La Justicia intimó al gobierno a profundizar la búsqueda del hijo desaparecido de Nora Cortiñas

(APL)A pesar de no haber concurrido a la audiencia ni el teniente general Milani ni el ministro Rossi, el Juzgado Nacional de Instrucción Nº 12 a cargo del Juez Ricardo Warley, hizo lugar al habeas corpus presentado por la madre de Plaza de Mayo -Línea Fundadora e intimó al gobierno nacional, al Episcopado Nacional, al Ministerio de Defensa y a la Jefatura del Argentino a que “continúen todas las diligencias necesarias a fin de profundizar la búsqueda de información tendiente a cumplir con el objetivo de esta acción de habeas corpus que es el de conocer el paradero de Carlos Gustavo Cortiñas, para lo cual deberán informar trimestralmente a la accionante y al tribunal, toda novedad que ocurra en torno a ello”.

COMUNICADO ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS REPUBLICA ARGENTINA

Resolución del juzgado

“RESUELVO:
I-ESTAR A LO DISPUESTO EN TANTO SE HIZO LUGAR A LA PRESENTE ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR NORA IRMA MORALES DE CORTIÑAS, RADICADA BAJO EL NÚMERO 48065/12
II-EN CONSECUENCIA INSTAR TANTO A LAS AUTORIDADES DEL EPISCOPADO NACIONAL, COMO DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA NACIÓN Y DE LA JEFATURA DEL EJERCITO ARGENTINO A QUE CONTINÚEN TODAS LAS DILIGENCIAS NECESARIAS A FIN DE PROFUNDIZAR LA BÜSQUEDA DE INFORMACIÓN TENDIENTE A CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE ESTA ACCIÖN DE HABEAS CORPUS QUE ES EL DE CONOCER EL PARADERO DE CARLOS GUSTAVO CORTIÑAS, PARA LO CUAL DEBERÄN INFORMAR TRIMESTRALMENTE A LA ACCIONANTE Y AL TRIBUNAL, TODA NOVEDAD QUE OCURRA EN TORNO A ELLO.

Por auto por separado se dispondrán medidas para mejor proveer tendientes a ahondar la investigación conforme a los parámetros mencionados en los considerandos”.

“No me vuelva a archivar el Habeas Corpus”

Si vemos en el número de causa en el Punto I de la resolución que favorece a Nora, se verificará que la acción fue iniciada en el año 2012, hace tres años.
Idas y vueltas, rechazos y vuelta a empezar. El mismo juez que ahora hace lugar al H.C. lo archivó dos veces.

Ese mismo año del inicio, se presentó la Secretaría de DDHH de la Nación, representando al Estado Argentino y para nuestra sorpresa le pidieron al Juez que archive el recurso afirmando que “el H.C. no es la vía idónea para encontrar a un desaparecido”.

Pero Nora no se achicó, y una y otra vez nos instó a apelar y a presentar los recursos y las acciones que sean necesarios hasta que en la audiencia del 18 de julio le dijo en la cara al Juez “no me vuelva a archivar el H.C”, sobre todo indignada por las razones que escuchaba del Estado Nacional y del Ejército Argentino.

Como era de esperar no comparecieron ni el Tte. Gral. Cesar Milani, ni el Ministro Agustín Rossi, sin embargo debemos reconocer que enviaron una delegación del primer nivel.
Se presentó el Subjefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, el General de División Gustavo Jorge Luis Motta, y el Jefe del Archivo General del Ejército Coronel Walter Horacio Faneco. Ambos con los abogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ejército.
Por el Ministerio de Defensa se presentaron también las máximas autoridades jurídicas, la muy conocida abogada Graciana Peñafort y la Directora Nacional de DDHH del Ministerio Stella Maris Segado.

Por la Iglesia Católica, igualmente citada por la Justicia concurrió su máxima autoridad Monseñor José María Arancedo Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Milani y Rossi ausentes
Nora Cortinas estuvo acompañada por tres abogados de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados quienes planteamos dos veces incidentes de nulidad de la audiencia considerando que la citación había sido expresamente para Milani y Rossi y no para sus representantes.

Ambas incidencias fueron rechazadas y Nora nos instruyó para que continuáramos con la audiencia y no nos retiráramos.
Los representantes del Ministerio y del Ejército alegaban que ellos carecían de elementos para ahondar investigación alguna, llegaron hasta el colmo de proponerle a Nora que buscara en los archivos de la Biblioteca del Ejército y del Ministerio.
Nos dieron a todos los presentes una verdadera clase de Historia de los DDHH en la Argentina que escuchamos con paciencia, sin embargo no hablaron del objeto del HC presentado por Nora.

Permanentemente alegaron su compromiso con “los DDHH y con los desaparecidos” pero no pudieron darle a Nora una sola respuesta a sus requerimientos.
Un ejemplo de esto lo constituyó una carta de Nora de 1977, interceptada por la inteligencia militar durante la dictadura y encontrada por el Ministerio de Defensa perdida en algún rincón de alguna oficina. Nora les dijo “Uds encuentran esa carta y no pueden decirme dónde está mi hijo”.

Le planteó en la cara al subJefe del Estado Mayor general del Ejército, al General de División Motta, que ellos siempre tuvieron “listas, nombres, datos, direcciones, sobrenombres y por tanto no es posible ignorar lo que pasó con mi hijo”.
Lo más saliente de las tres horas que transcurrieron las discusiones está en dos reconocimientos admitidos por los representantes del Ejército y Defensa:

1)Que el Ministerio de Defensa y el Ejército argentino agotaron la búsqueda respecto de la información sobre Gustavo Cortiñas y carecen de mayores elementos.

2)Que el Ministerio de Defensa y el Ejército Argentino no pueden asumir en esa audiencia la representación de la totalidad del Estado Argentino.

Frente a semejante planteo se le solicitó al Tribunal que debe intimar al Estado Nacional a continuar con las actuaciones y tanto Nora en persona como su representación jurídica le plantemos al Juez “que no vuelva a archivar el H.C.”

Al otro día nos notificaron la resolución que trascribimos aquí arriba. En la misma, como se aprecia, el Juzgado les rechaza a ellos el planteo del agotamiento de la búsqueda y los intima a continuarla.

Entendemos que en la historia de los Habeas Corpus en la Argentina, plagada de rechazos sistemáticos es uno de los mayores avances.

Y lo es por varias razones:
La primera es que se hizo lugar al H.C. cosa que generalmente no ocurre, esto a pesar de los sucesivos rechazos y archivos anteriores.

La segunda es que mediando un sin fin de apelaciones y rechazos finalmente se hizo lugar a la audiencia obligatoria del art. 14 de la Ley de H.C. cosa más remota aún de que ocurra.
Y los requeridos enviaron una altísima representación.
Y la más importante es que la Justicia a pesar de los planteos del Ministerio de Defensa y del Ejército, les ordena continuar las acciones “hasta cumplir con el objeto del H.C”
Y por separado intima a otros ministerios como el de Justicia y DDHH a hacer lo mismo fijándoles también a ellos fecha de audiencia para explicar lo que hacen y harán.
Entendemos que tres años fueron mucho tiempo para un recurso de H.C. pero estamos muy conformes con el resultado.

El H.C. no es un instrumento susceptible de bastardearse desaprensivamente porque con eso no solo no se logra el objetivo sino que se acrecientan los antecedentes de rechazos masivos.
Entendemos que es una importante y simple herramienta que debe utilizarse con seriedad en todo momento, y con la inquebrantable voluntad de no ceder ante las primeras derrotas porque todas las instancias de la Justicia Argentina, nacionales y provinciales, incluyendo jueces y defensores oficiales tenderán siempre a su rechazo.
Y mucho menos admitirán que se convoque a las audiencias con los responsables de afectar vidas y libertades.
Nuestra Asociación entiende que ha quedado claro que el Estado Argentino carece de la voluntad y la capacidad para conocer o intentar saber con eficiencia el destino de los desaparecidos y por tanto consideramos que, más allá de la resolución que nos favorece, están agotadas las vías judiciales dentro de la Argentina con lo cual, si Nora nos lo indica, seguiremos ante las instancias internacionales que correspondan.
Nuestro agradecimiento inmenso a todos y todas las que acompañaron a Nora durante estos tres años, los que se solidarizaron con ella y los que confiaron en nosotros.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS REPUBLICA ARGENTINA
Junio 2015

MILANI RENUNCIO : “Que el pase a retiro no sea una garantía de impunidad”

Así se expresó en diálogo con ANRed Graciela Ledo, hermana del desaparecido conscripto Alberto Ledo en 1976, al conocer que el Jefe del Estado Mayor General del Ejército desde 2013, César Milani, renunció a su cargo. La noticia se conoció hoy a través de un comunicado que difundió el Ministerio de Defensa, que atribuye razones personales como motivo. Por ANRed.

