella suscribe el documento que entregamos a la Pta Cristina Kirchner en Noviembre 2012.

De la misma manera honramos a los hermanos que dieron su vida en la lucha por sus territorios en la región donde estamos reunidos: Celestina Jara, Lila Coyipe, Juan Daniel Díaz Asijak, Justina López, Delina Díaz, Guillermo Díaz, Ilmer Flores, Pablo Sanagachi, Javier Chocobar, Sandra Juárez, Esperanza Nieva, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreyra, Miguel Galván y Florentín Díaz, en su memoria seguiremos adelante en la lucha por nuestros derechos ancestrales.

Decisión de la Cumbre de Pueblos y organizaciones indígenas, de designar como voceros oficiales de la agenda de la Cumbre Indígena al Qarashe FELIX DIAZ y a La autoridad espiritual del Pueblo Warpe AMTA ARGENTINA QUIROGA. Este reconocimiento que realiza el conjunto de autoridades indígenas es a la conducta política, ética y espiritual de ambos hermanos, es un mandato también para que actúen con plena autoridad, respaldados por el conjunto de los pueblos originarios presentes.

Saludamos a Ud atte y quedamos atentos a la espera del pedido de un dialogo urgente por estas y otras situaciones, que por cuestiones de espacio no detallamos.

(Fotos realizadas  por Olga Morales)

Marcha contra la represión y el espionaje : EMVyJ 22 de mayo - 17.30 a Plaza de Mayo

El juez federal Sergio Torres ordenó ayer el allanamiento de dependencias de la Policía Federal a partir de la denuncia que le habían presentado pocas horas antes las organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) por la infiltración de un agente civil de Inteligencia (PCI) de esa fuerza en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh. Según pudo saber Página/12, el procedimiento fue positivo en el marco de la causa que investiga la presunta violación de la Ley de Inteligencia, según estableció la fiscalía al requerir el inicio de la acción penal en base a la denuncia.

 El EMVJ también pidió que el agente infiltrado, Américo Balbuena, sea llamado a declaración indagatoria. El caso fue denunciado hace dos semanas por la Agencia Walsh, tras lo cual el Ministerio de Seguridad pasó a disponibilidad al agente y ordenó una investigación interna. Balbuena había entrado como periodista en 2002 y trabajaba con la agenda de actividades de los movimientos sociales, lo que le dio acceso cercano a sus dirigentes y militantes. “La infiltración de las fuerzas de seguridad en los movimientos sociales tiene como objetivo la criminalización de la protesta, esa información va a las causas contra los luchadores. No estamos ante un caso aislado; cada fuerza tiene su grupo de espías, como la Gendarmería con Proyecto X, y la Federal tiene unos mil agentes para esta tarea”, aseguró la abogada Myriam Bregman, querellante en el expediente por el espionaje de los gendarmes.

Cicatrices del tiempo arrasado

¿Quiénes son víctimas sobrevivientes de la última dictadura militar? ¿Sólo los familiares directos? ¿Hubo víctimas invisibilizadas? ¿Cuáles son las secuelas vigentes y de qué forma se las trata terapéuticamente? A esas y otras preguntas formuladas por Las/12 respondió Ana Berezin, psicoanalista, miembro del Consejo Asesor del Centro Fernando Ulloa, dependiente de la Secretaría de DD.HH. de la Nación
Imagen: Constanza Niscovolos
Por Noemi Ciollaro

Autora de los libros Relatos de la clínica psicoanalítica y Sobre la crueldad, Berezin (65) dirigió hasta 2010 el Programa de Asistencia Humanitaria y Psicosocial a los refugiados colombianos en Ecuador y Venezuela, reasentados por el Estado argentino, y sostiene que su labor consiste en aportar a “abrir la oscuridad que está en los ojos del que mirando no alcanza a ver lo que se le enfrenta o lo que lleva muy adentro”.
¿Qué sucede hoy con las víctimas sobrevivientes de la dictadura?

–Cuando se ven procesos de destrucción y violación de derechos humanos masivos, incluso en contextos de genocidio o catástrofe sociohistórica, como la guerra contra los campesinos en Guatemala, el conflicto armado de Colombia o El Salvador, es el conjunto social el que está afectado. Víctimas en última instancia somos todos. Las hay directas e indirectas, lo sepan o no. La sociedad ha quedado dañada, a veces por más de dos o tres generaciones. Depende de lo que se construye o no después. Es bueno aclarar que víctimas fuimos, no lo somos. Sobre todo desde el momento en que cayeron las leyes de impunidad y comenzaron los juicios. Lo que nos ayuda en lo social a salir del estado de sobrevivientes o de víctimas es la acción de verdad y justicia y una sociedad que continúa un debate sobre la memoria. Se es víctima cuando se está en un lugar pasivo y se es un sujeto que no tiene herramientas para tomar decisiones respecto de su libertad y de su vida.
¿Ni siquiera en la acción del reclamo, aunque no se obtenga justicia?

