El manual del buen espía militar

Héctor Ratto, quien estuvo secuestrado bajo el terrorismo de Estado, llevó a la Justicia ejemplares del Manual de Informaciones, una revista militar con publicidad de diversas empresas. La publicación continúa apareciendo.

Por Gustavo Veiga
Facsímiles de la revista que se publica desde 1957.

La publicación tiene 54 años y su vida completa dedicada a la inteligencia militar. Se llama, como no podía ser otra manera, Manual de Informaciones. Su sede actual queda en Campo de Mayo, pero durante la última dictadura se editaba en Viamonte y Callao, donde funcionó el temible Batallón 601. Varios ejemplares de esa época son prueba documental en un juicio por violaciones a los derechos humanos. Héctor Ratto, un ex trabajador de Mercedes Benz que estuvo detenido-desaparecido, los aportó en el marco de la causa 4012. Sostiene que la automotriz donde se desempeñó y otras compañías como Ford, Techint y Astarsa (que ya no existe) financiaron a los servicios del régimen mediante “la publicación de avisos comerciales destinados a dicho estamento militar”. Un repaso al número correspondiente a noviembre-diciembre de 1978 confirma su aserto. Allí aparecen publicidades considerables de esas empresas y de otras como Bunge y Born, IBM, Bridas, Citröen, Frávega, Alfombras Meller, los bancos Nación, Deutsche y Popular Argentino, entre otros. El staff de la revista tenía varios integrantes del personal civil de inteligencia que figuran en los listados que difundió el gobierno nacional el año pasado.

Creado en 1957 bajo el auspicio de la jefatura del entonces Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), el Manual de Informaciones tomó como modelo “las publicaciones que editaba la División de Informaciones y Educación de las Tropas del Ejército de Estados Unidos, conocidas bajo el nombre de Armed Forces Talk”. Hoy, según puede leerse en su sitio de Internet, “es una publicación trimestral donde se desarrollan temas de interés particular para el personal especialista en inteligencia militar”. Sus primeras ediciones se distribuían de manera gratuita en cuadernillos de 16 páginas y con trabajos presentados “como proyectos de clases de instrucción y charlas de conducción interior concebidas para motivar, consolidar y robustecer las convicciones democráticas”. Algo muy poco probable, ya que en el ’57 gobernaba el general Pedro Eugenio Aramburu, uno de los militares que habían derrocado a Perón en 1955, cuando se produjo la autodenominada Revolución Libertadora.

Dos décadas después, el director de la revista era el teniente coronel Mauro Borghi y su secretario general, el mayor retirado Federico Carbia. La secretaria Blanca Nélida Kesseler, los diseñadores Perla Lila Riachi, Carlos Torres y Carlos Ghellinaza y la responsable del área publicitaria, América Echezarreta, figuran entre los 4300 agentes del personal civil de inteligencia que dio a conocer el actual subjefe del Ejército, general de división César Gerardo Milani, el 5 de febrero de 2010.

No aparece en esa lista, curiosamente, el único periodista de la redacción mencionado en el staff durante la dictadura. Se trata de Enrique Martínez Codó, quien aún continúa escribiendo en el Manual. Este veterano periodista versado en temas de espionaje es un estudioso de la CIA y sus técnicas de recolección de información. En el número de enero-febrero-marzo de este año (ahora la publicación es trimestral) escribió sobre el Open Source Center u OSC, por sus siglas en inglés, algo así como el Centro de Explotación de las Fuentes Abiertas de Inteligencia de Estados Unidos. “Si es verdad que del 85 al 90 por ciento de la Inteligencia global proviene de fuentes abiertas, parecería que los esfuerzos y estudios realizados para crear un organismo específico de esta actividad –llámese OSC u Osint– no estarían desacertados como algunos piensan y que sería oportuno hacerlo cuanto antes... siempre de acuerdo con las tiranías presupuestarias”, reclama Martínez Codó.

De obra prolífica, el redactor omnipresente de la publicación militar siempre se ha ocupado de temas castrenses vinculados con la inteligencia, aunque a menudo con una mirada cruzada por la Guerra Fría. Su Guerrillas tras la cortina de Hierro, prologado por el general español Luis García Rollón, un ex profesor de la Escuela Superior del Ejército de su país, data de 1966. Es un trabajo sobre el Ejército del Pueblo Ucraniano, que combatió desde adentro contra la Unión Soviética.

Su prosa sigue vigente cinco décadas después. La Asociación de la Prensa Técnica y Especializada Argentina (APTA) lo premió por su artículo “El Bicentenario, un desafío para la Inteligencia Militar”, publicado en el número 2 del Manual de Informaciones editado en 2010. Allí escribió: “El soldado de la Ciberguerra y la Ciberdefensa no emplea armas de fuego ni es experto en explosivos; sus armas son sólo una computadora y un simple ratón; pero eso sí, debe ser un experto en tecnología electrónica, una cuestión eminentemente intelectual, que marca la necesidad de una capacitación intensa, pero no necesariamente militar”.

Este artículo tiene más que ver con la orientación actual de la publicación, donde se escribe sobre la geopolítica de Google Earth o la geoestrategia del clima, sin desechar artículos de militares estadounidenses –que nunca faltaron en sus ediciones– sobre las invasiones de Irak y Afganistán. En plena dictadura y aun después de los peores años del terrorismo de Estado, la línea editorial de los servicios que conducían el Manual tenía inquietudes como “la explotación subversiva del conflicto generacional”, tal el título de una nota escrita por el licenciado Jorge Méndez. En el ejemplar de marzo-abril de 1980 se lee que “la conducta asocial juvenil anticipa en superficie tendencias actitudinales que de alguna manera ya tienen vigencia clandestina”. En el número anterior de enero-febrero, otro licenciado, Pablo Cruz, escribía sobre “la estrategia psicosocial marxista en Occidente”.

Otto Skorzeny, el militar nazi que rescató a Benito Mussolini en el Gran Sasso el 12 de septiembre de 1943, también tenía su espacio en la revista durante la dictadura. En el número que presentó como prueba el obrero Ratto ante la Justicia para incriminar a Mercedes Benz por su respaldo publicitario, se reproduce un artículo del coronel austríaco que sirvió a las órdenes de Hitler. Titulado “Operación Panzerfaust”, relata una misión que el Führer le encomendó en Hungría para evitar que este país se rindiera a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.

La querella del ex trabajador de la automotriz alemana sostiene que “se trata de la revista editada por la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, es decir por la comandancia de los grupos de tareas (secuestradores, torturadores y homicidas) que participaban del terrorismo de Estado desatado en nuestro país y que se investiga en esta causa. Dicha revista contenía material destinado a instruir a los agentes de Inteligencia y grupos de tareas en espionaje, secuestros y otros delitos, contra militantes políticos, sindicales, sociales o de derechos humanos”.

Para los actuales editores, en cambio, “la revista –que se encuentra abocada a mantener e incrementar el prestigio logrado en sus 50 años de vida– se ha transformado en un elemento de consulta y actualización profesional, doctrinaria y técnica sobre la materia, para el personal militar y civil tanto especialista como no especialista”. Cuando Ratto presentó su querella no sabía que el Manual de Informaciones, ya en democracia, seguía publicándose de manera ininterrumpida.

Amenazas de muerte al juez Rozanski

Amenazas de muerte
 
El presidente del Tribunal Oral Federal 1, Carlos Rozanski, denunció que en lo que va de esta semana recrudecieron fuertemente las amenazas de muerte e intimidaciones que ha venido recibiendo en los últimos meses. El tribunal de Rozanski será el encargado de juzgar a los responsables por los crímenes de lesa humanidad investigados en el marco de la megacausa “Circuito Camps”, que se inicia el lunes, y que cuenta entre sus 26 imputados al ex policía Miguel Etchecolatz y al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian von Wernich.

“Los llamados y actos intimidatorios tendrían el claro fin de desestabilizar el proceso de juicio en marcha y en especial la megacausa del Circuito Camps”, explicaron en Tribunales. Si bien Rozanski prefiere no dar declaraciones con el objetivo de resguardar la investigación, desde su entorno revelaron que hubo varios actos de intimidación y amenazas en los últimos meses contra el magistrado, pero que en estos días aumentaron de forma similar al 2006, cuando Rozanski estuvo al frente del juicio que condenó a reclusión perpetua al represor Miguel Etchecolatz.

