9/29/2013
9/04/2013
8/28/2013
La Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes repudia la designación de Alejandro Marambio
Comunicado de prensaLa Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes repudia la designación de Alejandro Marambio como nuevo jefe de Servicio Penitenciario Nacional, luego de que este fuera denunciado en reiteradas oportunidades por organismos de Derechos Humanos, a causa de su desempeño entre 2007-2010, momento en que se lo denunciara por cientos de asesinatos y torturas reiteradas de miles de reclusos y el ataque persecutorio que haya recibido el programa UBA Siglo XXII del Centro Universitario Devoto
A punto de cumplirse siete años de la desaparición forzada de Jorge Julio López, repudiamos este nuevo aval del gobierno al apoyar su política en personajes que están sospechados de crímenes que oscurecieron nuestro país, demostrando una vez mas el doble discurso kirchnerista sobre la política de Derechos Humanos de la que tantas veces, dijo levantar su bandera.
NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY.
COMISIÓN DE HOMENAJE A MADRES DE PAZA DE MAYO DE QUILMES.
MARAMBIO – MILANI Y LA VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
A un mes de cumplirse 7 años de la desaparición de Jorge Julio López, el gobierno nacional vuelve a tomar una medida que promueve las violaciones a los derechos humanos: el nombramiento de Alejandro Marambio como nuevo jefe del Servicio Penitenciario Federal, luego que tuviera que despedir a toda la cúpula del SPF como consecuencia de la fuga reiterada de presos, expresión cabal del nivel de putrefacción en que se encuentra la institución carcelaria.
Alejandro Marambio ya estuvo a cargo del SPF entre los años 2007 y 2010. Su gestión fue denunciada por los asesinatos de cientos de presos, las torturas de miles de reclusos y el ataque más virulento y fachista que haya recibido el programa UBA Siglo XXII del Centro Universitario Devoto. Por estos hechos fue impugnado como aspirante ante el Consejo de la Magistratura, en el concurso 267 para cubrir uno de los tres juzgados vacantes del fuero de Ejecución Penal, por diversos Organismos de Derechos Humanos. En ese momento el ala oficialista del Consejo desestimó estas impugnaciones.
Esta decisión, por repetitiva, demuestra una política de gobierno.
Hace unos meses atrás la Presidenta de la Nación nombró como Jefe del Ejército a César Milani, denunciado por su participación durante la dictadura como personal de Inteligencia en la desaparición del conscripto Alberto Ledo y en el secuestro y torturas de Ramón Olivera y su padre. Ahora nombra como jefe del SPF a Alejandro Marambio, denunciado por encabezar una gestión de torturas y asesinatos de presos, y de persecución a aquellos que intentan reinsertarlos socialmente.
Mientras tanto este mismo gobierno criminaliza la protesta, reprimiendo y enjuiciando a los que luchan por sus derechos, manteniendo las injustas prisiones de los presos de Corral de Bustos y Bariloche.
Exigimos:
● Separación de Alejandro Marambio como Jefe del Servicio penitenciario federal y de César Milani como jefe del Ejército
● Investigación de las torturas y asesinatos ocurridos en las cárceles durante la anterior gestión de Alejandro Marambio
● Enjuiciamiento de César Milani por la desaparición de Alberto Agapito Ledo y de los secuestros y torturas de Ramón Alfredo Olivera y su padre.
● Basta de criminalizar la protesta. Libertad a los presos de Corral de Bustos y Bariloche.
El 18 de setiembre marchemos por la Aparición Con Vida de Jorge Julio López, contra el silencio de la Presidenta Cristina Fernández y la Impunidad de Ayer y de Hoy
ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Organismos de Derechos Humanos:
Asociación de ex - Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Asociación de Profesionales en Lucha (APEL)
Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)
Colectivo Memoria Militante
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP)
Liberpueblo
8/09/2013
Abrazo al Banco Nacional de Datos Genéticos
Esta semana, organismos y militantes de Derechos Humanos presentamos una medida cautelar contra la transferencia del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En el mismo escrito solicitamos, además, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la ley 26.548 que restringen la competencia del BNDG a los casos de lesa humanidad previos al 10 de diciembre de 1983, porque excluye las causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas ocurridas bajo gobiernos constitucionales, como fueron las de Julio López, Luciano Arruga, Marita Verón y Daniel Solano, entre otros. El escrito quedó radicado en el Juzgado en lo Contencioso-Administrativo Nro 1, a cargo del juez Ernesto Marinelli.2...
Además, realizamos un abrazo simbólico a la actual sede del BNDG, en el Hospital Durand, para manifestarnos contra el desguace y vaciamiento del Banco. Sus trabajadores salieron del laboratorio para saludar la manifestación. Por último, una delegación fue recibida por directivos del Hospital, a quienes se les transmitió de manera directa el reclamo. Al finalizar la reunión, donde se logró conversar con el director del hospital, y último director del BNDG hasta que fue separado del cargo por el decreto que reglamenta la ley de traslado, Carlos Lordkipanidse de la AEDD informó: “Es un acérrimo defensor de que el Banco quede en este lugar. Nos dijo que pensaba resistir con la fuerza pública si venían a sacarle el Banco. Y como una de las excusas para el traslado es que aquí no hay espacio, dispuso que el área de Inmunología, que comparte espacio con el Banco, se traslade al segundo piso del edificio contiguo.
Con ello quedaría descartado el argumento de la falta de lugar. Y se comprometió a que, en caso de que hay alguna clase de acuerdo entre los gobiernos porteño y nacional para efectivizar el traslado, avisarnos en forma inmediata para que movilicemos para evitarlo”.
El traslado del BNDG Hospital Durand –donde funciona actualmente- a la nueva sede, responde al objetivo del gobierno nacional de convertir al BNDG en la plataforma de un “Instituto de Genómica Humana” en sociedad con laboratorios y capitales privados.
3...
Desde que fue creado en 1987, la responsabilidad sobre el BNDG estuvo compartida entre los gobiernos de la Ciudad y de Nación. Ante este manotazo del gobierno nacional, el gobierno porteño ha mantenido un silencio cómplice.
Nuestro reclamo cuenta con el apoyo de decenas de luchadores de intachable trayectoria en la defensa de los derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen y M.Esther Biscayard de Tello; las Abuelas “Chicha” Mariani y Elsa Pavón, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre muchos otros.
Continuaremos esta lucha contra vaciamiento del BNDG, por un Banco al servicio de todos, por el derecho a la Identidad y por el juicio y castigo a todos los culpables.
Asociación Anahí
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos – AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha – APeL
Colectivo Memoria Militante
HIJOS La Plata
Familiares y Militantes de Derechos Humanos
El traslado del BNDG Hospital Durand –donde funciona actualmente- a la nueva sede, responde al objetivo del gobierno nacional de convertir al BNDG en la plataforma de un “Instituto de Genómica Humana” en sociedad con laboratorios y capitales privados.
3...
Desde que fue creado en 1987, la responsabilidad sobre el BNDG estuvo compartida entre los gobiernos de la Ciudad y de Nación. Ante este manotazo del gobierno nacional, el gobierno porteño ha mantenido un silencio cómplice.
Nuestro reclamo cuenta con el apoyo de decenas de luchadores de intachable trayectoria en la defensa de los derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen y M.Esther Biscayard de Tello; las Abuelas “Chicha” Mariani y Elsa Pavón, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre muchos otros.
Continuaremos esta lucha contra vaciamiento del BNDG, por un Banco al servicio de todos, por el derecho a la Identidad y por el juicio y castigo a todos los culpables.
Asociación Anahí
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos – AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha – APeL
Colectivo Memoria Militante
HIJOS La Plata
Familiares y Militantes de Derechos Humanos
8/06/2013
¡¡ Basta de impunidad para Gerardo Martínez !!
El próximo miércoles 7 de agosto a las 10hs organismos de Derechos Humanos y organizaciones sindicales nos presentaremos en audiencia ante la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal para volver a reclamar que la justicia investigue la participación del Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 Gerardo Martínez durante la última dictadura cívico militar.
A principio de año esta misma Cámara aceptó la apelación planteada por estas organizaciones y ordenó al Juez Ariel Lijo de que reabra la causa, investigue la participación del agente de inteligencia Gerardo Martínez y su responsabilidades en el accionar represivo de la última dictadura. Asimismo revocó la Cámara la resolución del Juez Lijo de no aceptar a los solicitantes como querellantes, ordenándole solicitar los estatutos de las organizaciones que habían solicitado ser tenidas como querellantes y a partir de éstos tomarlos como tales para permitirles impulsar la causa, según lo determinado por el art 82 del Código Procesal Penal de la Nación.