–Esto trajo un debate muy grande, hay que reconocer que fuimos víctimas, la enorme tarea, resistencia mediante y con los logros obtenidos en buena parte por esa resistencia permanente a lo largo de los años, continúa porque las batallas de la política de la memoria siguen y van a seguir en tanto haya daño y la construcción y la revisión histórica prosigan. Entonces fuimos víctimas y trabajamos para dejar de serlo, y una de las tareas centrales como psicoterapeutas es, junto con muchos otros actores sociales, dejar de serlo. Uno de los mayores daños y triunfos de los victimarios ocurre cuando las víctimas quedan consolidadas en esa identidad. La ausencia de resistencia, de verdad y justicia colabora fuertemente a consolidarla, a la manera de un nuevo documento de identidad. Hay quienes se presentan a sí mismos diciendo su nombre y que son “víctimas de...”, como si su única cualidad subjetiva fuera haber vivido el horror. Esto tiene que ver con todo lo dicho y es fundamental que haya un trabajo directo sobre cada uno, vez por vez, familia por familia, persona por persona que necesite algún tipo de asistencia que lo ayude a sobrellevar las marcas y los daños que le han dejado “impresos” en su subjetividad. Todo eso hace falta y en ese sentido en la Argentina somos “privilegiados”, es uno de los pocos países, o el único, que tiene una política de reparación tan amplia, pero hay cuestiones absolutamente irreparables: los desaparecidos son irreparables; padecer tortura es irreparable; el robo de bebés es irreparable... Durante mucho tiempo hubo mucha resistencia a reconocer que fuimos víctimas.
¿Habla de quienes no fueron víctimas directas?

–No, hablo en general, incluso de las víctimas directas –indirectas somos todos–, se las llamaba “afectados” en las organizaciones de derechos humanos, en los equipos de salud mental. Hubo un debate muy fuerte por ese lugar pasivo, inerme y esclavizado en que queda la víctima en el momento de ser victimizada. Pero pasa que si no nos reconocemos víctimas difícilmente vamos a dejar de serlo. Hay hechos reales, lo fuimos. Y si no lo hubiésemos sido no habría victimarios. Afectados es una palabra tan amplia..., son eufemismos. Fuimos víctimas y trabajamos para dejar de serlo desde hace tiempo y mucho más plenamente desde que cayeron las leyes de impunidad.
Hablemos del tema de la supervivencia.

–A mí se me hizo muy claro en el momento en que empecé a trabajar con los refugiados que habían pasado desaparición, torturas, masacres, violaciones. Eran refugiados colombianos en Ecuador y Venezuela y reasentados en la Argentina. Los programas de asistencia de cada país les dan el status de refugiado luego de un procedimiento jurídico; hablo del Acnur, o el Programa Mundial de Alimentos. Se les garantizan las condiciones de supervivencia física, vivienda, alimentos, remedios, lo básico. Pero lo que se olvidaba es que la supervivencia física es también psíquica y desde lo ético hay que pensar que esa persona tiene que acceder a una vida digna, tiene que pasar de ser sobreviviente a ser viviente, ciudadano, aun como refugiado tiene que ser sujeto de derecho y de derechos. Es otro aspecto muy importante: no reducir a quienes fueron víctimas a situación de supervivencia. Aquí lo que se llamó indemnización o dinero para los familiares de víctimas del terrorismo de Estado, o sobrevivientes de los campos de concentración es un aspecto, pero hoy lo que se plantea es una reparación integral de su salud física y mental. Si no hay un trabajo sobre el estado subjetivo, sobre los lazos sociales rotos porque reinan la desconfianza y el prejuicio, esa persona no podrá ser autónoma, dueña de su vida de nuevo. Necesitará asistencia continua y quedará fijado en situación de deterioro.
¿Es diferente la situación de los exiliados de la de quienes vivieron en la Argentina toda la dictadura?

–Es muy importante no entrar en calificaciones ni en cuantificaciones. ¿Quién mide el dolor humano? ¿Quién sufrió más, el escondido aquí o el escondido afuera? No se puede decir más o menos, siempre es cada uno, cada vez, cada quien, eso es algo que hay que tener muy presente. La otra cuestión es que es un debate permanente, es no juzgar, esto es una condición ética de entrada. Eso es central en la lógica del victimario. Nosotros no juzgamos, no somos jueces, ni sacerdotes. Un buen juez juzgará el delito, pero no juzgará el padecimiento de nadie, ni qué hizo con ese padecimiento, ni cómo respondió, o si se defendió y qué pudo aguantar y qué no. Esto es válido para todos los actores, jueces, funcionarios, testigos, compañeros, terapeutas. Juzgar fue la lógica de quienes emitieron juicio sobre quién tenía derecho a vivir y quién no. Es tomar la vida del otro en las propias manos y es erigirse desde un lugar en que yo juzgo a las “buenas y malas” víctimas o a los “buenos y malos” sobrevivientes. Ese es el lugar del opresor, del dominador. Y es revictimizar. Los victimarios trabajan mucho en esto, así como comprometen a toda la fuerza represiva en los crímenes de lesa humanidad, también obligan a la colaboración de las víctimas en el proceso victimizante.
¿Qué secuelas quedaron en las víctimas?

