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6/29/2018

Le concedieron domiciliaria al militar torturador de Mario Abel Amaya

Se trata de Jorge Osvaldo Steding, condenado por el secuestro y muerte de Mario Abel Amaya. Los jueces Mahiques y Riggi sentaron la jurisprudencia que esperaban otros presos cursando penas por delitos de lesa humanidad.

La Cámara Federal de Casación abrió las puertas de par en par para que los represores que hayan cumplido 70 años de edad, sin más requisito que ese, se puedan ir a sus casas. Una sala del tribunal dictó el fallo acaso más esperado por los condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura: concedió la prisión domiciliaria a un represor porque superó el límite etario y pese a que sus problemas de salud son menores: lumbalgia, hipertensión e hipoacusia. Para los camaristas Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, mantener al condenado en prisión significaría violar la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes”.

El represor beneficiado es Jorge Osvaldo Steding, condenado a 17 años de cárcel por el secuestro ilegal, las torturas y la muerte del diputado (1973-1976) y dirigente de la UCR Mario Abel Amaya, uno de los primeros alfonsinistas, abogado y militante de la Reforma Universitaria. Fue secuestrado en agosto de 1976 junto con el exdiplomático radical Hipólito Solari Irigoyen, quien sobrevivió a la tortura. Amaya, asmático, no tuvo la misma fortuna. Poco antes de su deceso fue “legalizado” por la dictadura y trasladado en calidad de detenido a un hospital porteño. Su madre fue autorizada a visitarlo en su agonía, pero no pudo reconocerlo: estaba desfigurado por las heridas causadas por los tormentos.

El fallo invoca un antecedente de la Corte Suprema, “Felipe Alespeiti”, en el que el máximo tribunal concedió la domiciliaria a otro represor. Pero en aquel caso, el beneficiado fue un condenado de 85 años de edad, cuyo estado de salud se caracterizaba en el fallo de la siguiente manera: “Con diversas patologías cardíacas, evolutivas, crónicas, irreversibles y susceptibles de complicación, que presenta trastorno senil con deterioro funcional, pérdida del 70 por ciento de la visión en uno de sus ojos, sufre de hipoacusia con compromiso en su desempeño social auditivo y posee limitada capacidad de locomoción”. Es decir un preso 15 años mayor que Steding y con problemas de salud infinitamente más graves.

Steding, detenido desde el 20 de diciembre de 2015, cumplía la pena en una cárcel común. El 13 de noviembre de 2017 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia había rechazado un pedido de prisión domiciliaria, pero su defensa recurrió al máximo tribunal penal, la Casación.

El tribunal oral había advertido, sobre la base de informes médicos, que no se había probado “ningún tipo de patología de grave entidad que no pueda ser controlada en el complejo penitenciario donde se encuentra alojado o, llegado el caso, en una institución hospitalaria”.

El juez Mahiques consideró, no obstante, que “se evidencian en el caso también las razones humanitarias que inspiran” la prisión domiciliaria. Y su colega Riggi fue aun más allá: “En modo alguno podría sostenerse que la situación del imputado -para acceder a este modo morigerado de cumplimiento de la detención- debería encuadrar en todas las causales previstas pues la diversidad de situaciones contempladas conducirían a que en la práctica el beneficio sea meramente enunciativo, por la imposibilidad de que concurran todos los requisitos en una misma persona”.

Esto significa que alcanza con que el detenido haya cumplido 70 años para concederle la domiciliaria, porque si hubiera que tomar en cuenta otras razones que se combinaran con la edad, los jueces no podrían mandar a sus casas a ningún condenado.

Riggi reflexionó que “más allá de que Steding fue juzgado por hechos de lesa humanidad, cabe resaltar que el análisis jurisdiccional sobre la posibilidad de conceder o denegar la prisión domiciliaria, no puede centrarse exclusivamente en la gravedad del delito atribuido al encausado”.(???????)

“Se evidencian en el caso también razones humanitarias que inspiran el instituto, lo cual impone la necesidad concederle a Steding el arresto domiciliario”, completó.

El voto mayoritario (la tercera jueza, Liliana Catucci, se había inclinado por pedir nuevos estudios médicos) es una virtual aceptación de la edad para acceder a la domiciliaria. Invocando este fallo, cualquier represor podrá sin más pedir que le permitan cumplir la condena en su casa.

Tiempo Argentino / Néstor Espósito

5/13/2015

Felix Díaz convoca a encuentro de Pueblos Indígenas el 27, 28 y 29 de mayo en C.A.B.A

Pueblos originarios se reunirán para reflexionar sobre sus derechos y problemáticas
El encuentro será a fin de mes en la ciudad de Buenos Aires y se convoca a diferentes provincias de nuestro país y de América Latina. “La idea es que nos reunamos y hablemos sobre las temáticas que nos atraviesan”, anunció Félix Díaz, líder de la comunidad Qom La Primavera.
 
Este encuentro de Pueblos Indígenas será el 27, 28 y 29 de mayo en la iglesia Santa Cruz, en la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Informativo FARCO, Félix Díaz,  líder de la comunidad Qom La Primavera , de Formosa, explicó cómo será el encuentro: “queremos escuchar las voces de diferentes líderes de diferentes pueblos para presentar un documento conjunto”.
Félix Díaz, anunció que invitan al encuentro a representantes de los pueblos indígenas del país, a organizaciones que trabajan los temas territoriales y también a pueblos indígenas de otros países que tienen las mismas problemáticas. “Muchas de las organizaciones tienen problemas territoriales que son amenazas por empresas mineras, ganaderas, petroleras en el Chaco, Misiones, Neuquén y varias provincias. Ellas se han comprometido están adhiriendo a este evento”, explicó.
En este link los audios de la convocatoria:
http://agencia.farco.org.ar/noticias/pueblos-originarios-se-reuniran-para-reflexionar-sobre-sus-derechos-y-problematicas/



3/31/2015

HIJOS LA PLATA SIEMPRE EN UN MISMO CAMINO

Desde la Agrupación HIJOS La Plata queremos exponer nuestra posición sobre lo ocurrido en la movilización y acto de los 39 años del Golpe Genocida en la ciudad de La Plata.
En primer término aclaramos que la realización, montaje y quema de los DOS muñecos incinerados en la plaza, Milani abrazado a Hebe, es nuestra exclusiva acción y responsabilidad.

Por ello, deslindamos las responsabilidades de TODAS las agrupaciones y personas que fueron parte de la organización de la marcha y el acto del pasado 23 de marzo. Con ello incluimos a María Laura Bretal, Susana Grau, al PTS, al Partido Obrero, Correpi, la Federación Universitaria de la Plata, Patria Grande y los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y estudiantiles nucleados en la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada.

A su vez, como hace años venimos expresando, creemos que el movimiento de Derechos Humanos en Argentina está atravesando una de sus peores crisis históricas, que si bien no es la única, esta vez muestra una profundidad política inusitada.
Durante los peores años de la dictadura y desde la recuperación de la institucionalidad democrática, los organismos más antiguos tuvieron sendos acuerdos sobre cómo luchar por la aparición con vida de los compañeros, sobre la gran respuesta que la sociedad organizada debía dar a los intentos de eternizar el olvido y la impunidad. Pero también hubo grandes divergencias sobre cómo calificar al plan genocida, sobre la utilidad de participar de procesos judiciales fragmentados, parciales y perezosos, y sobre si reivindicar a los desaparecidos como simples víctimas o como luchadores revolucionarios.