Las amenazas contra el juez están siendo investigadas por la Justicia Federal, pero también despertaron el interés de dos organismos internacionales que investigan los casos de amenazas a los magistrados y funcionarios judiciales.

El llamado “Circuito Camps” abarca varios centros clandestinos de detención que se encontraban a cargo del jefe militar de la Policía Bonaerense Ramón Camps durante la última dictadura militar, entre los que se cuentan la comisaría 5ª de La Plata, la subcomisaría de Don Bosco llamada “Puesto Vasco”, el centro de operaciones tácticas (COT) I Martínez y la Brigada de San Justo. La unificación de las causas implicaría el acceso a la Justicia para 360 víctimas que pasaron por allí, entre las que están Diana Teruggi, Daniel Mariani y Claudia Falcone. En el juicio también se encuentran imputados el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint Jean, su ministro de Gobierno, Jaime Lamont Smart, y el chofer de Etchecolatz, Hugo Alberto Guallama.

IX Conferencia Bianual de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio

Los cinco fallos judiciales contra represores que calificaron los crímenes juzgados como delitos cometidos en el marco de un genocidio y el hecho de que sea la Justicia ordinaria la que se encargue del juzgamiento, ponen a la Argentina muy a la avanzada en la reflexión internacional de estas problemáticas, señaló Daniel Feierstein.

Así lo puntualizó el sociólogo y director del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Feierstein, quien tuvo a su cargo la organización del IX Conferencia Bianual de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio que acaba de concluir en Buenos Aires, la primera ciudad latinoamericana que sirvió de sede al evento.

Para el especialista, este comportamiento de los tribunales está siendo acompañado en el mundo académico por una profusión de investigaciones sobre el tema, lo que permite revertir el prejuicio de que los genocidios se cometen en el (hemisferio) Sur y se analizan en el Norte, así como demostrar que el sur no sólo puede pensarse a sí mismo, sino pensar también los casos de persecución que están ocurriendo en el Norte, que el Norte no piensa.

A pesar de considerar muy auspicioso que la Argentina esté a la vanguardia en el reconocimiento de genocidios ajenos como el Armenio-, Feierstein identificó como una deuda enorme la exclusión de esta figura en el Código Penal.

El autor de El genocidio como práctica social inauguró la conferencia que, durante cuatro días reunió a más de 270 especialistas de 32 países en la sede de posgrados de la UNTREF.

- ¿Se puede decir que la argentina como país sufrió dos genocidios, uno en el marco de la última dictadura y otro como consecuencia de la Campaña del Desierto? - Yo creo que sí: son los dos momentos genocidas en la Argentina que tienen sin embargo características distintas. La mayoría de los Estados han pasado por un genocidio más o menos equivalente al de los pueblos originarios, lo que yo he llamado genocidio constituyente, lo cual es tremendo, porque da cuenta de qué son nuestros Estados hoy.

El caso de la dictadura es un caso distinto porque lo que se ha hecho es transformar las relaciones sociales de un Estado preexistente, reorganizarlo y, en ese sentido, el caso argentino es uno de los casos más emblemáticos por el nivel de intencionalidad y de conciencia de los perpetradores que lo denominaron Proceso de Reorganización Nacional - La Argentina ratificó en 1956 la Convención de la ONU para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Sin embargo, a pesar de los 28 años transcurridos desde la vuelta de la democracia y de cinco fallos judiciales que condenaron a represores por delitos cometidos en el marco de un genocidio, aún no se incluyó el delito de genocidio en el Código Penal. ¿Es una deuda pendiente? ¿Es un escollo para la aplicación de la Justicia? - Sí, es una deuda enorme porque es algo que el Estado argentino debiera haber hecho desde el momento de la ratificación.

Hubo numerosísimos proyectos en el Parlamento, todos ellos buenísimos y es difícil explicarse por qué sigue sin tipificarse.

Ahora, no es un escollo porque la definición genocidio incluye cinco acciones (N.d.R: matanza, lesión grave, traslado por la fuerza, impedimento de nacimiento y sometimiento a condiciones que lleven a la destrucción física), todas las cuales tienen pena, con lo cual es una forma de calificar acciones penales que ya están en el Código Penal.

- La mención explícita de un genocidio en cinco fallos recientes contra represores y la propia reapertura de los juicios, ¿cómo ubican a la Argentina en relación a otros países del mundo en la materia? - Estos hechos ponen a la Argentina muy a la avanzada en la reflexión internacional de estas problemáticas. Como sociedad debemos estar muy orgullosos de lo que se ha avanzado en esa dirección. El hecho de que la reapertura haya permitido que sea la justicia ordinaria aquella a que le corresponde juzgar y que no haya habido una directiva de cómo tenía que ser ese juzgamiento o las condenas, es algo muy alentador.

- ¿Qué papel vienen desempeñando los tribunales internacionales? - Es un rol dual porque, por un lado, en casos donde no ha habido posibilidad de juzgamiento, que, aunque los principales responsables sean llevados a un tribunal internacional, es siempre muy superior a la impunidad.

Ahora, al mismo tiempo, tiene una serie de problemas. El primero de ellos es que han pecado, todos ellos, de un fuerte etnocentrismo. Esto es, creer que se puede manejar la situación de cada contexto nacional del mismo modo, despreciando las modalidades jurídicas de cada país y planteando un único modo de entender la convención.

- ¿Cuáles son sus expectativas respecto a esta conferencia? - Mi mayor expectativa es enriquecer mucho más el diálogo norte-sur en relación a cómo pensar los procesos genocidas e invertir el estereotipo de investigadores del Norte pensando en casos que ocurren sólo en el Sur, quebrar esa mirada etnocéntrica.

El Sur puede pensarse a sí mismo y el Sur también puede pensar los casos de persecución que están ocurriendo en el Norte, que el Norte no piensa.

A 9 Años de la Masacre de Avellaneda

Frente Popular Dario Santillán

 

Hoy se cumplen 9 años de la Masacre de Avellaneda, una de las represiones más brutales sufrida por el pueblo argentino bajo un gobierno constitucional, que cobró las vidas de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala.
 
La represión desatada el 26 de junio de 2002 fue planificada y ejecutada por el gobierno de Eduardo Duhalde respondiendo a los reclamos de mano dura del imperialismo, los gobernadores justicialistas y radicales y las cámaras empresarias AEA, UIA, SRA, ADEBA, coordinándolo con el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.

Para ello montaron un operativo conjunto de 5 fuerzas de represión del Estado: Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado de grupos policiales con carta blanca para matar.
 
Buscaban desencadenar una ofensiva represiva sobre el pueblo, que seis meses después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre seguía llenando las calles, las plazas, las rutas y los puentes de piquetes, empresas recuperadas y asambleas populares. 

Durante meses maduraron la provocación que pretendía inculpar a las organizaciones en lucha, encarcelar a sus dirigentes y desarticular a las organizaciones para sacar a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados de la calle, para frenar las luchas y recomponer la gobernabilidad del Estado, que no significaba otra cosa que garantizar que las empresas siguieran haciendo fabulosos negocios a costa de la miseria del pueblo.

El gobierno nacional de Duhalde y el provincial de Solá no atendían nuestras demandas e incumplían compromisos arrancados en la lucha. Al mismo tiempo, crecían sobre los movimientos y organizaciones sociales las amenazas, secuestros, simulacros de fusilamiento y el accionar de patotas. En ese contexto, asesinan a Javier Barrionuevo en Esteban Echeverría el 6 de febrero y unos meses después balean a Juan Arredondo en Lanús.

Duhalde buscaba sacarnos de la calle a cualquier precio. Por eso llevó adelante la decisión política de no permitir que se bloqueen los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los cortes de puentes iban a ser considerados una acción bélica. Los medios de comunicación se encargaron de demonizar al movimiento piquetero encubriendo luego los hechos de la masacre. La provocación se completaba al día siguiente a la masacre del Puente Pueyrredón acusando de sedición a las organizaciones que protagonizaron la jornada de lucha.

