EL “CIRCUITO CAMPS” A LA VANGUARDIA DE LOS MUERTOS IMPUNES

Murió el genocida Saint Jean

Posicionando a la ciudad de La Plata a la vanguardia en la situación de impunidad de que gozan los represores de la última dictadura pese a la reapertura de los procesos judiciales en su contra, el pasado viernes falleció impune el tercer genocida imputado en el juicio “Circuito Camps”: el ex gobernador militar de la Provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint Jean.

Tras los fallecimientos en total impunidad de los represores Rubén Paéz (jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata entre junio y diciembre del ‘77) en febrero pasado y de Alejandro Arias Duval (jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata entre ‘76-‘79) en mayo de este año, la muerte del geronte Saint Jean, de 90 años, confirmó al proceso “Circuito Camps” como el juicio con mayor cantidad de represores muertos impunes durante las audiencias, lo que como mínimo debería llamar la atención sobre la falta de celeridad general del proceso.

Nacido en Chascomús, en septiembre de 1922, Saint Jean ingresó en el Colegio Militar en 1940. Fue director de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, agregado militar en Brasil y pasó a retiro en febrero del ’73. Designado gobernador de facto en la dictadura por Decreto n° 47 del 7 de abril del ‘76, ocupó el cargo hasta el 28 de marzo de 1981.

Beneficiado durante décadas con las leyes de impunidad, Saint Jean fue procesado a indagado en mayo de 2008. En el juicio “Circuito Camps” se señalaba su responsabilidad en la organización del plan represivo, en cuanto a la provisión y sostenimiento de la estructura edilicia, del personal y de los medios materiales indispensables para la realización de las conductas ilícitas perpetradas durante toda su fase ejecutiva. La acusación fiscal afirmaba que “Saint Jean asumió la gobernación de la provincia a sabiendas de que tal circunstancia requería ser parte de un plan criminal” y que “la Policía de la provincia de Buenos Aires no pudo haber funcionado con independencia del Poder Ejecutivo Provincial, así como tampoco pudo estar a disposición de otro organismo sin la decisión de este poder”.

Pese a su importante rol en la cadena de mandos represivos, la imputación a Saint Jean es una muestra del recorte  fragmentación que la justicia realiza en estos procesos: se lo acusaba sólo por 62 casos de secuestros, torturas y un homicidio, ocurridos en el CCD “Puesto Vasco”, entre ellos los sufridos por integrantes del “Grupo Graiver” y ministros del gobernador Victorio Calabró.

Saint Jean fue uno de los 15 genocidas cuya situación acusatoria se agravó en septiembre pasado, merced a la impecable actuación de la querella del espacio “Justicia Ya!” que logró ampliar la acusación por los homicidios de al menos 33 víctimas cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Ello importaba la posibilidad de condenarlo a prisión perpetua, por eso el tribunal le había revocado la domiciliaria de la que gozaba desde hace años en su departamento porteño de calle Cabildo N°639 y lo mandó al hospital penitenciario de Ezeiza.  

En las dos posibilidades de declarar que tuvo en el marco del juicio “Circuito Camps” se llamó a silencio, como la mayoría de los genocidas allí juzgados.

La justicia a cuentagotas sigue inclinando el fiel de la balanza hacia la impunidad, ya que a más de 9 años de caídas las leyes de impunidad son 313 los genocidas procesados muertos impunes contra 261 condenados.

Algunos de los últimos genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena.

El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes.

En diciembre de 2011, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. Y en febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

Las muertes impunes de Paez, Arias Duval y Saint Jean, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti, Osvaldo Sertorio y otros en las causas de La Plata, no hacen más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones.

De hecho en La Plata, aún con el proceso recortado por el “Circuito Camps” de 26 (ahora menos 3) represores imputados por unas 280 víctimas, en 2012 no se condenó a ningún genocida. Y suman sólo 20 los represores condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. Y hay en la Jurisdicción federal de La Plata unas 20 causas en instrucción con 94 procesamientos sobre 62 represores a ser juzgados en inciertos próximos juicios.

Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.