–Todos hemos quedado con marcas y daños emocionales y físicos, me voy a referir a los diversos síntomas de esos daños, pero fuera de todo marco psicopatológico. Los síntomas que presentan los sobrevivientes del terrorismo de Estado no obedecen a ningún cuadro psicopatológico, ni pueden ser catalogados como problemáticas de ese tipo: son los daños que en mayor o menor grado sufre cualquier persona que atravesó el horror concentracionario, la tortura, la desaparición de un familiar. El primer daño respecto de la desaparición es vivir en un duelo permanente y eso no es por un cuadro melancólico, es por lo que implica la desaparición, lo que implica un genocidio y una masacre, aun cuando se recuperen los cuerpos y haya finalmente un entierro. En ese caso se cierra una etapa, pero el duelo de haber tenido que elaborar, metabolizar y convivir con tamaño dolor durante tanto tiempo efecto de la crueldad de los otros es una carga muy difícil para los familiares directos. Y como con toda carga hay que repartir el peso; si compartimos el duelo es más liviano. Por eso es tan importante el ejercicio de memoria y acompañarlo, aunque ya estén los juicios y muchas verdades se sepan. Llamo víctimas directas a familiares, parejas, amigos muy próximos. Y familiares abarca hermanos, primos, cuñados, personas comprometidas en la historia de esa persona, a veces un amigo es como un hermano. Esa carga tenemos que llevarla entre todos. Aun cuando prosiga el trabajo que hace el Equipo de Antropología Forense (EAAF) y se cierre de algún modo una etapa, hay algo que continúa y que fue el horror atravesado.
Recuperar los huesos significa saber algo de cómo terminó una vida...

–Es importante, porque saber cómo terminó una vida, aunque sea en parte, es darle sentido a esa vida incompleta. Esa es una de las cosas más siniestras y crueles de la desaparición: cuando se borra el final de una vida es como si se borrara su vida entera. El gesto de Videla de “no sé, no están, no existen...” es no están ni vivos ni muertos, no existieron nunca..., borra toda la historia de ese sujeto. Nacemos, vivimos y morimos, y cuando se niega uno de esos tiempos se arrasa con los otros. Encontrar los restos hace que por lo menos uno sepa que terminó, y algo de cómo terminó, alguna marca.
¿Qué ocurre con la culpa del que sobrevivió?

–Es muy dura y uno sabe que muchas veces incluso en el interior de las familias hay culpabilizaciones, porque son formas fallidas, intentos de liberarse de la espantosa culpa de haber sobrevivido. Se proyecta en el otro, se le dice al otro “por tu culpa que no le avisaste”, “por tu culpa que no le dijiste, que no hiciste o hiciste” tal cosa. Y eso les ocurrió especialmente a las madres y a las mujeres, las parejas. Desde la famosa frase de la dictadura en TV “usted es responsable” en adelante, y ya con nuestras propias voces, no con la del victimario, se responsabilizó a las madres, a la principal procreadora, criadora. Y a las parejas, mujeres, novias, y esto sigue, hay un proceso muy lento de cambio, pero todavía estamos en pañales en estos ámbitos. Esto ocurre no sólo por la mirada cultural, sino también por cómo asumimos esa cultura, es complejo. Para las mujeres, esposas, es muy duro porque, hayan sido compañeras de militancia o no, está eso del cuidado de la pareja. “¿Por qué ella sobrevivió y él no?”, pregunta que no aparece al revés, cuando es la mujer la que ha desaparecido al varón no se lo interroga por eso. La pregunta es pésima en cualquier caso, me refiero al lugar muy duro que tuvieron las parejas mujeres que han sobrevivido. Fueron invisibilizadas y en algún punto fueron tomadas por la situación y pelearon poco su lugar. Por la culpa de haber sobrevivido, porque había que sacar adelante niños, porque había que seguir cuidándose de no caer, sostener a todos vivos, proteger a los que quedaron. No contaron en la mayoría de las ocasiones con familiares que apoyaran porque estaban aterrorizados, y no hay que juzgarlos, pero fue muy activa la invisibilización. Nadie les vino a decir “ustedes que han tenido que estar escondidas en algún lugar sin decir mu, pidiéndoles a los hijos que no dijeran que el papá o el abuelo fue secuestrado y desapareció, no se merecían ese trato”. Al contrario, y hablo desde después del ’83 –y esto en los testimonios aparece muy claro–, eran miradas desde la sospecha, por lo menos. Muchas mujeres sobrevivientes dicen “a mí no me pasó nada” y sin embargo estuvieron secuestradas, días, horas, minutos, mientras se hacía el operativo en que se llevaron a su pareja. Ese tiempo es inmedible, es muy importante que alguien en nombre del Estado venga y te diga eso, ayuda mucho a la verdad, a que no se invisibilice la verdad de la cual vos sos sujeto. Dicen “a nosotras no nos pasó nada” porque están vivas. Pero la vida no es sólo supervivencia. Ellas y muchas veces sus hijos presenciaron ese horror y su vida estuvo en peligro. Y sin embargo en muchos casos no lo han podido decir, no lo han denunciado. La fuerza de la culpa y la vergüenza de sobrevivir es brutal. Primo Levy lo pudo escribir mejor que nadie, es asumir la vergüenza de la condición humana porque acontezcan estas cosas, pero es asumirla desde el propio cuerpito de cada una; algo semejante pasa con las violaciones.
Usted incluyó a los amigos entre las víctimas sobrevivientes...