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"No creo que hayan sido razones personales, creo que son políticas. Han agotado todos los recursos para intentar cubrirlo", afirmó Graciela. "Su retiro lo tomamos con una expectativa lógica. No vamos a dejar de pedir que la justicia actúe, sin trabas, citando a todos los responsables a declarar por la desparición de mi hermano. También sabemos que deja un aparato de inteligencia todo armado, ha recibido mucho presupuesto y tecnología para espiar. Hace poco ha nombrado 14 oficiales de inteligencia".

El jueves pasado, 18 de junio, Milani y el ministro de Defensa Agustín Rossi no se presentaron a la audiencia fijada por el Juzgado de Instrucción 12, donde Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, interpuso un hábeas corpus por su hijo Gustavo, desaparecido en 1977. A pesar de las ausencias, representantes legales del Estado le informaron a Cortiñas y sus asesores legales que no tenían información alguna al respecto. "Ellos siguen con la política de negar todo. Milani dijo que no conocía a mi hermano, que el acta había sido hecha por azar, que no conocía que había civiles en el Batallón de Ingenieros de Construcción. Gran parte de los archivos no sé si están. Hay muchos archivos abiertos que no dicen nada. Lamentablemente han hecho desaparecer muchas pruebas", sumó Ledo al respecto.

También la semana pasada, el 17 de junio, el colectivo Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, había presentado un recurso legal para ser parte en Tucumán de la causa sobre la desaparición del conscripto Alberto Ledo, en la que el ahora ex-Jefe del Ejército está involucrado, y un hábeas corpus en diferentes tribunales de Tucumán, Bahía Blanca y Buenos Aires, pidiendo información.

"Su renuncia es una parte, como resultado de la lucha que empezamos al principio solas, con mi madre, y luego con varios organismos de derechos humanos, que hicimos conocer las denuncias que tenía desde el ’79, en otras causas, todas relacionadas con el genocidio", comenta Graciela Ledo. "Él es uno de los responsables de la desaparición de mi hermano, y de fraguar un acta en la que hasta se lo acusa de ladrón. Ha formado parte del aparato genocida en La Rioja".

La causa Ledo es una de las principales objeciones a Milani que presentaron diversas organizaciones, cuando se lo designó al frente del Ejército, dos años atrás. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, había pedido una revisión del ascenso, por las situaciones dudosas y comprometidas de Milani durante la última dictadura militar, y el apoyo a grupos carapintadas que intentaron un golpe de Estado durante el gobierno de Alfonsín.

Incluso el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) había tenido sus objeciones, a pesar de que Horacio Verbitsky, el periodista que preside el organismo, había advertido que su ascenso "no invalida la política de derechos humanos de la última década", en una nota suya de Página 12, en diciembre de 2013. La ONG había interrogado a Milani acerca del contexto en qué se produjeron los hechos que se le atribuyen y sus valoraciones actuales. Verbitsky destacaba que el entonces jefe del Ejército mentía cuando dijo que la represión en La Rioja fue pasiva y de baja intensidad, que era inverosímil que desconociera violaciones a los derechos humanos por su juventud y formación militar, y que Milani desconociera la identidad de quiénes trasladaba de la cárcel al juzgado, como una de sus funciones, entre varias sospechas a sus respuestas.

"Queremos que el pase a retiro no sea una garantía de su impunidad. Si piensa que el pueblo se va olvidar no es así, que pague por lo que ha hecho. Las autoridades que lo han nombrado y le han dado todo este poder, que digan y que respondan por qué pusieron a un genocida en semejante cargo", sentenció Graciela Ledo.

Desconocidos quemaron el auto de Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga

(Por La Retaguardia) El hecho ocurrió en la madrugada del 7 de junio pasado en la puerta de la casa de la hermana de Luciano Arruga. El siniestro se produjo pocas semanas después de la condena a 10 años de prisión para el policía bonaerense Diego Torales por las torturas cometidas contra el joven durante una detención en setiembre de 2008, meses antes de su secuestro, desaparición y muerte. Orieta y su compañero realizaron la denuncia y exigen que se esclarezca el hecho. En el comunicado donde denuncian el hecho, repasaron todos los actos intimidatorios que sufrieron desde que Luciano desapareció.

 Los Familiares y Amigos de Luciano Arruga difundieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por lo sucedido en la madrugada del 7 de junio frente a la casa de Vanesa Orieta.
En el escrito explicaron que no se trata del primer hecho de hostigamiento del que son víctimas: “somos una familia que lucha por justicia para Luciano Arruga y todos los jóvenes que la policía secuestra, tortura, mata y desaparece,  y estos años nos han permitido dimensionar los alcances de esta mafia estatal organizada y protegida por los poderes más grandes. Nosotros sabemos a qué nos enfrentamos, y cada día lo sabemos más. Empezamos a buscar a Luciano con la certeza de que fueron ellos y con la seguridad de que iba a ser muy difícil: ellos lo asesinaron y desaparecieron, pero un sistema organizado los protege desde todos los frentes. El peligro que corremos se convirtió en cotidiano, y también las amenazas a nuestra integridad. Estamos una vez más en la penosa situación de tener que volver a denunciar que todas nuestras vidas corren peligro. El hostigamiento no se detiene”.

Otros hechos intimidatorios

Luego, enumeraron algunos de los hechos de los que fueron víctimas. Por ejemplo, en febrero de 2009, cuando Orieta y su amiga fueron al destacamento de Lomas del Mirador a exigir información sobre el paradero de Luciano, el policía que las atendió apoyó un arma arriba de la mesa. “Se hicieron costumbre los amedrentamientos a toda la militancia que sostenía la causa: autos de civil, patrulleros, personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros y llamadas telefónicas con amenazas de muerte explícitas”, agregaron.
“‘¿Tu hija está bien?’, le preguntó un hombre desde un auto de último modelo a Mónica Alegre (mamá de Luciano) cuando cruzaba la calle para ir a hacer compras a pocos meses sin Luciano. Vanesa Orieta fue recibida por la fiscal Roxana Castelli –primera a cargo de la causa– en presencia de uno de los 8 policías implicados en la desaparición de Luciano”, enumeraron en el comunicado.
Los Familiares y Amigos de Luciano recordaron además la amenaza recibida por un testigo que declaró haber estado detenido con Luciano en la Comisaría 8º. “No hablés porque te vamos a matar”, le dijo personal del Servicio Penitenciario cuando iba al baño en la fiscalía en la que prestó testimonio.
Entre los hechos relatados en el comunicado figura la detención de una integrante de Familiares y Amigos, ocurrida a mediados de 2009. La joven estuvo detenida ilegalmente durante horas en la Comisaría 13º de La Tablada, donde fue víctima de torturas y abusos.
En abril de 2011, la mamá de Luciano, Mónica Alegre, y sus dos hijos se despertaron a las 6 de la mañana con la casa llena de humo: “tardaron en comprender lo que había pasado: alguien les había metido una madera en brasa adentro de una pila de frazadas junto a la ventana. Les querían prender fuego la casa. Esa misma semana, un compañero recibió en su casa a un patrullero del que bajó uno de los 8 implicados en el secuestro de Luciano: ‘desaparecé porque te vamos a matar’. Fue interceptado, a los pocos días, por un patrullero de la comisaría de Lomas del Millón cuando repartía cuadernos en el Barrio 12 de Octubre. Un efectivo le preguntó nombre, documento, domicilio e intentaron subirlo a la fuerza. Nuestro compañero se negó y por eso el policía lo empujó violentamente contra el móvil y cargó su arma a la vista de todo el barrio. La impunidad siguió: como él no fue llevado gracias a la intervención de varios vecinos, después fueron amedrentados aquellos que lo defendieron”, expresaron en el comunicado.
Además, afirmaron que saben que en comisarías del conurbano bonaerense se guardan fotos de familiares y allegados a la familia de Luciano. Cabe recordar que en agosto de 2012, el hermano menor de Luciano, con 16 años, fue interceptado y amenazado en la calle por un policía de civil y un uniformado, ambos sin identificación, que circulaban en un auto sin patente que lo venía siguiendo.
En enero de 2013, una noche a pocos días de cumplirse 4 años de la desaparición de Luciano, después de una reunión en la casa de un integrante del grupo, un compañero fue secuestrado por una camioneta en la parada del colectivo y paseado por una decena de barrios del Conurbano. No le robaron y lo largaron después de horas en la casa de la reunión, a cuadras del punto de partida. Durante el viaje lo amenazaron de muerte todo el tiempo, lo tabicaron en su propia casa para registrarla y llamaron a otros integrantes del grupo sin dejar en claro nunca qué querían.
Hace menos de un año, en setiembre de 2014, 2 testigos de la causa por la desaparición forzada fueron detenidos ilegalmente por personal del destacamento de Lomas del Mirador, el mismo donde estuvo detenido Luciano en enero de 2009. “Los policías intentaron requisarlos contra la pared sin identificarse ni justificarse, uno de los jóvenes se defendió y entró a su casa, pero lo siguieron y le dieron una golpiza que le abrió la cabeza. Terminaron en la Comisaría 8º, responsable del destacamento, hasta que la familia de Luciano con sus abogados fueron a buscarlo”, relataron.
A menos de una semana del hallazgo del cuerpo de Luciano, ocurrido el 17 de octubre de 2014, una patota intentó prender fuego el local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. El último hecho conocido es el del 7 de junio pasado cuando a las 2 de la mañana desconocidos prendieron fuego el auto de Vanesa Orieta y su compañero.

