HIJOS - LA PLATA. Sentencia en el Juicio por Robo de bebés

EL LENTO COMIENZO DE LA VERDAD

 

Esta semana llega a sentencia el juicio por el Plan Sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos que inició sus audiencias el 28 de febrero de 2011. Muchos han planteado este juicio como el punto de llegada de una larga lucha de los ejes de Identidad, Memoria y Verdad.  Desde HIJOS planteamos que este juicio es en realidad un punto de partida de una tarea inconclusa, que si en verdad tiene un largo recorrido tras de sí, no se agota en el justo castigo de un puñado de las cabezas del mando militar  policial que ejecutaron el genocidio.

 

Dieciséis años tuvo que esperar la denuncia que realizó Abuelas de Plaza de Mayo en diciembre de 1996, cuando estaban vigentes las leyes de impunidad, y se encontró este recurso para intentar dar un salto a la situación de impunidad que se estaba viviendo.

Finalmente el juicio contempló 6 grandes causas por hechos de los CCD La Cacha, Comisaría 5ta de La Plata, Pozo de Banfield, Campo de Mayo, el Vesubio, el Olimpo, Automotores Orletti y ESMA, que incluyen 35 casos de sustracción, retención y ocultamiento de menores hijos de las compañeras y compañeros secuestrados por el Terrorismo de Estado, cuya identidad fue sustituida como parte del plan genocida. De los 35 casos 27 fueron nacimientos en cautiverio y, excepto Sara Méndez, su marido Mauricio Gatti y Abel Madariaga; todas las madres  y padres están desaparecidos. De las apropiaciones que se juzgan, 25 ya han sido resueltas gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y esos nietos han podido recuperar su verdad y su historia. Mientras tanto, continúan apropiados, y viviendo en una red de mentiras, los hijos de las parejas María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete,  de Ana Rubel y Hugo Alberto Castro, de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Repetur, y los casos de Ana Libertad Baratti-De la Cuadra, Clara Anahí Mariani-Teruggi, Victoria Petrakos-Castellini, Martín Ogando-Montesano y Guido Carlotto.

 

El proceso que ahora llega a su fin juzgó la responsabilidad penal estructural en el armado del Plan Sistemático de apropiación de menores. A esta altura, la investigación judicial dejó claro que el plan consistía en: a) robar a los bebés cuando sus padres “pudieran resultar sospechosos de tener vínculos con la militancia revolucionaria”; b) conducirlos a centros clandestinos de detención; c) sustraer a los menores nacidos durante la detención de sus madres; d) entregarlos a integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad o a terceras personas “con el objeto de que estos los retuviesen y ocultasen de sus legítimos tenedores”; e) “suprimir el estado civil de los niños, inscribiéndolos como hijos de quienes los retuviesen u ocultasen”, y f) “insertar o hacer insertar datos falsos en constataciones y certificados de nacimiento y documentos destinados a acreditar la identidad de los menores”.

La acusación de la elevación a juicio elaborada por el fiscal Federico Delgado reseña al Plan Sistemático como “el gran secreto del ‘Proceso de Reorganización Nacional’”, y destaca que “tenía un fin: penetrar en todas las esferas de la sociedad civil para ‘normalizar’, y redefinir a los sujetos conforme un elaborado ‘tipo ideal’: a la reformulación del otro que era su negación, no había alternativa, se ‘era como se debía ser’, o ‘no se era’. Y para eso se edifica el criterio para ‘asignar’ a los niños nacidos en cautiverio: había que cortar sus lazos de sangre para que ‘sean’ conforme al imaginario social que subyacía al régimen político”.

Según la acusación, Videla “no solamente ordenó la comisión de los hechos descriptos sino que también controló su cumplimiento, a raíz de lo cual se proyectara en el tiempo su dominio sobre los mismos”.

Los marinos imputados en la causa, Rubén Franco, representante de la Armada en la última Junta Militar, Antonio Vañek, comandante de Operaciones Navales de la Armada entre el ’77-’78,  Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, jefe de la unidad de Inteligencia del grupo de tareas 3.3.2, el médico naval Jorge Luis Magnacco y Juan Antonio Azic, oficial de inteligencia del 3.3.2 y apropiador de Victoria Donda Pérez,  lo están por el CCD de la ESMA.

Santiago Riveros, comandante de Institutos Militares y comandante de la Zona IV, y Reynaldo Bignone (jefe del Área 480 de Campo de Mayo) están imputados por hechos de apropiación cometidos en Campo de Mayo.

En septiembre pasado el tribunal incluyó en el juicio la causa contra Eduardo Ruffo (miembros de las 3ª, de la Side, del plantel del CCD Orletti y apropiador de Carla Rutila Artés) por la apropiación de Simón Riquelo, hijo biológico de Sara Rita Méndez y Mauricio Raúl Gatti, entregado por el juez Wagner Gustavo Mitchell, hasta hace poco integrante de la Cámara de Casación Penal.

