3/21/2013
Aclaración CONFERENCIA DE PRENSA
La conferencia de prensa pautada originalmente para hoy se realizará mañana VIERNES 22 A LAS 12 HS. en el HOTEL BAUEN. Allí el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) detallará la situación que se suscita a partir de que sectores digitados por el Gobierno nacional (como el conglomerado "Unidos y Organizados") anunciaran que impedirán que el EMVyJ pueda realizar su acto en la Plaza de Mayo como todos los años, para evitar que se escuche la denuncia contra el llamado "Proyecto X", sobre las causas penales que pesan sobre casi 5.000 luchadores sociales; en fin: la criminalización de la protesta social que, más allá de su "relato" y discurso lleva adelante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
A continuación, un comunicado de familiares de víctimas de la dictadura genocida al respecto.
Hijos y familiares de desaparecidos denuncian:
“El Gobierno quiere impedirnos llegar a la Plaza de Mayo este 24 de marzo para silenciar nuestras denuncias”
(20/03/2013) Hijos y familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar emitieron una dura advertencia ante la provocación montada por el Gobierno nacional para obstruir su llegada a la Plaza de Mayo este 24 de marzo: “Nos quieren impedir que marchemos, que reclamemos como hace décadas por memoria, verdad y justicia, que llevemos hasta la Plaza de Mayo nuestra denuncia por la impunidad de ayer y de hoy”.
Así se expresaron ante la convocatoria de la organización ultra kirchnerista Unidos y Organizados que convoca a concentrar -junto a organismos de derechos humanos alineados con el Gobierno- este 24 de marzo a las 14 hs en Avenida de Mayo y 9 de Julio para hacer su acto más de 4 horas después en la Plaza de Mayo. Buscan impedir así el ingreso de la columna del "Encuentro Memoria Verdad y Justicia" que agrupa a los organismos independientes del Gobierno, organizaciones sociales, gremiales y políticas de izquierda y que desde hace 17 años moviliza en forma independiente de todos los Gobiernos.
“Quieren impedirnos que lleguemos a la Plaza de Mayo, quieren expropiarnos nuestro derecho a expresarnos y a repudiar el genocidio porque quieren silenciar la denuncia al espionaje ilegal de la Gendarmería, los casi 5.000 luchadores procesados penalmente por pelear por sus derechos, la criminalizacióin de la protesta social y de los casi 20 muertos en protestas sociales por tierra, trabajo y vivienda bajo este gobierno que dice no reprimir. El Gobierno y sus organizaciones pretenden utilizar la memoria de nuestros viejos y familiares caídos y la lucha de un pueblo que durante más de tres décadas viene luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Nosotros no nos movilizamos desde el 2003 como algunos que hoy militan en las filas kichneristas, lo hacemos desde que tenemos memoria, junto a organismos independientes de todos los Gobiernos, incluido éste que hoy nos quiere dejar afuera de la Plaza de Mayo un 24 de marzo para que no denunciemos cómo la impunidad de ayer se continúa hoy con éste gobierno”, señalaron.
Asimismo, puntualizaron que “hoy desde la Rosada intentan reducir a un testimonio del pasado el aniversario del golpe militar, buscando encubrir un presente que lo encuentra enfrentado a su propio relato sobre los derechos humanos: por eso quieren evitar que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia pueda hacer su acto el 24 marzo en la Plaza de Mayo. Realmente lamentamos que haya otros familiares que se presten a esta maniobra por comulgar con este gobierno”.
“Somos los únicos que denunciamos no sólo la persecución a los luchadores y la criminalización de este Gobierno sino la impunidad que continua para la gran mayoría de los responsables militares, civiles y eclesiásticos del golpe genocida. Por eso nos quieren impedir llegar a la Plaza de Mayo este 24 de marzo. Reafimamos nuestra convocatoria a marchar desde las 15 hs de Congreso a Plaza de Mayo junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia y hacemos responsable a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que tengamos totales garantías para manifestarnos como lo hicimos desde siempre”, concluyeron.
CONFERENCIA DE PRENSA HOTEL BAUEN VIERNES 22 a las 12 HS.
María Victoria Moyano, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo
Alejandrina Barry, hija de desaparecidos
Juan Contrisciani, hijo de desaparecidos
Gloria Pagés, hermana de desaparecidos
Jorge Sobrado, ex detenido desaparecido en La Perla, provincia de Córdoba
María Inés García, hija de desaparecidos
Graciela Frañol, hermana de desaparecidos
Andrea Robles, hija de asesinado por la Triple A
Pablo Silvestri, hijo de asesinado por la Triple A
Carla Lacorte, hija de asesinado por la dictadura chilena y víctima del gatillo fácil
3/09/2013
La Plata : más fragmentación, prófugos y demoras
Próximos juicios a los genocidas
El año 2013 nos encuentra en La Plata con 5 causas elevadas a juicio oral, a saber: hechos parciales por los CCD “La Cacha” y “Pozo de Banfield”, los crímenes cometidos contra los hermanos Iaccarino y los militantes Bettini y Bearze, y la apropiación de Elena Gallinari Abinet.
Tanto las causas Cacha, como Iacarrino y Gallinari-Abinet serían llevadas a juicio este año por el TOF N°1, presidido por Carlos Rozanski e integrado por los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, que en diciembre de 2012 fueron designados en el tribunal ante el apartamiento de Falcone y Portela. Se estima que las causas por el secuestro de los hermanos Iaccarino y por la apropiación de Gallinari comenzarían luego de marzo, mientras que el proceso por “La Cacha” comenzaría antes de la feria judicial de julio.
Tras llegar tardíamente a la instancia de juicio oral, todas estas causas dejan a muchas víctimas y represores en el camino, y confirman la propuesta de justicia a cuentagotas que realiza el Estado.
LOS HERMANOS IACCARINO
La causa Nº 3361/12, "Iaccarino, Rodolfo José y otros s/averiguación apropiación de bienes" investiga el secuestro, tortura y robo de bienes a los hermanos Iaccarino. La investigación fue elevada a juicio en marzo de 2012 e incluye acusación contra Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, ex jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús.
Las víctimas, los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo se dedicaban a la actividad empresarial en los rubros de la carne, la construcción, bancos y cooperativas. Durante su cautiverio, que comenzó en Santiago del Estero en noviembre del ’76, fueron obligados a desprenderse de las empresas, campos y un avión. Para la venta forzosa fueron llevados a la Brigada de Lanús (CCD conocido como “El Infierno”) en octubre del ‘77, a pesar de que desde mayo de ese año habían sido "legalizados" en la Unidad 9 de La Plata. Fueron liberados en septiembre del ’78, luego de que su padre firmó la cesión de los bienes.
Tras realizar durante 30 años varias denuncias por la multiplicidad de hechos de que fueron víctimas, los hermanos recibieron amenazas. El mayor de ellos, Rodolfo, murió en julio de 2009 de una complicación cardíaca, luego de haber recibido un mes atrás una amenaza en persona de un hombre que le dijo en una plaza platense “El caso Julio Lopez va a ser un poroto al lado del caso Iaccarino”. El hecho está denunciado en otra causa del juzgado N°3 de La Plata.
El expediente se inició como causa “N° 2384” en 2005. En sus testimonios en Juicio por la Verdad y en el juicio a Von Wernich los hermanos señalaron que Alejandro pasó por 14 CCD entre Santiago del Estero y la U9, reconocieron a una decena de torturadores del COT 1 de Martínez y de la Brigada de Lanús, y afirmaron la presencia de funcionarios judiciales que en un lugar de detención clandestina convalidaron el robo de los bienes. Pero la justicia sólo llevará a juicio a los máximos jefes del CCD “El Infierno”. Un primer desguace.
LA LUCHA DE ELENA
La causa "Madrid, Elichart y Kirilosky” juzgará la retención y ocultamiento de menor, supresión y suposición de estado civil y falsedad ideológica de documento público en el caso de Elena Gallinari Abinet. Nacida en 1976 durante el cautiverio de su mamá, María Leonor, e inscripta como hija propia por el represor Domingo Madrid, Elena recuperó a su familia en el ‘87 y su identidad en el ‘94. Durante 11 años, desde su nacimiento en 1976, vivió con el subcomisario de la Bonaerense Domingo Luis Madrid y su esposa, María Mercedes Elichart, quienes con la complicidad de la médica platense Silvia Kirilovski la anotaron como su hija biológica. Pero la joven fue recuperada por su abuela Leonor Alonso, que inició una causa que la justicia termino considerando prescripta y absolvió a los imputados. Pero Elena no estuvo conforme, y en abril de 2007 se presentó ante la justicia e inició la causa judicial que este año llegará a juicio.
La madre de Elena, María Leonor Abinet, era una docente, militante gremial e integrante de Montoneros de la zona norte del Conurbano. Fue secuestrada el 16 de septiembre de 1976, embarazada de siete meses. Su padre, Miguel Ángel Gallinari, fue un obrero metalúrgico, delegado gremial y militante montonero secuestrado en junio del ’76. Miguel logró escapar cuando era trasladado a Campo de Mayo, pero un mes después fue recapturado y aún permanece desaparecido. Elena nació en cautiverio y fue entregada a Madrid por otro genocida de la Bonaerense que no será juzgado. Y el CCD en el que su madre la dió a luz no ha sido nunca investigado, con la excusa de que no hay sobrevivientes con los que María Leonor haya compartido su detención.
CAUSA “LA CACHA”
El proceso más grande a enjuiciarse próximamente en La Plata es la investigación por hechos del CCD “ La Cacha ”, uno de los más sofisticados de la dictadura en términos de coordinación entre los servicios de inteligencia de las fuerzas represivas. Tras varias idas y vueltas del juez Blanco en la instrucción de la causa el juicio finalmente incluirá a sólo 16 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. A continuación los detalles de una causa que tiene de todo: fragmentación de casos, genocidas muertos impunes, exonerados y prófugos.
El CCD “ La Cacha ” fue creado en el marco de una etapa definida del plan sistemático de represión ilegal diseñado por la junta militar y respondió a la necesidad de obtener información precisa para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en las afueras de La Plata y fue uno de los centros clandestinos de detención más sofisticados de la dictadura. Según los relatos de algunos sobrevivientes como Ricardo Victorino Molina el nombre “ La Cacha ” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que en un cínico paralelo elaborado por los represores “hacía desaparecer gente”.