Con nombre propio

Hacia el final del comunicado, los Familiares y Amigos de Luciano Arruga expresaron: “a todos los funcionarios del poder ejecutivo que nos recibieron en estos seis años y medio les expresamos lo mismo: necesitamos protección. Nos negamos a cambiar nuestra identidad y mudarnos a pueblos recónditos para que el Estado se haga cargo de que nuestra vida corre peligro. Nosotros queremos seguir luchando. Integrantes del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación fueron claros: ‘la seguridad se negocia’. No vamos a negociar la seguridad, porque no negociamos a Luciano, ni a su memoria, ni a su historia, ni a la lucha, ni a ningún pibe. Exigimos la seguridad para toda la familia y los amigos de Luciano Arruga. La situación es insostenible, corremos peligro real: responsabilizamos al gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires por cualquier ataque a nuestra integridad o nuestra lucha”.
Los mismos pedidos y reclamos que realizamos quienes desde un primer momento estamos junto a la lucha de los familiares y amigos del joven que - como ellos mismos repiten una y otra vez - fue asesinado por la Policía Bonaerense y desaparecido por el Estado.

Nora Cortiñas no pudo realizar charla sobre Derechos Humanos en la Universidad Arturo Jaureche

Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, y Pablo Pimentel, de la APDH, fueron algunas de las personalidades que el viernes pasado rechazó la dirección de la Universidad Arturo Jaureche para realizar una charla sobre la investigación de desaparecidos de Florencio Varela, en el marco de la campaña “Si no hay justicia hay escrache”. La respuesta se fundamentaba en que ya bastaba con la “valiente” decisión política del Gobierno en Derechos Humanos. “El rector cometió un error”, afirmó Cortiñas. La actividad se realizó pero en la vereda. Por ANRed.

El viernes 29 de mayo se realizó una actividad para lanzar la campaña “Si no hay justicia hay escrache”, que busca concientizar y reclamar por la apertura de archivos sobre desaparecidos en Florencio Varela, así como acompañar la investigación sobre 20 personas enterradas como NN en el cementerio municipal. El acto en el cual participaron, entre otros, familiares de los detenidos-desaparecidos, Nora Cortiñas, Pablo Pimentel y Marcelo Valko, tuvo lugar en la vereda, ya que la Universidad Nacional Arturo Jaureche no permitió que se utilizaran las instalaciones de la institución para realizar la charla abierta.

Según describen en un comunicado, los organizadores peticionaron a las autoridades de la universidad el espacio para la actividad: “El día 30 de abril ex detenidxs desaparecidxs, familiares y la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela solicitamos a la Universidad Arturo Jauretche autorización para hacer uso del Salón Auditorio de dicha institución a fin de presentar allí la campaña pública”. El 5 de mayo la Dirección de la Universidad respondió negativamente al pedido, alegando que “no daremos curso favorable al pedido por cuanto consideramos que, en actual contexto, gracias a la valiente decisión política del actual gobierno nacional, el Estado ha generado Políticas de Derechos Humanos duraderas y convincentes que se reflejan en el accionar de la Justicia. Por otra parte, no creemos que la práctica del escrache -que reivindicamos en el contexto de la lucha de HIJOS en la etapa anterior- sea el instrumento adecuado en este momento en el que la Justicia sigue siendo el camino que recorren tanto los Organismos de Derechos Humanos como los afectados directos del terrorismo de Estado”. Esta notificación la firmó Rafael Ruffo, Director del Centro de Política y Territorio.

La universidad negaba así una actividad de interés social que involucraba a personas comprometidas y reconocidas internacionalmente con la lucha de los Derechos Humanos. La jornada tenía por objetivo, además, exigir la apertura de archivos municipales para esclarecer las desapariciones del distrito y evidenciar responsables que no fueron juzgados: policías, políticos, civiles y hasta un juez de la Corte Suprema de Justicia. Entre ellos, Luis Esteban Genoud (Juez de la Suprema Corte de Justicia de Bs. As, denunciado en los Juicios por la Verdad), Julio Alberto Carpinetti (ex Intendente y ex Concejal) y Francisco “Chicho” Basile, hoy proveedor municipal, a quien el pasado 24 de marzo se le realizó un escrache Jornada por la Memoria en Florencio Varela: “Los que están vivos (Kunkel, Genoud, Basile) nunca pagaron por sus traiciones”

ANRed dialogó con Nora Cortiñas, quien mostró su pesar por la decisión de los directivos de la universidad. “Creo que el rector estuvo equivocado. El papelón fue que dijo que se asustó de un título ‘Si no hay justicia hay escrache’, cuando los abogados están amenazados, los jueces estas amenazados. El rector cometió un error, pero el acto se hizo, se dieron testimonios, a pesar del frío y que había niños, se hizo con respeto y corrección”.

Otros integrantes de la campaña señalaron el “manoseo de la política de derechos humanos del Gobierno quien permanece como cómplice al negarse a avanzar sobre los archivos que posibilitarían el esclarecimiento de las desapariciones en Florencio Varela, pues se contabilizan 105 de las cuales 20 fueron enterradas como NN en el cementerio municipal y que no se investigaron”. Y aseveraron que “utilizan a la institución como su espacio político propio y rechazan la voz de luchadores como es la de Nora Cortiñas. Es sin duda antidemocrático y sostiene la política de no profundizar en la búsqueda de la verdad para los desaparecidos en Florencio Varela”.

En el comunicado, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos convocantes también se manifestaron contra “la actitud antidemocrática y autoritaria de la UNAJ”, a la cual objetan varias observaciones a partir de la respuesta emitida por las autoridades “tratándose de una Universidad Nacional y pública, y no de una institución privada, consideramos que la decisión tomada es de un profundo espíritu antidemocrático y autoritario al negar el uso de este espacio, el cual pertenece a toda la comunidad, sin presentar fundamentos válidos más allá del desacuerdo ideológico. La actividad planificada se trata de una charla pública que abre un espacio de reflexión y debate sobre una problemática que atraviesa a toda la sociedad basándonos en datos comprobables y accesibles a todos”.

También cuestionan las palabras de las autoridades de la universidad con respecto a la las políticas del Gobierno manifestando que en el distrito no sucede tal actitud “valiente” debido a que, luego de 39 años, no se ha investigado sobre los 105 detenidos-desaparecidos del que solo se recuperaron 7 cuerpos. Señalan que “entre los años 1975 y 1983 se enterraron más de 20 personas NN en el cementerio municipal en medio de operativos irregulares según fue denunciado en 1983 por ex bomberos que participaron de los mismos. La denuncia fue descalificada por el entonces Intendente Julio Alberto Carpinetti, y las investigaciones no prosperaron. En los archivos de la DIPBA existe la documentación pertinente, con membrete de la Municipalidad de Fcio. Varela, donde se detalla el lugar y el estado en que se encontraron los cuerpos así como la parcela donde fueron enterrados; parte de esos cuerpos fueron hallados incinerados, mutilados, con heridas de bala y en lugares descampados lo que echaría por tierra las declaraciones oficiales de que los NN del cementerio municipal fueron accidentes en la vía pública. Hace 5 años que ex detenidxs desaparecidxs, familiares y organismos de Derechos Humanos estamos esperando el acceso a los archivos municipales de la dictadura en Florencio Varela”.