Finalmente en junio pasado fueron sumados los casos del represor Víctor Gallo (capitán retirado del ejército y ex carapintada) y su esposa Susana Inés Colombo, acusados por la apropiación de Francisco Madariaga, hijo del Secretario de Abuelas y nacido en Campo de Mayo.

 

El recorrido de la política de Juicio y Castigo y Restitución en estos años nos presenta un camino sinuoso. En el Juicio a las Juntas se probó sólo el caso de los hermanos Gatica-Caracoche, y se condenó en 1987 al policía Rodolfo Silva a 3 años de prisión y 100 australes de indemnización por la supresión de estado civil y falsificación de documento de María Eugenia Gatica.

Desde el caso de Paula Logares, restituida en 1984, hasta mediados de1989 las Abuelas habían encontrado 50 chicos apropiados, de los cuales la mitad habían vuelto con sus familias y sólo 5 estaban en proceso judicial.

A mediados de 2012, 23 años después, los niños con identidad restituida son sólo una quinta parte de los casos denunciados, siendo el último el caso n° 105: Laura Reinhold Siver, la hija de Susana Leonor Siver y Marcelo Carlos Reinhold, nacida en febrero de 1978 en el Hospital Naval.  

Durante estos años de continuidad de las apropiaciones, y hasta llegar al juicio “Plan Sistemático” hubo varios genocidas muertos impunes: Emilio Massera (el más emblemático, declarado insano, por lo que no fue a juicio una vez reactivado el proceso de juzgamiento en 2006), Cristino Nicolaides (último jefe del ejército de la dictadura), Juan Bautista Sasiaiñ (jefe del Área 311 y de la Federal), y Héctor Febres (el prefecto ayudado a suicidarse para no hablar a días de la sentencia del juicio que lo tenía como protagonista).

 

Fueron únicamente 9 los juicios por apropiación o supresión de identidad entre marzo de 2004 y noviembre de 2011. Las penas a los 17 genocidas y algunas de sus esposas, autores de uno de los crímenes que mejor simbolizan el genocidio perpetrado en la dictadura, fueron de entre 5 y 18 años de prisión, con otorgamientos de domiciliarias incluidas.

Los condenados fueron Miguel Etchecolatz y Jorge Bergés, por el caso de Carmen Gallo-Sanz, apropiada desde el Pozo de Banfield. El capitán del Ejército Enrique Berthier, como entregador al apropiador Osvaldo Rivas y su mujer Cristina Gómez Pinto, por falsear la identidad de María Eugenia Sampallo Barragán. El comandante de Gendarmería Víctor Rei, apropiador de Alejandro Fontana-Sandoval. El comerciante platense Omar Alonso y su cómplice Juan Carlos Herzberg, capitán de navío y entregador de Natalia Suarez Nelson-Corvalán. José Richutti, agente del Batallón 601 y su esposa Élida Hermann, apropiadores de Bárbara García-Recchia. El oficial de inteligencia de la Federal Luis Antonio Falco, quien se apropió de Juan Cabandié-Alfonsín. El suboficial de marina Policarpo Vázquez, que operaba en la Base Naval de Mar del Plata y se robó a Evelin Karina Bauer-Pegoraro. El jefe de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Paraná, Juan Zaccaría, quien junto a 4 agentes del Destacamento de Inteligencia 121 de Paraná fue condenado por la retención y supresión de identidad de los mellizos Negro-Valenzuela. Y Luis Tejada, agente del Destacamento de Inteligencia 144 de San Juan, que fue condenado con su esposa Raquel Quinteros por el caso de Jorge Martínez Aranda-Goya.

 

Queda pendiente en todo este proceso la participación histórica y la responsabilidad penal de los integrantes de la Iglesia Católica, verdaderos agentes de inteligencia del plan criminal como Emilio Graselli, Antonio Plaza, Victorio Bonamín y Raúl Trotz y tantos otros que llenaban de información a los represores sobre los familiares que buscaban a sus hijas y a sus nietos. Sacerdotes, Obispos y Vicarios Castrenses que aportaron su trabajo a la “Guerra Santa” contra el comunismo y bendecían a las tropas que la libraban.

Y continúa irresuelta la responsabilidad de los jueces y médicos policiales en la entrega de los niños. Porque está claro que la apropiación de niños no sólo se puede investigar por denuncias de particulares, sino también examinando las huellas de ese delito en los registros de las Secretarias de niñez, registros civiles, hospitales, clínicas y cementerios.

En un sentido, este Juicio al “Plan Sistemático” es una muestra más de la fragmentación con que estas investigaciones se llevan adelante, cosa que no causa otro efecto que dilatar los procesos de lucha contra la impunidad y restitución del derecho a la verdad, a  la identidad, a la reparación efectiva, a la garantía de no repetición.