–Sí, los amigos cercanos, que han compartido historia de militancia o no, en ellos como en las mujeres, ha quedado invisibilizado el daño que han sufrido y las marcas que eso les ha dejado. De hecho muchos se exiliaron o escondieron en el país porque cayó el mejor amigo, nada más que por eso. Perder a un hermano o hermana de la vida no es menor y socialmente nunca fue tenido en cuenta como parte de esa población dañada.
¿Desde lo terapéutico qué puede decir?

–Es poco lo que puedo decir, porque siempre es con cada uno, cada vez, y muy distinto cada vez, aunque compartan la mayoría de los padecimientos con los demás. Como en todo trabajo clínico, siempre es cada vez con cada uno. Para mí hace mucho y aunque sigan siendo un referente, las clasificaciones psicopatológicas se me rompieron en mil pedazos, las rompo cada vez porque un sujeto está por fuera, desborda una clasificación. Partiendo de la no psicopatologización de quienes fueron víctimas, en las situaciones límite las referencias se replantean cada vez mucho más abiertas. A su vez este trabajo en la frontera de lo humano enriquece la comprensión del sujeto en condiciones “normales”, así entre comillas. O sea en el sentido de lo que es el común de la vida, no en el sentido de salud o enfermedad, enriquece la comprensión de la condición humana, por lo cual nuestro trabajo se enriquece, nos desgarra, nos desafía, nos conmueve y se requiere mucho trabajo de cada uno sobre nosotros mismos y nuestra posición ética. Yo escribí hace poco que toda ética tiene que ser una respuesta al dolor humano.

Para que no te olvides: una guía de la Semana de la Memoria

Todas las actividades que se darán en la ciudad por el aniversario del Golpe, desde hoy y hasta el sábado 24.

HOY "Una por una". A las 18. Presentación del documental a cargo de uno de sus directores, Cristian Serio. También estarán Pablo Llonto y Eduardo Cittadini: el documental versa al sobre su hermano Ricardo, que estudiaba económicas cuando desapareció. En el aula 202 de la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP (6 e/ 47 y 48). Los Juicios por violaciones a los Derechos Humanos y las relaciones cívico militares en la dictadura. A las 19. Panel. Exponen Susana Cazzaniga (Directora de la Maestría en Trabajo Social Universidad Nacional de Entre Ríos- UNER) Mg. Felicitas Elías (Docente- Universidad de Buenos Aires-BA), Matías Moreno (Docente Facultad de Trabajo Social-UNLP), María Diloretto (Docente Facultad de Trabajo Social-UNLP) Verónica Cruz (Decana de la Facultad de Trabajo Social). A las 18 en la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza la Comisión Derechos Humanos y Cátedra de Estructura Social. Acto por la Memoria en Ciencias Jurídicas. A las 19. Disertará Chicha Mariani (Vicepresidenta de la “Asociación Anahí”) y Aldo Etchegoyen (Co – presidente de la APDH). En el Aula Magna “Manuel Belgrano”, 1º piso del Edificio de las Tres Facultades (48 e/ 6 y 7). Organizan la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad y la APDH La Plata.

MAÑANA  Universidad y Dictadura. A las 9. Documental: La ley primera (lo que el tiempo nos dejó). En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Cátedra de Investigación I. "La construcción de la memoria colectiva - de distrito a facultad". A las 12. Proyección de Video y avances en la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Cátedra de Epistemología y Proyecto de extensión Producción Artística Pintada de Mural. A las 14 en la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: La Corriente Juicios Circuito Camps. Charla debate. A las 15. Con Guadalupe Godoy (Justicia Ya). En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: La Cienfuegos (MUI) Universidad y Dictadura. A las 16. Documental: La ley primera (lo que el tiempo nos dejó) En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza Cátedra de Investigación Impactos de la dictadura en la vida cotidiana. A las 18. Panel. Disertan Daniel Añón Suárez: (Prof. de Pintura. Facultad de Bellas Artes-UNLP), Luis Caporale: (Psicólogo- UNLP, Músico), Elena Gonzáles (Directora del Proyecto Arte Niño - Escuela San Simón), Leandro Manuel Fontela: (Músico independiente, integrante de "Supernadie"). En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Cátedra de Derecho I. La construcción de la memoria colectiva - de distrito a facultad. A las 18. Proyección de Video y avances del proyecto: "". En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Cátedra de Epistemología y Proyecto de extensión "Supernadie". A las 20. Recital En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63).