Tras describir esta situación, las organizaciones de la campaña se pronuncian por la continuidad del escrache: “Ante este escenario creemos que el escrache sí es un instrumento adecuado en tanto a casi 40 años de la dictadura cívico militar y 32 años de gobiernos democráticos la tan mencionada Justicia no llega, en Florencio Varela no hay detenidos ni imputados”. Y finalizan: “La Justicia sigue siendo el camino que Organismos de Derechos Humanos y afectados directos recorremos incansablemente, aunque uno de los denunciados sea parte de esa misma Justicia a la que le exigimos que intervenga. Pero el camino que recorremos es mucho más amplio y lo hacemos en la calle porque es ahí donde el pueblo construye su poder.”

Las organizaciones convocantes fueron ex Detenidxs desaparecidxs, familiares de detenidxs desaparecidxs, la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Fcio. Varela, el Centro de Participación Popular Mons. E. Angelelli, Centro Culturla Roque Dalton, FOL y HLI en la COB la Brecha, MTD Anibal Verón, MTR 12 de Abril, GEN y Lista Marrón Suteba Fcio. Varela.

Contacto:
Marcela 1158222863
Nestor 1531543615

Comunicado Urgente – Comunidad Winkul Newen - Neuquén

¡¡¡ Avanza la criminalizacion de los pueblos originarios y del Pueblo Mapuche!!!

Producto de la legítima defensa de nuestro territorio ancestral ante el ataque de las empresas petroleras (Empresa norteamericana APACHE) y gobiernos que nos quieren echar y desalojar, quieren dar 15 años de cárcel a una mujer mapuche,Relmu Namku, referente de nuestra comunidad Winkul Newen en Neuquén. Además, también imputan a dos hermanos Martin Maliqueo y Mauricio Rain avanzando con la persecución adelantando al 22 de junio el juicio de jurado sosteniendo la LEY ANTITERRORISTA.

Nos judicializan por nuestra defensa del medio ambiente y nos discriminan por sostener nuestra cultura. Sabemos que esto no es solo contra el pueblo mapuche, es un ataque a todas las organizaciones populares y referentes que luchan, un precedente muy grave en la Argentina.

Por medio del presente comunicado les pedimos a todas las organizaciones sociales, políticas y referentes que nos acompañen solidariamente en esta campaña nacional en defensa del territorio y la comunidad de Winkul Newen denunciando la criminalización de la protesta y la defensa de la vida de nuestra tierra y pueblo.

Comunidad Winkul Newen

enviar firmas a : codoacodo@nodo50.org

Asesinan a 2 jóvenes en Chile luego de marcha estudiantil

Dos estudiantes de 18 y 24 años fueron baleados hoy en la ciudad de Valparaíso, Chile, tras concluir una marcha en rechazo a las reformas en la educación que se adelantan en el país.

Los jóvenes Exequiel Borbarán y Diego Guzmán recibieron impactos de balas cuando intentaban pintar una propiedad en la cual se enfrentaron al dueño del inmueble, dijo Julio Pineda, un oficial de la policía de Valparaíso.
Testigos de los hechos indicaron que al término de la las manifestaciones, tuvieron lugar los confusos incidentes en las cercanías de la Plaza Víctoria, en el centro de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.

Las diputadas y ex líderes estudiantiles Camila Vallejo y Karol Cariola, expresaron impotencia, indignación, conmoción y tristeza por lo acontecido, al tiempo que exigieron al Gobierno que se haga justicia.
El ministro del Interior, Jorge Burgos, informó que en la muerte de los dos jóvenes, uno de ellos integrante de las Juventudes Comunistas, no tuvieron participación alguna agentes de Carabineros (policía).

Igualmente, fuentes oficiales de Valparaíso aseguraron a los medios locales que otro joven de 22 años, que residía en la casa mencionada, abrió fuego con una pistola contra quienes realizaban una marcha pacífica. El autor fue detenido.
Varias personas en la urbe portuaria ofrecieron sus testimonios, en los cuales coincidieron en que el agresor no sólo mató a los dos muchachos, sino que también amenazó con disparar a los manifestantes.

Por el episodio, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet convocó a una reunión de emergencia en La Moneda. El ministro Burgos anunció que pidió un fiscal preferente y que el Gobierno se querellará ante la muerte de los dos jóvenes.
De inmediato, Camila Vallejo y Karol Cariola, junto con numerosas personas, lanzaron una convocatoria en las redes sociales para efectuar un Velatón en la Plaza Italia esta noche en Santiago.

Ya a las 18:00 hora local, una multitud comenzaba a colmar el centro de la ciudad.
Miles de profesores y estudiantes en Chile protestaron contra hoy contra las reformas a la educación que adelanta el Gobierno, que calificaron de insuficientes y segmentadas.
Concentrados alrededor de la céntrica Plaza Italia, los manifestantes recalcaron en carteles y consignas que la educación en Chile está "enferma de mercado", como se repitió en ciudades del norte y del sur del país austral.
Fuente: Prensa Latina

Felix Díaz convoca a encuentro de Pueblos Indígenas el 27, 28 y 29 de mayo en C.A.B.A

Pueblos originarios se reunirán para reflexionar sobre sus derechos y problemáticas
El encuentro será a fin de mes en la ciudad de Buenos Aires y se convoca a diferentes provincias de nuestro país y de América Latina. “La idea es que nos reunamos y hablemos sobre las temáticas que nos atraviesan”, anunció Félix Díaz, líder de la comunidad Qom La Primavera.
 
Este encuentro de Pueblos Indígenas será el 27, 28 y 29 de mayo en la iglesia Santa Cruz, en la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Informativo FARCO, Félix Díaz,  líder de la comunidad Qom La Primavera , de Formosa, explicó cómo será el encuentro: “queremos escuchar las voces de diferentes líderes de diferentes pueblos para presentar un documento conjunto”.
Félix Díaz, anunció que invitan al encuentro a representantes de los pueblos indígenas del país, a organizaciones que trabajan los temas territoriales y también a pueblos indígenas de otros países que tienen las mismas problemáticas. “Muchas de las organizaciones tienen problemas territoriales que son amenazas por empresas mineras, ganaderas, petroleras en el Chaco, Misiones, Neuquén y varias provincias. Ellas se han comprometido están adhiriendo a este evento”, explicó.
En este link los audios de la convocatoria:
http://agencia.farco.org.ar/noticias/pueblos-originarios-se-reuniran-para-reflexionar-sobre-sus-derechos-y-problematicas/

Comunicado de prensa: Graciela Ledo con Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes

¡FUERA MILANI! ¡NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY!

Quilmes, 6 de mayo 2015.

Comunicado de prensa.

Atento a las novedades en el caso de la acusación del proclamado por el Gobierno Kirchenerista General Cesar Milani, y siendo denunciantes junto a otros cientos de organizaciones de DDHH, en apoyo por el esclarecimiento, verdad y justicias obre la desaparición forzada del conscripto Agapito Ledo, hecho por el cual es acusado directamente Milani, La Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, junto a los sindicatos docentes de Suteba, filiales, Quilmes y Berategui brindan su solidaridad a su hermana y madre quienes a casi cuarenta años siguen lucha.

Por ello se recibirá a la hermana del desaparecido conscripto Agapito Ledo, Graciela Ledo quien viajará expresamente a la ciudad de Quilmes para ofrecer una conferencia de prensa con el fin de denunciar, y hacer públicas las pruebas que señalan como responsable de la desaparición del conscripto a Cesar Milani.

Su visita estará compuesta por una conferencia de prensa a celebrase en “El Galpón”, sede de la Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, sito en Calchaqui 627, el día 12 de mayo, a las 11.00hs, para luego cerrar con un acto en la plaza “San Martín”, Rivadavia y Mitre de Quilmes a las 14.30hs, donde se encuentra emplazado el monumento “Siguen Marchando”.

Esperamos contar con su presencia para hacer pública esta denuncia, siendo fieles a nuestra consigna principal, NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY.

Convocan.