Situado en la localidad de Lisandro Olmos, el CCD funcionaba en la antigua planta transmisora de Radio Provincia entre las calles 197, avenida 53, Ruta Provincial n° 36 y la calle 47 y cerca de las vías del ferrocarril Belgrano. se encontraba emplazado a 50 metros de lo que hoy es la entrada principal de la ex Unidad Penitenciaria n° 8 y a unos 100 metros del muro de la Unidad Penitenciaria n° 1 . Al predio se ingresaba por un camino de tierra corto que daba a una zona semi-deshabitada. El centro clandestino estaba compuesto por tres espacios diferenciados: un edificio principal de tres niveles, en donde se alojaba a los detenidos, otra edificación lindera a la anterior, denominada "la casita", que servía como sala de torturas, y una especie de casa rodante, adyacente a los otros dos edificios, a la que algunos ex detenidos-desparecidos fueron conducidos para sostener entrevistas con sus captores. Asimismo, algunos liberados mencionan haberse enterado durante su cautiverio de la existencia de otro centro de detención llamado “cachavacha superstar” o “casita azul”, en la que los prisioneros habrían tenido un régimen de permanencia distinto, sin “tabicamiento” y con la posibilidad de desplazarse por el interior del lugar.
La instrucción de la causa Cacha en el Juzgado Federal de 1ª Instancia de La Plata, a cargo del juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter, confirmó durante 10 años el extendido criterio de la justicia de fragmentar y estirar los procesos que tanta lucha costó para que fueran agrupados como unidad de hechos en un CCD. Desde hace casi 30 años, la misma justicia dispone de la declaración conjunta que parte de los sobrevivientes de este CCD hicieron ante la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo (conocido como Clamor). En 1983 y ante ese organismo los sobrevivientes detallaron un croquis y una descripción de las instalaciones de La Cacha con su distribución interna y una lista con los apodos de los represores y la pertenencia a cada arma o dependencia que intervenía.
Anuladas las leyes de impunidad en 2003, reabierta como Causa N° 16.419 “Dr. Felix Pablo Crous s/ denuncia (La Cacha-L.Olmos)” y radicada en el Tribunal N°1 de Blanco y Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Federal Sergio Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires donde tres denunciantes anónimos y ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en el CCD. Cotejados los legajos penitenciarios del ‘76/’83, se citó a indagatoria al “Oso” Acuña, a Osvaldo Uset (a) “el negro”, a Víctor Irineo Garay (a) “pájaro loco” y a Domingo Mac Tier (a) “Mister Y” o “Mister X”.
Pero recién en diciembre de 2009 la fiscalía hizo una descripción de los hechos y solicitó la detención de una veintena de imputados. Se comenzó entonces a imponer la división de la instrucción, contemplando sólo hechos perpetrados a lo largo del año 1977 y por sólo una porción de imputados, porque “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad” habrían aconsejado ir por partes.
Para mostrar cierta movilidad en la causa, en 2010 Blanco solicitó que el Poder Ejecutivo Nacional levante el secreto que protegía a la información de Inteligencia, y se imputó a 12 agentes del Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 101. Y aquí comenzaron nuevas defecciones del Juez: Las primeras detenciones, sobre 17 represores, se hicieron entre febrero y marzo de 2010. Luego, en abril de 2010, se suspendió el proceso contra Cesar Emilio Branne, por padecer “síndrome de Corea Huntington” o “Mal de San Vito”. Branne, que estaba con domiciliaria, quedó libre. En agosto de 2010 se procesó y detuvo a Rufino Batalla. En septiembre de 2010 se procesó a Juan Carlos Negri, Enrique Cicciari e Isaac Miranda. En diciembre de 2010 se le dictó la falta de mérito a Cicciari luego de indagarlo y, único imputado del Regimiento 7, quedó libre. En octubre de 2011, se constató el fallecimiento de Negri. Y para confirmar la costumbre judicial de llegar tarde buscar a los represores, entre febrero y marzo de 2010 se determinó como prófugos a 3 imputados en la causa con órdenes de captura: Ricardo Luis Von Kyaw (en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (en Israel) y Miguel Angel Amigo. Amigo fue recapturado en diciembre de 2012 y se espera la resolución sobre si será o no parte del juicio.
La siguiente defección fue en marzo de 2012, cuando Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa.
Las imputaciones definitivas recayeron entonces sobre 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Alejandro Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg). Un total de 18 genocidas para uno de los campos más grandes de la zona represiva de La Plata. Pero el cuento no terminó allí, ya que entre mayo y septiembre de 2012 murieron impunes, gracias a la demora judicial, el coronel Arias Duval y el general Saint Jean mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”. Arias Duval era el único imputado en Cacha acusado por los homicidios y apropiaciones de niños, además de los secuestros y torturas, de manera que con su muerte quedan impunes cientos de delitos, pero principalmente escapa a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en dictadura en La Plata. Los nombres de ambos decesos pasaron a integrar la irreversible cifra de 320 represores muertos impunes desde la caída de las leyes de impunidad, 8 de ellos imputados en causa Cacha.
Quizás por su doble rol como juez electoral y penal federal, Blanco estuvo muy ocupado en intríngulis narco-electorales como para dedicarse de lleno a una causa como la de “La Cacha”, que hace 10 años está en sus manos. Pero lo de su secretaria Ana Cotter es fuera de serie. Cuando elevaron a juicio la causa fragmentada, Justicia Ya se opuso por no estar completa la instrucción y contestó a la elevación en subsidio. En ese momento, Cotter prometió fervorosamente que iba a trabajar sobre lo que quedaba del año ‘77 y todo el año ‘78 para elevarla y que se juntara con lo ya elevado hace un año. Ahora, en una entrevista con Justicia Ya en febrero de 2013 la Sra. secretaria aclaró que no tuvo ni tiene tiempo de hacerlo y que no lo va a hacer porque se está ocupando de otra cosa; que de todas formas debería volver a tomar testimonios para que los sobrevivientes “reconozcan” a los represores; que sin reconocimiento, incluso dijo que “al menos dos”, ella no eleva nada; y que quizás investigaría si los organismos querellantes le hacemos el trabajo.
Con estas posiciones no sólo se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de policía, penitenciarios, de la Armada y del Ejército. También se retrocede a criterios ya superados como que la medida de prueba para imputar a reconocidos represores sea exclusivamente un reconocimiento fotográfico a 37 años de los hechos y haciendo recaer la responsabilidad del avance de la causa nuevamente en la víctimas.
La “sana crítica racional” o la “íntima convicción” del juez Blanco y su secretaria Cotter dejan paso a las contradicciones de un tribunal que, en distintas resoluciones de la instrucción, afirma por un lado que el reconocimiento fotográfico “ha resultado de mucha importancia en causas como la presente”, a la vez que define por otra parte que “el tabicamiento de las víctimas fue un mecanismo efectivo para evitar que los responsables fueran individualizados”.
Por último, se sabe que tanto la Fiscalía Federal de La Plata, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y del embajador argentino en España Carlos Bettini y su familia, pretenden que la causa N°29 por el asesinato en noviembre del ‘76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi sean juzgados junto al expediente por La Cacha. En febrero de 2013 el juez Arnaldo “2.040” Corazza cerró la instrucción de esa causa en relación a los genocidas imputados Etchecoltaz, Smart, Eduardo Gargano, Horacio Lujan y Julio César Garachico, y decidió fragmentar la causa para continuarla en otras actuaciones respecto a los represores Juan María Torino y Norman Alfredo Miniot. Más fragmentación.
CAUSA POZO DE BANFIELD
En otra obra maestra de la desidia judicial, en abril de 2012 el hoy renunciado juez Corazza decidió elevar a juicio oral la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD conocido como “Pozo de Banfield”. La tarea del juez se limitó a declarar clausurada la pobrísima instrucción que, pese al importante aporte de prueba que los organismos de DDHH realizaron, lo llevó a imputar a sólo 7 represores por este campo. Uno de ellos y jefe del CCD, Juan Miguel Wolk, está prófugo. El resto de los genocidas que actuaron en el lugar, como se acostumbra, quedará para inciertos próximos juicios.
Ubicado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, el “Pozo” funcionó como centro clandestino de detención entre los años 1974 y 1978 en lo que era la Brigada de Investigaciones de Banfield.
Por este CCD pasaron alrededor de 292 detenidos, y una de sus características específicas fue su papel relevante en el circuito de centros clandestinos que funcionó como apoyo para el llamado “Plan Cóndor”, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur parcialmente probada en el juicio que en marzo de 2011 condenó a sólo 4 genocidas por los casos de 65 compañeros que pasaron por el CCD “Automotores Orletti”, y que en el caso de Banfield alojó a parte del grupo de uruguayos militantes del MLN-AMS-GAU secuestrados entre diciembre del ’77 y mayo del ’78. Otra marca distintiva del “Pozo de Banfield” fue el gran número de embarazadas vistas allí y la cantidad de partos que se produjeron en ese lugar. Los casos de Adriana Calvo, que dio a luz en el auto que la trasladaba de Comisaría 5ta de La Plata a Banfield; el de Silvia Isabella Valenzi llevada del Pozo de Quilmes a parir al Hospital Iriarte de Quilmes, alojada en Banfield y apropiada su hija; y el de Stella Maris Montesano que dio a luz a su hijo Martín en una celda del CCD y desaparecida igual que su esposo Jorge Ogando; son sólo algunos de los que dan cuenta de la maternidad clandestina funcionaba en este CCD.
Iniciada en febrero de 2006 a raíz de una denuncia presentada por H.I.J.O.S. regional Capital, la causa N° 26 Pozo de Banfield tuvo un tortuoso derrotero. En 2008, los organismos querellantes pidieron la imputación de cerca de 200 represores en la causa, por todos los compañeros que pasaron por el campo. En 2010 Corazza decidió procesar, a instancias del requerimiento fiscal, a 6 genocidas (4 de ellos ya procesados en otras causas y pertenecientes a la cadena de mandos), e imputó como procesados nuevos al comisario Miguel Wolk y a Raúl Carlos Rodriguez. En septiembre de 2011 los roganismos reiteraron infructuosamente el pedido. Finalmente, el 23 de marzo de 2012, Justicia Ya! La Plata presentó una queja por retardo de justicia en las causas que instruye Corazza. El 24 de abril de 2012 el juez se despachó con varios “no ha lugar” por pedidos de oposición a la elevación a juicio de la causa en estas condiciones, de paso declaró la prescripción de la acción penal sobre el genocida Ignacio Oscar García “en virtud del fallecimiento del mismo”, y elevó la actuación a juicio.
