8/15/2018

Sin medios populares no hay democracia

Es incómodo ser noticia. Quienes integramos medios comunitarios, alternativos y populares, estamos acostumbrados a estar, a acompañar, pero en general la noticia es otro/a. Esta vez nos ponen en el centro de un ataque, y bien directamente. 

El gobierno de la CABA avanza contra el Registro de Medios Vecinales, quizá la única experiencia en el país de acceso democrático a la pauta publicitaria del Estado. Reproducimos este comunicado que construimos con compañeros y compañeras de otros colectivos de comunicación popular. (Por La Retaguardia)

El 1 de agosto el Registro de Medios Vecinales, creado por la ley 2587, que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apercibió a 39 producciones radiales, la mayoría pertenecientes a radios comunitarias como Radio Gráfica, FM La Tribu, Frecuencia Zero y La Retaguardia.

Creemos que se trata de una persecución política para acallar voces críticas a los gobiernos nacional y local. Este apercibimiento, que implica una instancia previa a la suspensión y expulsión del Registro, se da en el marco de una rebaja en la pauta publicitaria, y de un “apagón” de todos aquellos medios que visibilizan a quienes luchan contra el actual modelo neoliberal.

Para los medios comunitarios, quedarnos sin la pauta publicitaria de la Ciudad, un derecho democrático al que accedemos a través del Registro de Medios Vecinales, sería empezar a apagarnos. Porque ya nuestras condiciones de producción están al límite producto de la inflación. Sin este recurso, se ponen en riesgo decenas de fuentes de trabajo.
Por eso convocamos a toda la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires, a los centros culturales, sindicatos, organismos de derechos humanos, legisladores/as, comuneros/as, instituciones educativas, de salud, que son parte de nuestros medios, a defender un Registro de Medios Vecinales plural, con todas las voces.

El miércoles 15 de agosto a las 11 de la mañana, haremos una conferencia de prensa frente a la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios, con representantes de cada medio, para denunciar esta persecución y dar cuenta de la gran solidaridad que supimos construir en años de trabajo.

Porque sin medios populares no hay democracia.

Exigimos el cese de la persecución política y el ajuste en el Registro de Medios Vecinales.

7/17/2018

Otorgaron la prisión domiciliaria a Facundo Jones Huala

La Sala II de Casación Penal resolvió concederle el beneficio al lonko mapuche que se encuentra a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva si será extraditado o no a Chile. Jones Huala sostuvo hasta hace semanas una huelga de hambre que desmejoró su salud. El fallo no fue unánime, ya que Alejandro Slokar y Ana María Figueroa votaron a favor y quedaron en mayoría ante el rechazo de Eduardo Rafael Riggi, que pretendía rechazar la domiciliaria. (Por La Retaguardia) 

Foto: Jones Huala en el juicio de primera instancia por la extradición (Archivo La Retaguardia/Agustina Salinas)

Durante el día de hoy circularon todo tipo de versiones antes de que el tribunal diera finalmente su fallo. Como sucede habitualmente alrededor de la causa de la lucha mapuche por la tenencia de la tierra y sus fatales consecuencia del último año -entre las que se cuentan la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel-, los operadores periodísticos consiguieron casi instalar que la Sala II había rechazado el pedido para esperar el fallo de fondo de la Corte Suprema de Justicia ya no con prisión preventiva sino con domiliaria. Sin embargo, la audiencia ni siquiera había comenzado cuando ya circulaban estos rumores.

Finalmente, hace minutos se conoció el fallo por el que se otorgue el beneficio "con la celeridad que el caso impone". El juzgado federal de Bariloche que tiene a cargo el Doctor Gustavo Villanueva, deberá implementar la medida.

En diálogo con La Retaguardia, Sonia Ivanoff, abogada del Lonko, confirmó la medida y dijo que "el fallo es categórico y el juzgado de Bariloche debe implementar que Jones Huala vaya a prisión con domiciliaria con un dispositivo electrónico de control", dijo en referencia a la tobillera electrónica. Además, Ivanoff indicó que el lugar donde se debería cumplir el nuevo modo de detención sería "la casa de su abuela en Esquel".

Algunas fuentes consultadas por La Retaguardia aseguran que a pesar del fallo de la Sala II, habrá que esperar a que Villanueva operativice la medida, y si bien el dictamen es claro acerca de la celeridad pretendida, cualquier demora podría ser esperable.

6/29/2018

Le concedieron domiciliaria al militar torturador de Mario Abel Amaya

Se trata de Jorge Osvaldo Steding, condenado por el secuestro y muerte de Mario Abel Amaya. Los jueces Mahiques y Riggi sentaron la jurisprudencia que esperaban otros presos cursando penas por delitos de lesa humanidad.