SUTEBA Quilmes.
SUTEBA Berazategui.
COMISIÓN DE HOMENAJE A MADRES DE PLAZA DE MAYO DE QUILMES.

HIJOS LA PLATA SIEMPRE EN UN MISMO CAMINO

Desde la Agrupación HIJOS La Plata queremos exponer nuestra posición sobre lo ocurrido en la movilización y acto de los 39 años del Golpe Genocida en la ciudad de La Plata.

En primer término aclaramos que la realización, montaje y quema de los DOS muñecos incinerados en la plaza, Milani abrazado a Hebe, es nuestra exclusiva acción y responsabilidad.

Por ello, deslindamos las responsabilidades de TODAS las agrupaciones y personas que fueron parte de la organización de la marcha y el acto del pasado 23 de marzo. Con ello incluimos a María Laura Bretal, Susana Grau, al PTS, al Partido Obrero, Correpi, la Federación Universitaria de la Plata, Patria Grande y los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y estudiantiles nucleados en la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada.

A su vez, como hace años venimos expresando, creemos que el movimiento de Derechos Humanos en Argentina está atravesando una de sus peores crisis históricas, que si bien no es la única, esta vez muestra una profundidad política inusitada.

Durante los peores años de la dictadura y desde la recuperación de la institucionalidad democrática, los organismos más antiguos tuvieron sendos acuerdos sobre cómo luchar por la aparición con vida de los compañeros, sobre la gran respuesta que la sociedad organizada debía dar a los intentos de eternizar el olvido y la impunidad. Pero también hubo grandes divergencias sobre cómo calificar al plan genocida, sobre la utilidad de participar de procesos judiciales fragmentados, parciales y perezosos, y sobre si reivindicar a los desaparecidos como simples víctimas o como luchadores revolucionarios.

En los ’90, el surgimiento de nuevas organizaciones, entre ellas HIJOS, aportó aires generacionales renovadores en los modos de expresar la resistencia y de reconstruir las herramientas de la lucha por Justicia. En esos momentos, en la ciudad de La Plata, la figura de Hebe de Bonafini era un ejemplo ético, una enseñanza permanente en la práctica de lucha y un norte coherente en las posiciones de independencia e intransigencia respecto del Estado y los gobiernos. Con ella hemos compartido la calle en la batalla contra la represión a los estudiantes,  contra los intentos de legislar la impunidad, denunciando en sus guaridas a los genocidas impunes, y hasta presenciando cómo Hebe le arrancaba de las garras policiales a jóvenes detenidos por luchar. Cabe preguntarse qué cosas sucedieron entre la justeza de aquellas posturas y los negociados que hoy denunciamos sobre los organismos cooptados.  Sobre esto somos claros: nada de nuestra historia nos exime de la responsabilidad sobre los hechos que producimos, y desde el “caso Meldorek-Schoklender”, nos permitimos visualizar la esencia de la respuesta a aquella pregunta. Gobiernos como el de los Kirchner generan, no sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de doble discurso en materia de Derechos Humanos y la cooptación política para repartir prebendas. Algunos de los que hace unos años estaban juntos en la calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas y no por juicios recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre, se ven hoy como si estuvieran a años luz de la lucha. 

Estamos convencidos de que es imposible que esta administración K, con su política meramente testimonial, haga florecer en la realidad el país con el que soñamos, con el que soñaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los caídos en la lucha. Principalmente porque no creemos que el proyecto K sea la construcción que torcerá los destinos de la historia, ya que hoy mismo continúa vigente en ella la lógica de responder con todo el “peso de la legalidad” a la legitimidad incontestable de los reclamos populares, porque la pugna distributiva continúa inclinando el contrapeso de la balanza hacia los que más tienen, y porque las mayorías estaremos de una u otra manera allí cuando el paso transformador se construya genuinamente en serio.

Este año HIJOS cumple 20 años como organización independiente del Estado y los gobiernos. Estos años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en la contienda social. Y como el único que puede violar los Derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia  para poder seguir denunciando la impunidad de la represión estatal es una premisa básica de la sociedad dividida en clases que no todos parecen aceptar.

Mucho más cuando de lo que estamos hablando, y lo que quisimos representar en la plaza San Martín de La Plata, es la afronta a la lucha de todos estos años que significa haber visto a Hebe Pastor de Bonafini abrazada, reporteando, sosteniendo y justificando al genocida César Milani, partícipe del Genocidio en el caso del colimba Alberto Ledo, en el Operativo Independencia, en el caso de los Olivera (padre e hijo) y en tantos otros casos que están surgiendo y que lo muestran como activo partícipe del plan genocida.

El sostenimiento del represor Milani al frente del Ejército no hubiera sido posible sin esta operación política de reconciliación con las Fuerzas Armadas.

Que Hebe Pastor de Bonafini y su Asociación, quienes nos decían hace años que “quien cobra la indemnización del Estado se prostituye”, quienes vaciaron su “Universidad Popular” de los mejores intelectuales de izquierda cuando viraron a la derecha, y quienes entraron a la Plaza este 24 en un colectivo estrechados en un hipócrita abrazo con Aníbal Fernández y Carlos Tomada, sean los que hoy se sientan horrorizados porque mostramos en un acto simbólico lo que TODA la sociedad sabe, nos mueve a proponer un debate que, lamentamos, deba darse sólo por la quema de un muñeco. A los cuatro vientos, y de derecha a izquierda, hace años venimos denunciando la cooptación, así como hoy denunciamos el intento de reconciliación. Así que no aceptamos que nos demonizen, de izquierda a derecha, cuando lo que estamos queriendo hacer es promover el debate.

¿El pañuelo blanco, por más símbolo de lucha que efectivamente sea, otorga inmunidad para abrazarse con los verdugos de nuestro pueblo?

No creemos en la sacralidad abstracta del pañuelo blanco, mucho menos cuando lo vemos al lado del verde oliva del Ejército genocida de ayer y de hoy. Sí respetamos la lucha de las Madres y las Abuelas, pero de aquellas que no han transado a sus principios fundantes, como Chicha Mariani, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, Rosaria Isabella Valenzi, María Esther Tello y tantas otras compañeras de lucha a las que hoy seguimos reivindicando por su coherencia a través de los años.

Y si la sociedad no está dispuesta a reconocer esta posición, invitamos a debatirla.

El discurso de los DD.HH., que ha calado profundo en la población, ha sido muy útil para lograr esa conciliación de la sociedad con el Estado, produciendo un relato en el que no se cuestionan las instituciones sino algunos de sus miembros. Esta manera de pensar torna caótica e ininteligible la razón de ser de la inédita violencia desatada antes, durante y después de la última dictadura militar. Violencia organizada desde el Estado que tiene un solo nombre: Represión. Y que está indisolublemente ligada a una necesidad del capital: disciplinar a quienes trabajan.

El discurso oficial de los Derechos Humanos esconde la extensión y la profundidad de los fines que busca concretar la violencia desatada como medio. Los centros clandestinos de detención, la desaparición de personas, las torturas de todo tipo, parecen permanecer (hasta con la quema de un miserable muñeco de papel) en el plano de lo moral individual, evadiendo y ocultando la dimensión social y política de la cuestión: el sometimiento de la producción social a la explotación capitalista, la acumulación incesante del capital a expensas del trabajo, el genocidio de nuestros jóvenes a quienes solo se les ofrece estar delante o detrás de una bala policial, como víctima o victimario. Queda en evidencia con esto la profunda maleabilidad de la Memoria. Parece que un muñeco de papel ardiendo es más grave, de derecha a izquierda, que abrazarse con los asesinos de nuestro pueblo. Por debajo de esta polémica de baja estofa, queda oculta la  dimensión fundamental de los DD.HH. oficialistas: la operación de abstracción que encubre bajo el velo liberal la explotación capitalista. Por eso puede entenderse por qué  asistimos simultáneamente a la reactivación de los procesos judiciales contra los genocidas mientras se promueven políticas de impunidad, la desaparición de Julio Lopez, el asesinato Silvia Suppo, los más de 4300 asesinados a manos del aparato represivo del Estado desde 1983, la naturalización de las más de 200 desapariciones forzadas en “democracia”, el espionaje a los que luchan,  la criminalización de la pobreza y la eliminación de todo aquel que no entra en los estrechos cánones del “Proyecto Nacional” de crecimiento con exclusión.