El repudio popular a la masacre terminó provocando la salida anticipada del gobierno de Duhalde y el fracaso de su estrategia represiva. Las plazas del poder político del país fueron ganadas durante el mismo 26, al día siguiente y durante la gran jornada de unidad y lucha popular del 3 julio que, con una movilización multitudinaria, hizo rugir el repudio en una histórica marcha desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo.

Duhalde debería estar hoy en la cárcel, por los asesinatos de Kosteki y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, el caso Cabezas, la AMIA y el gatillo fácil, en lugar de estar en campaña electoral disertando sobre gobernabilidad y democracia. Mientras se postula a candidato a presidente afirma que pretende gobernar para los que defienden a Videla. El pueblo argentino tiene en claro su culpabilidad como responsable político principal de los asesinatos de nuestros compañeros Maxi y Dario. Hoy como siempre, nuestra sentencia es clara, ¡Duhalde es candidato, pero a la cárcel!

De la misma manera, Aníbal Fernández, quien era secretario de presidencia de Eduardo Duhalde y actualmente es jefe de Gabinete, fue uno de los responsables de la Masacre de Avellaneda. Carlos Soria, actual intendente de Roca, fue designado por Cristina Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Rio Negro y apoyado por todas las fracciones del PJ y el Frente para la Victoria. Soria dirigió la SIDE en el momento de la represión y él también debería estar tras las rejas y no haciendo campaña.

En cada lucha desde entonces, estamos hoy aquí para exigir el juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes, a los Duhalde, a los Solá, JJ Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Soria, Genoud, Oscar Rodríguez, Vanossi y Capitanich. Los que hoy son expresiones de lo más nefasto de la política están firmemente acomodados tanto en el actual esquema político kirchnerista como en la oposición patronal.

Kirchner intentó cooptar  y engañar a los compañeros, compañeras y familiares de Darío y Maxi con la promesa de “investigar hasta las últimas consecuencias, sin importar quien caiga”. La comisión investigadora que dijo que iba a conformar nunca existió, ya que tenía como condición que abandonáramos la movilización. El rechazo a la conciliación  y la continuidad de la lucha nos permitió encarcelar a Fanchiotti y Acosta.

La complicidad del Gobierno K con Duhalde llegó al punto de no abrir los archivos de la SIDE  y permitir que Duhalde no se presente ante la justicia. Política de impunidad que continúa hasta el día de hoy.

Con la fuerza de la lucha y la movilización constante, en el Puente Pueyrredón, en la Estación Darío y Maxi (Ex Avellaneda), en los Tribunales de Lomas y a todas las plazas del poder político logramos que el comisario Fanchiotti y el cabo Acosta tengan que pagar con condena perpetua y otros policías sean también condenados. En el juicio quedó demostrado que la represión tuvo directivas políticas y que fue monitoreada por la SIDE. Sin embargo, el fiscal federal Miguel Angel Osorio se prestó a la escandalosa maniobra de eximir de prestar declaración a Duhalde, Álvarez y Solá.

La causa federal iniciada en el 2002 que investiga las principales responsabilidades políticas de la Masacre se encuentra literalmente cajoneada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo, puesto a dedo por el propio Presidente Kirchner. La causa no se mueve por orden de la Secretaría General de la Presidencia, que todavía no ha respondido por el informe solicitado por la fiscalía en relación a los cruces de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades policiales y de seguridad antes, durante y posteriormente a la represión del 26 de junio del 2002. Se manifiesta así, a lo largo de estos 9 años,  el hilo conductor de impunidad  que une a los gobiernos de  Duhalde y los Kirchner.

Porque la impunidad genera más impunidad: quienes dieron las órdenes en la represión del Puente Pueyrredón hace 9 años ni siquiera fueron investigados por la justicia, algunos de ellos siguen hoy en el gobierno nacional o provincial o se presentan como candidatos; y esa impunidad avala que desde el estado se siga organizando la represión de las manifestaciones de trabajadores o la persecución a los luchadores por los distintos medios y mecanismos tan utilizados para reprimir al pueblo.

Hoy levantamos más alto que nunca las banderas de Darío y Maxi. Y vamos por el juicio a todos los responsables políticos. Así como también seguimos denunciando la complicidad civil de los medios de comunicación para incentivar y luego encubrir la masacre. Asimismo denunciamos la complicidad de este gobierno para no enjuiciar a los responsables políticos e intelectuales.

Estamos acá para denunciar que bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue la impunidad y la bonaerense corrupta y asesina. Con la mirada cómplice del sistema penitenciario bonaerense, el asesino Fanchiotti ha burlado su condena entrando y saliendo de la cárcel como patrón de estancia, caso que muestra que incluso los represores y genocidas presos tienen toda la impunidad para seguir funcionando con las redes represivas para atacar a los luchadores. Asimismo la impunidad y la persecución a los que luchan cuenta con la ayuda de las patotas de la burocracia sindical, apañadas por la política gubernamental y que ya se han cobrado varias víctimas, amedrentando persiguiendo y asesinando a nuestros compañeros.

Hoy exigimos al gobierno nacional la urgente aparición con vida del compañero Julio López, desaparecido por su compromiso en las causas contra los genocidas de la pasada dictadura, exigimos el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, testigo en la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa Fe, y exigimos la aparición con vida de Luciano Arruga, todos testimonios de la existencia de un aparato represivo actuante que jamás fue desmantelado y que se entrelaza con las mafias del  narcotráfico, el delito, la trata de personas y los asesinos de la dictadura impune.

Estamos aquí para denunciar que a 9 años de la Masacre sigue intacto el aparato represivo responsable de la brutal represión. Que el Gobierno que se autodenomina de los Derechos Humanos sigue reprimiendo al pueblo que sale a luchar por vivienda, educación, salud y trabajo digno. Que los Macri y los K no dudan acordar rápidamente para reprimir brutalmente al pueblo como pasó en el Parque Indoamericano, cobrándose la vida de los compañeros Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez. Que la represión encubierta sigue siendo la herramienta principal de los Gobernadores K para intentar disciplinar al pueblo en su lucha, como lo demostró el caso de los compañeros Mario y Roberto López, asesinados en Formosa por el gobierno de Insfrán. Luego de sostener varios meses de acampe para que el Gobierno se decidiera a atender a los compañeros Qom, sin obtener respuesta fueron desalojados entre la policía y La Cámpora.

La impunidad y la persecución a los que luchan cuenta con la participación de la burocracia sindical apañada por el gobierno. Desde este acto, a seis días de cumplirse ocho meses del crimen de Mariano Ferreyra -caído en la lucha contra la burocracia y contra la tercerización laboral- celebramos la victoria popular que significa haber llevado a la cárcel a algunos de los autores materiales de su asesinato y a sus mentores, José Pedraza, Juan Carlos Fernández y Pablo Díaz. Al mismo tiempo reafirmamos nuestro compromiso en la lucha para que paguen todos los responsables -lo que incluye a los empresarios, policías y funcionarios cómplices de los patoteros-, para que Pedraza y sus matones sean efectivamente condenados, y para terminar con el régimen negrero de las tecerizaciones.
 
Más de cuatro años después del fusilamiento del luchador docente y militante revolucionario Carlos Fuentealba en Neuquén, sólo está preso el asesino Poblete, mientras los que ordenaron la represión siguen gobernando la provincia, donde también sigue impune el asesinato del militante Lázaro Duarte a manos de patotas del MPN. Mientras Sobisch y los responsables políticos de los asesinatos están libres de culpa y cargo, se condena a los compañeros que repudiaron el crimen. El actual gobernador Jorge Sapag es el garante de la impunidad de Sobisch y es otro aliado del Gobierno Nacional.

Denunciamos la existencia de un aparato represivo impune que es heredero del golpe militar del ¨76, que sigue actuando animado por los mismos intereses económicos y sociales, lo que provocó desde 1983, 51 manifestantes muertos en movilizaciones populares y que desde la era Kirchner suma 847 muertos por  casos de gatillo fácil. Los juicios a represores 30 años después llegan sólo a un grupo reducido de genocidas, aislados de sus conexiones con el poder político, capitalista y clerical. Luchamos por perpetua para los miles de implicados.

