4/12/2013

La Iglesia sabía quién mató a los curas palotinos 4 días después del asesinato en julio de 1976

En el documento diplomático, el embajador de EE UU contó que el nuncio apostólico Pio Laghi le confirmó que las fuerzas de seguridad del gobierno militar habían asesinado a los sacerdotes porque querían "limpiar la Iglesia".

Cuatro días después del asesinato de los curas palotinos en la Iglesia de San Patricio, ocurrido el 4 de julio de 1976, la embajada estadounidense ya había recibido la confirmación de que el crimen había sido cometido por agentes de las fuerzas de seguridad argentinas que estaban actuando "sin orden oficial de sus superiores". La fuente citada por la diplomacia del país norteamericano fue el nuncio papal Pio Laghi, quien se basó en información provista por el ministro del Interior de facto, Albano Harguindeguy. Laghi también le dijo al representante de EE UU que un "alto oficial del gobierno" le había anticipado que buscarían "limpiar la Iglesia". La trama oculta de la Masacre de San Patricio, que evidencia los vínculos entre la jerarquía católica, la dictadura y la embajada estadounidense, es apenas uno de los casos que quedaron expuestos con una nueva filtración de cables diplomáticos del período 1973-76 realizada por la organización WikiLeaks.

"Asesinato de curas católicos y monjas podría ser una acción de las Fuerzas de Seguridad del Gobierno Argentino", señala el título del cable enviado desde la embajada estadounidense al Departamento de Estado el 7 de julio de 1976, tres días después del homicidio de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, en la Iglesia de San Patricio, del barrio porteño de Belgrano.

El embajador Robert Hill agrega en el comunicado enviado con carácter "secreto" que fueron informados por "un oficial designado al equipo presidencial, en el grado más alto de confidencialidad, que cinco curas católicos y tres monjas (sic) fueron ejecutados por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE)".  Esa fuente señaló que la acción en realidad intentaba asesinar al líder de Montoneros, Mario Firmenich, que supuestamente estaba siendo protegido por los palotinos. Al día siguiente, otro cable titulado "Más sobre el asesinato de los curas católicos", corrige el dato de las monjas asesinadas y confirma la autoría por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno. La certificación, según detallan, se las dio el embajador de la Santa Sede en el país, cargo que ocupaba el italiano Pio Laghi.

Según el cable, Laghi confirmó que detrás del acto estaba la Junta Militar, pues así se lo había informado el arzobispo de Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu, quien se había entrevistado recientemente con el ministro del Interior Harguindeguy. El representante local del Vaticano también informó a la embajada que el objetivo de los represores siempre fueron los curas  palotinos porque no era cierto que habían dado refugio a Firmenich.

Uno de los párrafos más significativos del cable para entender el vínculo entre la jerarquía católica y la dictadura señala que "la Iglesia ha estado preocupada de que uno de los seminaristas haya tenido conexiones 'tercermundistas'. Sin embargo, el nuncio enfatizó que aún si ese hubiera sido el caso, difícilmente se justifican los asesinatos de los seminaristas y, mucho menos, los de los curas que no estaban involucrados de ninguna manera."

Finalmente, el cable destaca que el nuncio apostólico había sido informado por fuentes gubernamentales de la intención de "limpiar la Iglesia" y que sospechaba que este era apenas "el primer paso" en ese sentido. Por ello, expresó su temor de que sobreviniera una "ola de terror de derecha como nunca habían visto antes". El mensaje culmina con una impresión oficial de la legación estadounidense: "la embajada se inclina a coincidir".

Al día siguiente, la versión oficial esparcida por la dictadura responsabilizaba a "elementos subversivos". Una primera investigación realizada por el juez Guillermo Rivarola entre 1976 y 1977 no produjo ninguna detención. En 1984, ya en democracia, la causa fue reabierta y, luego de tres años sin sentencia, el juez Néstor Blondi liberó a los únicos dos procesados por considerar que los crímenes habían prescripto. El único que llegó hasta el final fue el periodista Eduardo Kimel, quien en 1989 publicó una exhaustiva investigación donde identificó al grupo de tareas que efectuó la matanza, denunció la complicidad del Poder Judicial y la Iglesia y terminó condenado por calumnias.