En los ’90, el surgimiento de nuevas organizaciones, entre ellas HIJOS, aportó aires generacionales renovadores en los modos de expresar la resistencia y de reconstruir las herramientas de la lucha por Justicia. En esos momentos, en la ciudad de La Plata, la figura de Hebe de Bonafini era un ejemplo ético, una enseñanza permanente en la práctica de lucha y un norte coherente en las posiciones de independencia e intransigencia respecto del Estado y los gobiernos. Con ella hemos compartido la calle en la batalla contra la represión a los estudiantes,  contra los intentos de legislar la impunidad, denunciando en sus guaridas a los genocidas impunes, y hasta presenciando cómo Hebe le arrancaba de las garras policiales a jóvenes detenidos por luchar. Cabe preguntarse qué cosas sucedieron entre la justeza de aquellas posturas y los negociados que hoy denunciamos sobre los organismos cooptados.  Sobre esto somos claros: nada de nuestra historia nos exime de la responsabilidad sobre los hechos que producimos, y desde el “caso Meldorek-Schoklender”, nos permitimos visualizar la esencia de la respuesta a aquella pregunta. Gobiernos como el de los Kirchner generan, no sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de doble discurso en materia de Derechos Humanos y la cooptación política para repartir prebendas. Algunos de los que hace unos años estaban juntos en la calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas y no por juicios recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre, se ven hoy como si estuvieran a años luz de la lucha. 

Estamos convencidos de que es imposible que esta administración K, con su política meramente testimonial, haga florecer en la realidad el país con el que soñamos, con el que soñaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los caídos en la lucha. Principalmente porque no creemos que el proyecto K sea la construcción que torcerá los destinos de la historia, ya que hoy mismo continúa vigente en ella la lógica de responder con todo el “peso de la legalidad” a la legitimidad incontestable de los reclamos populares, porque la pugna distributiva continúa inclinando el contrapeso de la balanza hacia los que más tienen, y porque las mayorías estaremos de una u otra manera allí cuando el paso transformador se construya genuinamente en serio.
Este año HIJOS cumple 20 años como organización independiente del Estado y los gobiernos. Estos años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en la contienda social. Y como el único que puede violar los Derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia  para poder seguir denunciando la impunidad de la represión estatal es una premisa básica de la sociedad dividida en clases que no todos parecen aceptar.

Mucho más cuando de lo que estamos hablando, y lo que quisimos representar en la plaza San Martín de La Plata, es la afronta a la lucha de todos estos años que significa haber visto a Hebe Pastor de Bonafini abrazada, reporteando, sosteniendo y justificando al genocida César Milani, partícipe del Genocidio en el caso del colimba Alberto Ledo, en el Operativo Independencia, en el caso de los Olivera (padre e hijo) y en tantos otros casos que están surgiendo y que lo muestran como activo partícipe del plan genocida.
El sostenimiento del represor Milani al frente del Ejército no hubiera sido posible sin esta operación política de reconciliación con las Fuerzas Armadas.
Que Hebe Pastor de Bonafini y su Asociación, quienes nos decían hace años que “quien cobra la indemnización del Estado se prostituye”, quienes vaciaron su “Universidad Popular” de los mejores intelectuales de izquierda cuando viraron a la derecha, y quienes entraron a la Plaza este 24 en un colectivo estrechados en un hipócrita abrazo con Aníbal Fernández y Carlos Tomada, sean los que hoy se sientan horrorizados porque mostramos en un acto simbólico lo que TODA la sociedad sabe, nos mueve a proponer un debate que, lamentamos, deba darse sólo por la quema de un muñeco. A los cuatro vientos, y de derecha a izquierda, hace años venimos denunciando la cooptación, así como hoy denunciamos el intento de reconciliación. Así que no aceptamos que nos demonizen, de izquierda a derecha, cuando lo que estamos queriendo hacer es promover el debate.

¿El pañuelo blanco, por más símbolo de lucha que efectivamente sea, otorga inmunidad para abrazarse con los verdugos de nuestro pueblo?
No creemos en la sacralidad abstracta del pañuelo blanco, mucho menos cuando lo vemos al lado del verde oliva del Ejército genocida de ayer y de hoy. Sí respetamos la lucha de las Madres y las Abuelas, pero de aquellas que no han transado a sus principios fundantes, como Chicha Mariani, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, Rosaria Isabella Valenzi, María Esther Tello y tantas otras compañeras de lucha a las que hoy seguimos reivindicando por su coherencia a través de los años.
Y si la sociedad no está dispuesta a reconocer esta posición, invitamos a debatirla.
El discurso de los DD.HH., que ha calado profundo en la población, ha sido muy útil para lograr esa conciliación de la sociedad con el Estado, produciendo un relato en el que no se cuestionan las instituciones sino algunos de sus miembros. Esta manera de pensar torna caótica e ininteligible la razón de ser de la inédita violencia desatada antes, durante y después de la última dictadura militar. Violencia organizada desde el Estado que tiene un solo nombre: Represión. Y que está indisolublemente ligada a una necesidad del capital: disciplinar a quienes trabajan.

El discurso oficial de los Derechos Humanos esconde la extensión y la profundidad de los fines que busca concretar la violencia desatada como medio. Los centros clandestinos de detención, la desaparición de personas, las torturas de todo tipo, parecen permanecer (hasta con la quema de un miserable muñeco de papel) en el plano de lo moral individual, evadiendo y ocultando la dimensión social y política de la cuestión: el sometimiento de la producción social a la explotación capitalista, la acumulación incesante del capital a expensas del trabajo, el genocidio de nuestros jóvenes a quienes solo se les ofrece estar delante o detrás de una bala policial, como víctima o victimario. Queda en evidencia con esto la profunda maleabilidad de la Memoria. Parece que un muñeco de papel ardiendo es más grave, de derecha a izquierda, que abrazarse con los asesinos de nuestro pueblo. Por debajo de esta polémica de baja estofa, queda oculta la  dimensión fundamental de los DD.HH. oficialistas: la operación de abstracción que encubre bajo el velo liberal la explotación capitalista. Por eso puede entenderse por qué  asistimos simultáneamente a la reactivación de los procesos judiciales contra los genocidas mientras se promueven políticas de impunidad, la desaparición de Julio Lopez, el asesinato Silvia Suppo, los más de 4300 asesinados a manos del aparato represivo del Estado desde 1983, la naturalización de las más de 200 desapariciones forzadas en “democracia”, el espionaje a los que luchan,  la criminalización de la pobreza y la eliminación de todo aquel que no entra en los estrechos cánones del “Proyecto Nacional” de crecimiento con exclusión.

Por todo esto, el debate sobre las tareas del movimiento de DDHH no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se legitima a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica no se hace desde los despachos ministeriales, ni respondiendo con un pequeño comunicado escrito a las apuradas, sino que emerge desde la exploración teórica y práctica de cómo inscribirse en el campo de la liberación humana. Aquella liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsecuencia kirchnerista pretende encerrar a los luchadores sociales.
Aunque arda en la Plaza y en nuestros pechos.

HIJOS La Plata
Marzo de 2015

1/29/2015

El imputado Milani aún conserva las esperanzas de evitar una indagatoria sobre la desaparición de Ledo.

El planteo contra un legajo frena la citación de Milani
La defensa del militar cuestionó los papeles con el argumento de que son fotocopias de originales nunca recobrados Bejas ha de resolver si excluye el sumario que había confeccionado el jefe del Ejército

IMPUTADO. Milani aún conserva las esperanzas de evitar una indagatoria sobre la desaparición de Ledo. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ (ARCHIVO)

La desestimación de la recusación interpuesta contra el fiscal Carlos Brito por la defensa de los imputados César Milani, actual jefe del Ejército ascendido por este Gobierno, y Esteban Sanguinetti, ex capitán, no implica por sí sola que el primer acusado será indagado sobre la desaparición del soldado Alberto Ledo, como pidió Brito el 22 de diciembre. Antes, el juez federal N°1, Daniel Bejas, ha de resolver si excluye o no la prueba que fundamenta el dictamen favorable a la citación de Milani: el legajo de deserción de Ledo que aquel confeccionó en su carácter de subteniente y que, según el titular de la Fiscalía Federal N°1, falsificó para encubrir el crimen del conscripto.