“No tengo personal”, “estoy con otra causa”, “estoy cansado y nervioso”, “no soy Superman” y “a este paso vamos a terminar las causas en el 2.040” fueron las excusas que varias veces dio Corazza a los organismos querellantes con cínica elocuencia.
En resumen serán 7 los represores llevados a juicio en esta causa: Rodolfo Aníbal Campos (Sub-Jefe de Policía Bonaerense de diciembre de 1977 a marzo de 1979), Ibérico Saint Jean (militar, gobernador de facto de la provincia), Miguel Etchecolatz (Director General de Investigaciones), Juan Miguel Wolk (Comisario y Jefe del CCD), Raúl Carlos Rodríguez (Subdirector de Investigaciones, segundo de Wolk), Jaime Smart (Ministro del gobierno defacto de la Provincia), y Jorge Antonio Bergés (médico policial). De todos ellos, sólo 3 son específicos de este CCD (Bergés, Wolk y Rodriguez), los otros son imputados por cadena de mandos. Las víctimas incluidas son 134.
En diciembre de 2012, en inusitado rapto de lucidez, “Superman” Corazza decidió procesar en una causa residual de este CCD a 15 represores más, que en su mayoría están requeridos en causa Cacha y son integrantes de la inteligencia militar. Eso sí, Corazza les otorgó automáticamente la prisión preventiva domiciliaria. Difícilmente integren el juicio por el CCD Banfield elevado en Causa N°26, aunque con la justicia federal nunca se sabe.
Párrafo aparte merece la imputación de Wolk, alias “El Patón”, “El Alemán” o “El Nazi”, ya que por lo menos entre 1976 y 1979 actuó en prácticamente todas las divisiones policiales que funcionaron con sede en el edificio del “Pozo de Banfield”: Jefe de la División Delitos contra la Propiedad, Director de la Dirección de Investigaciones y de la Dirección de Seguridad, Zona Metropolitana. Fue además Subdirector y Jefe de Plana Mayor de la Dirección General de Investigaciones y pasó brevemente por la Unidad Regional de Tigre. Además porque durante años la justicia lo daba por muerto. Sólo ante la denuncia de una compañera ex detenida que determinó que seguía cobrando su jubilación y que vivía en Mar Del Plata, se lo pudo imputar en la causa. Pero no fue Corazza el que lo ubicó, sino el periodista Roberto Garrone, quién lo buscó para entrevistarlo y hace 3 años lo encontró en su chalet de Benedetto Crocce 3045 del barrio Punta Mogotes.
Puesto en evidencia, Corazza lo mandó a indagar, pero lo hizo sin avisar a las querellas y liberó con domiciliaria al genocida por las famosas “razones de edad y salud”. Casi como un final previsible ante tanta inoperancia judicial, el 10 de Abril de 2012 la Corte Suprema de Justicia confirmó el rechazo de la prisión domicilia de Wolk, cosa que publicó en su sitio oficial de Internet en la misma fecha. La causa llegó a la Cámara de Apelaciones de La Plata el 27 de abril y recién el 4 de mayo el Juez “Cansado” Corazza ordenó su detención. Pero WolK ya no estaba. Su abogado comunicó el 3 de mayo que la hija de Wolk, Mónica Luján, de 51 años y teniente de la Policía Bonaerense, denunció su “desaparición” en la Comisaría 5ta de Mar del Plata el mismo 27 de abril de 2012. Wolk, junto a cerca de 70 genocidas más en todo el país, está prófugo con evidente complicidad de la Justicia que les da la oportunidad de fugarse. Por este hecho Abuelas de Plaza de Mayo pidió el juicio político a Corazza, que anticipando un oscuro horizonte publicó su renuncia en las redes sociales en enero de 2013, y que aún debe ser resuelta por la Cámara Federal de La Plata.
A 37 años del golpe genocida, la justicia platense evade la memoria de las víctimas y de sus familiares que esperan reparación. La justicia hace silencio frente a las denuncias y los reclamos de los organismos de Derechos Humanos, a los que les pide que, como siempre, terminen haciendo el grueso del trabajo investigativo. Los jueces Blanco y Corazza evaden su responsabilidad de investigar y, en definitiva, revelan a la sociedad toda qué calidad de funcionarios judiciales tienen los tribunales Federales de La Plata donde, a 10 años de anuladas las leyes de impunidad, sólo se ha condenado a 44 genocidas de la última dictadura, y donde sólo tienen procesados a otros 80 para entretenernos los próximos 10 años con una farsa de justicia.
HIJOS LA PLATA - Marzo 2013
Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!
HIJOS La Plata
El año 2013 nos encuentra en La Plata con 5 causas elevadas a juicio oral, a saber: hechos parciales por los CCD “La Cacha” y “Pozo de Banfield”, los crímenes cometidos contra los hermanos Iaccarino y los militantes Bettini y Bearze, y la apropiación de Elena Gallinari Abinet.
Tanto las causas Cacha, como Iacarrino y Gallinari-Abinet serían llevadas a juicio este año por el TOF N°1, presidido por Carlos Rozanski e integrado por los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, que en diciembre de 2012 fueron designados en el tribunal ante el apartamiento de Falcone y Portela. Se estima que las causas por el secuestro de los hermanos Iaccarino y por la apropiación de Gallinari comenzarían luego de marzo, mientras que el proceso por “La Cacha” comenzaría antes de la feria judicial de julio.
Tras llegar tardíamente a la instancia de juicio oral, todas estas causas dejan a muchas víctimas y represores en el camino, y confirman la propuesta de justicia a cuentagotas que realiza el Estado.
LOS HERMANOS IACCARINO
La causa Nº 3361/12, "Iaccarino, Rodolfo José y otros s/averiguación apropiación de bienes" investiga el secuestro, tortura y robo de bienes a los hermanos Iaccarino. La investigación fue elevada a juicio en marzo de 2012 e incluye acusación contra Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, ex jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús.
Las víctimas, los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo se dedicaban a la actividad empresarial en los rubros de la carne, la construcción, bancos y cooperativas. Durante su cautiverio, que comenzó en Santiago del Estero en noviembre del ’76, fueron obligados a desprenderse de las empresas, campos y un avión. Para la venta forzosa fueron llevados a la Brigada de Lanús (CCD conocido como “El Infierno”) en octubre del ‘77, a pesar de que desde mayo de ese año habían sido "legalizados" en la Unidad 9 de La Plata. Fueron liberados en septiembre del ’78, luego de que su padre firmó la cesión de los bienes.
Tras realizar durante 30 años varias denuncias por la multiplicidad de hechos de que fueron víctimas, los hermanos recibieron amenazas. El mayor de ellos, Rodolfo, murió en julio de 2009 de una complicación cardíaca, luego de haber recibido un mes atrás una amenaza en persona de un hombre que le dijo en una plaza platense “El caso Julio Lopez va a ser un poroto al lado del caso Iaccarino”. El hecho está denunciado en otra causa del juzgado N°3 de La Plata.
El expediente se inició como causa “N° 2384” en 2005. En sus testimonios en Juicio por la Verdad y en el juicio a Von Wernich los hermanos señalaron que Alejandro pasó por 14 CCD entre Santiago del Estero y la U9, reconocieron a una decena de torturadores del COT 1 de Martínez y de la Brigada de Lanús, y afirmaron la presencia de funcionarios judiciales que en un lugar de detención clandestina convalidaron el robo de los bienes. Pero la justicia sólo llevará a juicio a los máximos jefes del CCD “El Infierno”. Un primer desguace.
LA LUCHA DE ELENA
La causa "Madrid, Elichart y Kirilosky” juzgará la retención y ocultamiento de menor, supresión y suposición de estado civil y falsedad ideológica de documento público en el caso de Elena Gallinari Abinet. Nacida en 1976 durante el cautiverio de su mamá, María Leonor, e inscripta como hija propia por el represor Domingo Madrid, Elena recuperó a su familia en el ‘87 y su identidad en el ‘94. Durante 11 años, desde su nacimiento en 1976, vivió con el subcomisario de la Bonaerense Domingo Luis Madrid y su esposa, María Mercedes Elichart, quienes con la complicidad de la médica platense Silvia Kirilovski la anotaron como su hija biológica. Pero la joven fue recuperada por su abuela Leonor Alonso, que inició una causa que la justicia termino considerando prescripta y absolvió a los imputados. Pero Elena no estuvo conforme, y en abril de 2007 se presentó ante la justicia e inició la causa judicial que este año llegará a juicio.
La madre de Elena, María Leonor Abinet, era una docente, militante gremial e integrante de Montoneros de la zona norte del Conurbano. Fue secuestrada el 16 de septiembre de 1976, embarazada de siete meses. Su padre, Miguel Ángel Gallinari, fue un obrero metalúrgico, delegado gremial y militante montonero secuestrado en junio del ’76. Miguel logró escapar cuando era trasladado a Campo de Mayo, pero un mes después fue recapturado y aún permanece desaparecido. Elena nació en cautiverio y fue entregada a Madrid por otro genocida de la Bonaerense que no será juzgado. Y el CCD en el que su madre la dió a luz no ha sido nunca investigado, con la excusa de que no hay sobrevivientes con los que María Leonor haya compartido su detención.
CAUSA “LA CACHA”
El proceso más grande a enjuiciarse próximamente en La Plata es la investigación por hechos del CCD “ La Cacha ”, uno de los más sofisticados de la dictadura en términos de coordinación entre los servicios de inteligencia de las fuerzas represivas. Tras varias idas y vueltas del juez Blanco en la instrucción de la causa el juicio finalmente incluirá a sólo 16 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. A continuación los detalles de una causa que tiene de todo: fragmentación de casos, genocidas muertos impunes, exonerados y prófugos.
El CCD “ La Cacha ” fue creado en el marco de una etapa definida del plan sistemático de represión ilegal diseñado por la junta militar y respondió a la necesidad de obtener información precisa para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en las afueras de La Plata y fue uno de los centros clandestinos de detención más sofisticados de la dictadura. Según los relatos de algunos sobrevivientes como Ricardo Victorino Molina el nombre “ La Cacha ” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que en un cínico paralelo elaborado por los represores “hacía desaparecer gente”.