JUEVES 22 Mujeres de Arena. A las 14. Obra de teatro leído De Humberto Robles. En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Intervenciones artísticas. A las 15 en la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Agrupación 26 de Junio Acto de memoria viva para recordar a Ana Teresa Diego. A las 17. Ana fue secuestrada el 25 de septiembre de 1976 en el Bosque de nuestra ciudad. Había venido de Bahía Blanca para estudiar Astronomía en la Universidad Nacional de La Plata y fue aquí donde se sumó a la Federación Juvenil Comunista. En la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (Paseo del Bosque). Derechos Humanos: un pueblo que no olvida. A las 18. Panel: Con Alberto Santillán (Padre de Darío Santillán), Rosa Bru (Madre de Miguel Bru), Vanesa Orieta (Hermana de Luciana Arruga), Pablo Adrián Grison (Comisión Carlos Fuentealba Presente). En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Agrupación 26 de Junio “Arana, centro de tortura y exterminio”. A las 19. Presentación del libro del sobreviviente Walter Roberto Docters. En el auditorio Mabel Gutiérrez , edificio “Cuatro columnas” (Ex ESMA). Av. Del Libertador 8151 “Diversos UNI-versos II”. A las 19.30. Inauguración de la muestra plástica organizada en forma conjunta entre el Museo Municipal de Arte y la Subsecretaría de Derechos Humanos, curada por Graciela Gutiérrez Marx y Cecilia Cánepa, Salas del Mumart (7 esquina 49, Pasaje Dardo Rocha).

VIERNES 23 Pintada de remeras: ¡En la lucha vive cada compañero! De 8 a 12 y de 12 a 16.30, en el patio de la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes. La reparación y la contención de las víctimas del terrorismo de estado. Alas 10. Abordaje Psico-social a cargo de Norberto Liwski (CODESEDH) y Enrique Fidalgo (Prof. Titular Psicología I). En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Cátedra de Psicología I. “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. A las 10. Acto en la Escuela Secundaria Básica Nº 12 “Monseñor Angelleri” de Berisso, en 9 y 170. Jóvenes y Memoria. A las 13. Estudiantes del Colegio Nacional presentan una obra de Teatro. Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). "Ellas Saben (dos)". A las 14. Muestra Artística a cargo de Celina Torres Molina en la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Comisión de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Trabajo Social. Radio Abierta. A las 14 en la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Reconocimiento. Acto en reconocimiento a los trabajadores del Instituto víctimas de Terrorismo de Estado. A las 14 en el PAMI (7 nro. 170). Militancia y Dictadura. A las 15. Charla Debate sobre la lucha Revolucionaria en los `70. Con Daniel De Santis (ex Militante PRT-ERP; Fundador de la Juventud Guevarista y la Unión del Pueblo) y Enrique Fuckman: (Ex detenido desaparecido, Militante de la Asociación de ex detenidos desaparecidos). En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Agrupación Insurrectos Movilización. 16.30. Concentración para marchar en el patio de la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Con el acompañamiento de Nilda Eloy, ex detenida-desaparecida. Organiza: Comisión de Derechos Humanos y Agrupaciones Estudiantiles de la Facultad de Trabajo Social-Universidad Nacional de La PlatA. "Úteros. Una mirada sobre Elsa Pavón". El documental de la realizadora platense Rosa Teichmann se estrena oficialmente a las 19 en el auditorio Mabel Gutiérrez, edificio Cuatro Columnas, en la ex Esma. Av. Libertador Nº 8151. Unas horas antes, a las 13.30, habrá una proyección para los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, abierta al público, en el auditorio de Diagonal 78 y Plaza Rocha. Shoah. A las 19. La biblioteca teatral Alberto Mediza presentará la versión completa de la película de Claude Lanzmann, que dura casi 9 horas, en la vigilia cultural por el golpe de estado, en el Taller de Teatro de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 10 entre 54 y 55. “Bukenval”. De la compañía teatral “La cuarta pared”. A las 20 en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha. Contragolpe teatral y cultural. Teatros, museos y espacios de arte de la Provincia abrirán sus puertas con el auspicio del Instituto Cultural de la Provincia, para repudiar el golpe militar del 24 de marzo de 1976. El objetivo de la vigilia cultural es “demostrar que la comunidad artística sostiene su lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia”. Concentración y Procesión de Antorchas hasta el Monumento a los Desaparecidos. La marcha partirá a las 21 de la explanada del Puerto La Plata, en Avenida Montevideo y 2 de Berisso. “Pedro y el Capitán”. A las 22. Obra teatral de Mario Benedetti a cargo del Teatro Popular de Berisso. En la Casa de Cultura de Berisso (Avenida Montevideo entre 10 y 11) Cine. A las 23. Cortos audiovisuales realizados por los alumnos de las escuelas Media Nº 2, 15 y 17, de Berisso. Medianoche en Berisso. Vigilia y Lectura de Nombres de la nómina de desaparecidos de la ciudad, a cargo de la Comisión Permanente por la Memoria. En el Monumento a los Desaparecidos, ubicado en el Centro Cívico, la tradicional

Proyecto de ley contra la criminalización de la protesta social

H.Cámara de Diputados de la Nación

PROYECTO DE LEY

Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación.