La Cámara Federal de Casación abrió las puertas de par en par para que los represores que hayan cumplido 70 años de edad, sin más requisito que ese, se puedan ir a sus casas. Una sala del tribunal dictó el fallo acaso más esperado por los condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura: concedió la prisión domiciliaria a un represor porque superó el límite etario y pese a que sus problemas de salud son menores: lumbalgia, hipertensión e hipoacusia. Para los camaristas Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, mantener al condenado en prisión significaría violar la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes”.

El represor beneficiado es Jorge Osvaldo Steding, condenado a 17 años de cárcel por el secuestro ilegal, las torturas y la muerte del diputado (1973-1976) y dirigente de la UCR Mario Abel Amaya, uno de los primeros alfonsinistas, abogado y militante de la Reforma Universitaria. Fue secuestrado en agosto de 1976 junto con el exdiplomático radical Hipólito Solari Irigoyen, quien sobrevivió a la tortura. Amaya, asmático, no tuvo la misma fortuna. Poco antes de su deceso fue “legalizado” por la dictadura y trasladado en calidad de detenido a un hospital porteño. Su madre fue autorizada a visitarlo en su agonía, pero no pudo reconocerlo: estaba desfigurado por las heridas causadas por los tormentos.

El fallo invoca un antecedente de la Corte Suprema, “Felipe Alespeiti”, en el que el máximo tribunal concedió la domiciliaria a otro represor. Pero en aquel caso, el beneficiado fue un condenado de 85 años de edad, cuyo estado de salud se caracterizaba en el fallo de la siguiente manera: “Con diversas patologías cardíacas, evolutivas, crónicas, irreversibles y susceptibles de complicación, que presenta trastorno senil con deterioro funcional, pérdida del 70 por ciento de la visión en uno de sus ojos, sufre de hipoacusia con compromiso en su desempeño social auditivo y posee limitada capacidad de locomoción”. Es decir un preso 15 años mayor que Steding y con problemas de salud infinitamente más graves.

Steding, detenido desde el 20 de diciembre de 2015, cumplía la pena en una cárcel común. El 13 de noviembre de 2017 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia había rechazado un pedido de prisión domiciliaria, pero su defensa recurrió al máximo tribunal penal, la Casación.

El tribunal oral había advertido, sobre la base de informes médicos, que no se había probado “ningún tipo de patología de grave entidad que no pueda ser controlada en el complejo penitenciario donde se encuentra alojado o, llegado el caso, en una institución hospitalaria”.

El juez Mahiques consideró, no obstante, que “se evidencian en el caso también las razones humanitarias que inspiran” la prisión domiciliaria. Y su colega Riggi fue aun más allá: “En modo alguno podría sostenerse que la situación del imputado -para acceder a este modo morigerado de cumplimiento de la detención- debería encuadrar en todas las causales previstas pues la diversidad de situaciones contempladas conducirían a que en la práctica el beneficio sea meramente enunciativo, por la imposibilidad de que concurran todos los requisitos en una misma persona”.

Esto significa que alcanza con que el detenido haya cumplido 70 años para concederle la domiciliaria, porque si hubiera que tomar en cuenta otras razones que se combinaran con la edad, los jueces no podrían mandar a sus casas a ningún condenado.

Riggi reflexionó que “más allá de que Steding fue juzgado por hechos de lesa humanidad, cabe resaltar que el análisis jurisdiccional sobre la posibilidad de conceder o denegar la prisión domiciliaria, no puede centrarse exclusivamente en la gravedad del delito atribuido al encausado”.(???????)

“Se evidencian en el caso también razones humanitarias que inspiran el instituto, lo cual impone la necesidad concederle a Steding el arresto domiciliario”, completó.

El voto mayoritario (la tercera jueza, Liliana Catucci, se había inclinado por pedir nuevos estudios médicos) es una virtual aceptación de la edad para acceder a la domiciliaria. Invocando este fallo, cualquier represor podrá sin más pedir que le permitan cumplir la condena en su casa.

Tiempo Argentino / Néstor Espósito

6/22/2018

Cartas Casa Chubut y Servicio Penitenciario por Facundo Jones Huala



 Nación Mapuche: Organizaciones sociales y de DD.HH. entregaron una carta al Servicio Penitenciario y a la Casa de Chubut por Facundo Jones Huala



Por Sebastian Polischuk/ Resumen Latinoamericano/ 21 de junio de 2018.

Durante el mediodía de hoy jueves 21 de junio, representantes del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, fueron a entregar una carta a la Casa de Chubut de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exigir por la inmediata libertad del lonko Facundo Jones Huala, quien está detenido injustamente en Esquel y hace casi un mes se encuentra en huelga de hambre, donde además hace unos días ante la falta de respuesta a sus reclamos había dejando de injerir líquidos hasta el día de ayer.