En vez de ésto el Juez Lijo solo requirió los estatutos de las organizaciones que solicitaron ser querellantes e inmediatamente después vuelve a archivar la causa argumentando no tener que investigar, luego de no haber investigado ni permitido que se investigue. Garantizando de esta forma la impunidad del agente de inteligencia Gerardo Martínez
Por tal motivo que nuevamente nos presentaremos ante la Cámara de Apelaciones para solicitar se nos acepte definitivamente como querellantes en la causa y la justicia comience a investigar la participación del agente de inteligencia Gerardo Martínez en la represión dictatorial.
BASTA DE IMPUNIDAD PARA GERARDO MARTINEZ
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS
APERTURA INMEDIATA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA
Organizaciones querellantes:
Asociación de ex – Detenidos Desaparecidos (AEDD),
Liga Argentina Por los Derechos del Hombre (LADH),
Institutos de Relaciones Ecuménicas (IRE),
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC).
Organizaciones denunciantes:
Liberpueblo,
Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU),
Asociación Por el Esclarecimiento Impune de la AMIA (APEMIA),
Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad,
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA),
Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA),
Movimiento Territorial Liberación (MTL),
Colectivo Popular por los Derechos Humanos del Movimiento Popular La Dignidad.
Organizaciones que aportan sus abogados para el patrocinio:
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI),
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH),
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP),
Asociación de Profesionales En Lucha (APEL)
8/05/2013
¡NO AL TRASLADO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS! PRESENTACIÓN JUDICIAL Y ABRAZO AL BANCO
Organizaciones y personalidades de los derechos humanos presentaremos una medida cautelar contra la transferencia del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Su traslado del Hospital Durand –donde funciona actualmente- a la nueva sede, responde al objetivo del gobierno nacional de convertir al BNDG en la plataforma de un “Instituto de Genómica Humana” en sociedad con laboratorios y capitales privados.
En el mismo escrito, además, solicitaremos la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la ley 26.548 que restringen la competencia del BNDG a los casos de lesa humanidad previos al 10 de diciembre de 1983, porque excluye las causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas posteriores a esa fecha, como las de Julio López, Luciano Arruga, Marita Verón y Daniel Solano, por citar algunos ejemplos, y las de supresión de estado civil en casos no relacionados a la última dictadura. Los juicios de filiación común o particular deberán recurrir –en caso de concretarse este atropello- a laboratorios privados. Esta regresión, que viola el derecho humano elemental a la identidad de las personas, fue el puntapié inicial del vaciamiento que ahora se pretende consumar
Desde que fue creado en 1987, la responsabilidad sobre el BNDG estuvo compartida entre los gobiernos de la Ciudad y de Nación. Ante este manotazo del gobierno nacional, el gobierno porteño ha mantenido un silencio cómplice.
Nuestro reclamo cuenta con el acompañamiento de luchadores de intachable trayectoria en la defensa de los derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen y M.Esther Biscayard de Tello; las Abuelas “Chicha” Mariani y Elsa Pavón, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre muchos otros.
Lunes 5 de agosto, 11 horas:En el mismo escrito, además, solicitaremos la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la ley 26.548 que restringen la competencia del BNDG a los casos de lesa humanidad previos al 10 de diciembre de 1983, porque excluye las causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas posteriores a esa fecha, como las de Julio López, Luciano Arruga, Marita Verón y Daniel Solano, por citar algunos ejemplos, y las de supresión de estado civil en casos no relacionados a la última dictadura. Los juicios de filiación común o particular deberán recurrir –en caso de concretarse este atropello- a laboratorios privados. Esta regresión, que viola el derecho humano elemental a la identidad de las personas, fue el puntapié inicial del vaciamiento que ahora se pretende consumar
Desde que fue creado en 1987, la responsabilidad sobre el BNDG estuvo compartida entre los gobiernos de la Ciudad y de Nación. Ante este manotazo del gobierno nacional, el gobierno porteño ha mantenido un silencio cómplice.
Nuestro reclamo cuenta con el acompañamiento de luchadores de intachable trayectoria en la defensa de los derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen y M.Esther Biscayard de Tello; las Abuelas “Chicha” Mariani y Elsa Pavón, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre muchos otros.
Abrazo simbólico al Banco Nacional de Datos Genéticos Hospital Durand, Av. Díaz Vélez 5044- CABA.
Convocan
Asociación Anahí
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos – AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha – APeL
Colectivo Memoria Militante
Hijos La Plata
Familiares y Militantes de Derechos Humanos
ADHIEREN:
Elia Espen - DNI 3.080.703
Elsa Pavón -DNI 3.387.071
Elsa Oshiro -DNI 11.433.791
María Isabel Chicha Chorobik de Mariani -DNI 8.319.665
Mirta Acuña de Baravalle -DNI 0.302.436
Nora Cortiñas -DNI 0.019.538
Rosa Isabella Valenzi -DNI 93.787.365
Adolfo Pérez Esquivel –
Alfredo Grande -DNI 7.866.247
Eduardo Nachman -DNI 12.200.970
Laura Ginsberg -DNI 12.780.7988 (APEMIA)
Herman Schiller (Periodista y Conductor)
Nuria Romina Aquino- DNI 26.329.150
Darío Leandro Estryk -DNI 33.309.264
Gonzalo Moyano -DNI 18.750.899 (Especialista en Bioética- Facultad Medicina, UBA)
Claudia Rafael (APe).
Severo Rennis- DNI 7.691.905
Graciela Leonor Berton -DNI 14.653.057
Viviana Macchione - DNI 4.976.430
Claudia Viviana Silva –DNI 17.540.934
Marcelo C. Bagnati- DNI 12.493.484
Cecilia Parrile- DNI 13. 212. 151
María del Carmen García Rocha
Ricardo Antonio Maggio -DNI 14.873.485
Cristina Nagy -DNI 6.207.208
Carla Artes Company –DNI 18.899.892
Mirta Perelmuter –DNI 11.121.025
María Leonor (Nora) Moyano- DNI 6.408.476
María Esther Tello - DNI 1.412.175
Aurora Tumanischwili Penelón (FeTERA FLORES)
Guillermo López (FeTERA FLORES)
Marta Speroni (Militante Internacionalista por los DD. HH)
Alejandro Cabrera Britos (Delegado Gral. ATE)
Igor Calvo (Militante de base del FNRP, HONDURAS)
Aline Castro (RED POR TÍ AMÉRICA, BRASIL)
Carlos Guanciarrosa (Agrupación Enrique Mosconi, FeTERA EN CTA)
Carlos Loza (JUNTA INTERNA DE ATE)
Eduardo Espinosa (ATE)
Carina Maloberti (Consejo Directivo Nacional – ATE-CTA)
Susana Rearte (Coordinadora en Defensa del Patrimonio Público y de la Soberanía)
María Rosa González (Comunicadora Social)
Ojos para la Paz (Sede España)
Beatriz Mordoh
Osvaldo Buscaya
Gustavo Oreste Gallo- DNI 12.888.862
Relataría de Niñez de la PIDHDD
Relataría de Acceso a la Justicia de la PIDHDD
Luis María Lorusso Lämmle- DNI 18.808.344
Morocha Rechi -DNI 25.851.202
Nancy María Guzmán- DNI 13.423.385
Roberto Quiroga -DNI 8.347.011
Alicia García –DNI 25.060.441
Ponce Clara Soledad
Roberto Hugo larrue –DNI 24.796.290
Damian Perego, DNI 21.945.726
Ricardo Hirschfeldt Armour , DNI 8.382.122
Gustavo Marangoni, DNI 14.026.522
Gustavo Lerer, Delegado General de ATE del Hospital Garrahan, DNI 14201747
Victor Bravo, LE 5.993.226 (Ex miembro de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de la Provincia de Rio Negro)
Lic. Alfredo Cesare Anatole France
Claudia Abraham, DNI: 16674107 Ocupación: docente Localidad: Rosario
Viviana Macchione, DNI N° 4.976.430
Luciano Andrés Valencia Escritor e historiador Cipolletti, Rio Negro, DNI: 30.727.417
JOSÉ FCO. TOMILLO OTERO, DNI 8186919
Valeria Canoni, DNI 26.794.501 (profesora y militante en Derechos Humanos)
Lic. María Victoria Poletti, DNI 26.038.362 (psicóloga)
María Isabel (Lizzie) Murphy (OLP) DNI 6701661
Elisa Ruiz, DNI 13297751
BETTY OJEDA (docente y militante de DDHH)
Marta Stefanic, DNI 17.195.447, C.A.B.A.