Sino no se explicaría la tardanza en el hallazgo de las víctimas de supresión de identidad, en la identificación de niños, niñas y personas por nacer detenidas desaparecidas vistas en centros clandestinos no identificadas hoy adultas, en la investigación de las violaciones a las compañeras que permanecieron por meses en cautiverio antes de su “traslado”. Y tampoco estaríamos ante el paradójico hecho de la construcción de nuevas víctimas  de graves violaciones a los derechos humanos, cuando el análisis genético arroja un resultado negativo previsible por la escasa cantidad de muestras obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos, ya que luego la mayoría de los jueces archivan el caso y no continúan con la búsqueda de la identidad.

Porque hay tareas de política de Estado en este tema que continúan pendientes, como la falta de un cruce informativo y la inexplicable existencia, por un lado, de los restos de los desaparecidos que se han encontrado y algunos de los familiares de los miles de desaparecidos en un banco (mucho más numeroso que el BNDG), y por el otro, de la información genética que reconstruye a cada madre y/o padre desaparecido que han sido informados en otro banco.

Porque a esta altura no es un impedimento técnico la implementación de un sistema informático especializado en crímenes de lesa humanidad, que vincule entre sí los hechos, las pruebas, los imputados, los procesados, las víctimas identificadas y no identificadas. Claro que para ello se debería poner especial énfasis en la identificación de la totalidad de mujeres, sin dar por cierto que sólo estaba embarazada la mujer que en aquel momento había informado a sus familiares que lo estaba. Y que ello implicaría reconocer detalladamente cuántos detenidos-desaparecidos han pasado por los centros clandestinos y sobre las cuáles nada se ha investigado hasta la actualidad.

Cabe entonces recordar que fue justamente una causa por apropiación, aquella contra Julio Simón por el caso de Claudia Victoria Poblete-Hlaczik (causa N° 17.768 del 14 de junio de 2005) la que en sus derivaciones judiciales posteriores posibilitó la opinión de la Corte Suprema para la anulación de las leyes de impunidad y la reapertura de las causas contra los genocidas. La Corte opinó entonces que las leyes de impunidad eran inconstitucionales por "irracionales" en tanto permitieron investigar la sustracción, retención y ocultación de una menor, la hija del matrimonio Poblete-Hlaczik y, a la vez, impidieron investigar e imputar a los autores de la privación de libertad, tortura y demás actos de los que fueron víctimas sus padres. No sería descabellado entonces pensar a este juicio al “Plan Sistemático” como la puesta en cuestionamiento de una práctica condenatoria doblemente incompleta: porque se condena exclusivamente a la cadena de mandos genocida que ejecutó el plan, y porque la condena se hace en continuidad de la ausencia de muchos de los niños apropiados. Resolver esa contradicción es parte de la tarea.

POR TODO ESTO SEGUIMOS EXIGIENDO:

*RESTITUCIÓN DE LOS 400 JÓVENES AÚN APROPIADOS.

*JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS.

*APARICIÓN CON VIDA YA JORGE JULIO LÓPEZ. JUICIO Y CASTIGO A SUS SECUESTRADORES. 

*APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA.

*BASTA DE GATILLO FÁCIL.

HIJOS LA PLATA

 

Por la reparación de un despojo

AUDIENCIA EN LA SALA II DE LA CAMARA FEDERAL PORTEñA

Dolores Mallea pedirá hoy a ese tribunal que su caso no sea cerrado. En 1976, una patota secuestró a su hermana, a cargo de ella y sus hermanos tras la muerte de sus padres. Perdieron su departamento, en el mismo edificio que Lambruschini, y todos sus bienes.

 Por Irina Hauser

Era sábado. 3 de abril de 1976. Un grupo de hombres armados, vestidos de civil, entró al edificio donde vivía el ex almirante Armando Lambruschini, en Recoleta. No iban a su casa, sino al departamento donde vivían Alicia Mallea, una estudiante de derecho de 22 años, y sus cuatro hermanos, tres de ellos menores, a su cargo desde la muerte de sus padres. El timbre de la puerta de servicio los sorprendió en pleno almuerzo. Al abrir encontraron al portero apuntado por los agentes de Coordinación Federal que a los gritos les ordenaron a todos ponerse contra la pared. Después de someter a un interrogatorio a Alicia, a su novio Roberto Vera Barros y a Esteban Ojea Quintana, se llevaron a los tres, que eran empleados judiciales. Además revolvieron todo y cargaron sus bolsillos de cosas de valor. Los más chicos, de 13, 14 y 15 años quedaron desamparados. Se los iban pasando entre personas conocidas que los cuidaron circunstancialmente, y en el ínterin perdieron, por decisión del juez civil que estaba a cargo, el expediente tutelar, ese inmueble de la calle Pacheco de Melo donde vivían y querían rehacer su vida, además de una cochera y hasta los muebles. Junto con la causa por la desaparición de Alicia, una de sus hermanas, Dolores, pidió que se investigue aquel despojo. El caso fue desestimado en primera instancia, pero hoy habrá una audiencia en la Sala II de la Cámara Federal donde pedirá que no sea cerrado.

