La desaparición forzada de personas fue un mecanismo diseñado por el terrorismo de Estado para aniquilar a los luchadores populares, pero también para vulnerabilizar nuestra subjetividad, aislarnos con el miedo y paralizarnos como sociedad.
Las consecuencias de esta perversa mecánica atraviesan a varias generaciones, y nos dejaron a los HIJOS de desaparecidos un aprendizaje: la certeza de que la desaparición forzada durante la dictadura se produjo por razones políticas, que implicaban una disputa del poder real en nuestro país, y cuyo resultado inmediato fue la tortura para obtener información, el asesinato y ocultamiento del cuerpo de la persona secuestrada para sostener la impunidad del crimen.
En todos estos años venimos denunciando la continuidad de la práctica de la desaparición en las fuerzas represivas del Estado como una herramienta necesaria de los sectores dominantes para seguir imponiendo sus objetivos.
Los casos de Andrés Nuñez en 1990, Miguel Bru en 1993 y Jorge Julio López en 2006 sintetizan dos décadas de reconversión de aquella mecánica de la desaparición, hacia el actual disciplinamiento social de todo aquel que no sea cómplice del esquema mafioso de explotación: Luciano Arruga por no querer robar para la policía, Facundo Rivera por no aceptar la arbitrariedad de las razzias en los barrios, Daniel Solano y Mario Golemba por ser referentes gremiales, y con ello, enemigos automáticos del poder feudal de las zonas rurales.
Pero para entender esto hay que insistir en que estos no son casos aislados, ni “excesos”: así lo prueban los más de 3.800 asesinados en el gatillo fácil y las más de 200 personas desaparecidas en los 29 años desde concluida la dictadura. No es un dato menor que el blanco sea siempre el joven, el pobre, el morocho, aquel que es construido mediáticamente como elemento “inútil” para el sistema, pero que a su vez representa el sector convocado generacionalmente a transformarlo.
El caso de Luciano desnuda las graves contradicciones que pretenden evadir las instituciones en el gobierno de los “Derechos Humanos” y muestra la compleja trama de complicidades que hacen posible el sostenimiento de la impunidad.
Con décadas de demora para el país de los 30 mil desaparecidos, una reforma legislativa incorporó al Código Penal en 2011 el delito de privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado. La justicia sostuvo durante casi 4 años la carátula de la causa como “averiguación de paradero”, para no hacerse cargo de la real dimensión del hecho. El ministerio público designó para hacerse cargo de la primera etapa de la investigación a la peor calaña del área de Investigaciones de la Maldita Policía de Duhalde. El poder político de Nación no recibió a los familiares y silenció el tema. El provincial protegió a los policías implicados y los puso a reprimir en otras dependencias. Y el municipio, que había inaugurado el Destacamento por presiones de los reclamos de mayor “seguridad”, pidió perdón y reconvirtió en forma oportunista el espacio, para terminar cerrándolo, abandonándolo y negando al grupo de Familiares y Amigos su participación en el predio.
Claramente, el espacio se cerró porque la voluntad de los familiares no era hacer un museo meramente testimonial y obsecuente con el poder de turno, como en muchos otros “Sitios de Memoria” se observa, sino un espacio independiente y de referencia para la lucha antirrepresiva de hoy.
Porque no podemos naturalizar la recurrencia de la práctica de la desaparición de personas, acompañamos el sostenimiento firme del reclamo del grupo de Familiares y Amigos en el esclarecimiento del caso, en el juicio y castigo a todos los policías implicados, en la denuncia de las complicidades políticas y judiciales, y en la apertura definitiva del espacio desde donde se llevaron a Luciano.
Por todo eso, a 4 años sin Luciano, seguimos estando en las calles resistiendo a la represión en todas sus formas y por la construcción de una sociedad distinta.
HIJOS EN LUCHA: HIJOS La Plata- H.I.J.O.S Alto Valle- H.I.J.O.S Bariloche
ENERO DE 2013
Las consecuencias de esta perversa mecánica atraviesan a varias generaciones, y nos dejaron a los HIJOS de desaparecidos un aprendizaje: la certeza de que la desaparición forzada durante la dictadura se produjo por razones políticas, que implicaban una disputa del poder real en nuestro país, y cuyo resultado inmediato fue la tortura para obtener información, el asesinato y ocultamiento del cuerpo de la persona secuestrada para sostener la impunidad del crimen.
En todos estos años venimos denunciando la continuidad de la práctica de la desaparición en las fuerzas represivas del Estado como una herramienta necesaria de los sectores dominantes para seguir imponiendo sus objetivos.
Los casos de Andrés Nuñez en 1990, Miguel Bru en 1993 y Jorge Julio López en 2006 sintetizan dos décadas de reconversión de aquella mecánica de la desaparición, hacia el actual disciplinamiento social de todo aquel que no sea cómplice del esquema mafioso de explotación: Luciano Arruga por no querer robar para la policía, Facundo Rivera por no aceptar la arbitrariedad de las razzias en los barrios, Daniel Solano y Mario Golemba por ser referentes gremiales, y con ello, enemigos automáticos del poder feudal de las zonas rurales.
Pero para entender esto hay que insistir en que estos no son casos aislados, ni “excesos”: así lo prueban los más de 3.800 asesinados en el gatillo fácil y las más de 200 personas desaparecidas en los 29 años desde concluida la dictadura. No es un dato menor que el blanco sea siempre el joven, el pobre, el morocho, aquel que es construido mediáticamente como elemento “inútil” para el sistema, pero que a su vez representa el sector convocado generacionalmente a transformarlo.
El caso de Luciano desnuda las graves contradicciones que pretenden evadir las instituciones en el gobierno de los “Derechos Humanos” y muestra la compleja trama de complicidades que hacen posible el sostenimiento de la impunidad.
Con décadas de demora para el país de los 30 mil desaparecidos, una reforma legislativa incorporó al Código Penal en 2011 el delito de privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado. La justicia sostuvo durante casi 4 años la carátula de la causa como “averiguación de paradero”, para no hacerse cargo de la real dimensión del hecho. El ministerio público designó para hacerse cargo de la primera etapa de la investigación a la peor calaña del área de Investigaciones de la Maldita Policía de Duhalde. El poder político de Nación no recibió a los familiares y silenció el tema. El provincial protegió a los policías implicados y los puso a reprimir en otras dependencias. Y el municipio, que había inaugurado el Destacamento por presiones de los reclamos de mayor “seguridad”, pidió perdón y reconvirtió en forma oportunista el espacio, para terminar cerrándolo, abandonándolo y negando al grupo de Familiares y Amigos su participación en el predio.
Claramente, el espacio se cerró porque la voluntad de los familiares no era hacer un museo meramente testimonial y obsecuente con el poder de turno, como en muchos otros “Sitios de Memoria” se observa, sino un espacio independiente y de referencia para la lucha antirrepresiva de hoy.
Porque no podemos naturalizar la recurrencia de la práctica de la desaparición de personas, acompañamos el sostenimiento firme del reclamo del grupo de Familiares y Amigos en el esclarecimiento del caso, en el juicio y castigo a todos los policías implicados, en la denuncia de las complicidades políticas y judiciales, y en la apertura definitiva del espacio desde donde se llevaron a Luciano.
Por todo eso, a 4 años sin Luciano, seguimos estando en las calles resistiendo a la represión en todas sus formas y por la construcción de una sociedad distinta.
HIJOS EN LUCHA: HIJOS La Plata- H.I.J.O.S Alto Valle- H.I.J.O.S Bariloche
ENERO DE 2013
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