Por todo esto, el debate sobre las tareas del movimiento de DDHH no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se legitima a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica no se hace desde los despachos ministeriales, ni respondiendo con un pequeño comunicado escrito a las apuradas, sino que emerge desde la exploración teórica y práctica de cómo inscribirse en el campo de la liberación humana. Aquella liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsecuencia kirchnerista pretende encerrar a los luchadores sociales.

Aunque arda en la Plaza y en nuestros pechos.

HIJOS La Plata

Marzo de 2015

¡Absolución de los petroleros de Las Heras! EL 27/2 Acto en el Obelisco a las 17.30 hs.

La justicia, las petroleras, los gobiernos patronales y sus servicios de inteligencia, armaron la causa
¡ABSOLUCIÓN DE LOS PETROLEROS DE LAS HERAS!
EL 27/2 ACTO EN EL OBELISCO A LAS 17.30 HS
 
Hoy, igual que un año atrás, la lucha nos encuentra en la calle, en unajornada nacional de acciones conjuntas para reclamar la absolución de los petroleros de Las Heras condenados en diciembre de 2013 a cadena perpetua. La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo que salir a respondernos en su discurso de apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso, reivindicando el crimen de lesa humanidad que constituye la condena a perpetua, apoyado por todas las fracciones de la burguesía presentes en el parlamento que se unificaron bajo una misma política: profundizar la criminalización de la protesta. En esta época electoral de peleas para la tribuna entre el kirchnerismo, Massa, UNEN, Macri, etc. es bueno recordar que para ajustar, reprimir, entregar el país y pagar la deuda, todos los partidos patronales están de acuerdo.

El juicio a los compañeros de Las Heras sólo demostró con certeza las torturas recibidas por los trabajadores, traicionados por la burocracia sindical, que salieron a pelear contra el impuesto al salario y la tercerización laboral.

Hoy más que nunca, con el asesinato de Nisman, queda al descubierto la podredumbre y el verdadero objetivo de la justicia para ricos, mezclados con servicios de inteligencia, utilizados por el gobierno K y por los otros que fueron gobierno, que junto a las fuerzas armadas y de seguridad conducidas por los represores Milani y Berni, asesinan, reprimen, encarcelan, arman causas, procesan y espían a los trabajadores. Estas instituciones putrefactas no sirven para los trabajadores y el pueblo pobre y la única solución es disolverlas, aunque sabemos que ni el gobierno ni la oposición patronal lo van a hacer y que solo los trabajadores con nuestra organización y lucha podremos lograrlo.

Retomemos la campaña por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras con este acto pero volviendo a vender bonos, hacer peñas, festivales, charlas, etc. en los barrios, los colegios, las universidades, volanteando las fábricas, escuelas, hospitales, y todos los lugares de trabajo y estudio.

Porque la condena a los petroleros es un golpe contra el conjunto de los trabajadores y el pueblo que busca aleccionar a cualquiera que luche y se organice, exigimos:

¡ABSOLUCIÓN DE LOS PETROLEROS DE LAS HERAS Y TRABAJADORES DE ATE SANTA CRUZ!
¡CIERRE DE LAS CAUSAS CONTRA LOS COMPAÑEROS DETENIDOS EN LA REPRESIÓN DEL HTAL.  BORDA Y LOS MÁS DE 7000 LUCHADORES POPULARES! ¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!
¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA!
¡NI CON LOS K NI CON LA OPOSICIÓN PATRONAL: DISOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA, LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD!
¡FUERA BERNI Y FUERA MILANI!
 
COMITÉ DE APOYO POR LA ABSOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES PETROLEROS DE LAS HERAS

El represor Carlos Galián acusado de 600 hechos, sigue en prisión domiciliaria !!!!!

El represor Carlos “Pedro Bolita” Galián es uno de los 66 imputados en la megacausa ESMA que se está juzgando por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Por cuestiones de salud, pasó poco tiempo por la cárcel después de su detención en 2010. Pero lejos de quedarse adentro, al resguardo del frío del invierno o de las elevadas temperaturas del verano, Galián sale, baldea la vereda y atiende el kiosco que está en la esquina de su casa, en Ciudadela. La agrupación HIJOS Capital pudo filmarlo en varias oportunidades violando su prisión domiciliaria. Hoy por la mañana, el organismo de derechos humanos presentó la denuncia ante el Tribunal Oral Criminal Federal 5 a cargo de los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo, para pedir que se le revoque el beneficio.

Dar con Galián, para la Justicia, no fue fácil. Sólo se sabía su nombre de guerra con que reportaba como guardia en las mazmorras de las ESMA. Los sobrevivientes hablaban de él como uno de los hombres que participaban en los vuelos de la muerte y hay varios testimonios que también lo colocaban llevándose a los bebés recién nacidos de la maternidad clandestina que funcionó en el edificio de la Armada Argentina. “Siempre era Pedro Bolita o Febres los que venían a buscar los niños”, recordó una sobreviviente.

El otro dato que se tenía del ex suboficial principal de la Marina era sus ojos achinados y que había nacido en Jujuy. Por años se buceó en los expedientes de la Armada hasta dar con una foto en la que se lo veía a Galián. Seis de siete sobrevivientes pudieron identificarlo. Entonces el juez federal Sergio Torres ordenó su detención: “Teniendo en cuenta el resultado de los reconocimientos fotográficos efectuados en el marco de estas actuaciones, en cuanto se ha podido establecer que Galián sería quien bajo el pseudónimo 'Pedro Bolita' formó parte del Grupo de Tareas 3.3 con asiento en la ESMA durante la última dictadura militar, respecto al cual numerosos testigos han dado cuenta de su actuación como parte del mismo". Pocos días después, la Policía Federal lo detuvo en su casa de Magallanes al 700 de Ciudadela acusado de más de 600 imposición de tormentos y privación ilegal de la libertad seguida de muerte.

Nuevos casos de soldados ejecutados apuntan a Milani

Una nueva presentación judicial realizada ayer en los tribunales federales locales podría agravar la situación del jefe del Ejército, teniente general César Milani , en la causa que lo tiene como imputado por la desaparición del conscripto Alberto Ledo, ocurrida en 1976.

Enrique Romero, ex legislador provincial y peronista disidente, le requirió al juez Daniel Bejas que adjunte al expediente del caso Ledo documentación que podría vincular a Milani con el asesinato de otros tres soldados y de un suboficial del Ejército durante la última dictadura militar.

Se trata de los conscriptos Carlos Alberto Fricker, Juan Ángel Toledo Pimentel y Carlos Cajal, y del sargento Alberto Lai, quienes, según la denuncia de Romero, habrían sido ejecutados por oficiales de Inteligencia del Ejército entre el 9 y el 17 de mayo de 1976, un mes antes de la desaparición de Ledo, ocurrida el 17 de junio.

El dirigente, que en 2002 denunció la existencia de una fosa común en el lugar denominado "Pozo de Vargas", también aportó documentación que revelaría cómo los agentes de inteligencia del Ejército "marcaban" a quienes luego pasarían a formar parte de la larga lista de muertos y desaparecidos durante la última dictadura.

Los papeles presentados ayer por Romero ya habían sido elevados a la justicia federal por el fallecido ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde en 2010, antes de que el general Milani fuera designado al frente del Ejército.

Según el ex parlamentario, la documentación original aportada por Duhalde está "guardada en la caja de seguridad" del juzgado de Bejas, por lo cual solicitó que el material sea incorporado a la causa.

En esa prueba documental se constata que Ledo había sido apuntado por los agentes de inteligencia del Ejército como "integrante del Frente Armado Estudiantil (PRT-ERP)" en 1975, un año antes de ser enviado a Tucumán, donde desapareció mientras cumplía con el servicio militar obligatorio.

Además, los documentos confirmarían la participación de Milani en tareas de inteligencia durante el Operativo Independencia, entre fines de 1975 y principios de 1976, al mando del fallecido represor Antonio Domingo Bussi.

Romero recordó que Fricker "fue asesinado de un tiro en la nuca por personal de Inteligencia del Ejército", a las órdenes del fallecido general Antonio Bussi, el 9 de mayo de 1976, en la localidad tucumana de Famaillá.

En tanto, el conscripto médico Toledo Pimentel, el soldado enfermero Cajal y el sargento Lai murieron una semana después, cuando estalló una bomba en la ambulancia en la que se trasladaban.