Después del secuestro de Alicia, Dolores –que tenía 14 años– y sus hermanos Marcela y Eduardo pidieron ayuda a un tío, que quedó como tutor, aunque iban de casa en casa, en parte por miedo a lo que les pudiera pasar al volver al departamento. Finalmente una mujer que estaba relacionada con él los acompañó a vivir allí. Esperaban poder volver a la escuela y ansiaban el regreso de su hermana, sin imaginar que nunca llegaría. Con el correr de los días advirtieron que en los hechos, nadie los cuidaba, ni tenían ayuda económica, ni les daban –por ejemplo– el dinero del alquiler de la cochera. Dolores, quien como hija de un abogado suponía que debía recurrir a la Justicia, fue a ver al juez civil Miguel Angel Vilar, que tenía el expediente tutelar, y le pidió que revocara la tutoría de su tío. Poco después, bajo amenazas y maltratos de aquella mujer que se había instalado con ellos, volvió a pedirle auxilio al magistrado. El 6 de octubre de 1976, el juez Vilar resolvió que no siguieran viviendo en esa casa y los mandó con familias conocidas.

“Desconocíamos totalmente que de esta manera perdíamos nuestro departamento. Como menores sólo necesitábamos que la Justicia nos cuidara y cuidara nuestros ingresos de la pensión de mi padre y del ingreso por el alquiler de la cochera. No sólo debíamos vivir con la angustia y el miedo por el secuestro de nuestra hermana, sino que éramos trasladados de un lado a otro, sufriendo además la pérdida de referencias y de referentes”, dice el texto de la querella que Dolores presentó en un comienzo, y que quedó a cargo del juez federal Sergio Torres, mientras la desaparición de su hermana siguió siendo investigada por el juez Daniel Rafecas, como parte de la causa sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. También están desaparecidos Vera Barros y Ojea Quintana. Se estima, aunque no está aún determinado, que Alicia estuvo detenida en Coordinación Federal. Dolores apuntó además al encubrimiento de la privación ilegal de la libertad de su hermana por dos razones: una, que se la llevó una patota policial cuyo ingreso fue habilitado por la custodia de Lambruschini; la otra, que ella había denunciado el secuestro ante el juez Vilar, quien no tomó ninguna medida al respecto.

Poco después del atentado en la casa de Lambruschini, en agosto de 1978, Dolores quiso volver a entrar a su departamento para buscar algunas cosas suyas. Al llegar encontró una faja que se lo impedía por disposición del juzgado de Vilar. En teoría, según dice su querella, el asesor tutelar Silvio Pestalardo consentía las decisiones del juez. El abogado José Luis Fabris, quien representa a Dolores, explicó a este diario que el costoso inmueble –que tenía un living de 10 metros y cuatro dormitorios– era reclamado por la quiebra de la inmobiliaria Lanusse, donde lo había comprado el padre. “Después del secuestro de Alicia, ni el juez ni el asesor tutelar se ocuparon de controlar y proteger ese bien, que era lo poco que Dolores y sus hermanos tenían. El juez ni siquiera verificaba si se pagaban las expensas, si había deudas, si había una escritura. Luego lo entregó sin defenderlo”, dijo Fabris. “Es decir que el Estado, además de secuestrar a los hermanos, agravó esa circunstancia separando a los otros hermanos y robándoles los bienes”, resumió. El abogado habla de “los hermanos”, ya que Alejo, quien estuvo secuestrado en la ESMA, fue asesinado en 1978.

Eduardo, el menor de los hermanos, vivió por esos años en una escuela marista. Dolores y Marcela pudieron acceder a un alquiler al conseguir trabajo en una oficina. Dolores, quien hoy tiene 50 años, es psicóloga. Con el correr del tiempo pudo ir dimensionando el daño y las pérdidas que signaron su vida y a su familia y decidió pedir justicia por el despojo de sus bienes. El juez Torres sobreseyó la causa con el argumento de que no alcanzaban las pruebas disponibles. El avance de la Justicia sobre las responsabilidades y complicidades civiles en distintos aspectos del régimen dictatorial es reciente y en ciertos territorios más trabajosa. Ahora es el turno para que haga su evaluación la Cámara Federal.

HIJOS La Plata y sus 17 años de lucha

Compañeros, compartimos con ustedes este texto por nuestros 17 años de lucha, junto con el programa de radio de "La lucha que nos parió" del sábado 21/4/12, donde podrán escuchar varios audios de distintos compañeros que han pasado por HIJOS en estos 17 años. Hay una segunda entrega de audio.
 