Situado en la localidad de Lisandro Olmos, el CCD funcionaba en la antigua planta transmisora de Radio Provincia entre las calles 197, avenida 53, Ruta Provincial n° 36 y la calle 47 y cerca de las vías del ferrocarril Belgrano. se encontraba emplazado a 50 metros de lo que hoy es la entrada principal de la ex Unidad Penitenciaria n° 8 y a unos 100 metros del muro de la Unidad Penitenciaria n° 1 . Al predio se ingresaba por un camino de tierra corto que daba a una zona semi-deshabitada. El centro clandestino estaba compuesto por tres espacios diferenciados: un edificio principal de tres niveles, en donde se alojaba a los detenidos, otra edificación lindera a la anterior, denominada "la casita", que servía como sala de torturas, y una especie de casa rodante, adyacente a los otros dos edificios, a la que algunos ex detenidos-desparecidos fueron conducidos para sostener entrevistas con sus captores. Asimismo, algunos liberados mencionan haberse enterado durante su cautiverio de la existencia de otro centro de detención llamado “cachavacha superstar” o “casita azul”, en la que los prisioneros habrían tenido un régimen de permanencia distinto, sin “tabicamiento” y con la posibilidad de desplazarse por el interior del lugar.
La instrucción de la causa Cacha en el Juzgado Federal de 1ª Instancia de La Plata, a cargo del juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter, confirmó durante 10 años el extendido criterio de la justicia de fragmentar y estirar los procesos que tanta lucha costó para que fueran agrupados como unidad de hechos en un CCD. Desde hace casi 30 años, la misma justicia dispone de la declaración conjunta que parte de los sobrevivientes de este CCD hicieron ante la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo (conocido como Clamor). En 1983 y ante ese organismo los sobrevivientes detallaron un croquis y una descripción de las instalaciones de La Cacha con su distribución interna y una lista con los apodos de los represores y la pertenencia a cada arma o dependencia que intervenía.
Anuladas las leyes de impunidad en 2003, reabierta como Causa N° 16.419 “Dr. Felix Pablo Crous s/ denuncia (La Cacha-L.Olmos)” y radicada en el Tribunal N°1 de Blanco y Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Federal Sergio Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires donde tres denunciantes anónimos y ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en el CCD. Cotejados los legajos penitenciarios del ‘76/’83, se citó a indagatoria al “Oso” Acuña, a Osvaldo Uset (a) “el negro”, a Víctor Irineo Garay (a) “pájaro loco” y a Domingo Mac Tier (a) “Mister Y” o “Mister X”.
Pero recién en diciembre de 2009 la fiscalía hizo una descripción de los hechos y solicitó la detención de una veintena de imputados. Se comenzó entonces a imponer la división de la instrucción, contemplando sólo hechos perpetrados a lo largo del año 1977 y por sólo una porción de imputados, porque “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad” habrían aconsejado ir por partes.
Para mostrar cierta movilidad en la causa, en 2010 Blanco solicitó que el Poder Ejecutivo Nacional levante el secreto que protegía a la información de Inteligencia, y se imputó a 12 agentes del Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 101. Y aquí comenzaron nuevas defecciones del Juez: Las primeras detenciones, sobre 17 represores, se hicieron entre febrero y marzo de 2010. Luego, en abril de 2010, se suspendió el proceso contra Cesar Emilio Branne, por padecer “síndrome de Corea Huntington” o “Mal de San Vito”. Branne, que estaba con domiciliaria, quedó libre. En agosto de 2010 se procesó y detuvo a Rufino Batalla. En septiembre de 2010 se procesó a Juan Carlos Negri, Enrique Cicciari e Isaac Miranda. En diciembre de 2010 se le dictó la falta de mérito a Cicciari luego de indagarlo y, único imputado del Regimiento 7, quedó libre. En octubre de 2011, se constató el fallecimiento de Negri. Y para confirmar la costumbre judicial de llegar tarde buscar a los represores, entre febrero y marzo de 2010 se determinó como prófugos a 3 imputados en la causa con órdenes de captura: Ricardo Luis Von Kyaw (en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (en Israel) y Miguel Angel Amigo. Amigo fue recapturado en diciembre de 2012 y se espera la resolución sobre si será o no parte del juicio.
La siguiente defección fue en marzo de 2012, cuando Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa.
Las imputaciones definitivas recayeron entonces sobre 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Alejandro Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg). Un total de 18 genocidas para uno de los campos más grandes de la zona represiva de La Plata. Pero el cuento no terminó allí, ya que entre mayo y septiembre de 2012 murieron impunes, gracias a la demora judicial, el coronel Arias Duval y el general Saint Jean mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”. Arias Duval era el único imputado en Cacha acusado por los homicidios y apropiaciones de niños, además de los secuestros y torturas, de manera que con su muerte quedan impunes cientos de delitos, pero principalmente escapa a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en dictadura en La Plata. Los nombres de ambos decesos pasaron a integrar la irreversible cifra de 320 represores muertos impunes desde la caída de las leyes de impunidad, 8 de ellos imputados en causa Cacha.
Quizás por su doble rol como juez electoral y penal federal, Blanco estuvo muy ocupado en intríngulis narco-electorales como para dedicarse de lleno a una causa como la de “La Cacha”, que hace 10 años está en sus manos. Pero lo de su secretaria Ana Cotter es fuera de serie. Cuando elevaron a juicio la causa fragmentada, Justicia Ya se opuso por no estar completa la instrucción y contestó a la elevación en subsidio. En ese momento, Cotter prometió fervorosamente que iba a trabajar sobre lo que quedaba del año ‘77 y todo el año ‘78 para elevarla y que se juntara con lo ya elevado hace un año. Ahora, en una entrevista con Justicia Ya en febrero de 2013 la Sra. secretaria aclaró que no tuvo ni tiene tiempo de hacerlo y que no lo va a hacer porque se está ocupando de otra cosa; que de todas formas debería volver a tomar testimonios para que los sobrevivientes “reconozcan” a los represores; que sin reconocimiento, incluso dijo que “al menos dos”, ella no eleva nada; y que quizás investigaría si los organismos querellantes le hacemos el trabajo.
Con estas posiciones no sólo se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de policía, penitenciarios, de la Armada y del Ejército. También se retrocede a criterios ya superados como que la medida de prueba para imputar a reconocidos represores sea exclusivamente un reconocimiento fotográfico a 37 años de los hechos y haciendo recaer la responsabilidad del avance de la causa nuevamente en la víctimas.
La “sana crítica racional” o la “íntima convicción” del juez Blanco y su secretaria Cotter dejan paso a las contradicciones de un tribunal que, en distintas resoluciones de la instrucción, afirma por un lado que el reconocimiento fotográfico “ha resultado de mucha importancia en causas como la presente”, a la vez que define por otra parte que “el tabicamiento de las víctimas fue un mecanismo efectivo para evitar que los responsables fueran individualizados”.
Por último, se sabe que tanto la Fiscalía Federal de La Plata, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y del embajador argentino en España Carlos Bettini y su familia, pretenden que la causa N°29 por el asesinato en noviembre del ‘76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi sean juzgados junto al expediente por La Cacha. En febrero de 2013 el juez Arnaldo “2.040” Corazza cerró la instrucción de esa causa en relación a los genocidas imputados Etchecoltaz, Smart, Eduardo Gargano, Horacio Lujan y Julio César Garachico, y decidió fragmentar la causa para continuarla en otras actuaciones respecto a los represores Juan María Torino y Norman Alfredo Miniot. Más fragmentación.
CAUSA POZO DE BANFIELD
En otra obra maestra de la desidia judicial, en abril de 2012 el hoy renunciado juez Corazza decidió elevar a juicio oral la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD conocido como “Pozo de Banfield”. La tarea del juez se limitó a declarar clausurada la pobrísima instrucción que, pese al importante aporte de prueba que los organismos de DDHH realizaron, lo llevó a imputar a sólo 7 represores por este campo. Uno de ellos y jefe del CCD, Juan Miguel Wolk, está prófugo. El resto de los genocidas que actuaron en el lugar, como se acostumbra, quedará para inciertos próximos juicios.
Ubicado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, el “Pozo” funcionó como centro clandestino de detención entre los años 1974 y 1978 en lo que era la Brigada de Investigaciones de Banfield.
Por este CCD pasaron alrededor de 292 detenidos, y una de sus características específicas fue su papel relevante en el circuito de centros clandestinos que funcionó como apoyo para el llamado “Plan Cóndor”, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur parcialmente probada en el juicio que en marzo de 2011 condenó a sólo 4 genocidas por los casos de 65 compañeros que pasaron por el CCD “Automotores Orletti”, y que en el caso de Banfield alojó a parte del grupo de uruguayos militantes del MLN-AMS-GAU secuestrados entre diciembre del ’77 y mayo del ’78. Otra marca distintiva del “Pozo de Banfield” fue el gran número de embarazadas vistas allí y la cantidad de partos que se produjeron en ese lugar. Los casos de Adriana Calvo, que dio a luz en el auto que la trasladaba de Comisaría 5ta de La Plata a Banfield; el de Silvia Isabella Valenzi llevada del Pozo de Quilmes a parir al Hospital Iriarte de Quilmes, alojada en Banfield y apropiada su hija; y el de Stella Maris Montesano que dio a luz a su hijo Martín en una celda del CCD y desaparecida igual que su esposo Jorge Ogando; son sólo algunos de los que dan cuenta de la maternidad clandestina funcionaba en este CCD.
Iniciada en febrero de 2006 a raíz de una denuncia presentada por H.I.J.O.S. regional Capital, la causa N° 26 Pozo de Banfield tuvo un tortuoso derrotero. En 2008, los organismos querellantes pidieron la imputación de cerca de 200 represores en la causa, por todos los compañeros que pasaron por el campo. En 2010 Corazza decidió procesar, a instancias del requerimiento fiscal, a 6 genocidas (4 de ellos ya procesados en otras causas y pertenecientes a la cadena de mandos), e imputó como procesados nuevos al comisario Miguel Wolk y a Raúl Carlos Rodriguez. En septiembre de 2011 los roganismos reiteraron infructuosamente el pedido. Finalmente, el 23 de marzo de 2012, Justicia Ya! La Plata presentó una queja por retardo de justicia en las causas que instruye Corazza. El 24 de abril de 2012 el juez se despachó con varios “no ha lugar” por pedidos de oposición a la elevación a juicio de la causa en estas condiciones, de paso declaró la prescripción de la acción penal sobre el genocida Ignacio Oscar García “en virtud del fallecimiento del mismo”, y elevó la actuación a juicio.
“No tengo personal”, “estoy con otra causa”, “estoy cansado y nervioso”, “no soy Superman” y “a este paso vamos a terminar las causas en el 2.040” fueron las excusas que varias veces dio Corazza a los organismos querellantes con cínica elocuencia.
