10/23/2012

LOS JUZGA UN TRIBUNAL, LOS CONDENAMOS TODOS!

La lógica en que se están desarrollando los juicios a los represores, con el desguace de la causa, su división en etapas a criterios discrecionales, la permanente revictimización de las víctimas, los beneficios de que gozan los genocidas y su imputación por delitos comunes lleva a contradicciones difíciles de explicar. 
Ningún sujeto político puede quedar afuera del debate, porque problematizar estos juicios nos permite respetar la verdad histórica, es por eso que vale preguntarnos: ¿es posible que para un Genocida como Raúl Guglielminetti, de tamaña participación durante la planificación y ejecución del plan genocida, no se solicite reclusión perpetua? ¿Es posible que José Luis Caceres, miembro de la Triple A , custodio y matón de Remus Tetus, captor y torturador de muchos compañeros, sea mantenido como víctima Y TESTIGO PROTEGIDO? ¿Es posible que para Desiderio Penchulef, Comisario de Río Negro y Jefe de la Comisaría de Cinco Saltos, imputado por secuestro y torturas, se solicite sólo 6 años de Prisión? ¿Es posible no haya ningún imputado de la Policía Federal , ni del Servicio Penitenciario ni de la Policía de Neuquén en este Juicio, cuando se ha comprobado en la causa la participación conjunta de las fuerzas represivas junto a las FF AA en los operativos? ¿Es posible que hayan desfilado como meros testigos Policias que han manifestado haber sido los captores de compañeros o haber conducido operativos de secuestros?

Estas son sólo algunas preguntas que nos permiten también ALEGAR y poner de manifiesto las tamañas arbitrariedades y contradicciones de este proceso judicial que lejos está al día de hoy de permitirnos hablar de “Justicia”.

Por más de 30 años, a través de su lucha constante contra la impunidad, los compañeros ex detenidos, familiares de desaparecidos, organizaciones de DD HH y el pueblo trabajador en su conjunto fueron construyendo una memoria colectiva y una verdad histórica que no se corresponden con estas decisiones políticas y jurídicas de algunas de las partes de este Juicio.

El Estado, con su doble representación (Fiscalía y Secretaría de DD HH), nada ha dicho de las responsabilidades que le competen para seguir atacando la impunidad. No sólo ha pedido penas escandalosas hacia los genocidas que grafican lo impúdico de sus alegatos sino que tampoco procede a la apertura de los archivos de la dictadura ni a dar de baja a los cientos de genocidas que aún cumplen funciones o que cobran jubilaciones con “honores” decretados por este gobierno (como el caso de Vittón, quien está siendo juzgado como jefe de la sub área represiva 5.2.1.1).

Por un lado la Secretaría de DD. HH. reconoce que los delitos de lesa humanidad se cometieron en el marco de un genocidio, pero les imputa a los Genocidas penas bochornosas de 20 a 6 años de prisión por delitos comunes. 

Por otro lado, la Fiscalía sólo reconoce que fue un plan criminal y clandestino desde el aparato estatal y solicita penas de 24 a 5 años de prisión. Alega que es un atenuante para la totalidad de los imputados gozar del concepto de ser “buenos vecinos”. TAL COMO LO ESTA LEYENDO: PARA LA FISCALÍA LOS EJECUTORES DE ESTE PLAN GENOCIDA QUE SECUESTRARON, TORTURARON Y DESAPARECIERON A NUESTROS COMPAÑEROS DEBEN SER CONSIDERADOS COMO BUENOS VECINOS Y POR ENDE GOZAR DE PARTE DE LOS ATENUANTES QUE PERMITE UTILIZAR EL CODIGO PENAL.

El bochornoso alegato del ministerio fiscal y la deprimente pena solicitada fueron justificados sobre los argumentos de que "imputan bajo criterios legales, que cuidan el debido proceso y no buscan venganza". Sin duda, al expresar estas afirmaciones pretenden poner motes de “vengadores”, “ignorantes” o “resentidos” a aquellos que criticamos su accionar. Se olvida la fiscalía de que durante todos estos años este pueblo, los familiares de los/as desaparecidos/as y los mismos sobrevivientes no lucharon para “mandar a los genocidas al paredón”, ni los movilizó la sed de venganza sino todo lo contrario: la lucha los encontró en las calles reclamando el “juicio y castigo a los culpables” y la justicia verdadera.