Siete días antes de solicitar el apartamiento del fiscal por “temor de falta de objetividad”, “falta de objetividad confirmada” y “enemistad manifiesta”, Adolfo Bertini, defensor oficial de Milani, se presentó ante Bejas y planteó la exclusión probatoria del sumario administrativo-militar. El abogado esgrimió que una copia no podía sustentar la acusación contra su pupilo. También alegó que Brito no había extremado los medios para obtener el documento original o para probar la autenticidad de la reproducción. Luego, Bertini repitió ese argumento (la pretensión del fiscal de basar su dictamen en una prueba controvertida) para articular la recusación por “temor de falta de objetividad”.

Al contestar este planteo, Brito dijo que las copias estaban certificadas por la autoridad competente, el mayor José Baltazar Sandaza. Y añadió que Bertini había consentido ese instrumento al ofrecer como testigo experto al letrado Walter Faneco: “así, en la audiencia testimonial del 3 de julio de 2014, Faneco, quien se presentó sólo como abogado aunque luego reconoció que era coronel auditor del Ejército Argentino, y, por ende, subordinado al teniente general Milani, explicó la normativa militar vigente cuando se sustanció la técnicamente denominada ‘información’, que estuvo a cargo del entonces subteniente Milani. Seguidamente se refirió, teniendo a la vista el legajo de deserción de Ledo, tal y como lo había requerido Bertini, presente en la audiencia, a las demoras que se habrían producido en la confección de la ‘información’ y manifestó que eran atribuibles a la orden impartida por el entonces capitán Sanguinetti”.

En la resolución notificada este lunes a las partes, Bejas rechazó las causales invocadas para provocar la inhibición de Brito, pero se abstuvo expresamente de emitir juicio sobre el legajo o prejuzgar. “Al basarse los planteos de recusación analizados en cuestiones de fondo que deberán en su caso ser oportunamente consideradas y resueltas por este magistrado al momento de examinar los planteos de exclusión probatoria y de nulidad del requerimiento de instrucción, no corresponde merituación alguna ya que cualquier mención al respecto supondría adelantar una opinión”, dijo el magistrado.

Si acoge la pretensión de Milani y excluye la prueba, la citación del militar quedará sin sustento. En esas condiciones, sería muy difícil que prospere el pedido para que sea indagado, acto previo a la definición de la situación procesal del acusado. En cambio, si Bejas confirma que el legajo vale a los efectos de la investigación iniciada en 2007, entonces aumentarán las posibilidades de que Milani sea llamado a dar su versión sobre los hechos que le endilga Brito.

Más allá de estas especulaciones, tanto la resolución que rechazó la recusación del fiscal como la eventual decisión sobre el legajo son pasibles de revisión ante los tribunales superiores. Ello implica que posiblemente no haya novedades sobre la indagatoria en el corto plazo. En otros casos con impacto institucional, el trámite de los recursos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán se extendió durante un semestre o más
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12/11/2014

Comisión contra la Impunidad de Hoy, la Criminalización de la Pobreza, la Militarización de los Barrios y el ´Gatillo Fácil

En la Comisión contra la Impunidad de Hoy,  la Criminalización de la Pobreza, Militarización de los Barrios y Gatillo Fácil estuvieron representadas numerosas víctimas y organizaciones de lucha. 

Se volcaron decenas de ejemplos y denuncias. Entre otros, se mencionaron los casos de Laura Iglesias (Miramar), de Norma Bustos y su hijo y de los compañeros Patón, Jere y Mono, en Rosario, asesinados por las bandas de narcos,  de Kevin, de Villa Zavaleta, asesinado durante un enfrentamiento entre bandas; de Matías Casas y Brian Hernández, en Neuquén, y de Pablo Vera, en Rio Negro, víctimas del gatillo fácil policial; los casos de las desapariciones forzadas de Sergio Ávalos (Neuquén), Iván Torres (Chubut), Daniel Solano y Carlos Painevil (Rio Negro) y Paula Perazzi (Santa Fe); de Julio López y Luciano Arruga hasta la reciente identificación de sus restos. 

También fueron señalados los casos de Mariano Ferreyra, asesinado por una patota de la burocracia sindical; de los asesinados por la represión durante la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y de Darío y Maxi, durante la masacre de Puente Pueyrredón; de los inundados, de Cromagnon y de Once;  de la masacre impune de la Amia; de las víctimas de envenenamiento por agrotóxicos y de los pobladores originarios; de la masacre del Parque Indoamericano y el violento desalojo del barrio Papa Francisco. Se volcaron los números crudos de los asesinados a manos de las fuerzas de seguridad: 4283 víctimas desde 1983 a esta parte. El 63% de ellos, bajo los gobiernos K.

Las intervenciones fueron unánimes en destacar el rol central del Estado y de sus fuerzas represivas en la comisión de estos crímenes y en su encubrimiento; también se señaló reiteradamente la complicidad y el accionar del poder judicial y del poder político y su alcance a todo el territorio nacional. La impunidad sobre los crímenes sociales del capitalismo (Once, Cromagnon, inundaciones de La Plata y Santa Fe), del gatillo fácil y del accionar represivo contra los luchadores, demandan una respuesta unificada y, fundamentalmente, independiente del Estado y los gobiernos.

El narcotráfico, las redes de trata y otros crímenes de gran envergadura y alcance nacional tienen en su centro al propio Estado, convertido en el principal factor de articulación con el crimen organizado.

La designación y defensa a rajatabla del gobierno nacional de Sergio Berni y de César Milani, y la reforma del código Procesal Penal –complementaria con los Códigos Contravencionales -, refuerzan este aparato represivo. El nuevo Código Procesal Penal les da más poder a los fiscales para armar causas, hacer allanamientos sin control ni autorización escrita, entre otros. Quedó atrás la demagogia seudo progresista de la llamada “seguridad democrática” y de los cursos de derechos humanos para los represores. El objetivo del gobierno con la designación de Berni-Milani es preparar la represión de las luchas de los trabajadores y sectores más humildes contra el ajuste.

Desde esta comisión se propone:

El armado y funcionamiento de una red nacional del movimiento de derechos humanos que tiene como principal característica su independencia del Estado. En este sentido se plantea: una red para la transmisión de experiencias; socialización de todos los casos de represión e impunidad; y de las herramientas jurídicas y de lucha. Que sea una red de solidaridad y denuncia para dar visibilidad a todas las víctimas y a los responsables políticos, judiciales y miembros de las fuerzas represivas.

Se propone efectivizar una campaña nacional contra la impunidad, militarización de los barrios y criminalización de la pobreza.

Se plantea la necesidad de generar un nuevo Encuentro contra la Represión y la Impunidad durante la semana del mes de abril.

Desde esta comisión se adhiere al acto convocado por el Encuentro de Lucha por los Derechos Humanos el 10 de diciembre en Plaza Congreso.

Adhesión al acto y marcha del 30 de diciembre por los 10 años de Cromagnon.

Solidaridad con los compañeros de Zainuco Pedro Santiago Villegas y Victoria Naffa, represaliados por acompañar a los familiares de Pablo Vera.

Solidaridad con la Asamblea de Mexicanos en Argentina y la con la lucha del pueblo mexicano por los 43 normalistas

Apuntes del 1er Encuentro contra la Impunidad y la Represión "Adriana Calvo"

Entre el 6 y 7 de diciembre se realizó en la ciudad de Buenos Aires el Iº Encuentro Nacional Contra la Impunidad y la Represión, convocado por los organismos de DDHH del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

Participaron más de 200 representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, ambientalistas, sindicales, de pueblos originarios, familiares de víctimas del gatillo fácil y víctimas de impunidad de todo el país.