Respecto de ese último episodio, el dirigente señaló que la explosión se produjo una semana después de que Toledo Pimentel atendiera a Fricker cuando agonizaba por el disparo que había recibido.

Fricker era hijo de Carlos Augusto Fricker, quien era secretario general de la Unión Ferroviaria, que en esa época había tenido un fuerte conflicto con Bussi.

El denunciante Romero resaltó que "hay dos testimonios dados en juicios que indican que la bomba fue puesta por personal de inteligencia militar".

El ex legislador peronista también aseguró que oficiales de esa área del Ejército fueron los responsables de la desaparición y posterior asesinato del soldado riojano Ledo el 17 de junio de 1976.

Las cinco víctimas revistaban en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, desplegado en Famaillá, donde se desempañaban el entonces subteniente Milani y su superior directo, el capitán Esteban Sanguinetti, quien fue procesado y está detenido por el crimen de Ledo.

Romero requirió que se ordene unificar la investigación de esas cinco muertes y, en consecuencia, se disponga su acumulación en el expediente Ledo, "basado en el hecho de que hay suficiente prueba para pensar que todos estos soldados fueron muertos por personal de Inteligencia del Ejército en una sola compañía en el período de dos meses".

El expediente que Romero pidió incorporar a la causa Ledo incluye el listado de los oficiales que integraban el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 (inteligencia militar) con asiento en La Rioja, entre cuyos nombres figuran Milani y Sanguinetti.

El pasado 22 diciembre, el fiscal federal Carlos Britos pidió citar a indagatoria a Milani y lo acusó de haber falsificado el acta donde se hizo figurar a Ledo como desertor, con la supuesta finalidad de encubrir el secuestro y posterior asesinato del soldado riojano.

El juez Bejas es quien debe definir si cita o no al jefe militar. Previamente, el magistrado deberá resolver un planteo de la defensa para que sea excluido como prueba el legajo que supuestamente falsificó Milani, por tratarse de una fotocopia del original que nunca apareció.
Otros casos que rozan al general

    La nueva denuncia es por los casos de Carlos Alberto Fricker, Juan Ángel Toledo Pimentel y Carlos Cajal y del sargento Alberto Lai, que habrían sido asesinados por oficiales de Inteligencia del Ejército en mayo de 1976.
    El primero "fue asesinado de un tiro en la nuca por personal de Inteligencia del Ejército", según la denuncia. Los otros tres, murieron por una bomba en la ambulancia en la que viajaban.

El imputado Milani aún conserva las esperanzas de evitar una indagatoria sobre la desaparición de Ledo.

El planteo contra un legajo frena la citación de Milani
La defensa del militar cuestionó los papeles con el argumento de que son fotocopias de originales nunca recobrados Bejas ha de resolver si excluye el sumario que había confeccionado el jefe del Ejército

IMPUTADO. Milani aún conserva las esperanzas de evitar una indagatoria sobre la desaparición de Ledo. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ (ARCHIVO)

La desestimación de la recusación interpuesta contra el fiscal Carlos Brito por la defensa de los imputados César Milani, actual jefe del Ejército ascendido por este Gobierno, y Esteban Sanguinetti, ex capitán, no implica por sí sola que el primer acusado será indagado sobre la desaparición del soldado Alberto Ledo, como pidió Brito el 22 de diciembre. Antes, el juez federal N°1, Daniel Bejas, ha de resolver si excluye o no la prueba que fundamenta el dictamen favorable a la citación de Milani: el legajo de deserción de Ledo que aquel confeccionó en su carácter de subteniente y que, según el titular de la Fiscalía Federal N°1, falsificó para encubrir el crimen del conscripto.

Siete días antes de solicitar el apartamiento del fiscal por “temor de falta de objetividad”, “falta de objetividad confirmada” y “enemistad manifiesta”, Adolfo Bertini, defensor oficial de Milani, se presentó ante Bejas y planteó la exclusión probatoria del sumario administrativo-militar. El abogado esgrimió que una copia no podía sustentar la acusación contra su pupilo. También alegó que Brito no había extremado los medios para obtener el documento original o para probar la autenticidad de la reproducción. Luego, Bertini repitió ese argumento (la pretensión del fiscal de basar su dictamen en una prueba controvertida) para articular la recusación por “temor de falta de objetividad”.

Al contestar este planteo, Brito dijo que las copias estaban certificadas por la autoridad competente, el mayor José Baltazar Sandaza. Y añadió que Bertini había consentido ese instrumento al ofrecer como testigo experto al letrado Walter Faneco: “así, en la audiencia testimonial del 3 de julio de 2014, Faneco, quien se presentó sólo como abogado aunque luego reconoció que era coronel auditor del Ejército Argentino, y, por ende, subordinado al teniente general Milani, explicó la normativa militar vigente cuando se sustanció la técnicamente denominada ‘información’, que estuvo a cargo del entonces subteniente Milani. Seguidamente se refirió, teniendo a la vista el legajo de deserción de Ledo, tal y como lo había requerido Bertini, presente en la audiencia, a las demoras que se habrían producido en la confección de la ‘información’ y manifestó que eran atribuibles a la orden impartida por el entonces capitán Sanguinetti”.

En la resolución notificada este lunes a las partes, Bejas rechazó las causales invocadas para provocar la inhibición de Brito, pero se abstuvo expresamente de emitir juicio sobre el legajo o prejuzgar. “Al basarse los planteos de recusación analizados en cuestiones de fondo que deberán en su caso ser oportunamente consideradas y resueltas por este magistrado al momento de examinar los planteos de exclusión probatoria y de nulidad del requerimiento de instrucción, no corresponde merituación alguna ya que cualquier mención al respecto supondría adelantar una opinión”, dijo el magistrado.

Si acoge la pretensión de Milani y excluye la prueba, la citación del militar quedará sin sustento. En esas condiciones, sería muy difícil que prospere el pedido para que sea indagado, acto previo a la definición de la situación procesal del acusado. En cambio, si Bejas confirma que el legajo vale a los efectos de la investigación iniciada en 2007, entonces aumentarán las posibilidades de que Milani sea llamado a dar su versión sobre los hechos que le endilga Brito.

Más allá de estas especulaciones, tanto la resolución que rechazó la recusación del fiscal como la eventual decisión sobre el legajo son pasibles de revisión ante los tribunales superiores. Ello implica que posiblemente no haya novedades sobre la indagatoria en el corto plazo. En otros casos con impacto institucional, el trámite de los recursos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán se extendió durante un semestre o más.

Brizuela de Ledo : Una madre que no olvida

Brizuela de Ledo:

 "Entendemos que el juez ya podría haber llamado a indagatoria a este señor", expresó. Lamentó, además, que algunos referentes de los derechos humanos vinculados al Gobierno no se hayan solidarizado con su causa: "Sentimos la soledad y la falta de respaldo de la organización a la que pertenezco a nivel nacional. Yo nunca hubiera pensado que Hebe [de Bonafini] recibiera a un militar, porque nuestros hijos no querían eso. Nunca hubieran permitido que ella abrazara a un militar como Milani, con todos los cargos que tiene en su contra", dijo.

Comisión impunidad y Genocidio (síntesis)

Reinvindicamos la lucha de los compañeros ex –detenidos desaparecidos, de los familiares, del movimiento de derechos humanos y de las organizaciones de nuestro pueblo que durante más de 30 años hemos sostenido la lucha contra la impunidad del genocidio, lucha que ha permitido llegar a lo largo y a lo ancho del país a los logros conseguidos hasta hoy en materia de memoria, verdad y justicia.

Habiendo analizado la situación actual del juicio y castigo a los genocidas destacamos centralmente que:

1-Existen actualmente en la Argentina cerca de 2000 genocidas procesados, y 538 condenados por alrededor de 3000 casos. De los condenados, solo aproximadamente 50 cuentan con sentencia firme, y un 30% del total son beneficiados con detenciones domiciliarias.
Considerando que está oficialmente reconocida la existencia de 600 centros clandestinos de detención, la cifra de condenados no llega a un represor por campo de concentración.

2-Es imprescindible llevar adelante juicios por campo de concentración y circuito represivo, imputando a todos los genocidas que actuaron allí por todos los delitos cometidos contra todos los compañeros.

3-Se deben abrir en todo el país juicios contra los genocidas civiles: grupos económicos, funcionarios públicos, sector eclesiástico, médicos, medios de comunicación, etc.