María Cristina Guerra, DNI 5675081
Roberto Tato Iglesias, DNI 4.399.871
Alejandro Bodart, DNI 16.507.098
Vilma Ripoll, DNI 11.603.604
Marcela D´Angelo, DNI 4 856 318
Viiana D´angelo, DNI 4 643 356
Hugo Blasco - Secretario de DDHH CTA Nacional
Lic. Mirta Isabel Fabre, DNI 5 267 585
Diana Kordon (EATIP- Equipo Argentino de Investigación Psicosocial)
Susana Gabbanelli, DNI 6545312
Mario Hernandez. Periodista. Miembro de la Comisión Directiva de la Coordinadora de
Oscar Castelnovo (periodista Agencia Walsh), CI 7757222
Santiago Gándara, Secretario General de la AGD UBA
Verónica Santillan (DNI 17.318.636)
Humberto Rios, DNI 4.526.935 (Cineasta. Argentina)
BEATRIZ SZNAIDER DNI 12.058.062
Lic. Beatriz Sznaider (Comunicación Social)
Susana Etchegoyen, DNI 12454082
Gustavo Giménez, DNI 13.512.870
Guillermo Pacagnini, DNI 11.386.123
Graciela Lorenzo, DNI 11.409.338 (La Plata)
Mariana Bosio, DNI 26788815 (Partido Comunista de los Trabajadores)
Organizaciones
Agencia de comunicación RODOLFO WALSH
Agrupación Martín Fierro (Varela – Mar del Plata y Neuquén)
Agrupación Político-Sindical Tolo Arce Argentina.
Revista Codo a Codo
Asociación Civil Profesionales Latinoamericanos/as contra el Abuso de Poder
Bandera Negra (agrupación estudiantil)
Biblioteca Popular Fernando Jara- Cipoletti- Río Negro
CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos)
Casapueblos. Campaña internacional de apoyo a los juicios contra los genocidas en
Centro Cultural "Alejandro Olmos"
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)
Colectivo Hombre Nuevo
Colectivo Signos del Topo
Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes
Comunidad Campesina de Tartagal- Salta
Convergencia Socialista
Convocatoria Alte. Brown
Convocatoria Capital Federal
Convocatoria Matanza
Convocatoria Por La Liberación Nacional Y Social, Frente Sindical, Argentina
Convocatoria Rosario
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP)
Espacio Asambleario de Parque Patricios
H.I.J.O. S Bariloche
Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia
Justicia Ya! La Plata
Liberpueblo- Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo
Medios de la CABA (COMECI)
Mutisectorial La Plata- Berisso- Ensenada
Plataforma Global contra las Guerras (Sede España)
PRML (Partido Revolucionario Marxista Leninista)
SERPAJ
Unión por los DDHH LA PLATA
Para adherir enviar correo a: todosxelbanco@yahoo.com.ar
Móviles de contacto: +5491169713421 ó +5491169599317
POR FAVOR AYUDANOS A DIFUNDIR!
7/31/2013
¿Sabes qué está pasando con el Banco Nacional de Datos Genéticos?
Con la sanción de la ley 26.548 en el año 2009, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) pasó a ser un organismo autárquico y autónomo y a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MCTIP), quien hoy sólo maneja las partidas presupuestarias; modificando así distintos aspectos normativos relacionados con la constitución, el funcionamiento y objeto que dieron origen al BNDG.
Lo preocupante de esta situación es que desde que fue creado, a través de la ley 23.511 en 1987, el BNDG fue un organismo que funcionó con doble dependencia: de la Nación, que es quien provee los materiales y reactivos para los procesos de Lesa Humanidad y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de quien depende su personal y el lugar donde funciona. Ahora, ubicar al BNDG bajo la órbita del MCTIP significa que queda automáticamente sujeto a los avatares políticos y librado a la voluntad de quienes sucesivamente ejerzan la Presidencia de la Nación, poniendo en riesgo el incuestionable funcionamiento con el que actuó a lo largo de todos estos años.
Con la reglamentación de la nueva ley y el traslado del Banco a otra sede que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva llevará a cabo, se desnaturaliza la esencia del BNDG y se afecta su funcionamiento, porque:
Limita su competencia exclusivamente a causas relacionadas con el terrorismo de Estado, restringiendo la universalidad de la labor del Banco a los crímenes de lesa humanidad previos a 1983.
Quedan excluidos de su competencia: causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas a partir del 10 de diciembre de 1983; supresión de estado civil en los casos no relacionados a la última dictadura; los datos genéticos de personas que han asistido al Banco por causas judiciales civiles o criminales; juicio de filiación común o particular; o quienes han recurrido al Banco con la sola intención de dejar su muestra de ADN en resguardo de su patrón genético.
En los casos mencionados implica por defecto la negación del acceso a la justicia y del derecho a la identidad en diferentes causas y se pierde la condición de gratuidad del servicio, ya que los requirentes deberán acudir a laboratorios privados, desvirtuando y acotando el objeto fundacional del BNDG.
Pone en riesgo la cadena de custodia del material genético entregado al Banco, con la garantía de reserva de la información. La ley establece una estricta confidencialidad en lo que respecta al archivo de las muestras, por lo que la responsabilidad de la cadena de custodia la tiene la directora actual del Banco y por ley sólo puede entregársela a otro director designado por concurso.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva impulsa el traslado del BNDG para integrarlo a un Instituto de Genómica Humana, lo cual no sólo no está contemplado en las leyes del BNDG ni en el decreto reglamentario 38/2013, sino que perseguiría objetivos muy diferentes.
Para desarrollar el mencionado proyecto, es necesario contar con el sofisticado equipamiento tecnológico que posee actualmente el Banco y generar vínculos entre el sector público, privado y el ámbito académico, creándose así la primera empresa argentina de diagnóstico genómico.
Podemos decir con orgullo que el BNDG contribuyó a escribir parte de la historia de la vida de muchos jóvenes que han recuperado su verdadera identidad, gracias a la incansable labor de su equipo de trabajo.
Por lo tanto, para preservar y garantizar el más alto nivel de jerarquía científica y ética del Banco Nacional de Datos Genéticos, exigimos:
Que el capital humano del BNDG, su directora y personal técnico actual continúen en sus funciones, basando este pedido en la experiencia lograda por la capacitación en la identificación humana en vínculos discontinuos. Capacitación que no se logrará en el corto plazo.
Que el BNDG debe permanecer unificado para maximizar las posibilidades de que algún día las personas con dudas sobre su identidad puedan recuperarla, tanto si sus padres están desaparecidos o si nunca lo estuvieron.
Que se resguarden todas las muestras que obran en el actual BNDG, ya que se trata de información altamente sensible, por lo que debe protegerse su manipulación, como así también lo pactado explícita e implícitamente entre los donantes y la entidad depositaria.
Que el BNDG pueda seguir adelante con todas las causas donde sea necesaria su intervención como perito.
Que se respete la finalidad con la que ha sido creado el BNDG y su tarea inherente a la restitución de Identidad y que no se transforme en un negocio de sectores privados vinculados a la Genómica Humana.
Que no se modifique la metodología de estudios en el BNDG, que es la que está contemplada en las leyes, y la que garantiza que se cumplan con idoneidad los objetivos del mismo.
Que para conocer la identidad de los jóvenes que cuentan con serios indicios de ser hijos de desaparecidos pero con resultado negativo en el BNDG, se requiere que se instrumente y realice con la mayor celeridad posible el proceso de cruzamiento de los datos del BNDG con la totalidad de las muestras que se encuentran en poder del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Asociación Anahí
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos – AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha – APeL
Colectivo Memoria Militante
Hijos La Plata
Familiares y Militantes de Derechos Humanos
ADHIEREN:
Elia Espen - DNI 3.080.703
Elsa Pavón -DNI 3.387.071
Elsa Oshiro -DNI 11.433.791
María Isabel Chicha Chorobik de Mariani -DNI 8.319.665
Mirta Acuña de Baravalle -DNI 0.302.436
Nora Cortiñas -DNI 0.019.538
María Esther Tello - DNI 1.412.175
Rosa Isabella Valenzi -DNI 93.787.365
Adolfo Pérez Esquivel –
Eduardo Nachman -DNI 12.200.970
Laura Guinsberg -DNI 12.780.798
Herman Schiller (Periodista y Conductor)
Carla Artes Company –DNI 18.899.892
Nuria Romina Aquino- DNI 26.329.150
Darío Leandro Estryk -DNI 33.309.264
Gonzalo Moyano -DNI 18.750.899
Severo Rennis- DNI 7.691.905
Graciela Leonor Berton -DNI 14.653.057
Viviana Macchione - DNI 4.976.430
Claudia Viviana Silva –DNI 17.540.934
Marcelo C. Bagnati- DNI 12.493.484
Cecilia Parrile- DNI 13. 212. 151
María del Carmen García Rocha *
Ricardo Antonio Maggio -DNI 14.873.485
Cristina Nagy -DNI 6.207.208
Alfredo Grande -DNI 7.866.247
Mirta Perelmuter –DNI 11.121.025
María Leonor (Nora) Moyano- DNI 6.408.476
Aurora Tumanischwili Penelón (FeTERA FLORES)
Guillermo López (FeTERA FLORES)
Marta Speroni (Militante Internacionalista por los DD. HH)
Alejandro Cabrera Britos (Delegado Gral. ATE)
Igor Calvo (Militante de base del FNRP, HONDURAS)
Aline Castro (RED POR TÍ AMÉRICA, BRASIL)
Carlos Guanciarrosa (Agrupación Enrique Mosconi, FeTERA EN CTA)
Carlos Loza (JUNTA INTERNA DE ATE)
Eduardo Espinosa (ATE)
Carina Maloberti (Consejo Directivo Nacional – ATE-CTA)
Susana Rearte (Coordinadora en Defensa del Patrimonio Público y de la Soberanía)
María Rosa González (Comunicadora Social)
Unión por los DDHH LA PLATA
Profesionales Latinoamericanos/Asociación contra el Abuso del Poder
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP)
Convocatoria por la Liberación Nacional y Social, Frente Sindical Argentina
Agrupación Martín Fierro (Varela – Mar del Plata y Neuquén)
Agrupación Político-Sindical Tolo Arce
Centro Cultural "Alejandro Olmos"
Convocatoria Alte. Brown
Convocatoria Matanza
Convocatoria Capital Federal
Convocatoria Rosario
Comunidad Campesina de Tartagal- Salta
Biblioteca Popular Fernando Jara- Cipoletti- Río Negro
Ojos para la Paz (Sede España)
Plataforma Global contra las Guerras (Sede España)
Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia
Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes
Para adherir enviar correo a: todosxelbanco@yahoo.com.ar
Móviles de contacto: +5491169713421 ó +5491169599317
POR FAVOR AYUDANOS A DIFUNDIR!
