Desconocidos quemaron el auto de Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga

(Por La Retaguardia) El hecho ocurrió en la madrugada del 7 de junio pasado en la puerta de la casa de la hermana de Luciano Arruga. El siniestro se produjo pocas semanas después de la condena a 10 años de prisión para el policía bonaerense Diego Torales por las torturas cometidas contra el joven durante una detención en setiembre de 2008, meses antes de su secuestro, desaparición y muerte. Orieta y su compañero realizaron la denuncia y exigen que se esclarezca el hecho. En el comunicado donde denuncian el hecho, repasaron todos los actos intimidatorios que sufrieron desde que Luciano desapareció.

 Los Familiares y Amigos de Luciano Arruga difundieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por lo sucedido en la madrugada del 7 de junio frente a la casa de Vanesa Orieta.
En el escrito explicaron que no se trata del primer hecho de hostigamiento del que son víctimas: “somos una familia que lucha por justicia para Luciano Arruga y todos los jóvenes que la policía secuestra, tortura, mata y desaparece,  y estos años nos han permitido dimensionar los alcances de esta mafia estatal organizada y protegida por los poderes más grandes. Nosotros sabemos a qué nos enfrentamos, y cada día lo sabemos más. Empezamos a buscar a Luciano con la certeza de que fueron ellos y con la seguridad de que iba a ser muy difícil: ellos lo asesinaron y desaparecieron, pero un sistema organizado los protege desde todos los frentes. El peligro que corremos se convirtió en cotidiano, y también las amenazas a nuestra integridad. Estamos una vez más en la penosa situación de tener que volver a denunciar que todas nuestras vidas corren peligro. El hostigamiento no se detiene”.

Otros hechos intimidatorios

Luego, enumeraron algunos de los hechos de los que fueron víctimas. Por ejemplo, en febrero de 2009, cuando Orieta y su amiga fueron al destacamento de Lomas del Mirador a exigir información sobre el paradero de Luciano, el policía que las atendió apoyó un arma arriba de la mesa. “Se hicieron costumbre los amedrentamientos a toda la militancia que sostenía la causa: autos de civil, patrulleros, personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros y llamadas telefónicas con amenazas de muerte explícitas”, agregaron.
“‘¿Tu hija está bien?’, le preguntó un hombre desde un auto de último modelo a Mónica Alegre (mamá de Luciano) cuando cruzaba la calle para ir a hacer compras a pocos meses sin Luciano. Vanesa Orieta fue recibida por la fiscal Roxana Castelli –primera a cargo de la causa– en presencia de uno de los 8 policías implicados en la desaparición de Luciano”, enumeraron en el comunicado.
Los Familiares y Amigos de Luciano recordaron además la amenaza recibida por un testigo que declaró haber estado detenido con Luciano en la Comisaría 8º. “No hablés porque te vamos a matar”, le dijo personal del Servicio Penitenciario cuando iba al baño en la fiscalía en la que prestó testimonio.
Entre los hechos relatados en el comunicado figura la detención de una integrante de Familiares y Amigos, ocurrida a mediados de 2009. La joven estuvo detenida ilegalmente durante horas en la Comisaría 13º de La Tablada, donde fue víctima de torturas y abusos.
En abril de 2011, la mamá de Luciano, Mónica Alegre, y sus dos hijos se despertaron a las 6 de la mañana con la casa llena de humo: “tardaron en comprender lo que había pasado: alguien les había metido una madera en brasa adentro de una pila de frazadas junto a la ventana. Les querían prender fuego la casa. Esa misma semana, un compañero recibió en su casa a un patrullero del que bajó uno de los 8 implicados en el secuestro de Luciano: ‘desaparecé porque te vamos a matar’. Fue interceptado, a los pocos días, por un patrullero de la comisaría de Lomas del Millón cuando repartía cuadernos en el Barrio 12 de Octubre. Un efectivo le preguntó nombre, documento, domicilio e intentaron subirlo a la fuerza. Nuestro compañero se negó y por eso el policía lo empujó violentamente contra el móvil y cargó su arma a la vista de todo el barrio. La impunidad siguió: como él no fue llevado gracias a la intervención de varios vecinos, después fueron amedrentados aquellos que lo defendieron”, expresaron en el comunicado.
Además, afirmaron que saben que en comisarías del conurbano bonaerense se guardan fotos de familiares y allegados a la familia de Luciano. Cabe recordar que en agosto de 2012, el hermano menor de Luciano, con 16 años, fue interceptado y amenazado en la calle por un policía de civil y un uniformado, ambos sin identificación, que circulaban en un auto sin patente que lo venía siguiendo.
En enero de 2013, una noche a pocos días de cumplirse 4 años de la desaparición de Luciano, después de una reunión en la casa de un integrante del grupo, un compañero fue secuestrado por una camioneta en la parada del colectivo y paseado por una decena de barrios del Conurbano. No le robaron y lo largaron después de horas en la casa de la reunión, a cuadras del punto de partida. Durante el viaje lo amenazaron de muerte todo el tiempo, lo tabicaron en su propia casa para registrarla y llamaron a otros integrantes del grupo sin dejar en claro nunca qué querían.
Hace menos de un año, en setiembre de 2014, 2 testigos de la causa por la desaparición forzada fueron detenidos ilegalmente por personal del destacamento de Lomas del Mirador, el mismo donde estuvo detenido Luciano en enero de 2009. “Los policías intentaron requisarlos contra la pared sin identificarse ni justificarse, uno de los jóvenes se defendió y entró a su casa, pero lo siguieron y le dieron una golpiza que le abrió la cabeza. Terminaron en la Comisaría 8º, responsable del destacamento, hasta que la familia de Luciano con sus abogados fueron a buscarlo”, relataron.
A menos de una semana del hallazgo del cuerpo de Luciano, ocurrido el 17 de octubre de 2014, una patota intentó prender fuego el local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. El último hecho conocido es el del 7 de junio pasado cuando a las 2 de la mañana desconocidos prendieron fuego el auto de Vanesa Orieta y su compañero.