En resumen serán 7 los represores llevados a juicio en esta causa: Rodolfo Aníbal Campos (Sub-Jefe de Policía Bonaerense de diciembre de 1977 a marzo de 1979), Ibérico Saint Jean (militar, gobernador de facto de la provincia), Miguel Etchecolatz (Director General de Investigaciones), Juan Miguel Wolk (Comisario y Jefe del CCD), Raúl Carlos Rodríguez (Subdirector de Investigaciones, segundo de Wolk), Jaime Smart (Ministro del gobierno defacto de la Provincia), y Jorge Antonio Bergés (médico policial). De todos ellos, sólo 3 son específicos de este CCD (Bergés, Wolk y Rodriguez), los otros son imputados por cadena de mandos. Las víctimas incluidas son 134.
En diciembre de 2012, en inusitado rapto de lucidez, “Superman” Corazza decidió procesar en una causa residual de este CCD a 15 represores más, que en su mayoría están requeridos en causa Cacha y son integrantes de la inteligencia militar. Eso sí, Corazza les otorgó automáticamente la prisión preventiva domiciliaria. Difícilmente integren el juicio por el CCD Banfield elevado en Causa N°26, aunque con la justicia federal nunca se sabe.
Párrafo aparte merece la imputación de Wolk, alias “El Patón”, “El Alemán” o “El Nazi”, ya que por lo menos entre 1976 y 1979 actuó en prácticamente todas las divisiones policiales que funcionaron con sede en el edificio del “Pozo de Banfield”: Jefe de la División Delitos contra la Propiedad, Director de la Dirección de Investigaciones y de la Dirección de Seguridad, Zona Metropolitana. Fue además Subdirector y Jefe de Plana Mayor de la Dirección General de Investigaciones y pasó brevemente por la Unidad Regional de Tigre. Además porque durante años la justicia lo daba por muerto. Sólo ante la denuncia de una compañera ex detenida que determinó que seguía cobrando su jubilación y que vivía en Mar Del Plata, se lo pudo imputar en la causa. Pero no fue Corazza el que lo ubicó, sino el periodista Roberto Garrone, quién lo buscó para entrevistarlo y hace 3 años lo encontró en su chalet de Benedetto Crocce 3045 del barrio Punta Mogotes.
Puesto en evidencia, Corazza lo mandó a indagar, pero lo hizo sin avisar a las querellas y liberó con domiciliaria al genocida por las famosas “razones de edad y salud”. Casi como un final previsible ante tanta inoperancia judicial, el 10 de Abril de 2012 la Corte Suprema de Justicia confirmó el rechazo de la prisión domicilia de Wolk, cosa que publicó en su sitio oficial de Internet en la misma fecha. La causa llegó a la Cámara de Apelaciones de La Plata el 27 de abril y recién el 4 de mayo el Juez “Cansado” Corazza ordenó su detención. Pero WolK ya no estaba. Su abogado comunicó el 3 de mayo que la hija de Wolk, Mónica Luján, de 51 años y teniente de la Policía Bonaerense, denunció su “desaparición” en la Comisaría 5ta de Mar del Plata el mismo 27 de abril de 2012. Wolk, junto a cerca de 70 genocidas más en todo el país, está prófugo con evidente complicidad de la Justicia que les da la oportunidad de fugarse. Por este hecho Abuelas de Plaza de Mayo pidió el juicio político a Corazza, que anticipando un oscuro horizonte publicó su renuncia en las redes sociales en enero de 2013, y que aún debe ser resuelta por la Cámara Federal de La Plata.
A 37 años del golpe genocida, la justicia platense evade la memoria de las víctimas y de sus familiares que esperan reparación. La justicia hace silencio frente a las denuncias y los reclamos de los organismos de Derechos Humanos, a los que les pide que, como siempre, terminen haciendo el grueso del trabajo investigativo. Los jueces Blanco y Corazza evaden su responsabilidad de investigar y, en definitiva, revelan a la sociedad toda qué calidad de funcionarios judiciales tienen los tribunales Federales de La Plata donde, a 10 años de anuladas las leyes de impunidad, sólo se ha condenado a 44 genocidas de la última dictadura, y donde sólo tienen procesados a otros 80 para entretenernos los próximos 10 años con una farsa de justicia.
HIJOS LA PLATA - Marzo 2013
Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!
HIJOS La Plata
3/07/2013
Justicia Ya La Plata exige desalojo de la policía del Destacamento de Arana
7 de Marzo de 2013
COMUNICADO DE PRENSA
Justicia Ya en La Plata informa que en el día de hoy entregamos una carta al Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, reiterando el reclamo al Poder Ejecutivo provincial por el incumplimiento, ya no sólo la orden judicial de hace más de cuatro años, emanada por el Juzgado Penal Federal Nº 3 a cargo del Dr. Corazza, solicitando el desalojo del Destacamento de Arana, sino que este incumplimiento se ve drásticamente agravado a partir del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por el Dr. Carlos Alberto Rozanski en calidad de Presidente, y los Sres. Vocales, Dres. Roberto Atilio Falcone y Mario Portela, el día 19 de Diciembre de 2012, emitido luego del juicio seguido a 24 represores del denominado Circuito Camps en dónde se insta a la provincia para que cese la utilización por parte de la policía de las dependencias que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico-militar, especialmente el Destacamento de Arana, la Comisaría 5ta de La Plata, la Brigada de San Justo, Puesto Vasco que funcionó en la Subcomisaría de Don Bosco y el COTI Martínez”.
En la misma insistimos lo paradojal que resulta que el Gobierno anuncie la intención de construir en algunos CCD espacios de memoria, sin reparar en la violencia simbólica de la presencia de la misma fuerza represiva que lo habitaba durante la dictadura militar. De igual modo recordamos al Sr. Gobernador que para poder avanzar en la realización de las investigaciones que quedan pendientes en estos lugares es imprescindible el desalojo y la preservación de los mismos.
Recordamos también al Dr. Scioli que debe ordenar la inmediata baja por exoneración, como lo indicara el mencionado Fallo del TOF al condenar por el delito de Genocidio a los reos juzgados y declarados culpables en el juicio al denominado Circuito Camps.
A pocos días de cumplirse 37 años del golpe genocida esperamos la única respuesta posible por parte del gobernador, el inmediato desalojo del destacamento policial de Arana y demás lugares donde funcionaron CCD tomando los recaudos necesarios para poder avanzar en el conocimiento del destino de muchísimos compañeros que fueron secuestrados, torturados y que hoy permanecen desaparecidos, habiendo sido comprobado su paso por esos centros de exterminio y a hacer efectivo el cumplimiento de la baja por exoneración de los policías condenados.
CONTACTOS DE PRENSA
Nilda Eloy 0221-15 5865035
Lucía de la Vega 0221-15 4768819
Carlos Zaidman 0221- 15 5731407
COMUNICADO DE PRENSA
Justicia Ya en La Plata informa que en el día de hoy entregamos una carta al Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, reiterando el reclamo al Poder Ejecutivo provincial por el incumplimiento, ya no sólo la orden judicial de hace más de cuatro años, emanada por el Juzgado Penal Federal Nº 3 a cargo del Dr. Corazza, solicitando el desalojo del Destacamento de Arana, sino que este incumplimiento se ve drásticamente agravado a partir del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por el Dr. Carlos Alberto Rozanski en calidad de Presidente, y los Sres. Vocales, Dres. Roberto Atilio Falcone y Mario Portela, el día 19 de Diciembre de 2012, emitido luego del juicio seguido a 24 represores del denominado Circuito Camps en dónde se insta a la provincia para que cese la utilización por parte de la policía de las dependencias que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico-militar, especialmente el Destacamento de Arana, la Comisaría 5ta de La Plata, la Brigada de San Justo, Puesto Vasco que funcionó en la Subcomisaría de Don Bosco y el COTI Martínez”.
En la misma insistimos lo paradojal que resulta que el Gobierno anuncie la intención de construir en algunos CCD espacios de memoria, sin reparar en la violencia simbólica de la presencia de la misma fuerza represiva que lo habitaba durante la dictadura militar. De igual modo recordamos al Sr. Gobernador que para poder avanzar en la realización de las investigaciones que quedan pendientes en estos lugares es imprescindible el desalojo y la preservación de los mismos.
Recordamos también al Dr. Scioli que debe ordenar la inmediata baja por exoneración, como lo indicara el mencionado Fallo del TOF al condenar por el delito de Genocidio a los reos juzgados y declarados culpables en el juicio al denominado Circuito Camps.
A pocos días de cumplirse 37 años del golpe genocida esperamos la única respuesta posible por parte del gobernador, el inmediato desalojo del destacamento policial de Arana y demás lugares donde funcionaron CCD tomando los recaudos necesarios para poder avanzar en el conocimiento del destino de muchísimos compañeros que fueron secuestrados, torturados y que hoy permanecen desaparecidos, habiendo sido comprobado su paso por esos centros de exterminio y a hacer efectivo el cumplimiento de la baja por exoneración de los policías condenados.
CONTACTOS DE PRENSA
Nilda Eloy 0221-15 5865035
Lucía de la Vega 0221-15 4768819
Carlos Zaidman 0221- 15 5731407
1/30/2013
Conferencia prensa EMV y J 28 enero 2013
COMUNICADO DE PRENSA
En la Conferencia de Prensa que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizara hoy al mediodía, para denunciar la escalada represiva llevada adelante por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales incluido el de la Ciudad de Buenos Aires durante estos dos últimos meses, se convocó a una marcha para el día martes 5 de febrero a las 17hs desde Av. De Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo.
Allí se solicitará una audiencia al gobierno nacional.
También se anunció que acciones similares se realizarán en distintos puntos del país.
Las organizaciones presentes denunciamos que en los últimos meses la persecución a los que se organizan y luchan por sus derechos aumentó, incluyendo: persecución y despidos a trabajadores, represión por parte de las fuerzas policiales a vecinos desde Catamarca hasta la Capital Federal, pasando por Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Tucumán y Bariloche.
Se han registrado detenciones ilegales y torturas por parte de fuerzas policiales de la Provincia del Chaco a militantes populares y trabajadores.
En Bariloche se detuvo a cinco militantes de la Cooperativa 1º de Mayo y, posteriormente, a otros seis que reclamaban la libertad de los anteriores. Los 5 primeros siguen detenidos.
En Formosa y Chaco la Comunidad Qom sufrió el asesinato de cuatro integrantes de su comunidad.
En Neuquén se ha reprimido a las comunidades mapuches.