Lo preocupante de esta situación es que desde que fue creado, a través de la ley 23.511 en 1987, el BNDG fue un organismo que funcionó con doble dependencia: de la Nación, que es quien provee los materiales y reactivos para los procesos de Lesa Humanidad y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de quien depende su personal y el lugar donde funciona. Ahora, ubicar al BNDG bajo la órbita del MCTIP significa que queda automáticamente sujeto a los avatares políticos y librado a la voluntad de quienes sucesivamente ejerzan la Presidencia de la Nación, poniendo en riesgo el incuestionable funcionamiento con el que actuó a lo largo de todos estos años.
Con la reglamentación de la nueva ley y el traslado del Banco a otra sede que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva llevará a cabo, se desnaturaliza la esencia del BNDG y se afecta su funcionamiento, porque:
Limita su competencia exclusivamente a causas relacionadas con el terrorismo de Estado, restringiendo la universalidad de la labor del Banco a los crímenes de lesa humanidad previos a 1983.
Quedan excluidos de su competencia: causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas a partir del 10 de diciembre de 1983; supresión de estado civil en los casos no relacionados a la última dictadura; los datos genéticos de personas que han asistido al Banco por causas judiciales civiles o criminales; juicio de filiación común o particular; o quienes han recurrido al Banco con la sola intención de dejar su muestra de ADN en resguardo de su patrón genético.
En los casos mencionados implica por defecto la negación del acceso a la justicia y del derecho a la identidad en diferentes causas y se pierde la condición de gratuidad del servicio, ya que los requirentes deberán acudir a laboratorios privados, desvirtuando y acotando el objeto fundacional del BNDG.
Pone en riesgo la cadena de custodia del material genético entregado al Banco, con la garantía de reserva de la información. La ley establece una estricta confidencialidad en lo que respecta al archivo de las muestras, por lo que la responsabilidad de la cadena de custodia la tiene la directora actual del Banco y por ley sólo puede entregársela a otro director designado por concurso.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva impulsa el traslado del BNDG para integrarlo a un Instituto de Genómica Humana, lo cual no sólo no está contemplado en las leyes del BNDG ni en el decreto reglamentario 38/2013, sino que perseguiría objetivos muy diferentes.
Para desarrollar el mencionado proyecto, es necesario contar con el sofisticado equipamiento tecnológico que posee actualmente el Banco y generar vínculos entre el sector público, privado y el ámbito académico, creándose así la primera empresa argentina de diagnóstico genómico.
Podemos decir con orgullo que el BNDG contribuyó a escribir parte de la historia de la vida de muchos jóvenes que han recuperado su verdadera identidad, gracias a la incansable labor de su equipo de trabajo.
Por lo tanto, para preservar y garantizar el más alto nivel de jerarquía científica y ética del Banco Nacional de Datos Genéticos, exigimos:
Que el capital humano del BNDG, su directora y personal técnico actual continúen en sus funciones, basando este pedido en la experiencia lograda por la capacitación en la identificación humana en vínculos discontinuos. Capacitación que no se logrará en el corto plazo.
Que el BNDG debe permanecer unificado para maximizar las posibilidades de que algún día las personas con dudas sobre su identidad puedan recuperarla, tanto si sus padres están desaparecidos o si nunca lo estuvieron.
Que se resguarden todas las muestras que obran en el actual BNDG, ya que se trata de información altamente sensible, por lo que debe protegerse su manipulación, como así también lo pactado explícita e implícitamente entre los donantes y la entidad depositaria.
Que el BNDG pueda seguir adelante con todas las causas donde sea necesaria su intervención como perito.
Que se respete la finalidad con la que ha sido creado el BNDG y su tarea inherente a la restitución de Identidad y que no se transforme en un negocio de sectores privados vinculados a la Genómica Humana.
Que no se modifique la metodología de estudios en el BNDG, que es la que está contemplada en las leyes, y la que garantiza que se cumplan con idoneidad los objetivos del mismo.
Que para conocer la identidad de los jóvenes que cuentan con serios indicios de ser hijos de desaparecidos pero con resultado negativo en el BNDG, se requiere que se instrumente y realice con la mayor celeridad posible el proceso de cruzamiento de los datos del BNDG con la totalidad de las muestras que se encuentran en poder del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Asociación Anahí
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos – AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha – APeL
Colectivo Memoria Militante
Hijos La Plata
Familiares y Militantes de Derechos Humanos
ADHIEREN:
Elia Espen - DNI 3.080.703
Elsa Pavón -DNI 3.387.071
Elsa Oshiro -DNI 11.433.791
María Isabel Chicha Chorobik de Mariani -DNI 8.319.665
Mirta Acuña de Baravalle -DNI 0.302.436
Nora Cortiñas -DNI 0.019.538
María Esther Tello - DNI 1.412.175
Rosa Isabella Valenzi -DNI 93.787.365
Adolfo Pérez Esquivel –
Eduardo Nachman -DNI 12.200.970
Laura Guinsberg -DNI 12.780.798
Herman Schiller (Periodista y Conductor)
Carla Artes Company –DNI 18.899.892
Nuria Romina Aquino- DNI 26.329.150
Darío Leandro Estryk -DNI 33.309.264
Gonzalo Moyano -DNI 18.750.899
Severo Rennis- DNI 7.691.905
Graciela Leonor Berton -DNI 14.653.057
Viviana Macchione - DNI 4.976.430
Claudia Viviana Silva –DNI 17.540.934
Marcelo C. Bagnati- DNI 12.493.484
Cecilia Parrile- DNI 13. 212. 151
María del Carmen García Rocha *
Ricardo Antonio Maggio -DNI 14.873.485
Cristina Nagy -DNI 6.207.208
Alfredo Grande -DNI 7.866.247
Mirta Perelmuter –DNI 11.121.025
María Leonor (Nora) Moyano- DNI 6.408.476
Aurora Tumanischwili Penelón (FeTERA FLORES)
Guillermo López (FeTERA FLORES)
Marta Speroni (Militante Internacionalista por los DD. HH)
Alejandro Cabrera Britos (Delegado Gral. ATE)
Igor Calvo (Militante de base del FNRP, HONDURAS)
Aline Castro (RED POR TÍ AMÉRICA, BRASIL)
Carlos Guanciarrosa (Agrupación Enrique Mosconi, FeTERA EN CTA)
Carlos Loza (JUNTA INTERNA DE ATE)
Eduardo Espinosa (ATE)
Carina Maloberti (Consejo Directivo Nacional – ATE-CTA)
Susana Rearte (Coordinadora en Defensa del Patrimonio Público y de la Soberanía)
María Rosa González (Comunicadora Social)
Unión por los DDHH LA PLATA
Profesionales Latinoamericanos/Asociación contra el Abuso del Poder
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP)
Convocatoria por la Liberación Nacional y Social, Frente Sindical Argentina
Agrupación Martín Fierro (Varela – Mar del Plata y Neuquén)
Agrupación Político-Sindical Tolo Arce
Centro Cultural "Alejandro Olmos"
Convocatoria Alte. Brown
Convocatoria Matanza
Convocatoria Capital Federal
Convocatoria Rosario
Comunidad Campesina de Tartagal- Salta
Biblioteca Popular Fernando Jara- Cipoletti- Río Negro
Ojos para la Paz (Sede España)
Plataforma Global contra las Guerras (Sede España)
Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia
Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes
Para adherir enviar correo a: todosxelbanco@yahoo.com.ar
Móviles de contacto: +5491169713421 ó +5491169599317
POR FAVOR AYUDANOS A DIFUNDIR!