Pero, mal que les pese, tenemos argumentos, ejemplos y hechos que demuestran que sus decisiones y el pedido de pena constituyen una postura ideológica y no mero legalismo. No podemos entender este proceso judicial sin una explicación política del mismo. Las partes en el juicio deciden qué “biblioteca” y POSICIÓN IDEOLÓGICA defender.

Existen argumentos jurídicos, políticos, históricos, doctrinarios y jurisprudenciales que ya han expresado que es posible afirmar que lo ocurrido en Argentina fue un Genocidio. Al día de la fecha, 11 sentencias lo han confirmado. Muchos de esos fallos han sido ratificados por la Corte Suprema , por lo que están firmes. Por otro lado, existen alegatos de fiscales y fallos de jueces que se han expresado a favor de la posibilidad legal de condenar directamente por Genocidio (fallo en disidencia de causa Nicklison y alegato del fiscal en causa ABO).

La Fiscalía eligió ignorar estos precedentes, pero es la misma Fiscalía que no duda en llevar a Juicio por luchar a compañeros como Guagliardo y Huth, de ATEN, que debieron enfrentar un juicio oral ante la requisitoria y elevación a juicio que llevó adelante la Fiscalía Federal. Tampoco duda en procesar a decenas de compañeros por salir a protestar a las rutas, como hizo en el caso de la abogada de los ceramistas, Natalia Hormazabal. 

Por otro lado, la querella de la APDH ha reconocido que lo ocurrido en Argentina fue un plan genocida (no así en el juicio del 2008). Sin embargo, para que esto no sea meramente declarativo, se debe instar esta imputación ya desde las indagatorias, los procesamientos y la elevación a juicio. Este organismo se ha encargado de mantener una postura que no representa la lucha popular que ha permitido que algunos genocidas deban sentarse en el banquillo de los acusados. No podemos sostener de ninguna manera que los Juicios son parte de una “culminación” de la lucha por la Verdad , Memoria y Justicia. Menos aún justificar la imputación por Homicidio de los casos de los compañeros desaparecidos. 

¿Es posible que una Organización de DD HH impute a los Genocidas por delitos comunes y se permita no pedir prisión perpetua para la mayoría de ellos? (25 años a Guglieminetti es un claro ejemplo). En su alegato la APDH expresó, acertadamente, que no existía una pena que pudiera reparar tanto daño y que justamente solicitaría aplicar la máxima pena ¿Cómo justifica haber pedido sólo 6 años de condena para el Comisario y encargado de la comisaría de Cinco Saltos, Desiderio Penchulef, que está imputado por dos hechos de privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos físicos y psíquicos? Teniendo en cuenta ese pedido, ¿se pueden sostener las penas de más de 20 años que solicitó para Genocidas imputados por los mismos delitos? ¿Es posible luchar por las torturas de las fuerzas represivas actuales en los barrios y en las cárceles con semejante precedente? 

No obstante sabemos que sólo la lucha y la movilización pueden derrotar la impunidad que los distintos gobiernos han tratado de sostener. Es por ello que nos sumamos a las convocatorias y acciones tendientes a defender una lucha que no es privativa de un sector sino que le corresponde al pueblo trabajador que día a día sufre las consecuencias del genocidio, la impunidad y la continuidad del aparato represor.
¡ LA VERDAD ES Y SEGUIRÁ SIENDO REVOLUCIONARIA!

PORQUE LOS JUZGA UN TRIBUNAL Y LOS CONDENAMOS TODOS EXIGIMOS:
CONDENA POR GENOCIDIO, CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS RESPONSABLES.

ACTIVAR 
-Lucha y Organización contra el Genocidio y la Impunidad- 
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