La conferecia culminó con un llamado a sumarse a todas las organizaciones con las siguientes consignas:
NO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA
BASTA DE PERSEGUIR, JUDICIALIZAR, TORTURAR, ASESINAR A LOS LUCHADORES POPULARES
LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS DE BARILOCHE Y CORRAL DE BUSTOS
BASTA DETORTURAR A MILITANTES POPULARES EN LA PROVINCIA DEL CHACO. JUICIO Y CASTIGO A LOS TORTURADORES DE CESAR LEONARDO ROMERO, DANIELA ROMERO Y ALEXIS DAMIÁN ESPÍNDOLA
BASTA DE PERSEGUIR Y ASESINAR AL PUEBLO QOM Y DEMÁS PUEBLOS ORIGINARIOS Y CAMPESINOS. JUSTICIA PARA CELESTINA JARA Y SU BEBA DE 8 MESES, IMER FLORES Y JUAN DANIEL ASIJAK
MARTES 5 DE FEBRERO 17HS
MARCHA DESDE AV DE MAYO Y 9 DE JULIO HASTA PLAZA DE MAYO
En la Conferencia de Prensa que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizara hoy al mediodía, para denunciar la escalada represiva llevada adelante por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales incluido el de la Ciudad de Buenos Aires durante estos dos últimos meses, se convocó a una marcha para el día martes 5 de febrero a las 17hs desde Av. De Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo.
Allí se solicitará una audiencia al gobierno nacional.
También se anunció que acciones similares se realizarán en distintos puntos del país.
Las organizaciones presentes denunciamos que en los últimos meses la persecución a los que se organizan y luchan por sus derechos aumentó, incluyendo: persecución y despidos a trabajadores, represión por parte de las fuerzas policiales a vecinos desde Catamarca hasta la Capital Federal, pasando por Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Tucumán y Bariloche.
Se han registrado detenciones ilegales y torturas por parte de fuerzas policiales de la Provincia del Chaco a militantes populares y trabajadores.
En Bariloche se detuvo a cinco militantes de la Cooperativa 1º de Mayo y, posteriormente, a otros seis que reclamaban la libertad de los anteriores. Los 5 primeros siguen detenidos.
En Formosa y Chaco la Comunidad Qom sufrió el asesinato de cuatro integrantes de su comunidad.
En Neuquén se ha reprimido a las comunidades mapuches.
La conferecia culminó con un llamado a sumarse a todas las organizaciones con las siguientes consignas:
NO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA
BASTA DE PERSEGUIR, JUDICIALIZAR, TORTURAR, ASESINAR A LOS LUCHADORES POPULARES
LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS DE BARILOCHE Y CORRAL DE BUSTOS
BASTA DETORTURAR A MILITANTES POPULARES EN LA PROVINCIA DEL CHACO. JUICIO Y CASTIGO A LOS TORTURADORES DE CESAR LEONARDO ROMERO, DANIELA ROMERO Y ALEXIS DAMIÁN ESPÍNDOLA
BASTA DE PERSEGUIR Y ASESINAR AL PUEBLO QOM Y DEMÁS PUEBLOS ORIGINARIOS Y CAMPESINOS. JUSTICIA PARA CELESTINA JARA Y SU BEBA DE 8 MESES, IMER FLORES Y JUAN DANIEL ASIJAK
MARTES 5 DE FEBRERO 17HS
MARCHA DESDE AV DE MAYO Y 9 DE JULIO HASTA PLAZA DE MAYO
1/24/2013
¿DEMOKRACIA…CON DESAPARECIDOS?
La desaparición forzada de personas fue un mecanismo diseñado por el terrorismo de Estado para aniquilar a los luchadores populares, pero también para vulnerabilizar nuestra subjetividad, aislarnos con el miedo y paralizarnos como sociedad.
Las consecuencias de esta perversa mecánica atraviesan a varias generaciones, y nos dejaron a los HIJOS de desaparecidos un aprendizaje: la certeza de que la desaparición forzada durante la dictadura se produjo por razones políticas, que implicaban una disputa del poder real en nuestro país, y cuyo resultado inmediato fue la tortura para obtener información, el asesinato y ocultamiento del cuerpo de la persona secuestrada para sostener la impunidad del crimen.
En todos estos años venimos denunciando la continuidad de la práctica de la desaparición en las fuerzas represivas del Estado como una herramienta necesaria de los sectores dominantes para seguir imponiendo sus objetivos.
Los casos de Andrés Nuñez en 1990, Miguel Bru en 1993 y Jorge Julio López en 2006 sintetizan dos décadas de reconversión de aquella mecánica de la desaparición, hacia el actual disciplinamiento social de todo aquel que no sea cómplice del esquema mafioso de explotación: Luciano Arruga por no querer robar para la policía, Facundo Rivera por no aceptar la arbitrariedad de las razzias en los barrios, Daniel Solano y Mario Golemba por ser referentes gremiales, y con ello, enemigos automáticos del poder feudal de las zonas rurales.
Pero para entender esto hay que insistir en que estos no son casos aislados, ni “excesos”: así lo prueban los más de 3.800 asesinados en el gatillo fácil y las más de 200 personas desaparecidas en los 29 años desde concluida la dictadura. No es un dato menor que el blanco sea siempre el joven, el pobre, el morocho, aquel que es construido mediáticamente como elemento “inútil” para el sistema, pero que a su vez representa el sector convocado generacionalmente a transformarlo.
El caso de Luciano desnuda las graves contradicciones que pretenden evadir las instituciones en el gobierno de los “Derechos Humanos” y muestra la compleja trama de complicidades que hacen posible el sostenimiento de la impunidad.
Con décadas de demora para el país de los 30 mil desaparecidos, una reforma legislativa incorporó al Código Penal en 2011 el delito de privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado. La justicia sostuvo durante casi 4 años la carátula de la causa como “averiguación de paradero”, para no hacerse cargo de la real dimensión del hecho. El ministerio público designó para hacerse cargo de la primera etapa de la investigación a la peor calaña del área de Investigaciones de la Maldita Policía de Duhalde. El poder político de Nación no recibió a los familiares y silenció el tema. El provincial protegió a los policías implicados y los puso a reprimir en otras dependencias. Y el municipio, que había inaugurado el Destacamento por presiones de los reclamos de mayor “seguridad”, pidió perdón y reconvirtió en forma oportunista el espacio, para terminar cerrándolo, abandonándolo y negando al grupo de Familiares y Amigos su participación en el predio.
Claramente, el espacio se cerró porque la voluntad de los familiares no era hacer un museo meramente testimonial y obsecuente con el poder de turno, como en muchos otros “Sitios de Memoria” se observa, sino un espacio independiente y de referencia para la lucha antirrepresiva de hoy.
Porque no podemos naturalizar la recurrencia de la práctica de la desaparición de personas, acompañamos el sostenimiento firme del reclamo del grupo de Familiares y Amigos en el esclarecimiento del caso, en el juicio y castigo a todos los policías implicados, en la denuncia de las complicidades políticas y judiciales, y en la apertura definitiva del espacio desde donde se llevaron a Luciano.
Por todo eso, a 4 años sin Luciano, seguimos estando en las calles resistiendo a la represión en todas sus formas y por la construcción de una sociedad distinta.
HIJOS EN LUCHA: HIJOS La Plata- H.I.J.O.S Alto Valle- H.I.J.O.S Bariloche
ENERO DE 2013
Las consecuencias de esta perversa mecánica atraviesan a varias generaciones, y nos dejaron a los HIJOS de desaparecidos un aprendizaje: la certeza de que la desaparición forzada durante la dictadura se produjo por razones políticas, que implicaban una disputa del poder real en nuestro país, y cuyo resultado inmediato fue la tortura para obtener información, el asesinato y ocultamiento del cuerpo de la persona secuestrada para sostener la impunidad del crimen.
En todos estos años venimos denunciando la continuidad de la práctica de la desaparición en las fuerzas represivas del Estado como una herramienta necesaria de los sectores dominantes para seguir imponiendo sus objetivos.
Los casos de Andrés Nuñez en 1990, Miguel Bru en 1993 y Jorge Julio López en 2006 sintetizan dos décadas de reconversión de aquella mecánica de la desaparición, hacia el actual disciplinamiento social de todo aquel que no sea cómplice del esquema mafioso de explotación: Luciano Arruga por no querer robar para la policía, Facundo Rivera por no aceptar la arbitrariedad de las razzias en los barrios, Daniel Solano y Mario Golemba por ser referentes gremiales, y con ello, enemigos automáticos del poder feudal de las zonas rurales.
Pero para entender esto hay que insistir en que estos no son casos aislados, ni “excesos”: así lo prueban los más de 3.800 asesinados en el gatillo fácil y las más de 200 personas desaparecidas en los 29 años desde concluida la dictadura. No es un dato menor que el blanco sea siempre el joven, el pobre, el morocho, aquel que es construido mediáticamente como elemento “inútil” para el sistema, pero que a su vez representa el sector convocado generacionalmente a transformarlo.
El caso de Luciano desnuda las graves contradicciones que pretenden evadir las instituciones en el gobierno de los “Derechos Humanos” y muestra la compleja trama de complicidades que hacen posible el sostenimiento de la impunidad.
Con décadas de demora para el país de los 30 mil desaparecidos, una reforma legislativa incorporó al Código Penal en 2011 el delito de privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado. La justicia sostuvo durante casi 4 años la carátula de la causa como “averiguación de paradero”, para no hacerse cargo de la real dimensión del hecho. El ministerio público designó para hacerse cargo de la primera etapa de la investigación a la peor calaña del área de Investigaciones de la Maldita Policía de Duhalde. El poder político de Nación no recibió a los familiares y silenció el tema. El provincial protegió a los policías implicados y los puso a reprimir en otras dependencias. Y el municipio, que había inaugurado el Destacamento por presiones de los reclamos de mayor “seguridad”, pidió perdón y reconvirtió en forma oportunista el espacio, para terminar cerrándolo, abandonándolo y negando al grupo de Familiares y Amigos su participación en el predio.
Claramente, el espacio se cerró porque la voluntad de los familiares no era hacer un museo meramente testimonial y obsecuente con el poder de turno, como en muchos otros “Sitios de Memoria” se observa, sino un espacio independiente y de referencia para la lucha antirrepresiva de hoy.
Porque no podemos naturalizar la recurrencia de la práctica de la desaparición de personas, acompañamos el sostenimiento firme del reclamo del grupo de Familiares y Amigos en el esclarecimiento del caso, en el juicio y castigo a todos los policías implicados, en la denuncia de las complicidades políticas y judiciales, y en la apertura definitiva del espacio desde donde se llevaron a Luciano.