7/01/2013
Refundación de un Organismo de Derechos Humanos en Córdoba
Refundación de un Organismo de Derechos Humanos independiente del Estado en Córdoba
Córdoba, 29/06/13 - Con la presencia de más de 400 abogados, estudiantes de derecho, trabajadores combativos y personalidades de derechos humanos se desarrollaba esta tarde el Encuentro Nacional del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba como “relanzamiento de un organismo que se plantea independiente del Estado”, según afirmó la abogada Leticia Celli, una de las responsables del organismo en Córdoba. La lucha de los trabajadores de Volkswagen tuvo un especial protagonismo en el acto de apertura, en el que participaron la madre de Plaza de Mayo Elia Espen, Enrique Fukman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Myriam Bregman, abogada denunciante en el caso Proyecto X, de espionaje de la gendarmería nacional sobre organizaciones sindicales y políticas, querellante también en la causa contra Miguel Etchecoltz.
Myriam Bregman afirmó “el CeProDH se refunda en Córdoba porque acá se ve a las claras una triple alianza entre el gobierno, la burocracia sindical y las grandes patronales, en un marco en el que lamentablemente la mayoría del resto de las organizaciones de derechos humanos que tienen presencia en la provincia son una especie de agencia del gobierno nacional. El CeProDH no se ha dejado cooptar por el doble discurso del gobierno nacional que trata de encubrir graves violaciones a las libertades democráticas en todo el país. Hacemos este Encuentro en Córdoba donde los abusos policiales son moneda corriente y hasta contamos con un desaparecido que es Facundo Rivera Alegre. En nuestra provincia tampoco se permite ejercer la democracia sindical como muestra Volkswagen que despide trabajadores de manera discriminatoria y antisindical. La situación de esta empresa automotriz preocupa particularmente a nuestro organismo que defiende los derechos de los trabajadores y ya obtuvimos un fallo favorable por la reinstalación de un trabajador que la empresa debe cumplir”.
El Encuentro se está desarrollando hasta las 19 horas en la Facultad de Derecho de la UNC. Además de las personalidades mencionadas, también se encuentran presentes Victoria Moyano Artigas, nieta restituida, Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, Jorge Sobrado, exdetenido de Campo de la Rivera, Luis Vitín Baronetto, exdetenido de La Perla y exsecretario de DD. HH de la Municipalidad de Córdoba, y Leticia Celli, abogada del CeProDH regional Córdoba. "Es muy preocupante la situación de la Argentina, con represiones, desaparecidos en democracia, criminalización de la pobreza y muertos en las protestas sociales”. Es importante en el Encuentro la presencia de trabajadores de Volkswagen, que vienen siendo asesorados por el CeProDH y que ya han recibido importantes apoyos en su lucha por la reincorporación de los 19 despedidos, como el del premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas.
CeProDH
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
Córdoba, 29/06/13 - Con la presencia de más de 400 abogados, estudiantes de derecho, trabajadores combativos y personalidades de derechos humanos se desarrollaba esta tarde el Encuentro Nacional del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba como “relanzamiento de un organismo que se plantea independiente del Estado”, según afirmó la abogada Leticia Celli, una de las responsables del organismo en Córdoba. La lucha de los trabajadores de Volkswagen tuvo un especial protagonismo en el acto de apertura, en el que participaron la madre de Plaza de Mayo Elia Espen, Enrique Fukman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Myriam Bregman, abogada denunciante en el caso Proyecto X, de espionaje de la gendarmería nacional sobre organizaciones sindicales y políticas, querellante también en la causa contra Miguel Etchecoltz.
Myriam Bregman afirmó “el CeProDH se refunda en Córdoba porque acá se ve a las claras una triple alianza entre el gobierno, la burocracia sindical y las grandes patronales, en un marco en el que lamentablemente la mayoría del resto de las organizaciones de derechos humanos que tienen presencia en la provincia son una especie de agencia del gobierno nacional. El CeProDH no se ha dejado cooptar por el doble discurso del gobierno nacional que trata de encubrir graves violaciones a las libertades democráticas en todo el país. Hacemos este Encuentro en Córdoba donde los abusos policiales son moneda corriente y hasta contamos con un desaparecido que es Facundo Rivera Alegre. En nuestra provincia tampoco se permite ejercer la democracia sindical como muestra Volkswagen que despide trabajadores de manera discriminatoria y antisindical. La situación de esta empresa automotriz preocupa particularmente a nuestro organismo que defiende los derechos de los trabajadores y ya obtuvimos un fallo favorable por la reinstalación de un trabajador que la empresa debe cumplir”.
El Encuentro se está desarrollando hasta las 19 horas en la Facultad de Derecho de la UNC. Además de las personalidades mencionadas, también se encuentran presentes Victoria Moyano Artigas, nieta restituida, Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, Jorge Sobrado, exdetenido de Campo de la Rivera, Luis Vitín Baronetto, exdetenido de La Perla y exsecretario de DD. HH de la Municipalidad de Córdoba, y Leticia Celli, abogada del CeProDH regional Córdoba. "Es muy preocupante la situación de la Argentina, con represiones, desaparecidos en democracia, criminalización de la pobreza y muertos en las protestas sociales”. Es importante en el Encuentro la presencia de trabajadores de Volkswagen, que vienen siendo asesorados por el CeProDH y que ya han recibido importantes apoyos en su lucha por la reincorporación de los 19 despedidos, como el del premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas.
CeProDH
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
6/08/2013
Comunicación complementaria para la Presidenta que continúa sin recibir a delegación pueblos originarios
Esta
comunicación es complementaria a la que entregamos en su despacho el 18
de Noviembre de 2012, donde solicitamos una audiencia en carácter der
urgente. Pasado 6 meses, consideramos que las situaciones trágicas en
territorios indígenas se suceden sin que ningún nivel de gobierno le dé
la magnitud que corresponde. Pareciera que es más sencillo lograr
mantener esa realidad oculta.
Vemos alarmados como nuestros territorios
Vemos alarmados como nuestros territorios
utilizados como meros proveedores de materia prima para el
mercado global, mientras expresamos discursos de soberanìa. En los
territorios indígenas del sur nuestro drama es la contaminación
hidorcarburifera, agravada por la llegada de la nueva tecnología del
Fracking (fractura hidraulica), o enormes extensiones otorgadas a la
megamineria, sin ninguna contemplación a la presencia del Pueblo
Mapuche. En lo relacionado al agronegocio, en las últimas dos décadas,
la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció en un
5.000 %, lo que representa dos tercios de la superficie cultivada total
del país. Vemos que se promueve así una agricultura deshumanizada, sin
agricultores y donde las semillas, la biodiversidad y la tierra son
objetos y no lo que hay
que proteger por siempre. Quienes sufren los
impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de
alimentos sanos, las inundaciones y las sequias, la pérdida de suelos y
sus riquezas, el desplazamiento de poblaciones, y el hacinamiento en
los márgenes de las ciudades, viviendo del asistencialismo, somos los
pueblos indígenas y la población campesina.
No obstante, Sra Presidenta, queremos
No obstante, Sra Presidenta, queremos
expresarle que en medio de esta violencia, los
Pueblos Indígenas, nos sentimos fuertes. Tenemos la herramienta más
poderosa para el cambio urgente que necesitamos: nuestra relación
cósmica con la madre tierra, con el conjunto de todas las vidas que nos
rodean. Esas vidas no permitirán que nos resignemos. Esas vidas nos
animan a que debemos recuperar la fuerza que nos da la vida en
comunidad. Y no permitir que quiebren la relación sagrada con nuestro
territorio.
Por lo dicho anteriormente:
Denunciamos la falta de cumplimiento, malversación de fondos y hechos dolosos producidos en la implementación del Programa de Relevamiento Territorial (Ley 26.160/06 de Emergencia Territorial y su prórroga). Hemos analizado el proceso de aplicación de la ley y los recursos administrados hasta la fecha. Los datos son productos de un detallado informe elaborado por el equipo jurídico del ENDEPA en base a informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Dirección del Programa de Relevamiento Territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Los mismos son contundentes y alarmantes. Sólo una referencia que surge de los datos: el total del presupuesto del relevamiento es de $ 60.000.000. Se ha verificado que ya se ha utilizado el % 76,41 de ese monto ($ 45.847.327). Solo se ha relevado el % 24,05 del total de las comunidades, de las cuales solo el % 12,48 del total se ha concluido efectivamente. Esta Cumbre ha tomado la decisión de iniciar acciones judiciales frente a los delitos cometidos por los funcionarios actuantes, en esta herramienta que tantas esperanzas generó en nuestros pueblos.