También se hicieron presentes las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Elia Espen, Mirta Baravalle, María Esther Tello y Cristina Cabib, y una delegación de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, que sumó el reclamo por la aparición de los 43 normalistas.

Se conformaron tres comisiones, que abordaron respectivamente las temáticas de la impunidad de hoy y el “gatillo fácil”, la criminalización de la protesta y la lucha por el castigo a los genocidas de la dictadura. El encuentro adoptó resoluciones generales por consenso y definió una posición de independencia frente al Estado y todos los gobiernos y, por lo tanto, el rechazo a toda forma de cooptación.

Se manifestó que los actuales crímenes cometidos desde el Estado y su impunidad, se sustentan en la impunidad que gozan la mayoría de los responsables y participantes de los crímenes de la dictadura, donde (por los que (¿)) han sido condenado en promedio menos de un represor por cada uno de los 600 centros clandestinos de detención y tortura y exterminio identificados y denunciados que funcionó en nuestro país.

Se denunció que 25 niños menores de un año mueren por día (falta lo de causas evitables o algo así, creo, si se refiere a eso, el total de los que muere por día creo que es 10 veces mayor, por lo menos). Más de 4200 asesinados por el gatillo fácil durante los 31 años de gobiernos constitucionales, el 63% en éstos últimos 11 años; más de 4000 luchadores populares judicializados por el kirchnerismos. Más de 200 desaparecidos en democracia. Cromañon y Once, la masacre impune de la AMIA

Las intervenciones fueron unánimes en destacar el rol central del Estado y de sus fuerzas represivas en la comisión de estos crímenes y en su encubrimiento; también se señaló reiteradamente la complicidad y el accionar del poder judicial y del poder político y su alcance a todo el territorio nacional. .

Se señaló:

La designación y defensa a rajatabla del gobierno nacional de Sergio Berni y de César Milani, y la reforma del código Procesal Penal –complementaria con los Códigos Contravencionales-, refuerzan este aparato represivo.
Que El nuevo Código Procesal Penal les da más poder a los fiscales para armar causas, hacer allanamientos sin control ni autorización escrita, entre otros.
Que Quedó atrás la demagogia seudo progresista de la llamada “seguridad democrática” y de los cursos de derechos humanos para los represores. Que El objetivo del gobierno con la designación de Berni-Milani es preparar la represión de las luchas de los trabajadores y sectores más humildes contra el ajuste.

Entre otros aspectos destacados, el encuentro resolvió:

1- Propender al el armado e interrelación de una red nacional de DDHH, antirrepresiva y contra la impunidad independiente del Estado en todo el país
2- Exigir la apertura de los archivos (...) del Estado y la Iglesia
3- Exigir el no pago de la ilegítima deuda externa
4- Acompañar la convocatoria del 10 de diciembre de los familiares contra la impunidad
5- Acompañar el 11 de diciembre a las Madres de Plaza de Mayo en la Marcha de la Resistencia.
6- El 12 de diciembre movilizar exigiendo la absolución de los trabajadores de Las Heras
7- Libertad a todos los presos políticos
8- Movilizar el 30 al conmemorarse los diez años de Cromagnon
9- Impulsar una campaña contra la militarización de los barrios, la criminalización de
la pobreza y los jóvenes
10- Preparar un gran 24 de Marzo combativo e independiente en todo el país.
11- Realizar un nuevo Encuentro (contra) la Impunidad, la Criminalización de la pobreza y la Represión para mediados del año que viene

Está previsto realizar un segundo encuentro para mediados del año que viene.

7/31/2012

Las historias de los que ya no están

Por Raúl Arcomano - rarcomano@miradasalsur.com

Son quince los científicos y trabajadores de la CNEA desaparecidos. Estas son sus historias.

María Cristina Onis. Renunció el 2 de abril de 1976. No se conoce información sobre la forma de su secuestro.

Antonio Anselmo Misetich. Físico. El 19 de abril de 1976 María Susana Esaín salió de su casa de Vicente López en la que convivía con Antonio, junto con sus dos hijas. Vio pasar patotas de la Marina, armadas y en autos. Pararon en la vivienda y entraron. Hubo reclamos de la comunidad científica internacional. Castro Madero reconoció que Antonio estaba detenido y “gozaba de buena salud”. Pero sigue desaparecido.

Federico Álvarez Rojas. Físico y militante gremial. El 1º de octubre de 1976 un grupo entró a su edificio y destrozaron el piso 12 en el que vivía. Encerraron a sus tres hijos y lo secuestraron junto a su esposa, Hilda Leikis. Robaron su auto y la escritura del departamento. El 21 de abril de 1977 lo declararon cesante, por “abandono de tareas”.

Roberto Ardito. Ingeniero electrónico. Ex secretario gremial de la Asociación de Profesionales de la CNEA. El 12 de octubre de 1976 un grupo de tareas se metió en el departamento de los suegros. Le pidieron a golpes la dirección de Roberto. Como se negaron, fueron a la casa de su otra hija. Forzaron al esposo a llevarlos hasta el departamento de Roberto y su esposa, Atlántida Coma Velasco. Lo secuestraron. Fue declarado cesante también el 21 de abril de 1977, por “abandono de su trabajo”.

Susana Flora Grynberg. Física. Renunció el 2 de mayo de 1976. El 20 de octubre los padres de Susana recibieron un llamado anónimo: así se enteraron de que su hija había sido detenida por fuerzas de seguridad en su casa. Susana estaba embarazada de tres meses. Hay testimonios de su paso por la Esma.

Miguel Schwartz. Ingeniero. El 14 de febrero de 1977 Miguel debía encontrarse con su esposa Mirta. Al llegar a su departamento, varios tipos armados lo estaban esperando. Fue esposado y secuestrado. Su esposa también fue detenida. Se le prohibió ejercer su profesión de médica en el Hospital de Niños y luego fue obligada a abandonar el país. Miguel está desaparecido.

José María Estévez. Técnico del departamento de Reactores. El 2 de mayo de 1977 estaba con su esposa y un matrimonio amigo en su casa de Haedo. A la mañana siguiente un grupo de tareas armado entró al inmueble. Obligaron a José María a buscar su auto. Lo secuestraron y sigue desaparecido.

José Luis Badillo. Físico. Trabajador de una empresa contratista de Atucha I. Fue secuestrado en la madrugada del 8 de julio de 1977 en su domicilio. Se identificaron como miembros de las Fuerzas Armadas. José Luis fue llevado esposado y con los ojos vendados.
 
Rosa Delfina Costa. Trabajaba en el Centro Atómico Ezeiza. Fue dejada cesante de la CNEA por “abandono de tareas” el 12 de julio de 1977. No se sabe cómo la secuestraron.
 
Graciela Mabel Barroca. Técnica en el departamento de Reactores. Estudiante de Física de la UBA. El 15 de julio de 1977 por la noche un grupo armado, y de civil, llegó al domicilio familiar de Villa Martelli. Como no los dejaron entrar, balearon y pusieron dinamita. Graciela no estaba allí. Esperaron durante tres horas y cuando llegó la llevaron detenida.
 
Gerardo Strejilevich. Estudiante de Física. Era el novio de Graciela Barroca. Los secuestraron el mismo día. Luego de despedirse de ella fue a dormir a la casa de un amigo, Manuel Ricardo Rojas, porque creía que lo estaban siguiendo. Tenía razón: en la madrugada los secuestraron a los dos.
 
Daniel Lázaro Rus. Estudiante de Física y becario en el departamento de Combustibles. El viernes 15 de julio de 1977 fue visto por última vez en su lugar de trabajo. Según compañeros de trabajo, hombres armados lo metieron en una camioneta de artículos de limpieza con la inscripción “Lavandina” que estaba estacionada en la puerta de la CNEA.
 Secundino Garay. Técnico y estudiante de la UTN. Trabajaba en una empresa contratista en Atucha I. Era ex oficial de la Armada. Secundino fue arrancado de su casa una madrugada de octubre de 1977. Un grupo comando del Ejército ingresó a su casa donde vivía con su esposa y su hijo de 6 años.
 