Por todo eso, a 4 años sin Luciano, seguimos estando en las calles resistiendo a la represión en todas sus formas y por la construcción de una sociedad distinta.
HIJOS EN LUCHA: HIJOS La Plata- H.I.J.O.S Alto Valle- H.I.J.O.S Bariloche
ENERO DE 2013
12/13/2012
Nueva suspensión de audiencia
Causa contra Gerardo Martínez:
Sitraic y organismos de Derechos Humanos denuncian nueva suspensión de audiencia
Nuevamente
en el lapso de diez días, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones
suspendió la audiencia para tratar la apelación presentada por los
organismos y organizaciones querellantes en la causa por el accionar de
Gerardo Martínez como agente del Batallón 601 de inteligencia en la
dictadura. En el primer caso, se debió a la decisión de los magistrados
de tomarse licencia 24 horas antes de que se realizara la audiencia
fijada para el 29 de noviembre.
En el día de la fecha, la situación se replicó pero desde el Tribunal se adujeron distintos motivos. A las 9 y media de la mañana, se le informó a uno de nuestros compañeros que "el oficial mayor, compulsando los registros de la Cámara, detectó una intervención anterior de la Sala II en una causa conexa, por eso declinaron la competencia en su favor". Considerando que tienen la causa elevada hace meses, y ya fijaron dos fechas, es inaceptable otra idea que la orden política de dilatar el tema. Recién el próximo 19 de diciembre, los querellantes seríamos recibidos por los integrantes de la Sala II.
En el día de la fecha, la situación se replicó pero desde el Tribunal se adujeron distintos motivos. A las 9 y media de la mañana, se le informó a uno de nuestros compañeros que "el oficial mayor, compulsando los registros de la Cámara, detectó una intervención anterior de la Sala II en una causa conexa, por eso declinaron la competencia en su favor". Considerando que tienen la causa elevada hace meses, y ya fijaron dos fechas, es inaceptable otra idea que la orden política de dilatar el tema. Recién el próximo 19 de diciembre, los querellantes seríamos recibidos por los integrantes de la Sala II.
Las
organizaciones querellantes exigimos una respuesta inmediata para que
se garanticen nuestros derechos. El intento de cerrar la causa ha sido
combatido en la calle para terminar con la impunidad que Gerardo
Martínez tiene desde hace 30 años. Es gravísimo que un ex agente de
inteligencia y miembro del aparato represivo de la dictadura continúe
gozando de los privilegios que le da su estrecha relación con el
Gobierno Nacional.
Exigimos respuesta inmediata, basta de impunidad.
Firmantes:
AEDD – Asociación de Ex –Detenidos Desaparecidos
AGD UBA – Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires
APEL – Asociación de Profesionales en Lucha
APEMIA – Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA
CADEP-Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo
CADHU – Centro de Abogados por los Derechos Humanos
CEPRODH – Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
CORREPI - Coordinadora Antirrepresiva contra la Represión Policial e Institucional
CTA Capital – Central de Trabajadores de la Argentina – Capital Federal
Liberpueblo
MST – Movimiento Socialista de los Trabajadores
SITRAIC – Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines
12/12/2012
Reabrir la causa de investigación del servicio Gerardo Martinez
La presentación se realizará mañana para reabrir la causa contra el titular del gremio de la construcción (UOCRA) por su presunta participación como agente civil de inteligencia del Batallón 601 del Ejército durante la última dictadura militar. La audiencia comenzará a las 12.30 ante la Sala I de la Cámara Federal, donde pedirán que revoque el archivo de la causa que en septiembre pasado dispuso el juez federal Ariel Lijo.
La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), entre otros, denunciaron el año pasado que Martínez fue en 1982 agente civil de inteligencia del batallón 601 y que habría dado información que permitió el secuestro y desaparición de trabajadores de la construcción.
El juez Lijo y el fiscal Jorge Di Lello coincidieron en archivar la denuncia al señalar que un informe de la Secretaría de Derechos Humanos concluyó que "la totalidad de los 94 ilícitos a trabajadores o extrabajadores de actividades ligadas a la construcción fueron anteriores al 1 de marzo de 1982, año en el que, según registró Gerardo Alberto Martínez, fue incorporado al Ejército Argentino como agente civil de inteligencia".
"Si bien Martínez cumplió funciones en una estructura intrínsecamente ilegal, su responsabilidad penal no puede ser determinada por sus funciones, o porque objetivamente pertenecía al Batallón de Inteligencia 601", sostuvo el juez Lijo el 21 de septiembre pasado, cuando archivó la denuncia.
Los organismos apelaron la resolución y pidieron que se siga investigando a Martínez. Señalaron que en el legajo Martínez aparece como que prestó servicios en la "Zona 4", perteneciente a Campo de Mayo, donde funcionó un centro clandestino de detención, por lo que pidieron medidas de prueba para avanzar sobre ese aspecto. También reclamaron ser tenidas como parte querellante en la causa.
La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), entre otros, denunciaron el año pasado que Martínez fue en 1982 agente civil de inteligencia del batallón 601 y que habría dado información que permitió el secuestro y desaparición de trabajadores de la construcción.
El juez Lijo y el fiscal Jorge Di Lello coincidieron en archivar la denuncia al señalar que un informe de la Secretaría de Derechos Humanos concluyó que "la totalidad de los 94 ilícitos a trabajadores o extrabajadores de actividades ligadas a la construcción fueron anteriores al 1 de marzo de 1982, año en el que, según registró Gerardo Alberto Martínez, fue incorporado al Ejército Argentino como agente civil de inteligencia".
"Si bien Martínez cumplió funciones en una estructura intrínsecamente ilegal, su responsabilidad penal no puede ser determinada por sus funciones, o porque objetivamente pertenecía al Batallón de Inteligencia 601", sostuvo el juez Lijo el 21 de septiembre pasado, cuando archivó la denuncia.
Los organismos apelaron la resolución y pidieron que se siga investigando a Martínez. Señalaron que en el legajo Martínez aparece como que prestó servicios en la "Zona 4", perteneciente a Campo de Mayo, donde funcionó un centro clandestino de detención, por lo que pidieron medidas de prueba para avanzar sobre ese aspecto. También reclamaron ser tenidas como parte querellante en la causa.
10/23/2012
Demolición ilegal de un muro del CCD Puesto Caminero de Pilar
Durante el operativo de desalojo de una familia, el día viernes 19 de octubre por orden del intendente de Pilar Diego Bechis, empleados municipales demolieron la única pared que quedaba como señalización de que en Pilar funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar.
El Puesto Caminero de Pilar ubicado a la vera de la Ruta nacional nº 9 es reconocido como un espacio de memoria por la Comisión de la Memoria de Pilar, el Archivo Nacional de la Memoria, la Red Federal de Sitios de Memoria, el Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria y el Municipio de Pilar. El edificio que ocupaba el puesto caminero fue demolido hace años quedando en pie un muro y un espacio verde que fue transformado en una plazoleta de la Memoria amparada por la Ley provincial 9286. El muro en cuestión no tenía ninguna relación física ni legal con la casa que se intentaba desalojar.
Este accionar del municipio de Pilar es ilegal y violatorio de los derechos humanos.
Varios testimonios y denuncias judiciales dan cuenta del funcionamiento de este sitio conocido como “La Escuelita de Pilar” o "Puesto Caminero de Pilar” como Centro Clandestino de Detención y Tortura formando parte de la estructura del Estado Terrorista a través de la Policía de la Provincia y más específicamente del D2 (Departamento de Informaciones 2 de la Policía de Córdoba). Más allá del valor simbólico del lugar, era la ubicación exacta donde se cometieron delitos de lesa humanidad que aún no han sido juzgados y su desaparición afecta a los procesos judiciales, históricos y académicos en busca de la Verdad, la Memoria y la Justicia que se vienen llevando a cabo en la provincia y el país.
La familia que por orden del juzgado de Río Segundo debía ser desalojada vive hace más de 20 años en ese lugar y no se les ha respetado su derecho a la vivienda al desconocer que tienen en proceso un juicio por usucapión de la casa.
Exigimos la inmediata preservación del lugar de memoria y el respeto por la preservación de la historia argentina, la construcción de Memoria y el trabajo de la Comisión de la Memoria de Pilar.
Exigimos el inmediato esclarecimiento de los hechos, que se investiguen las responsabilidades de las autoridades involucradas y que sean sancionadas.
H.I.J.O.S. Regional Córdoba
en la Red Nacional
LOS JUZGA UN TRIBUNAL, LOS CONDENAMOS TODOS!
Ningún sujeto político puede quedar afuera del debate, porque problematizar estos juicios nos permite respetar la verdad histórica, es por eso que vale preguntarnos: ¿es posible que para un Genocida como Raúl Guglielminetti, de tamaña participación durante la planificación y ejecución del plan genocida, no se solicite reclusión perpetua? ¿Es posible que José Luis Caceres, miembro de la Triple A , custodio y matón de Remus Tetus, captor y torturador de muchos compañeros, sea mantenido como víctima Y TESTIGO PROTEGIDO? ¿Es posible que para Desiderio Penchulef, Comisario de Río Negro y Jefe de la Comisaría de Cinco Saltos, imputado por secuestro y torturas, se solicite sólo 6 años de Prisión? ¿Es posible no haya ningún imputado de la Policía Federal , ni del Servicio Penitenciario ni de la Policía de Neuquén en este Juicio, cuando se ha comprobado en la causa la participación conjunta de las fuerzas represivas junto a las FF AA en los operativos? ¿Es posible que hayan desfilado como meros testigos Policias que han manifestado haber sido los captores de compañeros o haber conducido operativos de secuestros?
Estas son sólo algunas preguntas que nos permiten también ALEGAR y poner de manifiesto las tamañas arbitrariedades y contradicciones de este proceso judicial que lejos está al día de hoy de permitirnos hablar de “Justicia”.
Por más de 30 años, a través de su lucha constante contra la impunidad, los compañeros ex detenidos, familiares de desaparecidos, organizaciones de DD HH y el pueblo trabajador en su conjunto fueron construyendo una memoria colectiva y una verdad histórica que no se corresponden con estas decisiones políticas y jurídicas de algunas de las partes de este Juicio.
El Estado, con su doble representación (Fiscalía y Secretaría de DD HH), nada ha dicho de las responsabilidades que le competen para seguir atacando la impunidad. No sólo ha pedido penas escandalosas hacia los genocidas que grafican lo impúdico de sus alegatos sino que tampoco procede a la apertura de los archivos de la dictadura ni a dar de baja a los cientos de genocidas que aún cumplen funciones o que cobran jubilaciones con “honores” decretados por este gobierno (como el caso de Vittón, quien está siendo juzgado como jefe de la sub área represiva 5.2.1.1).