Nº de Expediente	1753-D-2010
Trámite Parlamentario	028 (07/04/2010)
Sumario	CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL. REGIMEN.
Firmantes	ALCUAZ, HORACIO ALBERTO - REYES, MARIA FERNANDA - STOLBIZER, MARGARITA ROSA - STORANI, MARIA LUISA - GIL LOZANO, CLAUDIA FERNANDA - LOZANO, CLAUDIO - FLORES, HECTOR - MERCHAN, PAULA CECILIA - MILMAN, GERARDO FABIAN - CUCCOVILLO, RICARDO OSCAR - SOLANAS, FERNANDO EZEQUIEL - LINARES, MARIA VIRGINIA - PERALTA, FABIAN FRANCISCO - PARADA, LILIANA BEATRIZ - MACALUSE, EDUARDO GABRIEL.
Giro a Comisiones	LEGISLACION PENAL.

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

ARTICULO 1°. La presente ley tiene por finalidad garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización.

ARTÍCULO 2°. Se dispone la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de derechos humanos, de salud pública, de educación, de justicia, a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión.

ARTÍCULO 3°. Lo prescripto en el artículo 2° se extenderá a:

a- Todas las consecuencias penales.

b- Sanciones no penales, ya sean disciplinarias, administrativas o contravencionales.

Nadie podrá ser interrogado, investigado y/o citado a comparecer por imputaciones o sospechas de haber participado en los hechos descriptos en el artículo 2° de la presente ley.

ARTICULO 4°. Quedan expresamente excluidos de la presente los hechos represivos o las tareas de inteligencia cometidos por funcionarios públicos, integrantes de fuerzas armadas, policiales, de seguridad, de inteligencia o de cualquier otra organización estatal.

ARTICULO 5°. Quedan expresamente incluidos en los alcances de la presente ley los siguientes hechos:

a- Movilizaciones o reclamos laborales, sindicales y/o gremiales por despidos, demoras en las retribuciones, demanda de fuentes de trabajo, aumentos, mejoras de las condiciones laborales, mejoras impositivas, o cualquier otro reclamo laboral o gremial.

b- Movilizaciones o reclamos tendientes a obtener satisfacción de necesidades o reconocimiento de derechos, en particular la entrega de alimentos u otros bienes de primera necesidad para sí o para terceros.

c- Acciones efectuadas para lograr la suspensión o paralización de desalojos de personas, familias o trabajadores ocupados o desocupados.

d- Reclamos efectuados para lograr la paralización o suspensión de subastas de bienes de productores, en particular rurales o de inmuebles utilizados con fines productivos, educacionales, sanitarios o habitados por familias de escasos recursos.

e- Ocupaciones de inmuebles desocupados, para su habitación por familias en situación de vulnerabilidad, la actividad de asambleas populares o barriales, la puesta en producción de empresas o la instalación de comedores escolares y populares.

f- Paros, huelgas, realización de "ollas populares" y caravanas.

g- Movilizaciones, ocupaciones y jornadas de protesta estudiantiles.

h- Protestas, manifestaciones, cortes, reclamando contra el deficiente funcionamiento de servicios públicos, sean de transporte terrestre, vial o ferroviario, aéreo o marítimo y fluvial, eléctricos, de gas, servicios sanitarios, de salud, de agua, cloacal o cualquier otro.

i- Acciones llevadas a cabo con motivo defensa de la salud pública o de la comunidad, y/o contra el cierre de establecimientos médicos públicos o privados.

j- Marchas y/o movilizaciones por el respeto de la soberanía argentina, en solidaridad con otros pueblos, en contra de las guerras, o a favor de la paz.

k- Pertenencia a agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles, sindicales, gremiales, culturales, sectoriales, territoriales o de derechos humanos.

l- Actuación de dirigentes o integrantes de agrupaciones de desocupados o de reivindicación de sus derechos originadas en la confección de listas de beneficiarios de planes sociales, en su distribución o adjudicación, o cualquier otra actividad vinculada con el reclamo, obtención, distribución o adjudicación de los mismos.

m- Cortes de ruta u otras vías públicas o interrupción del tránsito terrestre, naval o aéreo con motivo de cualquiera de los reclamos enunciados.

n- Ocupación de espacios públicos con motivo de cualquiera de los reclamos enunciados.

o- Ocupaciones de edificios públicos o privados con motivo de cualquiera de los reclamos enunciados.

La enumeración precedente es meramente enunciativa, no excluyendo la aplicación de la presente ley respecto de otros hechos que encuadren en el artículo 2°.