Más de 5.000 luchadoras y luchadores están procesados. El Gobierno alienta el juicio contra militantes populares, sociales  y políticos; asambleístas, ambientalistas en Guleguaychú, Vicente Lopez, Andalgalá y Famatina; piqueteros y piqueteras; ex delegados del Casino; Subte; trabajadores y trabajadoras de Kraft, trabajadores ferroviarios, vendedores ambulantes y estudiantes de la FUBA. El gobierno desata una cacería de brujas contra la organizaciones populares, los primeros casos testigos son la persecución a Roberto Martino, quien fue puesto en libertad recientemente por la lucha popular, y la condena a Fernando Esteche, Raúl “Boli” Lescano, y otros compañeros del MPR Quebracho, así como Raúl Abregó del Polo Obrero de San Juan. Desde este Puente exigimos la inmediata libertad de Carlos Olivera, La Gallega Karina Germano López, Jose Villalba y Manuel Arias, así como la anulación de las condenas y el desprocesamiento de todos los luchadores, entendiendo que cuando tocan a uno, tocan a todos.

Este nuevo aniversario nos encuentra denunciando la movilización de un enorme dispositivo represivo, a instancias del Gobernador Daniel Peralta, contra la huelga docente y los petroleros de Santa Cruz. Desde aquí compañeros y compañeras, nos hacemos parte de esa lucha, que también es nuestra, con la fortaleza  que solo la solidaridad de clase posee y les decimos que no están solos, que ningún luchador está solo, como nos enseño el ejemplo de Dario y Maxi.

Los reclamos que levantamos el 26 de junio de 2002, como en tantas otras, están hoy tan vigentes como ayer. Digan lo que digan los dibujos del Indec, la inflación galopante ha hecho caer millones de argentinas y argentinos bajo la línea de pobreza sólo en el último año, muchos de ellos trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos jóvenes desocupados. El reclamo de un trabajo para cada desocupado y desocupada, de un subsidio igual a la canasta alimentaria, de un salario equivalente a la canasta familiar, de acabar con la flexibilidad laboral y el trabajo en negro, se hacen cada día más urgentes, no sólo en las barriadas del sur bonaerense en las que militaban Darío y Maxi, sino también en todo el país. Denunciamos la política económica del gobierno que enriquece a las grandes empresas multinacionales, a los pooles de siembra con los grandes negocios de la soja, que entrega nuestros bienes comunes naturales, y que se sostiene en base a la pobreza y el trabajo precarizado de miles de compañeros y compañeras.

Hoy los pueblos siguen levantándose y mostrándonos el camino, enfrentando las crisis capitalistas que  generan y nos quieren hacer pagar. Los gritos de indignación y resistencia, las rebeliones populares, recorren el mundo, desde Medio Oriente y el Norte de África hasta la vieja Europa, donde se vuelcan millones a las calles para decir ¡basta! En nuestra América Latina los pueblos siguen resistiendo y acumulando fuerza frente a las embestidas imperialistas, como lo demuestra la gran movilización del pueblo hondureño contra el golpe de estado del 28 de junio de 2009.

El gobierno nacional favorece al capital financiero pagando la ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa cuando vuelve a haber muertos por desnutrición, brotan epidemias que hacen estragos en la niñez, y hay 5,5 millones de jubilados con la jubilación mínima de $1200, a la vez que saquea la ANSES para obtener los recursos para el pago de la deuda y subsidiar a los bancos y empresas con los aportes sociales de las trabajadoras y los trabajadores.

Sus aliados son los Soria, los Insfrán, los Otahecé, el MPN, es decir, lo más nefasto de la política nacional, llegando al límite de poner como candidato a senador al mismísimo Carlos Menem.

Después de  haber anunciado que otorgaría miles de puestos en el Programa Argentina Trabaja sobre millones de desocupadas y desocupados, sólo han inscripto a una mínima parte en el conurbano y una vergonzosa cifra en algunas pocas provincias del interior. El Gobierno coloca el Programa bajo control del aparato de punteros de los intendentes y las organizaciones oficialistas. Luchamos por trabajo para todos y todas, por la universalización del Programa sin clientelismo, y reclamamos el aumento de los salarios, el pago de cargas sociales, la entrega de ropa y elementos de trabajo y seguridad. Reclamamos  plenos derechos de organización sindical para luchar por nuestras reivindicaciones laborales.

Seguimos señalando que el subsidio por hijo no llega a todas las familias que lo necesitan ni a todos los hijos de los beneficiarios. Su monto está congelado y carcomido por la inflación, y en vez de incorporarlo al presupuesto el gobierno lo financia con los aportes de las y los trabajadores a la ANSES. Asimismo el gobierno ha eliminado y vaciado otros planes sociales, recortando la asistencia a comedores escolares y populares, y a la juventud de las barriadas.

Frente a esta situación reclamamos un subsidio al desocupado igual al costo de la canasta alimentaria; que se reabran las paritarias; por un aumento mínimo del 35%; un salario igual a la canasta familiar para las y los trabajadores del campo y la ciudad; el 82% móvil para las jubilaciones; y que se ponga en marcha un verdadero plan de vivienda popular y obras públicas.

Hoy más que nunca levantamos bien altas las banderas del movimiento piquetero y de trabajadores desocupados, de la clase obrera de conjunto, de las y los estudiantes, del movimiento de los campesinos pobres, de los trabajadores y las trabajadoras del campo, y de los pueblos originarios. Seguimos en la calle por nuestros reclamos de terminar con la explotación y la miseria, y contra la represión del estado y por justicia para nuestras compañeras y compañeros que cayeron en el curso de esta lucha.

Desde este histórico Puente le decimos a los Duhalde, a los Kirchner, a los Scioli, a los Macri, a los Alfonsín y a los De Narváez, y a todos los que hoy llevan adelante este régimen de hambre y miseria, que vamos a seguir peleando por trabajo, por salario, por vivienda, salud y educación.

Repudiamos el intento del gobierno de manipular el histórico reclamo de justicia mientras mantiene el aparato represivo y criminaliza la protesta social.

Reivindicamos la independencia de las organizaciones populares frente al Estado y los partidos patronales, y repudiamos la política de cooptación oficial que desnaturaliza y destruye organizaciones que son emblema de la lucha popular, como demuestran los casos de Schoklender y el Inadi.

Frente a la continua agresión al pueblo trabajador, oponemos memoria, denuncia, programa y lucha. Vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir luchando por Darío y por Maxi, por los 30 mil desaparecidos, por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales; los más de 3 mil asesinados por “gatillo fácil” desde 1983; y para revertir esta realidad con la que quieren condicionar el futuro de nuestro pueblo. La lucha de Darío y Maxi es nuestra lucha. Es la lucha por una transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen. Es la solidaridad y el compromiso con la compañera y el compañero junto al que salimos a luchar, y la intransigencia y consecuencia en esta pelea.

Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi; por eso y para eso seguiremos adelante. La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia.

A 9 Años de la Masacre de Avellaneda

    JUSTICIA PARA MAXI Y DARIO
    DE DUHALDE A LOS KIRCHNER 9 AÑOS DE IMPUNIDAD
    JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y MATERIALES DE LA MASACRE DE AVELLANEDA
    CARCEL YA A DUHALDE, SOLA , FERNANDEZ , VANOSSI, JJ ALVAREZ, SORIA.
    CARCEL A PEDRAZA Y LAS PATOTAS. JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA. BASTA DE BUROCRACIA SINDICAL.
    CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS DE LOS COMPAÑEROS QOM Y LOS CAIDOS EN EL PARQUE INDOAMERICANOS
    JUICIO Y CASTIGO A LOS RESONSABLES DE LOS ASESINATOS Y LA REPRESIÓN POLICIAL EN BARILOCHE.
    EXIGIMOS LA APARICION CON VIDA DE JULIO LOPEZ Y LUCIANO ARRUGA.
    LIBERTAD A  LOS PRESOS POLITICOS, CARLOS OLIVERA, LA GALLEGA KARINA GERMANO LÓPEZ, JOSE VILLALBA Y MANUEL ARIAS.
    DESPROCESAMIENTO, CIERRE DE LA CAUSAS Y ANULACION DE LAS CONDENAS DE LOS MAS DE 5.000 LUCHADORES POPULARES.
    POR EL TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES DE SANTA CRUZ. FUERA LA GENDARMERÍA Y LAS PATOTAS CON LAS QUE TERCERIZAN LA REPRESIÓN.
    BASTA DE PRECARIZACION LABORAL Y PERSECUCION POLÍTICA A LOS LUCHADORES POPULARES.