HIJOS La Plata y sus 17 años de lucha
 
Hace 17 años, el 20 de abril de 1995 nacía la agrupación HIJOS  que nuclea a hijos e hijas de compañeros y compañeras desaparecidos, fusilados, exiliados, presos políticos y a jóvenes comprometidos con el pasado reciente de nuestro país. Trabajamos en la reconstrucción de la memoria histórica de los procesos políticos argentinos, la búsqueda de juicio y castigo para los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos por la última dictadura y el período represivo previo, y la denuncia de la represión policial e institucional en la actualidad.
Este aniversario, significa un momento de balance de lo que construimos hasta el momento, de las cosas que pudimos modificar y de las que aún motivan nuestra propia lucha como generación.
Nuestra organización surgió en La Plata en dos homenajes a los desaparecidos de las facultades de Arquitectura y Humanidades, pero se fogueó al calor de las luchas estudiantiles universitarias contra la reforma menemista de la Ley de Educación Superior.
En ese año ’95, la sociedad argentina estaba conmocionada por las declaraciones del genocida Scilingo, que relataba los “vuelos de la muerte”, el general Balza reconocía institucionalmente la participación del Ejército en torturas y desapariciones, los piquetes asomaban a la luz pública, y en el sur del país, un ex detenido en la dictadura le asestaba una golpiza a Astiz, que se paseaba impunemente de vacaciones.
Este último hecho nos despertó a todos y nos animó a darnos cuenta de que los represores son de carne y hueso, que están entre nosotros, y que eso no puede ser. Esto motivó lo que es quizás el mayor aporte que HIJOS ha hecho a la dinámica de la protesta social en el país: el escrache.
Los HIJOS sumamos al reclamo de los distintos organismos de Derechos Humanos la reivindicación de la lucha revolucionaria de los desaparecidos, pero también pusimos el acento en la reconstrucción del tejido social y en la generación de la condena social a los represores para que la sociedad toda sienta como propia la herida abierta producto del terrorismo de estado.
Estos 17 años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en la contienda social. Ya que entendemos que el único que puede violar los Derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia para poder seguir denunciando la impunidad de la violencia institucional es una premisa básica que no todos parecen aceptar.
 El plan criminal que en los ´70 secuestró y desapareció a 30.000 compañeros tiene un nombre preciso, y se denomina Genocidio. La realidad confirma que en la Argentina “democrática”, una vez finalizado el genocidio aplicado por la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del modelo. Se ha reformulado el concepto de la doctrina de la “seguridad nacional” por el de políticas de “control social”. Pero estos conceptos son sólo dos caras de la misma moneda, y tienen como fin amedrentar y disciplinar a la clase de cuyo seno nace la resistencia a las políticas de desigualdad y exclusión social.
 La continuidad del plan genocida se despliega hoy con políticas de autocracia y corrupción policial, gatillo fácil en aplicación permanente como amedrentamiento social a los desposeídos y judicialización de los que no son útiles a los fines de este modelo de “crecimiento con base en la exclusión”. Esta es la verdadera doble política de Derechos Humanos que el kirchnerismo ha utilizado para darse aires progresistas en su gestión y lograr una aprobación popular semi-duradera en un país que continúa presentando las tensiones propias de un esquema social de desigualdad, pero donde se ha consolidado un sector oficial acrítico en el movimiento de Derechos Humanos, que cumple el rol de convalidar lo poco que se hace en detrimento de lo mucho que queda por exigir en la materia.
Gobiernos como el de los Kirchner generan, no sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de dobles discursos en materia de derechos humanos y la cooptación política para repartir los dineros del estado.
 Hoy, tras 8 años y medio de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 68 juicios orales con sentencia en todo el país. Sólo alrededor del 15 % del total de procesados desde 2003 fue castigado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Pero además, si bien hay otros 388 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad; además de haber 36 represores prófugos de la justicia y 290 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia o condenados pero con procesos pendientes. En La Plata se condenó a sólo 20 represores en 6 años de juicios, para una estructura represiva de al menos 12 Centros Clandestinos de detención donde actuaron miles de genocidas.
 Así, estos procesos reproducen la impunidad, porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, mientras el conjunto de miembros de las FFAA, Seguridad e Inteligencia quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos.
 Ante esta coyuntura, los HIJOS seguimos exigiendo la reparación del daño histórico que causó la dictadura y su plan económico. Pero no sólo requerimos el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices políticos, civiles y religiosos, la nulidad de los indultos a los asesinos uniformados, la restitución de nuestros hermanos apropiados, la apertura de todos los archivos de la represión y la preservación de los CCD para la investigación sobre lo que allí ocurrió, sino que también pretendemos que el cúmulo de injusticias sociales al que hoy asistimos sea resuelto.
Ese grito de los 30.000 compañeros que hace más de 36 años pedía un mundo más justo y mejor para todos, hoy renace en cada uno de nosotros. Con la fuerza de creer que se puede luchar por y para todos, levantamos sus banderas y las hacemos nuestras.
Porque creemos que los Derechos Humanos son cosas de todos los días, y mientras exista impunidad y se sigan violando los derechos políticos, económicos y sociales, seguiremos la lucha. Y si no fuera así, invitamos a aquel que vea que estos factores que analizamos se han modificado, que nos diga acaso con qué lente mágica observa la realidad.
 