ARTICULO 6°. Los magistrados de todo el país intervinientes en las causas descriptas en el artículo 2° de la presente ley, deberán ordenar de oficio y sin sustanciación la extinción de la acción penal y/o de la pena, dictando en un plazo no mayor de 48 horas a partir de la publicación de la presente:

a- El sobreseimiento definitivo del imputado y -de encontrarse cumpliendo prisión preventiva- su inmediata libertad, en aquellos casos en que no hubiera sentencia firme.

b- El cese de la condena y de todos sus efectos y la inmediata libertad del condenado, cuando existiera sentencia firme.

ARTICULO 7°. El recurso interpuesto contra la resolución dictada en los términos del artículo 6° será otorgado al solo efecto devolutivo.

ARTICULO 8°. Sin demora alguna los magistrados actuantes deberán confeccionar y remitir, sin necesidad de petición de parte, los pertinentes oficios comunicando la extinción de la acción penal a la Policía Federal, a la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior de la Nación, y al Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, expidiendo el certificado correspondiente al beneficiario.

ARTICULO 9°. Son hábiles a los efectos de esta ley todos los días y horas.

ARTICULO 10º. La presente ley se dicta en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 75, inciso 20 de la Constitución Nacional.

ARTICULO 11°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto de ley tiene por finalidad poner fin a la criminalización de la protesta social, práctica que se ha arraigado en el accionar diario de algunos magistrados y fiscales que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad y han sujeto a proceso a ciudadanos que, en ejercicio de su legítimo derecho de peticionar ante las autoridades, participan en organizaciones, movilizaciones sociales, huelgas o diversos actos populares contra políticas sociales y económicas.

Ante la falta de respuestas del Estado a los reclamos populares, se torna cada vez más frecuente la utilización de los procedimientos legales con el inocultable propósito de amedrentar a los actores sociales, acallar los reclamos populares, desarticular los movimientos sociales, deslegitimar la protesta.

Entendemos que la reducción de la política a expediente jurídico no representa otra cosa que su definitivo plegamiento a un proyecto de sociedad definido desde la función policial. La judicialización de la vida en sociedad significa la derrota definitiva de la política como forma de organización social.

Según informan diversos organismos de derechos humanos son más de 5.000 las personas que actualmente padecen persecución penal, ya sea

en carácter de imputados, procesados o condenados, por movilizarse en reivindicación de sus legítimos derechos y aspiraciones. Esta tendencia represiva ha ido en aumento, a la par de la gravedad de las imputaciones penales.

En ese sentido, las manifestaciones de protesta social han sido calificadas bajo los más diversos tipos penales: causas por atentado y resistencia contra la autoridad, perturbación de funciones públicas, robo, extorsión, usurpación, daños, entorpecimiento del transporte y los servicios públicos, intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen, lesiones, coacción, coacción agravada, sedición, privación ilegítima de la libertad, amenazas, entre otros.

Ante la preocupante situación descripta, se propone a través del presente proyecto, la amnistía para todas las personas que hayan participado en hechos ocurridos con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de derechos humanos, de salud pública, de educación, de justicia, a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión.

A fin de definir las conductas objeto de la amnistía, se ha recurrido al criterio subjetivo adoptado por la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Lezcano, Felipe", que atiende a los "móviles políticos, sociales, gremiales o estudiantiles, cualquiera fuese el bien jurídico tutelado y el modo de comisión" ("ATRIBUCIONES DEL CONGRESO", Dardo Pérez Gilhou, Depalma, 1986, ps. 139 y ss.).

La doctrina del derecho constitucional ha señalado en forma unívoca que la facultad de amnistiar prevista en el artículo 75 inciso 20 de la Constitución Nacional es un acto de gobierno, "esencialmente político y de soberanía" ("MANUAL DE LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA", Joaquín V. González, 22ª edición, Angel Estrada Y Cia, Bs. As., s/d, p. 472), toda vez que responde a "causas y consideraciones especiales de orden superior, cuya conveniencia y oportunidad sólo le incumbe valorar al Parlamento" ("LA AMNISTÍA EN EL DERECHO ARGENTINO", Carlos J. Lascano (h), Editorial Marcos Lerner, 1989, ps. 18-20).

Cabe recordar que, en ejercicio de dicha atribución, el Congreso de la Nación dictó la Ley N° 20.508 (B.O. 28/05/73), a pocos días de asumir la presidencia Héctor Cámpora. A través de esa ley de amnistía se dispuso la extinción de la acción penal y de la pena en causas judiciales en las que se imputaba la comisión de actos motivados por una finalidad política.

Más allá del propósito de pacificación social y política que impulsó aquella medida, subyace en la misma un profundo espíritu de equidad y justicia, al procurar corregir abusos y arbitrariedades perpetradas por el Estado mediante el ejercicio del poder punitivo.