Jorge Israel Gorfinkiel. Físico. Renunció a la CNEA el 7 de mayo de 1976. El 25 de noviembre de 1977 por la mañana salió de su casa en Pacheco rumbo a su trabajo en Capital Federal. Lo secuestraron y pasó por varios centros clandestinos. Estaba casado y tenía dos hijos.
 
Daniel Eduardo Bendersky. Estudiante de Física. El 16 de septiembre de 1978 por la mañana un grupo vestido de civil se presentó en su casa. Dijeron que eran de la Policía Federal. Lo llevaron a Daniel a su cuarto. Lo interrogaron y se lo llevaron, pese a la resistencia de su madre. De acuerdo con relatos de vecinos, a Daniel lo metieron en un Falcon rojo. Sigue desaparecido.

6/21/2012

Por la reparación de un despojo

AUDIENCIA EN LA SALA II DE LA CAMARA FEDERAL PORTEñA

Dolores Mallea pedirá hoy a ese tribunal que su caso no sea cerrado. En 1976, una patota secuestró a su hermana, a cargo de ella y sus hermanos tras la muerte de sus padres. Perdieron su departamento, en el mismo edificio que Lambruschini, y todos sus bienes.

 Por Irina Hauser

Era sábado. 3 de abril de 1976. Un grupo de hombres armados, vestidos de civil, entró al edificio donde vivía el ex almirante Armando Lambruschini, en Recoleta. No iban a su casa, sino al departamento donde vivían Alicia Mallea, una estudiante de derecho de 22 años, y sus cuatro hermanos, tres de ellos menores, a su cargo desde la muerte de sus padres. El timbre de la puerta de servicio los sorprendió en pleno almuerzo. Al abrir encontraron al portero apuntado por los agentes de Coordinación Federal que a los gritos les ordenaron a todos ponerse contra la pared. Después de someter a un interrogatorio a Alicia, a su novio Roberto Vera Barros y a Esteban Ojea Quintana, se llevaron a los tres, que eran empleados judiciales. Además revolvieron todo y cargaron sus bolsillos de cosas de valor. Los más chicos, de 13, 14 y 15 años quedaron desamparados. Se los iban pasando entre personas conocidas que los cuidaron circunstancialmente, y en el ínterin perdieron, por decisión del juez civil que estaba a cargo, el expediente tutelar, ese inmueble de la calle Pacheco de Melo donde vivían y querían rehacer su vida, además de una cochera y hasta los muebles. Junto con la causa por la desaparición de Alicia, una de sus hermanas, Dolores, pidió que se investigue aquel despojo. El caso fue desestimado en primera instancia, pero hoy habrá una audiencia en la Sala II de la Cámara Federal donde pedirá que no sea cerrado.

Después del secuestro de Alicia, Dolores –que tenía 14 años– y sus hermanos Marcela y Eduardo pidieron ayuda a un tío, que quedó como tutor, aunque iban de casa en casa, en parte por miedo a lo que les pudiera pasar al volver al departamento. Finalmente una mujer que estaba relacionada con él los acompañó a vivir allí. Esperaban poder volver a la escuela y ansiaban el regreso de su hermana, sin imaginar que nunca llegaría. Con el correr de los días advirtieron que en los hechos, nadie los cuidaba, ni tenían ayuda económica, ni les daban –por ejemplo– el dinero del alquiler de la cochera. Dolores, quien como hija de un abogado suponía que debía recurrir a la Justicia, fue a ver al juez civil Miguel Angel Vilar, que tenía el expediente tutelar, y le pidió que revocara la tutoría de su tío. Poco después, bajo amenazas y maltratos de aquella mujer que se había instalado con ellos, volvió a pedirle auxilio al magistrado. El 6 de octubre de 1976, el juez Vilar resolvió que no siguieran viviendo en esa casa y los mandó con familias conocidas.

“Desconocíamos totalmente que de esta manera perdíamos nuestro departamento. Como menores sólo necesitábamos que la Justicia nos cuidara y cuidara nuestros ingresos de la pensión de mi padre y del ingreso por el alquiler de la cochera. No sólo debíamos vivir con la angustia y el miedo por el secuestro de nuestra hermana, sino que éramos trasladados de un lado a otro, sufriendo además la pérdida de referencias y de referentes”, dice el texto de la querella que Dolores presentó en un comienzo, y que quedó a cargo del juez federal Sergio Torres, mientras la desaparición de su hermana siguió siendo investigada por el juez Daniel Rafecas, como parte de la causa sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. También están desaparecidos Vera Barros y Ojea Quintana. Se estima, aunque no está aún determinado, que Alicia estuvo detenida en Coordinación Federal. Dolores apuntó además al encubrimiento de la privación ilegal de la libertad de su hermana por dos razones: una, que se la llevó una patota policial cuyo ingreso fue habilitado por la custodia de Lambruschini; la otra, que ella había denunciado el secuestro ante el juez Vilar, quien no tomó ninguna medida al respecto.

Poco después del atentado en la casa de Lambruschini, en agosto de 1978, Dolores quiso volver a entrar a su departamento para buscar algunas cosas suyas. Al llegar encontró una faja que se lo impedía por disposición del juzgado de Vilar. En teoría, según dice su querella, el asesor tutelar Silvio Pestalardo consentía las decisiones del juez. El abogado José Luis Fabris, quien representa a Dolores, explicó a este diario que el costoso inmueble –que tenía un living de 10 metros y cuatro dormitorios– era reclamado por la quiebra de la inmobiliaria Lanusse, donde lo había comprado el padre. “Después del secuestro de Alicia, ni el juez ni el asesor tutelar se ocuparon de controlar y proteger ese bien, que era lo poco que Dolores y sus hermanos tenían. El juez ni siquiera verificaba si se pagaban las expensas, si había deudas, si había una escritura. Luego lo entregó sin defenderlo”, dijo Fabris. “Es decir que el Estado, además de secuestrar a los hermanos, agravó esa circunstancia separando a los otros hermanos y robándoles los bienes”, resumió. El abogado habla de “los hermanos”, ya que Alejo, quien estuvo secuestrado en la ESMA, fue asesinado en 1978.

Eduardo, el menor de los hermanos, vivió por esos años en una escuela marista. Dolores y Marcela pudieron acceder a un alquiler al conseguir trabajo en una oficina. Dolores, quien hoy tiene 50 años, es psicóloga. Con el correr del tiempo pudo ir dimensionando el daño y las pérdidas que signaron su vida y a su familia y decidió pedir justicia por el despojo de sus bienes. El juez Torres sobreseyó la causa con el argumento de que no alcanzaban las pruebas disponibles. El avance de la Justicia sobre las responsabilidades y complicidades civiles en distintos aspectos del régimen dictatorial es reciente y en ciertos territorios más trabajosa. Ahora es el turno para que haga su evaluación la Cámara Federal.

3/14/2012

Golpean a la Madre de Plaza de Mayo Nora Centeno durante un robo

Al menos dos delincuentes entraron a robar a su casa de Villa Castells el sábado por la tarde. Les dijo quién era y le dieron una paliza. No agredieron a nadie más en la casa.

Por Miguel Graziano

La Madre de Plaza de Mayo de La Plata Nora Centeno fue brutalmente golpeada en su casa de Villa Castells por dos sujetos que ingresaron a robar. No hicieron ningún comentario sobre los juicios por los crímenes de lesa humanidad, pero se ensañaron con ella cuando les dijo que pertenecía a la organización. Estaba con su nuera, su actual compañero y su hija de dos años, pero sólo se ensañaron con ella.