HIJOS La Plata - 17 años de lucha

No olvidamos - No perdonamos - No nos reconciliamos.
Seguimos reivindicando la lucha de nuestros viejos.
Juicio y castigo a todos los genocidas, justicia por todos los compañeros.
Restitución de nuestros 400 hermanos apropiados.
Juicio y castigo a los responsables de la desaparición de Jorge Julio López y Luciano Arruga.

Eduardo Luis Duhalde en su carta de despedida a Ortega Peña

Ante el fallecimiento de Eduardo Luis Duhalde, lo recordamos con sus palabras de despedida a su amigo y compañero Ortega Peña. 

Preferimos este recuerdo donde nos sentimos contenidos.

Que la tierra te sea leve compañero. 

"... Estos proyectos revolucionarios de los años 60 y 70, no siempre se expresaron mediante el ejercicio de la violencia, aunque todos por igual sufrieron la violencia represiva del terrorismo de Estado. En la mayoría de los casos, aquellos portadores de la ilusión se habían acercado a la política huyendo de la inmovilidad del pensamiento, para pasar a la acción -en todas sus variantes- abjurando tanto del revolucionarismo de café de una izquierda tradicional con la que pretendían romper y superar, como del burocratismo peronista entrampado en los pliegos del poder proscriptivo.

Esta instancia política, fuertemente vital, no fue una mera contingencia de un deslizarse crispante del tiempo social en que estaba inmersos sus actores sino el intento de una relectura de la historia argentina, en acto de continuidad y cuestión al mismo tiempo, en una instancia fundante de un devenir diferente. Al mismo tiempo, traducía en el campo nacional el peso de las experiencias universales y contenía en su multiplicidad dicursiva el plexo de aquella herencia inmediata y mediata. Tenía un claro sentido reparador y regeneracionista.

Ningún sector social ni estamento profesional o laboral quedó al margen de esta interpelación convocante de los años 60 y 70. Aquellas generaciones existieron sobradamente y fueron muchísimo más que aisladas ínsulas......."

Leer más en http://www.elortiba.org/opena.html

Para que no te olvides: una guía de la Semana de la Memoria

Todas las actividades que se darán en la ciudad por el aniversario del Golpe, desde hoy y hasta el sábado 24.

HOY "Una por una". A las 18. Presentación del documental a cargo de uno de sus directores, Cristian Serio. También estarán Pablo Llonto y Eduardo Cittadini: el documental versa al sobre su hermano Ricardo, que estudiaba económicas cuando desapareció. En el aula 202 de la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP (6 e/ 47 y 48). Los Juicios por violaciones a los Derechos Humanos y las relaciones cívico militares en la dictadura. A las 19. Panel. Exponen Susana Cazzaniga (Directora de la Maestría en Trabajo Social Universidad Nacional de Entre Ríos- UNER) Mg. Felicitas Elías (Docente- Universidad de Buenos Aires-BA), Matías Moreno (Docente Facultad de Trabajo Social-UNLP), María Diloretto (Docente Facultad de Trabajo Social-UNLP) Verónica Cruz (Decana de la Facultad de Trabajo Social). A las 18 en la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza la Comisión Derechos Humanos y Cátedra de Estructura Social. Acto por la Memoria en Ciencias Jurídicas. A las 19. Disertará Chicha Mariani (Vicepresidenta de la “Asociación Anahí”) y Aldo Etchegoyen (Co – presidente de la APDH). En el Aula Magna “Manuel Belgrano”, 1º piso del Edificio de las Tres Facultades (48 e/ 6 y 7). Organizan la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad y la APDH La Plata.

MAÑANA  Universidad y Dictadura. A las 9. Documental: La ley primera (lo que el tiempo nos dejó). En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Cátedra de Investigación I. "La construcción de la memoria colectiva - de distrito a facultad". A las 12. Proyección de Video y avances en la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Cátedra de Epistemología y Proyecto de extensión Producción Artística Pintada de Mural. A las 14 en la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: La Corriente Juicios Circuito Camps. Charla debate. A las 15. Con Guadalupe Godoy (Justicia Ya). En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: La Cienfuegos (MUI) Universidad y Dictadura. A las 16. Documental: La ley primera (lo que el tiempo nos dejó) En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza Cátedra de Investigación Impactos de la dictadura en la vida cotidiana. A las 18. Panel. Disertan Daniel Añón Suárez: (Prof. de Pintura. Facultad de Bellas Artes-UNLP), Luis Caporale: (Psicólogo- UNLP, Músico), Elena Gonzáles (Directora del Proyecto Arte Niño - Escuela San Simón), Leandro Manuel Fontela: (Músico independiente, integrante de "Supernadie"). En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Cátedra de Derecho I. La construcción de la memoria colectiva - de distrito a facultad. A las 18. Proyección de Video y avances del proyecto: "". En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Cátedra de Epistemología y Proyecto de extensión "Supernadie". A las 20. Recital En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63).