Un tema que sigue siendo de enorme preocupación para los pueblos indígenas presentes es el tratamiento que se está dando al Proyecto de Reforma al Código Civil y Comercial de la Nación. Lo detallamos en el informe presentado al Estado Argentino y lo reafirmamos en esta síntesis de nuestras demandas y propuestas. Reiteramos que los artículos sobre Propiedad Comunitaria Indígena deben ser suprimidos del proyecto de Reforma y se debe avanzar hacia una Ley Especial sobre nuestras Tierras y Territorios, con participación indígena.
La Presidente, la Corte Suprema, el Gdor Sapag en un frente de protección a Chevron. El avance de la industria extractiva es el eje de nuestras luchas y motivo de alarma y preocupación. En el caso de la región mapuche, la industria hidrocarburifera adquiere una nueva dimensión con la llegada de una nueva tecnología o modalidad de explotación denominada Fracking. Un ejemplo concreto para fundar nuestra alarma y preocupación sobre lo que se viene: se acaba de firmar un Convenio de asociación entre la empresa estatal YPF y la petrolera americana Chevron. El detalle es que Chevron enfrenta un embargo de 19.000 millones de dólares por contaminación ambiental y cultural contra los territorios del pueblo indígena quichua de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana de Ecuador. Para evitar pagar, esta multinacional norteamericana retiró todos sus activos del Ecuador y salió a buscar nuevos botines económicos en el continente. Recae en territorio mapuche y ante la denuncia y posibilidad de embargo por el fallo en contra, es el propio gobernador Jorge Sapag quien se ofrece de “Amicus Curiae” que es una figura jurídica que significa “amigo del tribunal”!.. Pero quien logra proteger a Chevron finalmente es la propia presidenta, quien mandata a la Procuradora Gils Carbo a que promueva que el embargo no se aplique aquí en Argentina. La frutilla del postre lo pone la Corte Suprema quien ayer, 4 de junio del cte. libera a Chevron de la sanción. Los poderes creados para garantizar la salud, el ambiente y la cultura, en definitiva LA VIDA, crean un sólido frente para darle impunidad a la petrolera americana, con el argumento de “alguien debe pagar el precio del progreso”.
En territorio de la Nación Warpe, la minería es la principal amenaza, por ejemplo en Iglesia la destrucción de los glaciares ya es un hecho. En Caucete, se quiere entregar a nuestro eterno guardián “el cerro Pie de Palo”, donde descansan nuestros ancestros, es nuestra fuente de poder y espiritualidad. El gobernador Gioja, en alianza con la empresa Barrick Gold, son los responsables directos de esta amenaza. El pueblo Warpe hoy enfrenta un momento decisivo en nuestra lucha por sobrevivir y resistir al capitalismo mundial, ya que el gobierno nacional planifica esta entrega de nuestra tierra a las transnacionales de la mega minería a cielo abierto.
La minería en Rio Negro tiene su cara más dramática en la Linea Sur (Jacobacci) donde las comunidades mapuche están en estado de amenaza por el emprendimiento otorgado a Panamerican Silver, sin el proceso de Consulta a las comunidades afectadas.
Un tema transversal a cada uno de estos escenarios es lo relacionado a un derecho violentado sistemáticamente como es el derecho a la Consulta. Este es el mecanismo que el Estado está obligado a aplicar ante cualquier proyecto de desarrollo, o iniciativa administrativa o legislativa, que pueda afectar la vida, la cosmovisión y territorios de los Pueblos Indígenas. Esta obligación es con el objeto de solicitar el Consentimiento, Previo, Libre e Informado de los pueblos y comunidades indígenas afectadas. La violación de este derecho coloca al Estado en responsabilidad internacional por su falta de cumplimiento, en base a los acuerdos jurídicos firmados.
Criminalización de la protesta: El acceso a la justicia es un derecho humano. Son frecuentes y graves las situaciones de penalización que provoca el poder frente a las protestas por reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas. El caso de los pueblos indígenas de la región NEA (Chaco, Formosa, Misiones), es uno de los mas alarmantes. El Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya sostuvo en su Informe sobre la situación en Argentina: “Esto ha generado una respuesta estatal que ha criminalizado actos vinculados a estas protestas. Se observa que muchos individuos indígenas siguen procesados por supuestos crímenes cometidos en este sentido. En algunos casos, estas protestas y la respuesta de la fuerza pública o terceros privados han generado momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de vida de miembros de pueblos indígenas.”
Decisiones de la Plenaria de la Cumbre:
Decisión de Pueblos y Organizaciones Indígenas trasladarnos a Buenos Aires para entregar los resultados de la Cumbre en la Casa de Gobierno, el próximo Jueves 06, para solicitar un dialogo en carácter de urgente con la Presidenta del Estado Argentino. Se designa para esta medida a diez hermanos y hermanas, que oficiarán de voceros es este mandato de la Cumbre.
Hacemos un sentido homenaje y reconocimiento a mártires de nuestra causa, como ha sido la Logko Mapuche Cristina Linkopan, que murió tempranamente a la edad de 30 años, como consecuencia de la contaminación provocada por la petrolera Apache en su territorio de Gelay Ko. Ella suscribe el documento que entregamos a la Pta Cristina Kirchner en Noviembre 2012.
De la misma manera honramos a los hermanos que dieron su vida en la lucha por sus territorios en la región donde estamos reunidos: Celestina Jara, Lila Coyipe, Juan Daniel Díaz Asijak, Justina López, Delina Díaz, Guillermo Díaz, Ilmer Flores, Pablo Sanagachi, Javier Chocobar, Sandra Juárez, Esperanza Nieva, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreyra, Miguel Galván y Florentín Díaz, en su memoria seguiremos adelante en la lucha por nuestros derechos ancestrales.
Decisión de la Cumbre de Pueblos y organizaciones indígenas, de designar como voceros oficiales de la agenda de la Cumbre Indígena al Qarashe FELIX DIAZ y a La autoridad espiritual del Pueblo Warpe AMTA ARGENTINA QUIROGA. Este reconocimiento que realiza el conjunto de autoridades indígenas es a la conducta política, ética y espiritual de ambos hermanos, es un mandato también para que actúen con plena autoridad, respaldados por el conjunto de los pueblos originarios presentes.
Saludamos a Ud atte y quedamos atentos a la espera del pedido de un dialogo urgente por estas y otras situaciones, que por cuestiones de espacio no detallamos.
Por lo dicho anteriormente:
Denunciamos la falta de cumplimiento, malversación de fondos y hechos dolosos producidos en la implementación del Programa de Relevamiento Territorial (Ley 26.160/06 de Emergencia Territorial y su prórroga). Hemos analizado el proceso de aplicación de la ley y los recursos administrados hasta la fecha. Los datos son productos de un detallado informe elaborado por el equipo jurídico del ENDEPA en base a informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Dirección del Programa de Relevamiento Territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Los mismos son contundentes y alarmantes. Sólo una referencia que surge de los datos: el total del presupuesto del relevamiento es de $ 60.000.000. Se ha verificado que ya se ha utilizado el % 76,41 de ese monto ($ 45.847.327). Solo se ha relevado el % 24,05 del total de las comunidades, de las cuales solo el % 12,48 del total se ha concluido efectivamente. Esta Cumbre ha tomado la decisión de iniciar acciones judiciales frente a los delitos cometidos por los funcionarios actuantes, en esta herramienta que tantas esperanzas generó en nuestros pueblos.
Un tema que sigue siendo de enorme preocupación para los pueblos indígenas presentes es el tratamiento que se está dando al Proyecto de Reforma al Código Civil y Comercial de la Nación. Lo detallamos en el informe presentado al Estado Argentino y lo reafirmamos en esta síntesis de nuestras demandas y propuestas. Reiteramos que los artículos sobre Propiedad Comunitaria Indígena deben ser suprimidos del proyecto de Reforma y se debe avanzar hacia una Ley Especial sobre nuestras Tierras y Territorios, con participación indígena.
La Presidente, la Corte Suprema, el Gdor Sapag en un frente de protección a Chevron. El avance de la industria extractiva es el eje de nuestras luchas y motivo de alarma y preocupación. En el caso de la región mapuche, la industria hidrocarburifera adquiere una nueva dimensión con la llegada de una nueva tecnología o modalidad de explotación denominada Fracking. Un ejemplo concreto para fundar nuestra alarma y preocupación sobre lo que se viene: se acaba de firmar un Convenio de asociación entre la empresa estatal YPF y la petrolera americana Chevron. El detalle es que Chevron enfrenta un embargo de 19.000 millones de dólares por contaminación ambiental y cultural contra los territorios del pueblo indígena quichua de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana de Ecuador. Para evitar pagar, esta multinacional norteamericana retiró todos sus activos del Ecuador y salió a buscar nuevos botines económicos en el continente. Recae en territorio mapuche y ante la denuncia y posibilidad de embargo por el fallo en contra, es el propio gobernador Jorge Sapag quien se ofrece de “Amicus Curiae” que es una figura jurídica que significa “amigo del tribunal”!.. Pero quien logra proteger a Chevron finalmente es la propia presidenta, quien mandata a la Procuradora Gils Carbo a que promueva que el embargo no se aplique aquí en Argentina. La frutilla del postre lo pone la Corte Suprema quien ayer, 4 de junio del cte. libera a Chevron de la sanción. Los poderes creados para garantizar la salud, el ambiente y la cultura, en definitiva LA VIDA, crean un sólido frente para darle impunidad a la petrolera americana, con el argumento de “alguien debe pagar el precio del progreso”.