El robo, que recién trascendió hoy, ocurrió el sábado entre las 15 y las 16 en la casa de Centeno, en 13 entre 488 y 489, frente a las vías del ferrocarril Roca. Hoy, cuando fue a peinarse y por primera vez se vio al espejo Nora decidió que tenía que saberse. “Los compañeros tienen que saber lo que pasó”, explicó a Diagonales.com.

El sábado estaba en la cocina, pelando unas verduras, cuando sintió que le pasaban un cordón por el cuello. Pensó que su nieto le hacía alguna broma pesada. “Joaquín, dejate de joder”, dijo. Joaquín había salido.

El hombre que estaba sobre sus espaldas le pegó un culatazo en la cabeza y la tiró al piso. Le ató las manos a la espalda y la arrastró hasta el quincho, donde la nuera y su pequeña hija de dos años habían sido encerradas en el baño. La pareja de la nuera estaba tirado en el piso, boca abajo.

Los delincuentes empezaron a tirar todo, a gritar y a golpearlos. Centeno trató de que pararan y les dijo que era Madre de Plaza de Mayo. Uno de los asaltantes se ensañó y comenzó a golpearla con más dureza.

–Dame la plata.
–No tengo.
–Cómo no vas a tener plata. Decime dónde hay plata.
–En el cajón del estudio hay 500 pesos.
–¿Dónde es eso?
–Adentro.

De los pelos, arrastrándola por el piso, el ladrón llevó a Centeno hasta el escritorio, pero no encontraba nada. Uno de los perros, llamado Obama, ladraba desde el patio.

–Decime dónde está la plata o le pego un tiro.
–¿Vas a matar a un animal? –preguntó ella, y se dio cuenta que tenía la plata en el bolsillo:
–Tomá. Acá tenés.
–Ahora te vamos a matar a vos –advirtió el ladrón.
–Bueno, flaco, hacelo de una vez. Así terminamos –retrucó ella.

La llevó hasta la cocina y le pidió unos bolsos.
–Si ya revolviste todo. Buscalos vos. Seguí revisando –le dijo.

Los ladrones cargaron un plasma, una computadora, le sacaron la cadenita de oro a la nuera y también los anillos. Todos le dieron el efectivo que llevaban y sus teléfonos celulares. Después de una hora, encerraron a Nora en el baño y se fueron.

“Cuando escuché que ya no estaban me desaté, que fue bastante difícil porque todavía tenía los guantes de cocina puestos, y salí a ver cómo estaban los demás”, contó.

Después, mientras repasaba lo que había pasado, se dio cuenta que habían entrado por la casa vecina, de la que está separada por un alambrado. Y le sonó sospechoso que a la única que hubieran golpeado fuera a ella.

“El que me golpeó no estaba dopado”, dijo. “Ni era un pibe de 20 años. Ni un marginal. Además, se quedaron por lo menos una hora”, describió.

Nora se reivindica como una militante política, pero no tiene ninguna certeza para unir el robo con una agresión que pueda estar relacionada con la defensa de los derechos humanos. El único hecho raro fue que se ensañaran con ella y que apenas golpearan a la pareja de su nuera, un hombre de unos 50 años.

El tiempo que usaron los delincuentes también le resulta sospechoso, pero tanto la policía local, como varios funcionarios se acercaron a ver cómo estaba. Ella exigió saber quién fue. Y si los mandó alguien.

2/24/2012

EN RESPUESTA A LA CARTA ABIERTA

Compañeros y compañeras:

La semana pasada, un grupo de organismos de derechos humanos ha dado a conocer una “Carta abierta a nuestros compañeros de los organismos de derechos humanos y el movimiento popular”. Los organismos de derechos humanos que conformamos el  Encuentro Memoria Verdad y Justicia entendemos que es necesario dar respuesta a las propuestas que allí se plantean.  Por esto enviamos a todos nuestra respuesta y reproducimos más abajo esta carta abierta.


EN RESPUESTA A LA CARTA ABIERTA

Hemos recibido la Carta Abierta enviada desde el conjunto de Organismos de Derechos Humanos que ustedes integran, hermanos de lucha contra la impunidad de muchos años, y encontramos necesario contestarla en los siguientes términos.
Coincidimos con ustedes “sobre la responsabilidad del Poder Económico en el Terrorismo de Estado que perpetró un Genocidio. Un Poder Económico que tuvo nombre y apellido: la Ford, la Mercedes Benz, Acindar, Ledesma, etc. El Poder Económico fue mucho más que la pata civil de la dictadura,”

 
El rol de los grupos económicos durante la dictadura lo denunciamos, con muchos de ustedes y con otros organismos de DDHH desde siempre, en cada juicio. Desde el juicio a las Juntas y contra Etchecolatz, pasando por el de Von Wernich, Jefes de Área, Campo de Mayo y toda zona norte, ESMA, ABO, Vesubio, etc. Tanto en el testimonio como sobrevivientes como en los alegatos de Justicia Ya.

 
También, hemos denunciado durante los últimos  seis años “la responsabilidad de un sector importante del Poder Judicial en el atraso de los juicios contra los Terroristas de Estado, la fragmentación de las causas, el maltrato a los sobrevivientes y la falta de investigaciones que no solo dan cuenta del destino de nuestros compañeros y del nombre de sus victimarios, sino también de quienes fueron los impulsores y beneficiarios de la tragedia que sufrimos”. Quizás, la primera vez fue hace casi 8 años, en marzo del 2004, cuando en la carta que le entregamos al entonces presidente Néstor Kirchner, ya denunciamos parte de estas situaciones. Y nunca recibimos respuestas concretas.

 
Todo esto, el accionar de los Grupos Económicos y el de la Justicia, lo denunciamos cada 24 de marzo en la Plaza de Mayo con todos aquellos que no aceptan la impunidad de ayer ni la de hoy.

 
Siempre denunciamos la continuidad del modelo económico impuesto en la dictadura militar durante los gobiernos constitucionales posteriores, hasta el actual.
Justamente por esa continuidad, no acordamos con ustedes en que casi el único problema sean solo los grupos económicos.  Así planteado se lava la cara a los gobiernos, que son los que deciden qué políticas económicas implementan. Poner la responsabilidad en otros, y si éstos son lejanos y muy poderosos pareciera que fuera mejor, sólo posibilita que los gobiernos no sean asumidos como responsables por los pueblos y se continúen aplicando, con consenso,  las mismas políticas.

 
Por eso,  no coincidimos con que en el párrafo referente a la sanción de la Ley Antiterrorista sólo se denuncie la responsabilidad del GAFI y los grupos económicos, sin mencionar la que tienen la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus ministros en enviar y propiciar el proyecto de Ley y todos los Diputados y Senadores que la votaron. Acaso, ¿fue el GAFI el que reprimió durante estas últimas semanas a los pueblos que se levantan contra la minería contaminante? ¿O fueron los gobiernos provinciales, fiscales, jueces, policías y las patotas de las empresas, verdaderos grupos paraestatales, que aquellos mismos permiten? Todo con la aquiescencia de la Presidenta de la Nación.
Acaso, ¿no vamos a admitir la responsabilidad en el pago de la fraudulenta deuda externa por parte del gobierno nacional, porque los grupos económicos llevan adelante su política de aprietes y condicionamientos?

 
Este próximo 24 de marzo debería encontrarnos a TODOS los organismos de Derechos Humanos denunciando las políticas represivas que está implementando el actual Gobierno Nacional, en total acuerdo con el “Poder Real” que estuvo detrás del Terrorismo de Estado.
Hoy, ese “Poder Real”, coincide con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso Nacional y el Poder Judicial en su claro mensaje amedrentador y disciplinador contra nuestro pueblo.