HOY COMO SIEMPRE
¡¡¡¡DARÍO SANTILLÁN, PRESENTE!!!!!
¡¡¡¡ MAXIMILANO KOSTEKI, PRESENTE!!!!!

Apuntes sobre una palabra

 Por Sandra Russo

“Es una de cal y una de arena”, fue el título de este diario el viernes. La frase la dijo, visiblemente contrariada, Estela Carlotto. Se refería al fallo de Casación que ese día confirmó la orden de extracción de ADN compulsiva a los hermanos Noble Herrera, pero al mismo tiempo introdujo la variable de la limitación de cotejos, tomando como válidas fechas de expedientes de adopción falsos. La querella ha leído esa limitación como un obstáculo más tendiente a dilatar la causa, que lleva ya diez años. La Justicia estaría actuando, si así fuera, como un dique para impedirse a sí misma.

Lo de la cal y la arena lleva inevitablemente a pensar en la teoría los dos demonios, y en un sector del Poder Judicial que todavía la abona con sus fallos. Eso vuelve inevitablemente ideológicos a esos fallos, como en el fondo lo son todos. Pero éste es en todo caso un debate que uno de los tres poderes del Estado, y no una corporación cristalizada, debe enfrentar, pasadas ya más de tres décadas. Lo que equivale a plantear en qué medida, en casos de delitos de lesa humanidad, pueden los jueces interpretar las leyes según sus propias lecturas políticas.

Durante más de veinte años, mientras se realizaba el Juicio a las Juntas, mientras se publicaba el Nunca Más, mientras después salía la ley de punto final y obediencia debida, mientras uno por uno esos hitos judiciales emanados desde el Poder Ejecutivo tejían el vestido simbólico del indulto, era esa teoría la que sobrevolaba la interpretación democrática del terrorismo de Estado. Los militares habían respondido con excesos a una violencia preexistente y por eso merecían ser juzgados, aunque como sólo se había tratado de una respuesta, también merecían ser indultados.

Fue recién en 2007 que los abogados de Nilda Eloy, Jorge Julio López y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos lograron que un tribunal escuchara el pedido de cambio de calificación, y que se juzgara al ex comisario Miguel Angel Etchecolatz por la imputación de genocidio. La relevancia de ese cambio es que modifica la lectura general de los hechos, ya que desde ningún punto de vista lógico pueden considerarse “respuestas” a nada hechos puntuales e investigados, como el haber arrojado dopados pero vivos a los prisioneros al Río de la Plata, o el haber mantenido con vida hasta el parto a las prisioneras embarazadas, para después asesinarlas y robarles sus bebés. La Justicia admite que hechos como éstos formaron parte de un plan.

“La dictadura no mataba a cualquiera, el plan estaba dirigido a aquellos que realizaran formas de participación, que fueras un obstáculo al otro plan que se quería imponer”, rezó un párrafo de la presentación de esa querella, que fue la que firmó Jorge Julio López antes de ser secuestrado en democracia. Su secuestro y su desaparición, que continúan, le impidieron presenciar la sentencia a cadena perpetua por genocidio, que le fue impuesta a Etchecolatz, su torturador.

Aquel día, el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata no pudo terminar la lectura del veredicto porque en la sala estallaron de un lado los aplausos y del otro, los abucheos. Pero el presidente del Tribunal, el juez Carlos Rozanski, alcanzó a leer que Etchecolatz fue condenado por “homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos”, delitos que calificó “de lesa humanidad, en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983”.

Antes de abandonar la sala, el ex policía dijo que se consideraba un “prisionero de guerra y detenido político”. Antes había dicho: “Yo sé que no tendrán vergüenza en condenar a un anciano enfermo, sin dinero y sin poder”. Saltando sobre el cinismo de un condenado por delitos de lesa humanidad, lo que dijo retumba en la actualidad. El Poder Judicial está exhibiendo, con sus evidentes dilaciones en causas que sí involucran a personas con dinero y con poder, una cara vergonzante.

Lo relevante de aquel fallo es que introdujo la figura del genocidio, veintidós años después del fin de la dictadura. Dio un paso decisivo en la lectura histórica del terrorismo de Estado de los ’70. La palabra llegó con el arribo de una nueva generación de jueces.

En su libro La doctrina del shock, la escritora y periodista Naomi Klein se detiene en ese fallo, que incluyó la idea de que “la condena que pronunciaba no estaba a la altura de la auténtica naturaleza del crimen y que, en interés de la construcción de la memoria colectiva, tenía que añadir que ‘todos esos crímenes lo fueron contra la humanidad, en el contexto del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre 1976 y 1983’”.

El concepto de genocidio es el que desarticula la vieja teoría de los dos demonios, que fue la dominante durante años y todavía palpita en fallos como el de Casación. Ese concepto indica que los crímenes no fueron cometidos en el marco de una “guerra sucia”. Lo que hubo fue un plan de exterminio planificado y llevado a cabo en todo el país, con ramificaciones en toda la región. La palabra genocidio implica la intención de asesinar a un grupo, no a personas individuales, pero para usarla el juez debió estudiarla.

En sus fundamentos, conocidos dos semanas después de la sentencia, Rozanski sostuvo que si bien la Convención de Naciones Unidas sobre Genocidio define ese crimen de lesa humanidad como “un intento de destruir en todo o en parte un grupo nacional, étnico, religioso o racial”, y no menciona la palabra “político” –que es lo que había pasado en la Argentina, el exterminio de opositores, la mayoría de ellos jóvenes–, esa omisión tenía una historia. Rozanski la recordó: el 11 de diciembre de 1946, en respuesta directa al Holocausto, la Asamblea General de la ONU aprobó de forma unánime una resolución, prohibiendo los actos de genocidio “en grupos raciales, religiosos, políticos o de otro tipo que han sido destruidos en su totalidad o en parte”. Es decir, la situación argentina entraba en esos cánones tal como fue planteada en respuesta al genocidio nazi. Pero la palabra “político” fue eliminada de esa Convención dos años después, en 1948, por expreso pedido de Stalin, que obviamente buscaba salirse del grupo acusado para ingresar al de los acusadores. El tribunal argentino basó su fallo, entonces, en la definición original de “genocidio” y nadie en la ONU estuvo interesado en reivindicar la segunda.

Organismos de derechos humanos denuncian indefensión de testigos

A tres semanas del secuestro del testigo rosarino Victor Martinez, enmarcado en un juicio por lesa humanidad, organizaciones de derechos humanos denuncian a través de un comunicado, la falta de protección a los testigos.
         
A tres semanas del secuestro del testigo rosarino Victor Martinez, enmarcado en un juicio por lesa humanidad, organizaciones de derechos humanos denuncian a través de un comunicado, la falta de protección a los testigos.
  
Advierten que sigue vigente "la impunidad y el encubrimiento" por parte de los genocidas y que este prevalece por sobre la seguridad de los testigos, "al igual que los casos de Gerez y Puthod".

También denuncian los atentados a testigos, querellantes, familiares, jueces y abogados que hubo en el juicio a la Unidad 9 en La Plata. El asesinato de Silvia Suppo también es caracterizado por las organizaciones de derechos humanos, con vinculación al "aparato represivo" ya que la mujer era testigo de crímenes de lesa humanidad.

Finalmente el comunicado de prensa cuenta del juicio previsto para mediados de año donde se investigarán hechos ocurridos en distintos centros clandestinos enmarcados en el "circuito Camps", con 23 imputados.

Más que indiganción : ¡¡absolvieron a cinco policías por el asesinato de Porcho Leprati!!