JUEVES 22 Mujeres de Arena. A las 14. Obra de teatro leído De Humberto Robles. En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Intervenciones artísticas. A las 15 en la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Agrupación 26 de Junio Acto de memoria viva para recordar a Ana Teresa Diego. A las 17. Ana fue secuestrada el 25 de septiembre de 1976 en el Bosque de nuestra ciudad. Había venido de Bahía Blanca para estudiar Astronomía en la Universidad Nacional de La Plata y fue aquí donde se sumó a la Federación Juvenil Comunista. En la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (Paseo del Bosque). Derechos Humanos: un pueblo que no olvida. A las 18. Panel: Con Alberto Santillán (Padre de Darío Santillán), Rosa Bru (Madre de Miguel Bru), Vanesa Orieta (Hermana de Luciana Arruga), Pablo Adrián Grison (Comisión Carlos Fuentealba Presente). En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Agrupación 26 de Junio “Arana, centro de tortura y exterminio”. A las 19. Presentación del libro del sobreviviente Walter Roberto Docters. En el auditorio Mabel Gutiérrez , edificio “Cuatro columnas” (Ex ESMA). Av. Del Libertador 8151 “Diversos UNI-versos II”. A las 19.30. Inauguración de la muestra plástica organizada en forma conjunta entre el Museo Municipal de Arte y la Subsecretaría de Derechos Humanos, curada por Graciela Gutiérrez Marx y Cecilia Cánepa, Salas del Mumart (7 esquina 49, Pasaje Dardo Rocha).

VIERNES 23 Pintada de remeras: ¡En la lucha vive cada compañero! De 8 a 12 y de 12 a 16.30, en el patio de la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes. La reparación y la contención de las víctimas del terrorismo de estado. Alas 10. Abordaje Psico-social a cargo de Norberto Liwski (CODESEDH) y Enrique Fidalgo (Prof. Titular Psicología I). En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Cátedra de Psicología I. “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. A las 10. Acto en la Escuela Secundaria Básica Nº 12 “Monseñor Angelleri” de Berisso, en 9 y 170. Jóvenes y Memoria. A las 13. Estudiantes del Colegio Nacional presentan una obra de Teatro. Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). "Ellas Saben (dos)". A las 14. Muestra Artística a cargo de Celina Torres Molina en la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Comisión de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Trabajo Social. Radio Abierta. A las 14 en la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Reconocimiento. Acto en reconocimiento a los trabajadores del Instituto víctimas de Terrorismo de Estado. A las 14 en el PAMI (7 nro. 170). Militancia y Dictadura. A las 15. Charla Debate sobre la lucha Revolucionaria en los `70. Con Daniel De Santis (ex Militante PRT-ERP; Fundador de la Juventud Guevarista y la Unión del Pueblo) y Enrique Fuckman: (Ex detenido desaparecido, Militante de la Asociación de ex detenidos desaparecidos). En la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Organiza: Agrupación Insurrectos Movilización. 16.30. Concentración para marchar en el patio de la Facultad de Trabajo Social (9 esquina 63). Con el acompañamiento de Nilda Eloy, ex detenida-desaparecida. Organiza: Comisión de Derechos Humanos y Agrupaciones Estudiantiles de la Facultad de Trabajo Social-Universidad Nacional de La PlatA. "Úteros. Una mirada sobre Elsa Pavón". El documental de la realizadora platense Rosa Teichmann se estrena oficialmente a las 19 en el auditorio Mabel Gutiérrez, edificio Cuatro Columnas, en la ex Esma. Av. Libertador Nº 8151. Unas horas antes, a las 13.30, habrá una proyección para los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, abierta al público, en el auditorio de Diagonal 78 y Plaza Rocha. Shoah. A las 19. La biblioteca teatral Alberto Mediza presentará la versión completa de la película de Claude Lanzmann, que dura casi 9 horas, en la vigilia cultural por el golpe de estado, en el Taller de Teatro de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 10 entre 54 y 55. “Bukenval”. De la compañía teatral “La cuarta pared”. A las 20 en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha. Contragolpe teatral y cultural. Teatros, museos y espacios de arte de la Provincia abrirán sus puertas con el auspicio del Instituto Cultural de la Provincia, para repudiar el golpe militar del 24 de marzo de 1976. El objetivo de la vigilia cultural es “demostrar que la comunidad artística sostiene su lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia”. Concentración y Procesión de Antorchas hasta el Monumento a los Desaparecidos. La marcha partirá a las 21 de la explanada del Puerto La Plata, en Avenida Montevideo y 2 de Berisso. “Pedro y el Capitán”. A las 22. Obra teatral de Mario Benedetti a cargo del Teatro Popular de Berisso. En la Casa de Cultura de Berisso (Avenida Montevideo entre 10 y 11) Cine. A las 23. Cortos audiovisuales realizados por los alumnos de las escuelas Media Nº 2, 15 y 17, de Berisso. Medianoche en Berisso. Vigilia y Lectura de Nombres de la nómina de desaparecidos de la ciudad, a cargo de la Comisión Permanente por la Memoria. En el Monumento a los Desaparecidos, ubicado en el Centro Cívico, la tradicional