En apoyo de esa tesitura, podemos citar un fragmento del mensaje presidencial que acompañaba el proyecto, luego sancionado como Ley N° 20.508:

"Este gobierno tiene la firme convicción de que debe eliminarse la tendencia manifiesta por los últimos años según la cual el derecho penal ha sido el único medio de expresión de la política social; por el contrario, la represión, que se expresa en el derecho penal, ha de ser sólo el último recurso de aquella política" (Mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, 25/05/1973).

En el mismo sentido, el entonces Senador de la Nación, Hipólito Solari Yrigoyen, señalaba durante el debate sobre la amnistía que, cuando las estructuras vigentes no responden a las necesidades de la población y se incrementan la marginalidad social y la desigualdad clasista de ingresos en desmedro de los sectores populares, el Estado ejerce una violencia sistemática, estructural, institucionalizada en todos los ámbitos, que genera la resistencia a la opresión de los sectores sociales que ven conculcadas sus legítimas aspiraciones (Debate del Senado de la Nación, 26/05/2007).

Demás está aclarar que la historia inmediata silenció aquellas proclamas, reduciéndolas a meras expresiones de deseo.

Hoy, a casi cuatro décadas, tras más de veintiséis años de vigencia ininterrumpida del sistema democrático, resulta imperioso el dictado de una amnistía a fin de neutralizar la escalada represiva del Estado en la vida social.

Es de suma relevancia enumerar las reiteradas iniciativas legislativas de miembros de esta Honorable Cámara que en los últimos diez años hemos rechazado la criminalización de diversos actos de protesta, con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques políticos:

- Expediente N° 6465-D-1999, presentado por Alicia Castro, Beatriz Fontanetto, Ramón Torres Molina, Enrique Cardesa, Horacio Pernasetti, Alfredo Bravo, Gerardo Martínez y María América González.

- Expediente N° 2265-D-2001, de Alicia Castro, Enrique Cardesa, Alfredo Bravo, Alfredo Villalba, Ramón Torres Molina, Elisa Carrió, Jorge Rivas y Marcela Bordenave.

- Expediente N° 1668-D-2002, presentado por Ariel Basteiro, Oscar González, Jorge Rivas, Alberto Piccinini, Héctor Polino,

- Alfredo Bravo, Eduardo García, Eduardo Macaluse, Elsa Quiroz, Marcela Bordenave, Elisa Carrió, Rubén Giustiniani, Luis Zamora, Gabriel Romero, Francisco Gutiérrez, Graciela Ocaña, Alicia Gutiérrez, Mario Bonacina, Fabián de Nuccio, Laura Musa, María América González, Fernando Melillo, Marcela Rodríguez, Margarita Jarque, Lucrecia Monteagudo, Eduardo García y Atilio Tazzioli. Reproducido por expediente N° 2527-D-2004.

- Expediente N° 5502-D-2003, de los diputados Ricardo Gómez, Patricia Walsh, Blanca Osuna, Mónica Kuney, Marcela Bordenave, Gerardo Conte Grand, Dante Canevarolo, Pablo Fontdevila, Rosana Bertone, Saúl Ubaldini, Margarita Jarque, José Roselli y Guillermo Johnson.

- Expediente N° 5545-D-2003, con la firma de Alicia Castro y Alfredo Villalba. Reproducido por expediente N° 1023-D-2005.

- Expediente N° 6880-D-2004, presentado por los diputados Ariel Basteiro, Patricia Walsh, Inés Pérez Suárez, Margarita Jarque, Jorge Rivas, Susana Llambi, Eduardo Macaluse, Marta Maffei, Mario Cafiero, Claudio Lozano, Francisco Gutiérrez, Luis Zamora, Lucrecia Monteagudo, Araceli Méndez, María América González, Fabiana Ríos, Alberto Piccinini, Fabián de Nuccio, Eduardo Di Pollina, Eduardo García, Julio Accavallo, Miguel Bonasso, Marcela Rodríguez, Susana García, José Roselli, Héctor Polino, Carlos Tinnirello, Adrián Pérez, María Barbagelata, Juan Carlos Godoy, Isabel Artola, Juliana Marino y Marta De Brasi.

- Expediente N° 5704-D-2008, de Horacio Alcuaz, Virginia Linares, Fernanda Gil Lozano, Fabián Peralta, Claudio Lozano, Carlos Raimundi, Ricardo Cuccovillo, Nélida Belous, Elisa Carca, Norma Morandini, Fernanda Reyes, Eduardo Macaluse, Elsa Quiroz, Héctor Flores y Pablo Zancada.

Por último, cabe destacar que el presente proyecto también ha tenido en consideración propuestas de organismos de derechos humanos, como Liberpueblo, Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre), CeProDH (Centro de Profesionales de Derechos Humanos), Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Familiares de Víctimas de la Represión Policial, Frente Hijos del Gran Buenos Aires, Mesa Directiva de APDH (Asamblea Permanente de Derechos Humanos) La Plata, Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Comité de Acción Jurídica de ATE.

Por lo expresado, y en virtud de la trascendencia del tema, solicitamos la aprobación de este proyecto de ley.