4-Exigimos que se efectivicen los juicios por los casos de los compañeros que fueron secuestrados y asesinados antes del 24 de marzo de 1976 por la Triple A, CNU, Comando Libertadores de América, Operativo Independencia y el accionar de todas las bandas facistas.

5-Destacamos la valentía y el compromiso de las compañeras que a lo largo y a lo ancho del país denuncian la violencia sexual a la que fueron sometidas como parte del plan sistemático genocida. Exigimos que estos delitos sean considerados como autónomos y que como tales formen parte de las condenas a los represores.

6-Denunciamos la impunidad biológica que beneficia a los represores de la dictadura, impunidad que es producto de la forma de juzgar en causas fragmentarias y parcializadas que diluyen la dimensión y responsabilidad del genocidio.

7-Repudiamos los privilegios de los genocidas que cuentan con excarcelaciones y detenciones domiciliarias, y exigimos la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los culpables.
Reclamamos acciones inmediatas para la captura de todos los represores prófugos.
Asimismo exigimos que todos los condenados sean exonerados con retiro de los beneficios jubilatorios.

8-Exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, y demandamos una respuesta real sobre el destino de todos y cada uno de los 30.000 desaparecidos, sobre los más de 400 hijos de nuestros compañeros que continúan apropiados, y sobre quienes son todos los represores que participaron del genocidio. Repudiamos los actos del estado que son meras maniobras distractivas porque los archivos que dicen abrir ya son informaciones conocidas.

9-Repudiamos el rol y la actitud de los defensores oficiales que defienden y acompañan ideológicamente a los genocidas, y acosan y agreden a los compañeros abogados querellantes.

10-Promovemos e impulsamos una nueva red de pensamiento respecto de la memoria de nuestros compañeros: reconstruir sus historias de vida, recuperar los proyectos que llevaban adelante en cada uno de sus ámbitos de lucha y de acción (trabajo, estudio, militancia, etc), y consideramos necesario vincular esas experiencias a todos los espacios de lucha y de memoria.

11-Continuamos con la defensa del Banco Nacional de Datos Genéticos, por el sostenimiento del derecho universal a la identidad, y repudiando cualquier intento de negociados con esa institución. Exigimos que el Banco continúe realizando los análisis contemplando a todos los casos de filiación de identidad.

12-Respecto a los sitios de memoria del terrorismo de estado, denunciamos la política del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que resignifican los espacios en los que torturaron, desaparecieron y exterminaron a nuestros compañeros, utilizándolos para actos partidarios, e invirtiendo millones en proyectos que no tienen que ver con los requerimientos de investigación y conservación de esos sitios como prueba para los procesos judiciales e históricos en curso actualmente. Exigimos que los espacios de memoria no sean transformados y desvirtuados, y que se los ponga al servicio de la construcción de Verdad y Justicia.

13-Denunciamos que la impunidad de ayer es condición necesaria para que los distintos gobiernos puedan seguir sosteniendo el proyecto económico, social y cultural que vino a implementar la dictadura, y que para ello se valen de las políticas represivas que estamos denunciando en este encuentro: represión, criminalización de la protesta, presos políticos, desapariciones en democracia, gatillo fácil, etc.

PROPUESTA PARA LA PLENARIA:

Apoyar la marcha del 10 de diciembre en Tucumán en repudio al fallo del tribunal de Casasión que deja a 34 de los genocidas sentenciados en la megacausa Jefatura 2-Arsenales en prisión domiciliaria y en libertad. Proponer que en Buenos Aires nos movilicemos a Casasión llevando el repudio de las organizaciones ese mismo día.
Apoyar las jornadas del 9 y 10 de diciembre en Congreso en las que se denunciará  la situación de emergencia de la niñez y la impunidad de hoy.
Apoyar las movilizaciones y las denuncias por la desaparición de los compañeros mexicanos
Expresar nuestro repudio a Milani y Berni, y a cualquier intento de reconciliación.
Realizar un nuevo Encuentro Nacional en 2015
Generar una agenda y propuesta de actividades respecto de los sitios de memoria, contra la usurpación/resignificación y por la preservación de las pruebas judiciales.
Generar una red de comunicación entre todos los participantes de este encuentro.
Exigimos la aparición con vida ya del compañero Jorge Julio López.
Llamar a una gran movilización para el próximo 24 de marzo.

Conclusiones Comisión contra la Criminalización de la Protesta social

Estuvieron representadas organizaciones de Chaco, Santa Fe, Formosa, Catamarca, Santa Cruz, Misiones, La Rioja, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, pueblos originarios (comunidad Qom), País Vasco y México.

    Se coincidió que ante la política de entrega, ajuste, explotación de los trabajadores, extractivismo y saqueo ambiental, el pueblo lucha en defensa de sus derechos y el gobierno Nacional, los gobiernos provinciales y municipales responden con represión, persecución y demonización de los sectores en lucha.

    Hoy son miles los procesados por luchar, hay presos políticos, luchadores condenados y se persigue a estudiantes, trabajadores, luchadores populares y ambientales. A esta situación se le suma el asesinato y la desaparición de compañeros y compañeras.

    A la infiltración y el espionaje al movimiento popular, como con el Proyecto X llevado adelante por la Gendarmeria  Nacional, se le suma el aumento de la legislación represiva (como la aprobación de la Ley Antiterrorista), la modificación de los Códigos Procesal Penal y Civil y Comercial de la Nación, todos cambios que van en contra de los intereses de los trabajadores y el pueblo. Sin embargo hemos conseguido con nuestra movilización que no se consiga aprobar la denominada “Ley Antipiquete” que criminalizaba cualquier acción popular de reclamo que se produzca en la calle.

    El avance del plan represivo se evidencia también con la designación del genocida General Milani al frente del Ejército y el intento de legalizar la intervención y el control social por parte de las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Gendarmería Nacional dirigida por el Secretario de Seguridad Sergio Berni y las demás fuerzas de seguridad.

    A pesar de la situación represiva, el pueblo sigue enfrentando las políticas de ajuste y con la movilización popular se han logrado la absolución de compañeros criminalizados, la libertad de presos políticos y el juzgamiento y condena de algunos de los asesinos de luchadores populares.

    Este Encuentro es la expresión del camino unitario recorrido y la necesidad de seguir ampliando y organizando la comunicación y el intercambio de experiencias para enfrentar tanto la represión como la impunidad del Estado y de los grupos económicos.
    Con la convicción de que el movimiento de Derechos Humanos debe ser independiente del Estado y sus políticas, proponemos:

1.    Construir, a partir de este Encuentro, un espacio nacional para afianzar nuestra unidad y acompañar toda iniciativa en contra de la criminalización y judicialización de la protesta y la pobreza y contra la impunidad de ayer y de hoy.
2.    Organizar un Observatorio sobre criminalización, que constará de la organización de una base de datos donde figurarán las situaciones específicas de cada lugar.
3.    Difundir colectivamente las actividades, campañas y denuncias de cada lugar.
4.    Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del asesinato de luchadores populares.
5.    Exigimos la libertad de los presos políticos de Corral de Bustos y de los dirigentes políticos Fernando Esteche y “Boli” Lescano.
6.    Acompañamos la Jornada Nacional del viernes 12 de diciembre de 2014 por la absolución de los petroleros de Las Heras.
7.    Exigimos el cierre de las causas y anulación de las condenas para todos los luchadores populares.
8.    Cárcel efectiva a todos los represores condenados de ayer y hoy.
9.    Destitución y procesamiento del genocida General Cesar Milani.
10.    Destitución y procesamiento del secretario de Seguridad Sergio Berni, responsable de numerosas represiones contra luchadores populares.
11.    Repudio a la creación de la Universidad de Defensa.
12.    No al Proyecto X, no a las tareas de inteligencia en las organizaciones populares.
13.     Derogación de la Ley Antiterrorista y toda la legislación represiva.
14.    Frente a la política nacional y provinciales de represión, discriminación, persecución y exterminio de los pueblos originarios. Apoyamos su lucha en defensa de sus territorios ancestrales, sus derechos, su cultura.
15.    Nos proponemos reforzar la solidaridad efectiva y concreta con los presos políticos.
16.    El juzgamiento y destitución de los cómplices de la dictadura con cargos en los gobiernos nacional, provinciales y municipales.
17.    No a las bases militares extranjeras en Latinoamerica.
18.    Solidaridad con la lucha del pueblo mexicano, exigimos la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
19.    Solidaridad con los presos políticos cascos, en defensa de sus derechos.