Golpean a la Madre de Plaza de Mayo Nora Centeno durante un robo

Al menos dos delincuentes entraron a robar a su casa de Villa Castells el sábado por la tarde. Les dijo quién era y le dieron una paliza. No agredieron a nadie más en la casa.

Por Miguel Graziano

La Madre de Plaza de Mayo de La Plata Nora Centeno fue brutalmente golpeada en su casa de Villa Castells por dos sujetos que ingresaron a robar. No hicieron ningún comentario sobre los juicios por los crímenes de lesa humanidad, pero se ensañaron con ella cuando les dijo que pertenecía a la organización. Estaba con su nuera, su actual compañero y su hija de dos años, pero sólo se ensañaron con ella.

El robo, que recién trascendió hoy, ocurrió el sábado entre las 15 y las 16 en la casa de Centeno, en 13 entre 488 y 489, frente a las vías del ferrocarril Roca. Hoy, cuando fue a peinarse y por primera vez se vio al espejo Nora decidió que tenía que saberse. “Los compañeros tienen que saber lo que pasó”, explicó a Diagonales.com.

El sábado estaba en la cocina, pelando unas verduras, cuando sintió que le pasaban un cordón por el cuello. Pensó que su nieto le hacía alguna broma pesada. “Joaquín, dejate de joder”, dijo. Joaquín había salido.

El hombre que estaba sobre sus espaldas le pegó un culatazo en la cabeza y la tiró al piso. Le ató las manos a la espalda y la arrastró hasta el quincho, donde la nuera y su pequeña hija de dos años habían sido encerradas en el baño. La pareja de la nuera estaba tirado en el piso, boca abajo.

Los delincuentes empezaron a tirar todo, a gritar y a golpearlos. Centeno trató de que pararan y les dijo que era Madre de Plaza de Mayo. Uno de los asaltantes se ensañó y comenzó a golpearla con más dureza.

–Dame la plata.
–No tengo.
–Cómo no vas a tener plata. Decime dónde hay plata.
–En el cajón del estudio hay 500 pesos.
–¿Dónde es eso?
–Adentro.

De los pelos, arrastrándola por el piso, el ladrón llevó a Centeno hasta el escritorio, pero no encontraba nada. Uno de los perros, llamado Obama, ladraba desde el patio.

–Decime dónde está la plata o le pego un tiro.
–¿Vas a matar a un animal? –preguntó ella, y se dio cuenta que tenía la plata en el bolsillo:
–Tomá. Acá tenés.
–Ahora te vamos a matar a vos –advirtió el ladrón.
–Bueno, flaco, hacelo de una vez. Así terminamos –retrucó ella.

La llevó hasta la cocina y le pidió unos bolsos.
–Si ya revolviste todo. Buscalos vos. Seguí revisando –le dijo.

Los ladrones cargaron un plasma, una computadora, le sacaron la cadenita de oro a la nuera y también los anillos. Todos le dieron el efectivo que llevaban y sus teléfonos celulares. Después de una hora, encerraron a Nora en el baño y se fueron.

“Cuando escuché que ya no estaban me desaté, que fue bastante difícil porque todavía tenía los guantes de cocina puestos, y salí a ver cómo estaban los demás”, contó.

Después, mientras repasaba lo que había pasado, se dio cuenta que habían entrado por la casa vecina, de la que está separada por un alambrado. Y le sonó sospechoso que a la única que hubieran golpeado fuera a ella.

“El que me golpeó no estaba dopado”, dijo. “Ni era un pibe de 20 años. Ni un marginal. Además, se quedaron por lo menos una hora”, describió.

Nora se reivindica como una militante política, pero no tiene ninguna certeza para unir el robo con una agresión que pueda estar relacionada con la defensa de los derechos humanos. El único hecho raro fue que se ensañaran con ella y que apenas golpearan a la pareja de su nuera, un hombre de unos 50 años.

El tiempo que usaron los delincuentes también le resulta sospechoso, pero tanto la policía local, como varios funcionarios se acercaron a ver cómo estaba. Ella exigió saber quién fue. Y si los mandó alguien.