Los que ensuciaron las pistas

Son los que acompañaban al autor material del disparo que mató a Pocho Lepratti en diciembre de 2001. La abogada de la familia aseguró que "no hay duda que intentaron encubrir" el hecho. No descartó recurrir a la Corte Suprema.
    
La Sala II de la Cámara de Apelaciones absolvió a los cinco policías de la Unidad Regional II condenados por encubrir el asesinato del militante social Claudio "Pocho" Lepratti, ocurrido el 19 de diciembre de 2001. El fallo beneficia a Marcelo Arrúa, Rubén Pérez, Roberto de la Torre, Daniel Braza y Carlos Alberto de Souza, quienes acompañaban en el móvil 2270 al policía del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco, Esteban Velázquez, autor material del asesinato. Los policías absueltos habían sido condenados por la justicia en un fallo de primera instancia por falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado en concurso ideal. Ahora, el tribunal de alzada, que integran los camaristas Carina Lurati, Juvencio Mestre y Ramón Ríos, decidió absolver a los cinco policías por el beneficio de la duda. La abogada de la familia Lepratti, Carmen Maidagan, dijo que "no hay duda alguna" de que existió una actitud de encubrir y falsear documentación pública, y que "existen elementos" para solicitar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte.

Arrúa y Pérez, chofer y acompañante respectivamente del móvil en el que iba Velázquez; de la Torre, ex jefe de la subcomisaría 20ª; Braza, ex jefe del Comando Radioeléctrico, y de Souza, ex oficial de guardia de la subcomisaría 20ª, habían sido condenados por el juez de sentencia Julio García, que les aplicó una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena, como coautores penalmente responsables de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado en concurso ideal.

Según el camarista Ríos, se trató de un caso en con situaciones confusas. "Estos policías estuvieron perseguidos por homicidio y algunos estuvieron detenidos bastante tiempo, hasta que se aclaró que el arma era del culpable y autor material. Fue cuando se comprobó fehacientemente que el proyectil que estaba en el cuerpo de Lepratti salió del arma de este oficial que estaba en la guardia en ese momento", precisó el magistrado.

En el fallo, la defensa de los policías consideró que la falsedad de documento público se configura cuando se insertan o se hacen insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, y "en la especie no hay dudas sobre la fidelidad de la referida acta ya que todos los agentes la ratifican y no hay falsedades introducidas en la misma".

Para Maidagan, "no hay duda alguna" de que existió una actitud de encubrir y falsear documentación pública. "En este tipo de delitos no va a haber un documento donde ellos firmen que digan que van a falsear, pero todos los elementos que se juntaron en la causa sostienen que las cosas consignadas en el acta no son ciertas. El acta de procedimiento es la primer foja de cualquier sumario, de ahí surge toda la investigación, y esto da carta blanca a que se haga lo que quiera de acá a futuro total no hay sanción", abundó.

En referencia a la imputación de encubrimiento agravado, la defensa de los policías planteó que debía ser rechazada de plano por cuanto Pérez y Arrúa "fueron inicialmente imputados por el homicidio de Lepratti de manera que no pueden ser ahora condenados por un presunto encubrimiento del homicidio, después de haber estado detenido Pérez 6 meses y ocho días bajo tal acusación mayor".

En este sentido, Maidagan ennumeró "denuncias que no se hicieron, el tema del móvil que ellos dicen que les disparan y se comprobó que los disparos no pudieron ser hechos del techo; todo esto demuestra que hubo una actitud por parte de la policía para tratar de encubrir y llevar la investigación hacia otro lado".

La abogada agregó que el planteo que de la Torre y Braza "no dan fe de lo que ocurrió porque en realidad ellos lo único que reciben son las manifestaciones de los otros dos, y que a su vez estos no son responsables porque no se los puede obligar a auotincriminarse, es un disparate total. Además, cuando ellos hacen el acta de procedimiento en realidad todavía no estaban imputados de nada, por eso la Cámara no puede decir que por una cuestión de legítima defensa ellos no pueden estar obligados a decir la verdad".

Maidagan adelantó que le pedirán al Procurador o al Fiscal que planteen un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, porque consideran que existe "gravedad institucional" y por "arbitrariedad". Además, solicitarán a la Legislatura que tomen una intervención activa para determinar si "hay irregularidades en los distintos jueces que intervinieron, y en su caso se inicien los jurys que correspondan".

El 19 de diciembre de 2001; "Pocho" Lepratti, un militante social de 38 años que ayudaba en un comedor comunitario de barrio Las Flores, subió al techo para pedirles a los policías que no dispararan al aire, porque adentro había chicos comiendo. Pero Velázquez lo mató con un disparo de su Itaka en la garganta, por lo que fue condenado por el juez de Ernesto Genesio a 14 años de prisión.

Sólo el autor material del crimen del militante social Claudio “Pocho” Lepratti, ocurrido en Rosario durante la trágica retirada de Fernando de la Rúa de la presidencia, es culpable para la Justicia. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe absolvió ayer de culpa y cargo a otros cinco policías, que habían sido condenados en 2009 por encubrimiento y falseamiento de documento público. El tribunal fundó su resolución en el principio de duda, que favorece siempre al acusado, al tiempo que confirmó la condena del oficial Esteban Ernesto Velázquez, el asesino que inmortalizó al “Angel de la Bicicleta” –como pasó a la historia– al gatillar su arma mientras Lepra-tti, en el techo de su comedor escolar, gritaba: “Dejen de tirar que hay pibes comiendo”.

Lepratti era el mayor de seis hermanos y provenía de una familia de trabajadores rurales de Concepción del Uruguay. Luego de abandonar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Santa Fe y más tarde el Instituto Salesiano de Funes, donde sus superiores no lo autorizaban a trabajar en los barrios, se instaló en el Ludueña, en el Gran Rosario, donde comenzó a coordinar talleres para chicos con problemas de adicciones y a dar clases de teología. Era militante gremial en ATE, ayudante de cocina en la escuela 756, y uno de los creadores de la Coordinadora Juvenil de la Vicaría Sagrado Corazón del Barrio Ludueña. Para poder honrar todos sus compromisos iba y venía todos los días en bicicleta por la avenida Circunvalación.

En la mañana del 19 de diciembre de 2001, cuando ya se habían generalizado los saqueos a supermercados y De la Rúa se aprestaba a declarar el estado de sitio, Lepratti trabajaba en la cocina de la escuela, en el populoso barrio Las Flores. Al escuchar disturbios se subió al techo del edificio, les gritó a los policías de Santa Fe que no dispararan porque había pibes comiendo y recibió como respuesta un balazo mortal. Pocho Lepratti fue una de las siete víctimas fatales que sólo en Rosario se cobró el último presidente radical.

Tres años después llegó la sentencia para Velázquez, subjefe de la Comisaría 20ª: catorce años de prisión. En agosto de 2009 el juez de sentencia de Rosario, Julio García, condenó a dos años y ocho meses de prisión a cinco policías por los delitos de encubrimiento y falseamiento de documento público. La sentencia alcanzó a Marcelo Fabián Arrúa, chofer del móvil desde el que se hizo el disparo, y a su acompañante, Rubén Darío Pérez. También fueron condenados el ex jefe de la comisaría, Roberto de la Torre, el titular del Comando Radioeléctrico, Daniel Horacio Braza, y el oficial de guardia Carlos Alberto de Souza. El magistrado consideró probado que habían insertado datos falsos en el libro de guardia de la seccional, que habían adulterado el acta de inspección ocular del escenario del crimen, la constancia del comparendo de una testigo en sede policial, y que a tiro limpio habían modificado el aspecto del patrullero, para intentar hacer pasar la ejecución como enfrentamiento. La pena para los policías fue de ejecución condicional e incluyó la inhabilitación por doble de tiempo, cinco años y cuatro meses. La condena quedó ayer en la nada. La Sala II de la Cámara Penal provincial tomó nota de los argumentos policiales, se permitió dudar y los absolvió.

PRIVILEGIAN A REPRESORES Y ASESINOS DE LA TRIPLE A

Resumen:  

Walter Osmar Maza, ex delegado sindical detenido y torturado por gendarmería nacional en 1975, denuncia a Stella Maris Martinez por demorarle SEIS meses su constitucíón de querellante en contra de represores. 