En territorio de la Nación Warpe, la minería es la principal amenaza, por ejemplo en Iglesia la destrucción de los glaciares ya es un hecho. En Caucete, se quiere entregar a nuestro eterno guardián “el cerro Pie de Palo”, donde descansan nuestros ancestros, es nuestra fuente de poder y espiritualidad. El gobernador Gioja, en alianza con la empresa Barrick Gold, son los responsables directos de esta amenaza. El pueblo Warpe hoy enfrenta un momento decisivo en nuestra lucha por sobrevivir y resistir al capitalismo mundial, ya que el gobierno nacional planifica esta entrega de nuestra tierra a las transnacionales de la mega minería a cielo abierto.
La minería en Rio Negro tiene su cara más dramática en la Linea Sur (Jacobacci) donde las comunidades mapuche están en estado de amenaza por el emprendimiento otorgado a Panamerican Silver, sin el proceso de Consulta a las comunidades afectadas.
Un tema transversal a cada uno de estos escenarios es lo relacionado a un derecho violentado sistemáticamente como es el derecho a la Consulta. Este es el mecanismo que el Estado está obligado a aplicar ante cualquier proyecto de desarrollo, o iniciativa administrativa o legislativa, que pueda afectar la vida, la cosmovisión y territorios de los Pueblos Indígenas. Esta obligación es con el objeto de solicitar el Consentimiento, Previo, Libre e Informado de los pueblos y comunidades indígenas afectadas. La violación de este derecho coloca al Estado en responsabilidad internacional por su falta de cumplimiento, en base a los acuerdos jurídicos firmados.
Criminalización de la protesta: El acceso a la justicia es un derecho humano. Son frecuentes y graves las situaciones de penalización que provoca el poder frente a las protestas por reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas. El caso de los pueblos indígenas de la región NEA (Chaco, Formosa, Misiones), es uno de los mas alarmantes. El Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya sostuvo en su Informe sobre la situación en Argentina: “Esto ha generado una respuesta estatal que ha criminalizado actos vinculados a estas protestas. Se observa que muchos individuos indígenas siguen procesados por supuestos crímenes cometidos en este sentido. En algunos casos, estas protestas y la respuesta de la fuerza pública o terceros privados han generado momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de vida de miembros de pueblos indígenas.”
Decisiones de la Plenaria de la Cumbre:
Decisión de Pueblos y Organizaciones Indígenas trasladarnos a Buenos Aires para entregar los resultados de la Cumbre en la Casa de Gobierno, el próximo Jueves 06, para solicitar un dialogo en carácter de urgente con la Presidenta del Estado Argentino. Se designa para esta medida a diez hermanos y hermanas, que oficiarán de voceros es este mandato de la Cumbre.
Hacemos un sentido homenaje y reconocimiento a mártires de nuestra causa, como ha sido la Logko Mapuche Cristina Linkopan, que murió tempranamente a la edad de 30 años, como consecuencia de la contaminación provocada por la petrolera Apache en su territorio de Gelay Ko. Ella suscribe el documento que entregamos a la Pta Cristina Kirchner en Noviembre 2012.
De la misma manera honramos a los hermanos que dieron su vida en la lucha por sus territorios en la región donde estamos reunidos: Celestina Jara, Lila Coyipe, Juan Daniel Díaz Asijak, Justina López, Delina Díaz, Guillermo Díaz, Ilmer Flores, Pablo Sanagachi, Javier Chocobar, Sandra Juárez, Esperanza Nieva, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreyra, Miguel Galván y Florentín Díaz, en su memoria seguiremos adelante en la lucha por nuestros derechos ancestrales.
Decisión de la Cumbre de Pueblos y organizaciones indígenas, de designar como voceros oficiales de la agenda de la Cumbre Indígena al Qarashe FELIX DIAZ y a La autoridad espiritual del Pueblo Warpe AMTA ARGENTINA QUIROGA. Este reconocimiento que realiza el conjunto de autoridades indígenas es a la conducta política, ética y espiritual de ambos hermanos, es un mandato también para que actúen con plena autoridad, respaldados por el conjunto de los pueblos originarios presentes.
Saludamos a Ud atte y quedamos atentos a la espera del pedido de un dialogo urgente por estas y otras situaciones, que por cuestiones de espacio no detallamos.
(Fotos realizadas por Olga Morales)
6/06/2013
Vigilia de Pueblos originarios y organismos de DDHH en Plaza de Mayo - jueves 6 al viernes 7
La delegación de compañerxs del Encuentro Memoria Verdad y Justicia que se encuentra en Formosa nos informó que como cierre de la Cumbre Nacional de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, que se está realizando actualmente en Formosa, se ha decidido convocar una vigilia en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para exigir una reunión de una comisión de voceros de la Cumbre con la Presidenta. Reproducimos el comunicado.La vigilia comenzará mañana jueves 6 de junio después de la ronda de las Madres y durará hasta el día viernes 7. CONVOCAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES a acompañar la vigilia y los reclamos.
Formosa, 5 de Junio de 2013
Convocatoria Vigilia de Pueblos Originarios y Organismos de DDHH, 24 horas frente a Casa Rosada
Luego de tres días de encuentro de la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas, donde asistieron 15 pueblos: Mbya Guaraní, Wichí, Pilagá, Nivaklé, Kolla, Lule, Mapuche, Tehuelche, Selknam, Qom Formosa, Qom Chaco, Mocoví, Komechingón, Tonocoté, Diaguita, se debatió y llegó a las siguientes conclusiones:
-En el proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, deben ser suprimidos los artículos sobre propiedad comunitaria indígena, y se debe avanzar sobre una ley especial con participación indígena.
-Se cuestiona fuertemente el avance de la industria extractiva, con métodos como el fracking. Y se hizo hincapié en un derecho violentado sistemáticamente como es el derecho a la Consulta.
-Se hizo un homenaje y reconocimiento a mártires de la causa indígena, repudiando la criminalización de la protesta y las represiones que se vienen repitiendo sobre todo en las provincias de Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
-Se denuncia la falta de cumplimiento, malversación de fondos, y hechos dolosos producidos en la implementación del Programa de Relevamiento Territorial (Ley 26.160) del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Se ha tomado la decisión de tomar acciones judiciales frente a los delitos cometidos por los funcionarios actuantes.
-Por decisión de la Cumbre de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, se designa como voceros oficiales de la agenda de la Cumbre indígena al qarashe Félix Díaz y a la autoridad espiritual del Pueblo Wuarpe, Amta Argentina Quiroga.
La Cumbre de los Pueblos Originarios e Indígenas y los organismos de derechos humanos que venimos acompañando a los hermanos qom como garantes ante la Mesa de Diálogo, ante el incumplimiento de las actas acuerdos firmadas por todos los miembros de la Mesa, acompañamos la cumbre y convocamos a una vigilia a realizarse el próximo jueves 6 de junio, frente a Casa Rosada, desde las 17.00 horas; pediremos a la Presidenta Cristina Fernández que reciba a los voceros designados de la Cumbre, para entregarle el documento que concluye el encuentro.
Convocan:
CUMBRE NACIONAL DE PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS - APDH (Nacional) – APDH (La Matanza) – AADI – MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA MIRTA BARAVALLE Y NORA CORTIÑAS – SERPAJ – SECRETARIA DE RELACIÓN CON PUEBLOS ORIGINARIOS (CTA) – RESISTENCIA QOM
Adhieren:
ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA (Asoc. EX Detenidos-Desaparecidos, Liberpueblo, Colectivo por la Dignidad, Ceprodh, Colectivo Memoria Militante, FOL, MST, Tendencia Piquetera Revolucionaria) – COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA – KOMUNIKACIÓN MAPUCHE AUTÓNOMA – CHAU ROCA – ATE NACIONAL – CTA NACIONAL- MOVIMIENTO PUEBLOS ORIGINARIOS EN LUCHA – CONSEJO DE CACIQUES RANKULCHES-APDH Chaco- APDH- Formosa-Junta Unida de Misiones- Movimiento NO MATARAS.
SE AGRADECE DIFUSIÓN!!!!!!
5/22/2013
Marcha contra la represión y el espionaje : EMVyJ 22 de mayo - 17.30 a Plaza de Mayo
El juez federal Sergio Torres ordenó ayer el allanamiento de dependencias de la Policía Federal a partir de la denuncia que le habían presentado pocas horas antes las organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) por la infiltración de un agente civil de Inteligencia (PCI) de esa fuerza en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh. Según pudo saber Página/12, el procedimiento fue positivo en el marco de la causa que investiga la presunta violación de la Ley de Inteligencia, según estableció la fiscalía al requerir el inicio de la acción penal en base a la denuncia.
