7/17/2012

DECLARACIÓN A 18 AÑOS DE LA MASACRE DE LA AMIA

CONFERENCIA DE PRENSA

Buenos Aires, 17 de julio de 2012.-
Al cumplirse 18 años del atentado a la AMIA, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) junto a las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que forman el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ), tiene el agrado de invitar a Ud. a la CONFERENCIA DE PRENSA que se realizará el próximo MIÉRCOLES 18 DE JULIO DE 2012, a las 18 HS. en el HOTEL BAUEN, Av. Callao 360, CABA.

Hace 9 años, el gobierno de Kirchner debutó con promesas de superar una herencia del menemismo: la vergüenza nacional que significaba la impunidad de los asesinos de la AMIA y la incapacidad del Poder Judicial para resolver este crimen político.
Aún cuando en 2005 reconoció por decreto que el Estado argentino fue el encubridor agravado del crimen, todavía no hay ningún detenido o investigado por la responsabilidad criminal o por el encubrimiento de la masacre impune de la AMIA.
Durante esta conferencia de prensa, presentaremos un documento explicando por qué consideramos ya fracasadas las políticas del gobierno, avaladas por las direcciones de AMIA y DAIA, y qué medidas impulsamos para llevar adelante una investigación seria de este crimen político y superar la impunidad y el encubrimiento.

A 18 años de la masacre de la AMIA, la impunidad para sus autores y encubridores resulta incuestionable.

Buena parte de este tiempo (9 años!) se lo llevó  el gobierno de los Kirchner, que debutó con promesas de superar la impunidad heredada del menemismo y terminó por amplificarla.

Hace ya siete años que el gobierno Kirchner reconoció oficialmente (Decreto             812/2005) que el Estado fue el encubridor agravado de este atentado terrorista.

Pero desde entonces nada se hizo, absolutamente nada, para perseguir y juzgar a los responsables materiales, a sus cómplices y encubridores locales.

No hay ni un solo detenido, ni un solo investigado por la responsabilidad criminal o por su encubrimiento.

Y lo que se anunció como un cambio de rumbo en la política oficial para diferenciarse del menemismo, un cambio para terminar con la impunidad y “la vergüenza nacional” de un Poder Judicial y una investigación incapaz de superarla, se convirtió en una nueva frustración, en un reforzamiento de la impunidad vigente, y en una nueva manipulación de alcance internacional.

Si para muestra basta un botón, al juez Galeano lo reemplazó Araoz de Lamadrid. Presentado como un juez “probo”, terminó acusado de intento de coima de la Cámara de Casación a favor de Pedraza, el responsable por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Su caso no es aislado. El gobierno pretendió usar la causa AMIA con la intención de superar la imagen corrupta del Poder Judicial y la venalidad de los jueces federales, por la vía de una depuración que le permitiera poner a sus propios jueces “independientes”.

Después de siete años de un concurso largo y escandaloso, el gobierno nacional, con el apoyo de Macri y la complicidad de la UCR pretende nombrar nuevos jueces, alguno de ellos sin mejor antecedente que el de ser miembro del Servicio de Inteligencia, organismo responsable en, al menos, el encubrimiento de la masacre de AMIA.

Después de tanto esfuerzo “institucionalizador”, han agotado hasta las ilusiones de superar la impunidad reinante por la vía de la reforma judicial a través de un recambio por jueces probos.

Las muy gastadas promesas oficiales de futuros juicios aún sin fecha o supuestas nuevas investigaciones, no pueden ocultar los hechos. En la causa AMIA, los pocos sospechados son o fueron parte de los tres poderes del Estado, de sus servicios de Inteligencia y fuerzas militares y de seguridad.

En estas condiciones, y después de 13 años de sustanciar burocráticamente una causa por “mal desempeño” o “encubrimiento” de los funcionarios, ni la presidenta Kirchner ni el juez Lijo ordenan que se abran y entreguen los archivos secretos que el Estado mantiene cerrados incluso ante las partes. Hacerlo permitiría poner al descubierto no sólo el papel que jugó el Estado argentino en el encubrimiento que reconoció, sino también en la comisión del atentado mismo.

Así las cosas, los prometidos futuros juicios serán un nuevo instrumento de manipulación política por parte del gobierno, y no aportarán nada al castigo de los responsables del atentado a la AMIA y de su encubrimiento.

Por este camino, el gobierno nos conduce a nuevos fracasos: ni se esclarece el atentado ni se superará la impunidad.

Una de las cartas más audaces que se jugó el gobierno también llega a su fin. Es que aún antes de firmar su reconocido papel de encubridor del atentado, el Estado puso la  investigación del ataque como eje de la política exterior del país al servicio de los intereses de Estados Unidos, Europa e Israel, sumando una excusa a la lucha contra el llamado terrorismo internacional y un instrumento de provocación bélica contra Irán.

Pero al día de hoy, cuando las grandes potencias buscan llegar a un acuerdo con Irán para superar las crisis políticas, financieras y sus aventuras militares en Medio Oriente, la acusación política del Estado argentino contra Irán termina en un nuevo fracaso.

Ya no sirve ni para impulsar un ataque contra Irán, ni para esclarecer el crimen de la AMIA, ni para proteger al Estado argentino de toda la evidencia que lo incrimina como verdadera ‘conexión local’ del atentado.

El gobierno nacional cedió ante la presión internacional y, con la excusa de prevenir futuros atentados como el de AMIA, sancionó las llamadas leyes anti-terroristas con el único propósito de perseguir y reprimir a las organizaciones y luchas populares, como ya se reveló durante las masivas manifestaciones y puebladas contra la megaminería.

Para sostener estos resultados, el Estado argentino cuenta con la colaboración militante de la dirección judía local, empeñada en vaciar de todo contenido político y hasta judicial este nuevo aniversario. Este es el resultado de años de privilegiar las relaciones carnales con el gobierno nacional y con el de Macri por sobre cualquier exigencia de juicio y castigo a los culpables. Las direcciones de AMIA/DAIA no confrontan con ninguno de los dos, y actúan como un sostén indispensable para proteger al Estado de sus reconocidas responsabilidades criminales.

En esta oportunidad convocan a un acto con reminiscencias místicas, y expresamente opuesto a cualquier reclamo o denuncia política o jurídica, contra la impunidad y el encubrimiento del Estado Nacional y sus socios internacionales. Parecen empeñados en confundir y desmoralizar.

Al cumplirse el 18º aniversario del atentado, denunciamos al gobierno nacional, al gobierno de Macri y a las direcciones de AMIA y DAIA por los 18 años de impunidad y encubrimiento en la masacre impune de la AMIA.

Repudiamos los intentos del gobierno nacional por archivar y dejar en el limbo este crimen del terrorismo de Estado en la AMIA y nos pronunciamos por la apertura inmediata de los archivos secretos y su entrega a una Comisión Investigadora Independiente del Estado, para impulsar el esclarecimiento de este ataque impune y el juicio y castigo a todos los culpables.
EL ESTADO ARGENTINO ES EL RESPONSABLE DE LA MASACRE DE LA AMIA!
QUE ABRAN LOS ARCHIVOS SECRETOS Y LOS ENTREGUEN A UNA COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE!
JUICIO Y CASTIGO PARA TODOS LOS CULPABLES!
DEROGACION DE LAS LEYES ANTI TERRORISTAS!


Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA)
Asociación de Ex –Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Asociación de Profesionales en Lucha (APEL)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP)
Liberpueblo, Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo
Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad
Herman Schiller