Posteriormente durante ese mismo día, el Comité por l@s Pres@s Indígenas junto a distintas agrupaciones, representantes del mismo Encuentro, y la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, fueron a llevarle otra carta al Servicio Penitenciario Federal (ubicado también en Buenos Aires) por el mismo motivo y para que al lonko, además lo dejen celebrar el Wiñoy Tripantu (año nuevo mapuche).
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Carta al Servicio Penitenciario:

Las organizaciones convocantes exigimos al sr. Emiliano Blanco, director nacional del Servicio Penitenciario, que se expida rápidamente frente al deterioro masivo de la salud de nuestro Lonko Facundo Jones Huala preso injustamente .

Como pueblo originario preexistente a su república, y haciendo hincapie en las distintas leyes nacionales e internacionales, que garantizan derechos políticos, culturales y humanos, los cuales han sido violados y no respetados , exigimos que se reconozca su espiritualidad y deje de ser discriminado por exigirla.

Realizamos esta demanda dada la situación de salud en la que se encuentra el Lonko Facundo Jones Huala que desde el día 30 de mayo comenzó una huelga de hambre, se le suma desde el sábado 16 de junio la decisión de no ingerir líquidos en la Unidad 14 de Esquel donde está encarcelado.

Exigimos en la U14 de Esquel las condiciones necesarias para la ceremonia de celebración del Wiñoy Tripantu (“año” nuevo Mapuche) que el Lonko necesita para su fortalecimiento . Si bien el servicio penitenciario autorizó la realización del wiñoy Tripantu dentro del penal solo se accedió a que un número muy pequeño de personas puedan ingresar, las que no alcanzan para que la ceremonia se realice correctamente. Además que las condiciones carcelarias a las que es sometido el Lonko no son acordes a un preso político.

Afirmamos y acompañamos el pedido que solicita con la huelga el hermano, cese de la persecución de la justicia contra Fausto Jones Huala y Lautaro González. Quienes bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel malherido en la represión de prefectura el 25 de noviembre de 2017 en el Mascardi. La justicia libró órdenes de captura a los Mapuche, mientras que al prefecto identificado que disparó y dio muerte a Rafael hasta el momento no lo han citado a declarar denunció la vocera.

Hacemos responsables al juez Villanueva y a todos los jueces que tienen y tuvieron injerencia en las distintas causas que involucran a miembros del pueblo Mapuche y del Lonko, al ministro de justicia y derechos humanos Germán Garavano, a la ministra de seguridad Patricia Bullrich, al presidente Mauricio Macri y a los responsables del servicio penitenciario dirigido por el sr Emiliano Blanco de la vida y la integridad física del Lonko, su familia y su comunidad!

2/20/2018

"Nos persiguen por ser militantes de Derechos Humanos"

 “No tenemos nada que ver con la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) ni somos terroristas, la Policía y la Justicia nos están persiguiendo por ser militantes de distintas causas de Derechos Humanos”, dijo Fermín Martínez, una de las personas que, junto a su compañera Nadia París, están bajo la lupa de la Justicia neuquina. Martínez es operador de una radio alternativa (Zona Libre Radio) y también integra la organización de Familiares y Amigos de Luciano Arruga y los grupos que piden la liberación del lonco de Pu Lof en Resistencia Cushamen, Facundo Jones Huala.

Dijo que a través de una pericia judicial ordenada por el fiscal José Gerez (y la fiscal Paula González), lo señalan como el supuesto autor de los carteles RAM que aparecieron luego de conocerse los hechos del incendio en Kumenia.

“Nos allanaron la casa y sacaron libros, estoy aprendiendo mapudungun (idioma mapuche), me sacaron un cuaderno y lo comparan con los carteles que aparecieron. Yo no tengo nada que ver, no hice ningún cartel”, expresó Martínez.

Por su parte, Nadia París dijo que ella aparece en el informe de la RAM que elaboró el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, “por el solo hecho de que encontraron un papel con mi nombre en un allanamiento (el 14 de septiembre pasado) en Cushamen”.

Fue en el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado. A la werken de esa comunidad, Soraya Maicoño, le sacaron un papel con anotaciones donde aparecían las palabras “Nadia París” y “presos políticos”.

“Fue horrible porque nosotros hicimos visible el apoyo a la libertad de Jones Huala, pero después de eso nos intervinieron los celulares, como aparece en el expediente, esto es una clara persecución a lo que hacemos”, sostuvo París.

Los jóvenes indicaron que pedirán un perito de parte (que les cuesta unos 40 mil pesos) para contrarrestar el resultado de la pericia oficial (hubo dos informes), ya que consideran que fue manipulada. Mientras tanto, las causas sobre Jones Huala avanzan en Chile y piden su extradición.

“Es absurdo porque todas las acciones de comunicación que hacemos públicas las consideran terrorismo. Sólo veníamos pidiendo la libertad de Jones Huala”, dijo Nadia París, militante de Derechos Humanos

“Soy operador de radio y apoyo la causa mapuche como otras causas sociales. Nos empezaron a investigar, a amedrentar y hasta nos pincharon los teléfonos”, dijo Fermín Martínez, militante de Derechos Humanos  (Imneuquen.com)