2/17/2012

Las repercusiones por el espionaje de la Gendarmeria en movimientos sociales

 La Gendarmería en el banquillo Legisladores de la oposición pidieron que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, vaya al Congreso para dar explicaciones sobre la acusación por las tareas de espionaje que la Gendarmería realizó sobre delegados e integrantes de organizaciones sociales. La denuncia de que gendarmes se infiltraron vestidos de civil en cortes de calles para identificar manifestantes y armaron una base de datos –el llamado Proyecto X– con información sobre las organizaciones sociales y cuerpos de delegados generó fuertes reclamos. La investigación del caso está a cargo del juez Norberto Oyarbide. El tema tomó estado público en noviembre pasado, cuando Página/12 dio a conocer la denuncia judicial preparada por el delegado de Kraft Javier Hermosilla, Nora Cortiñas –de Madres Línea Fundadora–, Victoria Moyano y Miriam Bregman –del Ceprodh– y María del Carmen Verdú –de la Correpi–. 

En esa nota, se detallaba la presentación judicial que denunciaba que gendarmes de la Unidad Especial de Procedimiento Judicial, a partir de la orden judicial de intervenir en manifestaciones, fueron más allá y se “entremezclaron en la multitud vestidos de civil para identificar a los cabecillas”. En el caso del ex delegado de Kraft Ramón Bogado, llegaron a informar sobre reuniones que se hicieron en su casa y lo que allí se decidía. Hace dos semanas, se informó que la Gendarmería había enviado al juzgado un informe firmado por el titular de la fuerza, Héctor Schenone, en el que reconoció que mandó personal de civil a las marchas. 

El informe mencionó que tienen acceso a bases de datos y agregó que poseen una propia denominada Proyecto X, para “entrecruzar datos y generar relaciones entre los mismos”. En esa nota la Gendarmería no aceptó explícitamente que esa base de datos tuviera como objetivo el espionaje interno contra delegados gremiales y manifestantes de organizaciones sociales. Tras conocerse los detalles de la denuncia y el escrito de Gendarmería, los senadores radicales Luis Naidenoff y Gerardo Morales anunciaron que pedirán la interpelación de la ministra Nilda Garré. El pedido, agregaron, será formalizado en marzo en la primera sesión de la Cámara alta. 

Por su parte, los diputados Patricia Bullrich (Unión por Todos), Federico Pinedo y Gabriela Michetti (PRO), Eduardo Amadeo (PJ Federal), Ricardo Buryaile (UCR), Gerardo Milman (GEN) y Ramona Pucheta (MIJD) dijeron que citarán a la ministra a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja. También hubo un reclamo desde los movimientos sociales que apoyan al kirchnerismo, formulado por Luis D’Elía, que rechazó la metodología de la Gendarmería para espiar a la dirigencia social y manifestó su confianza en que el Gobierno revertirá la situación. “No tenemos ninguna duda de que la presidenta Cristina Fernández y la ministra de Seguridad Nilda Garré van a actuar con todo el rigor necesario”, dijo el dirigente. La abogada Myriam Bregman apuntó que, más allá de la investigación que haga el juzgado para determinar si hubo delito, la Gendarmería desconoce “el Punto 11 del Protocolo que viabilizó la ministra Garré, en el que se les explica a las provincias cómo deben actuar y se ratifica que no pueden hacer Inteligencia interna”. En ese Punto 11, siguió, “se dice que los integrantes de las fuerzas no pueden vestir de civil”. Según Bregman, “en la práctica, los gendarmes reprimen y desalojan, pero también arman informes de Inteligencia y luego se presentan como testigos en las causas y terminan siendo la prueba de cargo para que los compañeros terminen procesados.