La denuncia por discriminación y por beneficiar (prevaricato) a los represores, pues a él le niega la participación en términos igualitarios, mientras que los represores tienen un trato preferencial (se instruye hasta "modelos de defensa para represores") y diferenciado (se pagan abogados hasta 20.000 pesos por mes más gastos de traslados, lo que hace 27mil a 30mil a costa de la defensoria, solo para que defiendan a represores). 

Estas defensas preferenciales y diferenciales han sido denunciadas ya de revictimizar a las victimas de terrorismo de Estado, de confraternizar con los represores más allá del límite de lo institucional (llegando hasta a burlarse de las víctimas en los pasillos), son estos abogados elegidos personalmente por la Defensora General (sin concurso previo) y son premiados con cargos fijos (de defensores o en otras reparticiones) en los que ella misma recomienda su afecto. -Righi dicta resolución PGN 13/08 denunciando que las chicanas dilatorias son recurrentes, más que de las defensas privadas de los represores

Esta es la denuncia entró el lunes 27 de septiembre de 2010 al despacho del procurador general de la nación

Al Procurador General De la Nación Dr. Esteban Righi Su despacho: 

Walter Osmar Maza, argentino, ex militante de la Tendencia Peronista en la década de 1970-1980, ex delegado sindical, detenido desaparecido en el año 1975, DNI 10.616.694, con domicilio en esquina de calles Sarmiento y Libertad de la ciudad de Pichanal, junto con Ricardo Roberto Braunstein, argentino, maestro normal nacional y activista e integrante de la Mesa Provincial de la Red en Defensa por los Derechos Humanos de la Provincia de Salta (ONG, reuniones semanales los martes 15 horas en el edificio de Rectorado de la UNSa, Alvarado 551), DNI N° 7.884.292, con domicilio en calle 20 de febrero 545 de la Ciudad de Pichanal, con el patrocinio letrado del Dr. Hernán Mascietti, abogado, inscrito en el f 37 t 109 de la CFASalta, asesor jurídico de la Red en defensa de los Derechos Humanos de la Provincia de Salta y Secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Regional Norte, 

Se dirige a Vuestra Excelencia a fin de radicar una denuncia contra la Dra Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario publico agravado por discriminación y otros que evaluare el criterio de la Fiscalía de Estado de la Nación. 

1) Denuncia. 

Denuncio, según la autoridad de su organismo, de prevaricato, incumplimiento de sus funciones, agravados por discriminación y otros delitos que Ud. considere involucrados, a Stella Maris Martinez, Defensora General de la Nación y otros responsables que Ud. considere o resulten de la investigación, fundando mi denuncia en que me estoy arbitrariamente privado de mi derecho de defensa como denunciante de mi secuestro, detención y tortura en marzo de 1975 y otras oportunidades, ya que he pedido constituirme como querellante de esta causa de torturas, mientras que a los represores se les da trato preferencial, centralizado y distinguido. 

2) Hechos. 

Denuncia por delitos de lesa humanidad y presentación para la querella. A los trece días del mes de abril del presente año le expresé a la defensora Dra. María Dolores Pistone que había sido detenido y torturado en marzo de 1975 y en otras oportunidades del mismo año, siendo el lugar de detención clandestina el escuadrón 20 de la ciudad de Orán, hechos que se detallan en la causa 2060/2010 del Juzgado Federal de Orán, y que mi intención era asumir la calidad de querellante para ejercer mi derecho de defensa respecto de las pruebas, procedimientos y resoluciones de mi causa. Tal como me demostró, la Defensora de Orán envió la solicitud mía a la Defensora General de la Nación a mediados del mes de abril del 2010 y todavía no tiene respuesta. Petición en persona. Es así que viajé a Buenos Aires, con mucho sacrificio y ayuda de compañeros, a mediados del mes de junio del año 2010, estuve en el despacho de la Defensora General (atendido por la secretaria o asistente de la Defensora General), al no encontrarse la Defensora General ahí le deje los papeles de mi caso y el de Hernán Zurita (caso P 432/2005 del Juzgado Federal de Orán). Reúno todos los requisitos para iniciar la querella por medio de la Defensoría Federal, soy desocupado, vivo en una casa de madera precaria y quiero justicia. Noticia sobre la situación preferencial de represores. Estuve hablando con varias personas, en mi estadía en Buenos Aires y a la vuelta a Salta, relacionadas a la militancia de la Tendencia de mi época y militantes actuales de Derechos Humanos, entre los que se cuentan Dolores y Pablo de Abuelas de Plaza de Mayo y Ricardo Braunstein de la Tendencia y la Red por los Derechos Humanos de Salta, y también abogados de la Red por los Derechos Humanos de la Provincia de Salta, como el Dr. Hernán Mascietti, que es mi patrocinante en esta denuncia. Me expresaron que existen formas rápidas y preferenciales de defender a los represores, mientras que a mí se me hace esperar 5 meses mientras está corriendo la causa que inicié en el Juzgado Federal de Orán sin poder ejercer mi derecho de defensa. 

Estas formas preferenciales y expeditas de defender a los REPRESORES son los defensores AD HOC elegidos y rentados por la Defensora General y las Unidades de letrados móviles. Documentación y resoluciones. Me entero de ello y me acercan documentación que comprueba la existencia de dichas Unidades de letrados móviles y sus antecedentes inmediatos que son los Defensores Ad Hoc elegidos y rentados por la Defensora General. Estas son las resoluciones 1855/07, 710/09 y 962/09. La resolución del 2007 (Nº 1855) establece la obligación de información, de cada uno de los defensores federales, a la Defensoría General sobre todas las defensas de represores. La resolución 710, ya del año 2009, crea las unidades de letrados móviles 1, 2 y 3; es de señalar que hasta ello, según el párrafo considerando cuarto, se utilizaron los defensores Ad Hoc elegidos y rentados por al Defensoría General. Y la resolución 962 del año 2009 establece que se de información a diversas defensorías cuando exista incompatibilidades por parte de la defensoría federal para defender a los represores y asesinos del proceso y de la triple A. Todas estas resoluciones están acompañadas por MODELOS de defensa para represores, elaborados por la Defensora General, que acompaño a la denuncia. Estos modelos son inauditos en la Defensoría General de la Nación en toda su historia, acompañados por las denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos de Rosario y Corrientes. Defensor público rentado, no concursado, de represores en Orán. Con desagrado me entero que ya en Orán existe un defensor Ad Hoc nombrado y rentado por la Defensora para tomar la defensa de los represores. Justamente, recuerdo que mi patrocinante, al actuar en una causa como defensor ad hoc (no rentado) del General Ríos Ereñú, tuvo que renunciar a causa de su pertenencia a la Red por los Derechos Humanos de Salta, luego de informar esa situación. La Defensora Federal de Orán, también ha asumido causas de derechos humanos indígenas y es maestranda de Derechos Humanos en la Universidad de Salta. A pesar de haber otros defensores y del juramento de la defensora federal de Orán, se nombró al Dr. Gabriel Lanaro Ojeda para la defensa de represores en Orán. Quiero aclarar que ha sido un trabajo inmenso por parte de la Red por los Derechos Humanos de Salta y de la agrupación Memoria Verdad y Justicia, juntar a los familiares y víctimas del terrorismo de Estado, conseguir que se presenten, den su testimonio, en dinero, tiempo, fotocopias, llamadas telefónicas, etc. sin que NADIE pague por ello. 

Por esta razón me indigno, más allá de sentirme profundamente discriminado, que se actúe con tanta celeridad y preferencia a los distinguidos REPRESORES y TERRORISTAS DE ESTADO. Me gustaría saber si más arriba de la defensoría están enterados de este aparato defensor de represores, personas en las que confiamos que impartirían justicia, pero me parece que excede a mi denuncia. 