Con nombre propio

Hacia el final del comunicado, los Familiares y Amigos de Luciano Arruga expresaron: “a todos los funcionarios del poder ejecutivo que nos recibieron en estos seis años y medio les expresamos lo mismo: necesitamos protección. Nos negamos a cambiar nuestra identidad y mudarnos a pueblos recónditos para que el Estado se haga cargo de que nuestra vida corre peligro. Nosotros queremos seguir luchando. Integrantes del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación fueron claros: ‘la seguridad se negocia’. No vamos a negociar la seguridad, porque no negociamos a Luciano, ni a su memoria, ni a su historia, ni a la lucha, ni a ningún pibe. Exigimos la seguridad para toda la familia y los amigos de Luciano Arruga. La situación es insostenible, corremos peligro real: responsabilizamos al gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires por cualquier ataque a nuestra integridad o nuestra lucha”.
Los mismos pedidos y reclamos que realizamos quienes desde un primer momento estamos junto a la lucha de los familiares y amigos del joven que - como ellos mismos repiten una y otra vez - fue asesinado por la Policía Bonaerense y desaparecido por el Estado.

¿DEMOKRACIA…CON DESAPARECIDOS?

La desaparición forzada de personas fue un mecanismo diseñado por el terrorismo de Estado para aniquilar a los luchadores populares, pero también para vulnerabilizar nuestra subjetividad, aislarnos con el miedo y paralizarnos como sociedad.

Las consecuencias de esta perversa mecánica atraviesan a varias generaciones, y nos dejaron a los HIJOS de desaparecidos un aprendizaje: la certeza de que la desaparición forzada durante la dictadura se produjo por razones políticas, que implicaban una disputa del poder real en nuestro país, y cuyo resultado inmediato fue la tortura para obtener información, el asesinato y ocultamiento del cuerpo de la persona secuestrada para sostener la impunidad del crimen.

En todos estos años venimos denunciando la continuidad de la práctica de la desaparición en las fuerzas represivas del Estado como una herramienta necesaria de los sectores dominantes para seguir imponiendo sus objetivos.

Los casos de Andrés Nuñez en 1990, Miguel Bru en 1993 y Jorge Julio López en 2006 sintetizan dos décadas de reconversión de aquella mecánica de la desaparición, hacia el actual disciplinamiento social de todo aquel que no sea cómplice del esquema mafioso de explotación: Luciano Arruga por no querer robar para la policía, Facundo Rivera por no aceptar la arbitrariedad de las razzias en los barrios, Daniel Solano y Mario Golemba por ser referentes gremiales, y con ello, enemigos automáticos del poder feudal de las zonas rurales.

Pero para entender esto hay que insistir en que estos no son casos aislados, ni “excesos”: así lo prueban los más de 3.800 asesinados en el gatillo fácil y las más de 200 personas desaparecidas en los 29 años desde concluida la dictadura. No es un dato menor que el blanco sea siempre el joven, el pobre, el morocho, aquel que es construido mediáticamente como elemento “inútil” para el sistema, pero que a su vez representa el sector convocado generacionalmente a transformarlo.

El caso de Luciano desnuda las graves contradicciones que pretenden evadir las instituciones en el gobierno de los “Derechos Humanos” y muestra la compleja trama de complicidades que hacen posible el sostenimiento de la impunidad.

Con décadas de demora para el país de los 30 mil desaparecidos, una reforma legislativa incorporó al Código Penal en 2011 el delito de privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado. La justicia sostuvo durante casi 4 años la carátula de la causa como “averiguación de paradero”, para no hacerse cargo de la real dimensión del hecho. El ministerio público designó para hacerse cargo de la primera etapa de la investigación a la peor calaña del área de Investigaciones de la Maldita Policía de Duhalde. El poder político de Nación no recibió a los familiares y silenció el tema. El provincial protegió a los policías implicados y los puso a reprimir en otras dependencias. Y el municipio, que había inaugurado el Destacamento por presiones de los reclamos de mayor “seguridad”, pidió perdón y reconvirtió en forma oportunista el espacio, para terminar cerrándolo, abandonándolo y negando al grupo de Familiares y Amigos su participación en el predio.

Claramente, el espacio se cerró porque la voluntad de los familiares no era hacer un museo meramente testimonial y obsecuente con el poder de turno, como en muchos otros “Sitios de Memoria” se observa, sino un espacio independiente y de referencia para la lucha antirrepresiva de hoy.

Porque no podemos naturalizar la recurrencia de la práctica de la desaparición de personas, acompañamos el sostenimiento firme del reclamo del grupo de Familiares y Amigos en el esclarecimiento del caso, en el juicio y castigo a todos los policías implicados, en la denuncia de las complicidades políticas y judiciales, y en la apertura definitiva del espacio desde donde se llevaron a Luciano.

Por todo eso, a 4 años sin Luciano, seguimos estando en las calles resistiendo a la represión en todas sus formas y por la construcción de una sociedad distinta.

HIJOS EN LUCHA: HIJOS La Plata- H.I.J.O.S Alto Valle- H.I.J.O.S Bariloche 

ENERO DE 2013