El EMVJ también pidió que el agente infiltrado, Américo Balbuena, sea llamado a declaración indagatoria. El caso fue denunciado hace dos semanas por la Agencia Walsh, tras lo cual el Ministerio de Seguridad pasó a disponibilidad al agente y ordenó una investigación interna. Balbuena había entrado como periodista en 2002 y trabajaba con la agenda de actividades de los movimientos sociales, lo que le dio acceso cercano a sus dirigentes y militantes. “La infiltración de las fuerzas de seguridad en los movimientos sociales tiene como objetivo la criminalización de la protesta, esa información va a las causas contra los luchadores. No estamos ante un caso aislado; cada fuerza tiene su grupo de espías, como la Gendarmería con Proyecto X, y la Federal tiene unos mil agentes para esta tarea”, aseguró la abogada Myriam Bregman, querellante en el expediente por el espionaje de los gendarmes.
5/21/2013
En Uruguay, miles de personas criticaron los últimos fallos de la justicia porque supone un retroceso en materia de derechos humanos
Marcha en silencio en contra de la impunidad
Este año los que se movilizaron a la sede de la Corte Suprema repudiaron que ésta haya declarado inconstitucional una ley que dejaba sin efecto la amnistía y apartara a la jueza Mariana Mota de la investigación de delitos de lesa humanidad.
Miles de uruguayos salieron ayer a las calles de Montevideo para reclamar el fin de la impunidad. Bajo la consigna “En mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?”, marcharon hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia en reclamo de castigo para los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura militar 1973-85. La Marcha del Silencio se hace cada 20 de mayo, en conmemoración del asesinato en esa fecha, en 1976, de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes fueron secuestrados en Buenos Aires. Este año, la marcha estuvo marcada por los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucional la norma interpretativa de la Ley de Caducidad y apartó de la investigación por causas de delitos de lesa humanidad a la jueza Mariana Mota. La Justicia uruguaya se había pronunciado en febrero pasado contra una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante los años de plomo, por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas. Además, el propio presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, había expresado meses atrás que los casos que prosperaran se iban a chocar contra una muralla al llegar al Supremo.
Las entidades organizadoras insistieron en que se avanzó poco en el esclarecimiento de lo ocurrido, renovaron su reclamo en favor de la verdad y la justicia y cuestionaron el comportamiento de la SCJ, frente a cuya sede cerró la marcha con un cacerolazo. “No queremos que la condena quede circunscripta solamente a la SCJ, porque hay otros responsables,como los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, por ser los personeros más visibles, pero en Uruguay hay una cultura de la impunidad”, expresó Ignacio Errandonea, integrante de la organización Familiares de Desaparecidos. “Luego de avances y compromisos de la población, en esta última etapa la Suprema Corte de Justicia resuelve un retroceso en el proceso que llevó a los procesamientos de varios de los responsables de la tortura, y al traslado de la jueza Mariana Mota. Pero también hay retroceso por la incidencia de actores políticos que quieren que no se haga justicia en nuestro país”, explicó Washington Beltrán, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical PIT-CNT.
Para Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, la Marcha del Silencio estuvo signada por lo ocurrido recientemente en relación con los procesos judiciales. “Más allá de los operadores individuales, desde la dictadura hasta ahora, la Justicia no ha hecho un papel acorde al espíritu democrático del país”, enfatizó. Además, resaltó que el recientemente fallecido dictador argentino Jorge Rafael Videla fue enjuiciado con las garantías del caso y sentenciado a cadena perpetua, y destacó que en Argentina los familiares tuvieron la oportunidad de que se hiciera justicia, y la sociedad la tranquilidad de que el torturador muriera cumpliendo su pena. “Cuando Ruibal Pino dijo que se van a chocar con una muralla, por fin dice las cosas por su nombre. Ese es el tipo de pensamiento que hay que combatir”, concluyó.
En relación con la muerte de Videla y el estado de los juicios a los responsables de la última dictadura en Argentina, Rafael Michelini, senador del Frente Amplio e hijo del diputado asesinado en Buenos Aires en 1976 Zelmar Michelini, dijo que el ex dictador argentino fue el símbolo del horror y del Plan Cóndor. “Lo de Videla es perverso y termina con él una etapa. En la Argentina se ha avanzado más en el tema de la Justicia y casi todos los represores responsables de crímenes de lesa humanidad están presos”, agregó, trazando un paralelismo con lo que ocurre en Uruguay.
En su decisión de febrero pasado, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. El principal argumento esgrimido fue que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por el gobierno del FA, aunque con alguna disidencia interna entre sus distintas facciones. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares, que en 1989 y 2009 optaron por mantener la ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto. La SCJ había expresado que a partir de ese momento las causas judiciales abiertas en las que hubiera militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura debían ser archivadas, al entenderse que prescribieron. La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente José Mujica, había manifestado que por el fallo quedaba planteada la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte.
Este año los que se movilizaron a la sede de la Corte Suprema repudiaron que ésta haya declarado inconstitucional una ley que dejaba sin efecto la amnistía y apartara a la jueza Mariana Mota de la investigación de delitos de lesa humanidad.
Miles de uruguayos salieron ayer a las calles de Montevideo para reclamar el fin de la impunidad. Bajo la consigna “En mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?”, marcharon hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia en reclamo de castigo para los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura militar 1973-85. La Marcha del Silencio se hace cada 20 de mayo, en conmemoración del asesinato en esa fecha, en 1976, de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes fueron secuestrados en Buenos Aires. Este año, la marcha estuvo marcada por los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucional la norma interpretativa de la Ley de Caducidad y apartó de la investigación por causas de delitos de lesa humanidad a la jueza Mariana Mota. La Justicia uruguaya se había pronunciado en febrero pasado contra una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante los años de plomo, por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas. Además, el propio presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, había expresado meses atrás que los casos que prosperaran se iban a chocar contra una muralla al llegar al Supremo.
Las entidades organizadoras insistieron en que se avanzó poco en el esclarecimiento de lo ocurrido, renovaron su reclamo en favor de la verdad y la justicia y cuestionaron el comportamiento de la SCJ, frente a cuya sede cerró la marcha con un cacerolazo. “No queremos que la condena quede circunscripta solamente a la SCJ, porque hay otros responsables,como los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, por ser los personeros más visibles, pero en Uruguay hay una cultura de la impunidad”, expresó Ignacio Errandonea, integrante de la organización Familiares de Desaparecidos. “Luego de avances y compromisos de la población, en esta última etapa la Suprema Corte de Justicia resuelve un retroceso en el proceso que llevó a los procesamientos de varios de los responsables de la tortura, y al traslado de la jueza Mariana Mota. Pero también hay retroceso por la incidencia de actores políticos que quieren que no se haga justicia en nuestro país”, explicó Washington Beltrán, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical PIT-CNT.
Para Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, la Marcha del Silencio estuvo signada por lo ocurrido recientemente en relación con los procesos judiciales. “Más allá de los operadores individuales, desde la dictadura hasta ahora, la Justicia no ha hecho un papel acorde al espíritu democrático del país”, enfatizó. Además, resaltó que el recientemente fallecido dictador argentino Jorge Rafael Videla fue enjuiciado con las garantías del caso y sentenciado a cadena perpetua, y destacó que en Argentina los familiares tuvieron la oportunidad de que se hiciera justicia, y la sociedad la tranquilidad de que el torturador muriera cumpliendo su pena. “Cuando Ruibal Pino dijo que se van a chocar con una muralla, por fin dice las cosas por su nombre. Ese es el tipo de pensamiento que hay que combatir”, concluyó.
En relación con la muerte de Videla y el estado de los juicios a los responsables de la última dictadura en Argentina, Rafael Michelini, senador del Frente Amplio e hijo del diputado asesinado en Buenos Aires en 1976 Zelmar Michelini, dijo que el ex dictador argentino fue el símbolo del horror y del Plan Cóndor. “Lo de Videla es perverso y termina con él una etapa. En la Argentina se ha avanzado más en el tema de la Justicia y casi todos los represores responsables de crímenes de lesa humanidad están presos”, agregó, trazando un paralelismo con lo que ocurre en Uruguay.
En su decisión de febrero pasado, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. El principal argumento esgrimido fue que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por el gobierno del FA, aunque con alguna disidencia interna entre sus distintas facciones. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares, que en 1989 y 2009 optaron por mantener la ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto. La SCJ había expresado que a partir de ese momento las causas judiciales abiertas en las que hubiera militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura debían ser archivadas, al entenderse que prescribieron. La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente José Mujica, había manifestado que por el fallo quedaba planteada la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte.
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