 
La Dictadura Genocida fue posible de derrotar, entre otras resistencias, en virtud de la firme actitud de los Organismos de Derechos Humanos que supieron poner freno a la peor represión jamás sufrida por nuestro pueblo y que nos costó 30.000 desaparecidos.
Debería ser, entonces, tarea sencilla poner fin a la escalada de represión con palos y balas de goma de la protesta, las tareas de Inteligencia Interna desarrolladas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el encarcelamiento de opositores, la matanza de militantes populares, la legislación "antiterrorista", el procesamiento de 5.000 luchadores, la miseria para miles de argentinos y la enajenación y envenenamiento de nuestros recursos naturales
Hoy, como ayer, espera este pueblo una actitud de parte de los Organismos de Derechos Humanos a la altura de su historia y las circunstancias.

 
Por eso los convocamos a sumarse a las reuniones preparatorias del acto unitario que,  como todos los años realizamos en el marco del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia,  repudiando el golpe de estado de 1976, a todos sus participes, reivindicando a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, exigiendo cárcel a todos los genocidas y denunciando la represión en el presente.

 
Habremos de  recordar este 24 de Marzo que la búsqueda de justicia en estos 36 años abarcó a los autores materiales de los crímenes, a sus cómplices, ideólogos y beneficiarios.

Sabrá cada uno en qué lugar de la vereda encontrará la historia a los protagonistas de estos días.

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos-AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha-APEL
Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA-APEMIA
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo-CADEP
Hijos La Plata
Liberpueblo
Vecinos de San Cristobal Contra La Impunidad


Nota: El EMVJ  se reúne todos los miércoles  a las 18:30 hs en la Federación de Asociaciones Gallegas (Chacabuco 955 CABA), para organizar unitariamente un acto, independiente del gobierno, en repudio al golpe genocida del 24 de marzo de 1976.

2/17/2012

Las repercusiones por el espionaje de la Gendarmeria en movimientos sociales

 La Gendarmería en el banquillo Legisladores de la oposición pidieron que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, vaya al Congreso para dar explicaciones sobre la acusación por las tareas de espionaje que la Gendarmería realizó sobre delegados e integrantes de organizaciones sociales. La denuncia de que gendarmes se infiltraron vestidos de civil en cortes de calles para identificar manifestantes y armaron una base de datos –el llamado Proyecto X– con información sobre las organizaciones sociales y cuerpos de delegados generó fuertes reclamos. La investigación del caso está a cargo del juez Norberto Oyarbide. El tema tomó estado público en noviembre pasado, cuando Página/12 dio a conocer la denuncia judicial preparada por el delegado de Kraft Javier Hermosilla, Nora Cortiñas –de Madres Línea Fundadora–, Victoria Moyano y Miriam Bregman –del Ceprodh– y María del Carmen Verdú –de la Correpi–. 

En esa nota, se detallaba la presentación judicial que denunciaba que gendarmes de la Unidad Especial de Procedimiento Judicial, a partir de la orden judicial de intervenir en manifestaciones, fueron más allá y se “entremezclaron en la multitud vestidos de civil para identificar a los cabecillas”. En el caso del ex delegado de Kraft Ramón Bogado, llegaron a informar sobre reuniones que se hicieron en su casa y lo que allí se decidía. Hace dos semanas, se informó que la Gendarmería había enviado al juzgado un informe firmado por el titular de la fuerza, Héctor Schenone, en el que reconoció que mandó personal de civil a las marchas. 

El informe mencionó que tienen acceso a bases de datos y agregó que poseen una propia denominada Proyecto X, para “entrecruzar datos y generar relaciones entre los mismos”. En esa nota la Gendarmería no aceptó explícitamente que esa base de datos tuviera como objetivo el espionaje interno contra delegados gremiales y manifestantes de organizaciones sociales. Tras conocerse los detalles de la denuncia y el escrito de Gendarmería, los senadores radicales Luis Naidenoff y Gerardo Morales anunciaron que pedirán la interpelación de la ministra Nilda Garré. El pedido, agregaron, será formalizado en marzo en la primera sesión de la Cámara alta. 

Por su parte, los diputados Patricia Bullrich (Unión por Todos), Federico Pinedo y Gabriela Michetti (PRO), Eduardo Amadeo (PJ Federal), Ricardo Buryaile (UCR), Gerardo Milman (GEN) y Ramona Pucheta (MIJD) dijeron que citarán a la ministra a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja. También hubo un reclamo desde los movimientos sociales que apoyan al kirchnerismo, formulado por Luis D’Elía, que rechazó la metodología de la Gendarmería para espiar a la dirigencia social y manifestó su confianza en que el Gobierno revertirá la situación. “No tenemos ninguna duda de que la presidenta Cristina Fernández y la ministra de Seguridad Nilda Garré van a actuar con todo el rigor necesario”, dijo el dirigente. La abogada Myriam Bregman apuntó que, más allá de la investigación que haga el juzgado para determinar si hubo delito, la Gendarmería desconoce “el Punto 11 del Protocolo que viabilizó la ministra Garré, en el que se les explica a las provincias cómo deben actuar y se ratifica que no pueden hacer Inteligencia interna”. En ese Punto 11, siguió, “se dice que los integrantes de las fuerzas no pueden vestir de civil”. Según Bregman, “en la práctica, los gendarmes reprimen y desalojan, pero también arman informes de Inteligencia y luego se presentan como testigos en las causas y terminan siendo la prueba de cargo para que los compañeros terminen procesados.

2/02/2012

La continuidad de la detención de la Galle Karina Germano ofende lo mas elemental de la práctica del Derecho

Pocas veces nos ha ocurrido que una Fiscalía y sobre todo el mas alto órgano Fiscal del País, esté en un todo de acuerdo con nosotros como defensores.-
Sin embargo, desde que se nos encomendó la defensa de la Galle, y a pesar de haber sido denegados nuestros pedidos de otorgamiento de salidas transitorias en todas las instancias, cuando la causa llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos encontramos con que el Procurador General, o sea el Jefe de todos los fiscales de la Argentina, dice que tenemos razón, que nuestro planteo es atinado y que corresponde otorgar las salidas a la Galle.-
Así como estamos acostumbrados a luchar hasta el último esfuerzo contra los fiscales en cada etapa del Proceso Penal, también es regla que cuando Acusación y Defensa se ponen de acuerdo ese acuerdo se impone, aunque sea tácito.-  Y sobre todo cuando el Acusador no acusa, la Defensa no defiende y el Tribunal no puede resolver otra cosa que lo que beneficie a la defensa.-
Adjuntamos por separado nuestra defensa de Karina Germano para no explayarnos tanto aquí con explicaciones.-
La primer sorpresa fue que cuatro de los Jueces de la Corte votaron en contra a pesar de que el Jefe de los Fiscales nos dio la razón.-
La segunda sorpresa fue notificarnos como fueron emitidos los votos de cada Ministro de la Corte.-
A favor votó Zaffaroni, cosa que no nos sorprendió
Si nos sorprendió que votaran a favor el Presidente de la Corte Dr. Lorenzetti y el Dr. Maqueda un ex legislador del PJ de Cordoba y sobreviviente de la vieja Corte menemista.-
De ninguno de estos mencionados se puede decir que tienen afinidad ideológica ni con la Galle ni con su Defensa.-
Mas sorpresa aún fue saber que entre los votos negativos se encontraban las dos únicas y primeras mujeres en la Historia Argentina integrantes de la Corte, sobre todo el voto negativo de la Dra. Carmen Argibay quien siempre se ufanó de su garantismo y feminismo.-
La Dra. Argibay demostró no solo incoherencia entre lo que dice y lo que hace, sino lo que es peor: un tremendo desconocimiento de la causa y del Derecho evidenciado todo esto tanto en el telegrama que firma como sentencia, cuanto en la explicación que les da a los allegados de la Galle a quienes les dice prácticamente que firmó sin leer ya que desconocía por completo la causa de la que le estaban hablando.-
Hoy nuevamente llegamos a la Corte y una vez mas el Procurador de la Corte volvió a expedirse a nuestro favor.-
La Corte en su conjunto, incluyendo los Jueces que votaron a favor, deberían discutir la situación y el caso de la Galle con mayor responsabilidad y valentía, a diferencia de lo que hicieron en anterior oportunidad, fundamentalmente los cuatro jueces que votaron en contra, voto que no nos extraña en alguno de ellos, pero que en otros/as es directamente inconcebible.-
A los compañeros y compañeras que requieran o se interesen por mas información les adjuntamos la Defensa.-
No siempre participamos y menos llamamos a las actividades y movilizaciones por los presos que defendemos en el entendimiento que le corresponde mas a las organizaciones a las que esos presos pertenecen y también porque nuestro rol está mas en las (muchas veces), duras trincheras de las mesas de entradas de los Tribunales o en los Juicios.-
Pero en este caso adherimos con entusiasmo y por supuesto llamamos a la movilización organizada para el día 2 de Febrero.-

ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADOS
Febrero 2012

2/01/2012

Madres de Plaza de Mayo de Neuquén : en la lucha de siempre

COMUNICADO DE PRENSA
 
Una vez más, sentimos la imperiosa necesidad de manifestarnos, para también una vez más  establecer  la diferencia con la Comisión Directiva de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La Comisión Directiva o su presidenta, que sin consultar a las Filiales-como sucede hace varios años- y en forma autoritaria vuelve a trasgredir, el primero y fundamental principio que dio origen a la Asociación Madres de Plaza de Mayo: el apartidismo, en la actividad de los  días l8 y l9 de enero 2012 en Rio Gallegos. 
Su discurso sobre democracia y DDHH, se contradice, con su constante negativa a mantener un diálogo y encuentro con las filiales. Con la autoridad moral  que nos da no haber  trasgredido,  en casi 35 años, ninguno de los principios de la Asociación y permaneciendo independientes de palabra, obra y económicamente, hacemos nuestras las palabras de una compañera  que honró la  militancia: ADRIANA CALVO; que sostenía “Es absolutamente imprescindible e indispensable que los organismos de DD HH sean independientes de los gobiernos para  poder denunciar las violaciones a los DD HH, que justamente son cometidos por los gobiernos.”
 
Respetuosas de las instituciones mantenemos nuestro  ejercicio de pensamiento crítico.
Nos enorgullece ser “parte de una minoría, que transformó lo individual en lucha social y  política, con la única arma ética del pañuelo, contra la amnesia voluntaria, la indiferencia y el olvido.
NEUQUEN, 21 de Enero de 2012
 

1/24/2012

Empieza en Tandil el juicio por secuestro y asesinato en 1977


El 9 de febrero en la universidad nacional del centro

La justicia investiga el secuestro y crimen del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno. La complicidad civil y de la empresa , Loma Negra. Emotivo recuerdo de su hijo.

El primer juicio por delitos de lesa humanidad en Tandil será también el primero del país en comenzar este 2012. El 9 de febrero, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata se trasladará a la Universidad Nacional del Centro y dará inicio al proceso por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, una causa que develará la participación y complicidad empresarial con el terrorismo de Estado ya que al momento de su desaparición representaba a trabajadores de Loma Negra afectados por la exposición al cemento.
“Cuando entré a HIJOS La Plata, en 1995, este juicio era impensable. Hacíamos los escraches, estábamos tan convencidos de que no iba a haber justicia que buscábamos la condena social. No voy a decir que estoy alegre, pero estamos conformes y con ganas de que empiece. La verdad trae justicia y la justicia trae alegría”, dijo a Tiempo Argentino Matías Moreno, hijo del abogado asesinado y querellante en la causa que, a 35 años de los hechos, sentará en el banquillo de los acusados al ex teniente coronel Julio Alberto Tomassi (responsable del área militar 121), el ex mayor Roque Pappalardo, el suboficial José Luis Ojeda y los hermanos Emilio y Julio Méndez, propietarios de La Chacra de los Méndez, que funcionó como Centro Clandestino de Detención.
La expectativa del joven querellante es poner luz en lugares que durante muchos años estuvieron en la oscuridad y lograr “una condena social por la complicidad de Loma Negra”. “Que una vez por todas, esas personas que estuvieron a cargo aparezcan nombradas como cómplices y desandar también las complicidades de grupos económicos”, agregó.
Carlos Moreno vivía y trabajaba en la localidad bonaerense de Olavarría. Allí militaba en la Juventud Peronista y representaba como abogado laboralista a la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA), a la que pertenecían los trabajadores de la cementera.
En su ciudad natal, mientras sostenía un conflicto con la empresa de Amalia Fortabat, Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en la vereda de su casa, donde también tenía su estudio jurídico.
Esa tarde, “el Negro” Moreno había salido de su casa para llevar un certificado justificando la inasistencia de su mujer al colegio donde ella trabajaba. Según testigos presenciales, esa misma noche fue secuestrado en la puerta de su casa. Allí fue golpeado, subido a un auto y trasladado a la ciudad de Tandil, al centro clandestino de detención La Chacra de los Méndez, que perteneció a los hermanos Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez.
Se cree que estuvo sólo cuatro días detenido. Según vecinos del CCD, Moreno logró escaparse de la quinta y llegó hasta una casa cercana. Los testigos recordaron ante la justicia que estaba muy deteriorado y con mucha sed. Les pidió agua, les dijo que era “el doctor Moreno” y que lo habían secuestrado, pero inmediatamente debió seguir huyendo cuando vio por la ventana que se acercaba un grupo de militares. Los vecinos escucharon cómo lo detuvieron y las detonaciones del fusilamiento.
Durante la instrucción, el año pasado se realizó la exhumación del cuerpo. La autopsia determinó que las balas le ingresaron al pecho desde arriba hacia abajo y había signos de tortura.
“El 10 de mayo de 1977 nos entregaron el cuerpo con la condición de que lo enterráramos en La Plata por lo que implicaba la figura de mi padre en Olavarría. Inmediatamente después del secuestro aparecen pintadas que reclamaban su aparición con vida”, recordó Matías.
Al conocerse el secuestro, el Colegio de Abogados de Azul presentó un habeas corpus y denunció la privación ilegal de la libertad, por lo que apenas dos días después de que Moreno fuese fusilado, un juez reconoció su lugar de cautiverio y tomó declaración a varios testigos que reconstruyeron los hechos. Si bien la causa llegó a tener 200 fojas, al poco tiempo la tomó la justicia militar, que la paralizó.
El juicio oral, el primero en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, pondrá en discusión las complicidades civiles con la dictadura. “Por un lado, estos hermanos Méndez, los dueños de La Chacra de los Méndez que tenían vínculos y negocios con la dictadura. Uno de ellos (Julio Méndez), salió en 2008 en una foto con Alfredo De Angeli durante los cortes de ruta. Si bien están procesados como partícipes secundarios de privación ilegal de la libertad y los tormentos, nosotros los consideramos participes necesarios en el andamiaje de la represión, facilitando un lugar que les garantizaba impunidad”, indicó Matías Moreno.
Por otro lado, se discutirá la complicidad o participación de la empresa Loma Negra.“Las Fuerzas Armadas tenían entrada libre, armaron listas negras y los cuerpos de delegados fueron detenidos y despedidos. La empresa, además, se benefició económicamente con la dictadura, por ejemplo con la reconstrucción de los estadios para el Mundial de Fútbol de 1978. Mi padre había investigado que los trabajadores la sección embolsadora no llegaban a jubilarse, morían antes. Descubrió que la silicosis (una enfermedad por el depósito de polvo en los pulmones) les acortaba la vida y los comenzó a representar. A partir de este patrocinio, lo secuestraron”, detalló el jove.

Por Gerardo Aranguren