También sospecho que los PREPRESORES, al hacer lo que hicieron, rotando con sus torturas y muertes por toda la Nación para que otros en oficinas de Buenos Aires puedan desvalijar el país, confiaron que LA DEFENSORÍA pondría sus mejores hombres y mujeres a defenderlos, en un trato preferencial y distinguido de LA DEFENSORIA FEDERAL, a costa de no tener que sacar de sus bolsillos el dinero para pagar una honrosa defensa. Estos defensores Ad Hoc elegidos y rentados por la Defensora General, tienen un estipendio de más de veinte mil pesos por mes, más viáticos aéreos todas las semanas (cuatro pasajes por fin de semana) para regresar a su casa a Buenos Aires, desarraigo y gastos, pagadero de mis magros impuestos. Pero para mí, no gastan un centavo siendo víctima de delitos de lesa humanidad, estoy indignado. Este señor Defensor Ad Hoc elegido y rentado por la Defensora General, ha sido nombrado el día seis de julio de 2010, y menos de un mes antes no tenía la categoría suficiente para lograr el cargo rentado, lo que demuestra la falta de idoneidad, además de lo denunciado. Perjuicio irreparable. 

Es así que me veo totalmente perjudicado en mi derecho de defensa respecto al juicio iniciado por denuncia por mí, pero sin poder ejercer mi derecho de defensa. Particularmente, por la inactividad, y segregación hacia las víctimas de los delitos de lesa humanidad, me veo afectado de no poder ofrecer más pruebas de testigos de mi secuestro, detención y tortura, de no poder ofrecer pruebas de informe, asimismo de no controlar las pruebas o resoluciones que pueden hasta incluso hacer cosa juzgada respecto del proceso iniciado por mi denuncia. Este es el daño que me hace la inactividad de la denunciada Stella Maris Martínez de no considerar la petición, con su silencio total, de poder constituirme en querellante particular sobre la causa. Retardo Injustificado, prevaricato y otros. Este delito cuanto menos es el de retardo injustificado de los oficios de su cargo (art. 249 CP), debiendo investigarse también sobre la ejecución de nombramientos sin condiciones (art. 253) respecto del defensor de represores señalados y de la creación de las defensorías letradas móviles, las que están en un total desacuerdo con las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia (exposición de motivos: “contribuir de forma importante las desigualdades sociales”), especialmente a mi persona como víctima (regla 10) indigente (regla 15) del terrorismo de estado, como obligación de la defensoría (regla 24 b). El delito señalado, el de retardo injustificado en los oficios de su cargo, lo denuncio con el agravamiento de discriminación, ya que se le ha dado trato especial, diferencial y privilegiado a otros que resultan ser los victimarios de los delitos que yo sufrí y he denunciado. 

Viendo en la realidad social, las víctimas del terrorismo de Estado en argentina antes de 1983, y mi persona es una de esos ejemplos, han quedado en la miseria mientras que los victimarios, quienes tienen estabilidad de sus funciones públicas en las fuerzas de seguridad o jubilación por haber cometido desmanes, son además beneficiados con el trato prerefencial de la Defensora General (al dar las resoluciones reseñadas y los estipendios a los defensores especiales). Las desigualdades son inconmensurables, andamos mendigando trabajo, reparación (histórica y social) y justicia, además de buscar trabajo, trabajar en changas, con todas las lesiones permanentes y progresivas que ha dejado la tortura, las lesiones psicológicas, las lesiones de la edad, sin obra social y sin la mayoría de aportes por haber estado escondido por mucho tiempo, esto no se ha tenido en cuenta. Pero la discriminación, en comparación concreta de mi caso, junto a las resoluciones y la designación del defensor Ad Hoc, es inaudita, discriminatoria, injuriante y también sumamente sospechosa. Intereses institucionales. Es dable advertir a su excelencia, lo que en definitiva se ha puesto en pugna en los presentes actuados, son derechos de innegable raigambre constitucional como ser, el derecho de defensa en juicio (art. 18 Constitución Nacional), el derecho a un debido proceso (inciso 22 Art. 75 Constitución Nacional) que involucre un trato igualitario a los ciudadanos (art. 16 e incisos 22 y 23 del art. 75 Constitución Nacional) y el derecho al acceso a la justicia (inciso 22 art. 75 Constitución Nacional), intereses que expresamente protege vuestro organismo. Fin de la comisión del delito. El mismo hecho que no haya podido ingresar al expediente como parte para impulsar la acción procesal penal en contra de mis torturadores, ya constituye un daño, un resultado cierto que está consumado, un perjuicio hacia la participación en el juicio, por más derechos de víctima a compulsar el expediente que tenga, no lo es en la forma calificada que se realiza al ser querellante con asistencia técnica. Me siento perjudicado, a su vez, por el trato preferencial a los denunciados por represión tortura y secuestro político, toda vez que la Defensoría General, sin motivos ciertos o aparentes, beneficia a una de las partes, que no prueba tampoco ser la más débil, sino que probadamente la más débil es la parte victima del terrorismo de Estado, que nos ha dejado empobrecidos, enfermos psíquica y físicamente, por muchos años (de teoría de los dos demonios) estigmatizados, otras veces con otra identidad. Particularmente, en el año 1975 realicé un depósito de dinero importante, el que nunca me fue devuelto y que constaba de medio millón de pesos que eran mis ahorros de trabajo, indemnización por despido, nunca hasta el día de hoy, pude retirar ese dinero del Banco Nación. Esto último para figurar cómo hemos sido aniquilados de una forma o de otra, mientras los represores, que hoy 

3) Prueba - 

Solicito se requieran al Sr. Juez Federal de Orán, fotocopias de las actuaciones, procesos y denuncias por delitos de lesa humanidad. - Solicito se requieran a la Defensora General, copias autenticadas de las resoluciones 1855/07, 710/09 y 962/09 de la Defensoría General de la Nación. También copias de la resolución y legajo del Dr. Gabriel Lanaro Ojeda. También copias de la resolución y legajo de los abogados que forman parte de las Unidad de Letrados Móviles 1, 2 y 3, para la investigación del delito de favorecimiento personal o abuso de autoridad. - Presento documentación en 41 fojas. - Solicito se notifique a la APDH de Rosario, a la agrupación de Derechos Humanos Memoria Verdad y Justicia de Orán, por su interés en la presente denuncia. Saludo Atentamente

Marcha 24 de marzo 2011 - Palabras de homenaje a Adriana

Con Impunidad y Represión, No Hay Derechos Humanos (parte II)

Con Impunidad y Represión, No Hay Derechos Humanos (parte I)

A 4 años del asesinato de Carlos Fuentealba

Hoy, lunes 4 de abril, se cumplen cuatro años de la represión que cobró la vida del docente neuquino Carlos Fuentealba. Diversas actividades para recordarlo y exigir justicia se llevarán a cabo. En Neuquén se realizará una movilización convocada por Co.Ca.Pre. y Sandra Rodriguez a las 17 horas. En tanto en Buenos Aires a las 7.30 se realizará una conferencia de prensa en AGD-UBA (Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo T. de Alvear y Uriburu, Segundo Piso) y a las 18 se hará un acto frente a la Casa de Neuquén, ubicada en Maipú al 200.
   
Convocatoria en Neuquén

Tod@s al Monumento: la Justicia que no es Completa no es Justicia

El día de hoy se cumplen cuatro años de la represión que cobró la vida del docente neuquino Carlos Fuentealba. La movilización central convocada por Co.Ca.Pre. y Sandra Rodriguez es para las 17 horas, y sostienen que la causa Fuentealba II está en un momento definitorio, decisivo, pues podría ser la última instancia judicial en la provincia.
Desde todas las organizaciones convocantes (también en horas de la mañana los sindicatos movilizaran con paro), la importancia de la presencia en las calles permitirá “convencer” al Tribunal Superior de Justicia neuquino la necesidad de fijar una fecha para la audiencia pública que permita investigar a la querella, a la familia de Carlos Fuentealba y a los amigos de la Justicia (amicus curae) ya que la fiscalía no lo ha hecho.

Esta audiencia pública (pedida en el marco de un “recurso de casación” en donde se “amplian fundamentos”) será la última instancia en la que se podrá exigir justicia completa por la muerte de Carlos Fuentealba y la represión de Arroyito en abril de 2007, y una vez agotada esta instancia, la causa solo podrá recurrir a la Corte Suprema de la Nación.