Por un lado la Secretaría de DD. HH. reconoce que los delitos de lesa humanidad se cometieron en el marco de un genocidio, pero les imputa a los Genocidas penas bochornosas de 20 a 6 años de prisión por delitos comunes.
Por otro lado, la Fiscalía sólo reconoce que fue un plan criminal y clandestino desde el aparato estatal y solicita penas de 24 a 5 años de prisión. Alega que es un atenuante para la totalidad de los imputados gozar del concepto de ser “buenos vecinos”. TAL COMO LO ESTA LEYENDO: PARA LA FISCALÍA LOS EJECUTORES DE ESTE PLAN GENOCIDA QUE SECUESTRARON, TORTURARON Y DESAPARECIERON A NUESTROS COMPAÑEROS DEBEN SER CONSIDERADOS COMO BUENOS VECINOS Y POR ENDE GOZAR DE PARTE DE LOS ATENUANTES QUE PERMITE UTILIZAR EL CODIGO PENAL.
El bochornoso alegato del ministerio fiscal y la deprimente pena solicitada fueron justificados sobre los argumentos de que "imputan bajo criterios legales, que cuidan el debido proceso y no buscan venganza". Sin duda, al expresar estas afirmaciones pretenden poner motes de “vengadores”, “ignorantes” o “resentidos” a aquellos que criticamos su accionar. Se olvida la fiscalía de que durante todos estos años este pueblo, los familiares de los/as desaparecidos/as y los mismos sobrevivientes no lucharon para “mandar a los genocidas al paredón”, ni los movilizó la sed de venganza sino todo lo contrario: la lucha los encontró en las calles reclamando el “juicio y castigo a los culpables” y la justicia verdadera.
Pero, mal que les pese, tenemos argumentos, ejemplos y hechos que demuestran que sus decisiones y el pedido de pena constituyen una postura ideológica y no mero legalismo. No podemos entender este proceso judicial sin una explicación política del mismo. Las partes en el juicio deciden qué “biblioteca” y POSICIÓN IDEOLÓGICA defender.
Existen argumentos jurídicos, políticos, históricos, doctrinarios y jurisprudenciales que ya han expresado que es posible afirmar que lo ocurrido en Argentina fue un Genocidio. Al día de la fecha, 11 sentencias lo han confirmado. Muchos de esos fallos han sido ratificados por la Corte Suprema , por lo que están firmes. Por otro lado, existen alegatos de fiscales y fallos de jueces que se han expresado a favor de la posibilidad legal de condenar directamente por Genocidio (fallo en disidencia de causa Nicklison y alegato del fiscal en causa ABO).
La Fiscalía eligió ignorar estos precedentes, pero es la misma Fiscalía que no duda en llevar a Juicio por luchar a compañeros como Guagliardo y Huth, de ATEN, que debieron enfrentar un juicio oral ante la requisitoria y elevación a juicio que llevó adelante la Fiscalía Federal. Tampoco duda en procesar a decenas de compañeros por salir a protestar a las rutas, como hizo en el caso de la abogada de los ceramistas, Natalia Hormazabal.
Por otro lado, la querella de la APDH ha reconocido que lo ocurrido en Argentina fue un plan genocida (no así en el juicio del 2008). Sin embargo, para que esto no sea meramente declarativo, se debe instar esta imputación ya desde las indagatorias, los procesamientos y la elevación a juicio. Este organismo se ha encargado de mantener una postura que no representa la lucha popular que ha permitido que algunos genocidas deban sentarse en el banquillo de los acusados. No podemos sostener de ninguna manera que los Juicios son parte de una “culminación” de la lucha por la Verdad , Memoria y Justicia. Menos aún justificar la imputación por Homicidio de los casos de los compañeros desaparecidos.
¿Es posible que una Organización de DD HH impute a los Genocidas por delitos comunes y se permita no pedir prisión perpetua para la mayoría de ellos? (25 años a Guglieminetti es un claro ejemplo). En su alegato la APDH expresó, acertadamente, que no existía una pena que pudiera reparar tanto daño y que justamente solicitaría aplicar la máxima pena ¿Cómo justifica haber pedido sólo 6 años de condena para el Comisario y encargado de la comisaría de Cinco Saltos, Desiderio Penchulef, que está imputado por dos hechos de privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos físicos y psíquicos? Teniendo en cuenta ese pedido, ¿se pueden sostener las penas de más de 20 años que solicitó para Genocidas imputados por los mismos delitos? ¿Es posible luchar por las torturas de las fuerzas represivas actuales en los barrios y en las cárceles con semejante precedente?
No obstante sabemos que sólo la lucha y la movilización pueden derrotar la impunidad que los distintos gobiernos han tratado de sostener. Es por ello que nos sumamos a las convocatorias y acciones tendientes a defender una lucha que no es privativa de un sector sino que le corresponde al pueblo trabajador que día a día sufre las consecuencias del genocidio, la impunidad y la continuidad del aparato represor.
¡ LA VERDAD ES Y SEGUIRÁ SIENDO REVOLUCIONARIA!
PORQUE LOS JUZGA UN TRIBUNAL Y LOS CONDENAMOS TODOS EXIGIMOS:
CONDENA POR GENOCIDIO, CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS RESPONSABLES.
ACTIVAR
-Lucha y Organización contra el Genocidio y la Impunidad-
Octubre de 2012 — con Hijos Ex-Detenidos Mdq, Hijos Resiste, Corriente de Trabajadores y Sindicato Trabajadores Construccion Sitraic, PO Neuquén, Apdn La Plata, Fiske RedxlaIdentidad, Hijos Madrid, Cambio Psicosocial,Antena Libre, Omar Villablanca, La Brecha Comahue, LA Dario Santillan Tucuman, Apdh Rosario, Hijos Río Cuarto, Comunicadoras Populares En Red, Barricada Teves, Unter Seccional Seccional Roca, Corriente Surcos La Plata, Federacion Universitaria Patagonica, Secretaría De Prensa Fadecs Fadel, Ces Sindicales, Federacion Universitaria Comahue, Comisión De Mujeres Fadecs-Fadel, Sindicato De Prensa Neuquén,Adosac Puerto Santa Cruz, Adosac Filial El Calafate,Insurgentes Cehuma, Adosac Filial Rio Turbio,Wayruro Comunicación, Cta Fisque Menuco, Adosac Las Heras, Apdh Misiones, Culturas Itinerantes yFlor Lezcano.
10/09/2012
EL “CIRCUITO CAMPS” A LA VANGUARDIA DE LOS MUERTOS IMPUNES
Murió el genocida Saint Jean
Posicionando a la ciudad de La Plata a la vanguardia en la situación de impunidad de que gozan los represores de la última dictadura pese a la reapertura de los procesos judiciales en su contra, el pasado viernes falleció impune el tercer genocida imputado en el juicio “Circuito Camps”: el ex gobernador militar de la Provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint Jean.
Tras los fallecimientos en total impunidad de los represores Rubén Paéz (jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata entre junio y diciembre del ‘77) en febrero pasado y de Alejandro Arias Duval (jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata entre ‘76-‘79) en mayo de este año, la muerte del geronte Saint Jean, de 90 años, confirmó al proceso “Circuito Camps” como el juicio con mayor cantidad de represores muertos impunes durante las audiencias, lo que como mínimo debería llamar la atención sobre la falta de celeridad general del proceso.
Nacido en Chascomús, en septiembre de 1922, Saint Jean ingresó en el Colegio Militar en 1940. Fue director de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, agregado militar en Brasil y pasó a retiro en febrero del ’73. Designado gobernador de facto en la dictadura por Decreto n° 47 del 7 de abril del ‘76, ocupó el cargo hasta el 28 de marzo de 1981.
Beneficiado durante décadas con las leyes de impunidad, Saint Jean fue procesado a indagado en mayo de 2008. En el juicio “Circuito Camps” se señalaba su responsabilidad en la organización del plan represivo, en cuanto a la provisión y sostenimiento de la estructura edilicia, del personal y de los medios materiales indispensables para la realización de las conductas ilícitas perpetradas durante toda su fase ejecutiva. La acusación fiscal afirmaba que “Saint Jean asumió la gobernación de la provincia a sabiendas de que tal circunstancia requería ser parte de un plan criminal” y que “la Policía de la provincia de Buenos Aires no pudo haber funcionado con independencia del Poder Ejecutivo Provincial, así como tampoco pudo estar a disposición de otro organismo sin la decisión de este poder”.
Pese a su importante rol en la cadena de mandos represivos, la imputación a Saint Jean es una muestra del recorte fragmentación que la justicia realiza en estos procesos: se lo acusaba sólo por 62 casos de secuestros, torturas y un homicidio, ocurridos en el CCD “Puesto Vasco”, entre ellos los sufridos por integrantes del “Grupo Graiver” y ministros del gobernador Victorio Calabró.
Saint Jean fue uno de los 15 genocidas cuya situación acusatoria se agravó en septiembre pasado, merced a la impecable actuación de la querella del espacio “Justicia Ya!” que logró ampliar la acusación por los homicidios de al menos 33 víctimas cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Ello importaba la posibilidad de condenarlo a prisión perpetua, por eso el tribunal le había revocado la domiciliaria de la que gozaba desde hace años en su departamento porteño de calle Cabildo N°639 y lo mandó al hospital penitenciario de Ezeiza.
En las dos posibilidades de declarar que tuvo en el marco del juicio “Circuito Camps” se llamó a silencio, como la mayoría de los genocidas allí juzgados.
La justicia a cuentagotas sigue inclinando el fiel de la balanza hacia la impunidad, ya que a más de 9 años de caídas las leyes de impunidad son 313 los genocidas procesados muertos impunes contra 261 condenados.
Algunos de los últimos genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena.
El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes.
En diciembre de 2011, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. Y en febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.
Las muertes impunes de Paez, Arias Duval y Saint Jean, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti, Osvaldo Sertorio y otros en las causas de La Plata, no hacen más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones.
De hecho en La Plata, aún con el proceso recortado por el “Circuito Camps” de 26 (ahora menos 3) represores imputados por unas 280 víctimas, en 2012 no se condenó a ningún genocida. Y suman sólo 20 los represores condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. Y hay en la Jurisdicción federal de La Plata unas 20 causas en instrucción con 94 procesamientos sobre 62 represores a ser juzgados en inciertos próximos juicios.
Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.
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