4/30/2011

Más que indiganción : ¡¡absolvieron a cinco policías por el asesinato de Porcho Leprati!!

Los que ensuciaron las pistas

Son los que acompañaban al autor material del disparo que mató a Pocho Lepratti en diciembre de 2001. La abogada de la familia aseguró que "no hay duda que intentaron encubrir" el hecho. No descartó recurrir a la Corte Suprema.
    
La Sala II de la Cámara de Apelaciones absolvió a los cinco policías de la Unidad Regional II condenados por encubrir el asesinato del militante social Claudio "Pocho" Lepratti, ocurrido el 19 de diciembre de 2001. El fallo beneficia a Marcelo Arrúa, Rubén Pérez, Roberto de la Torre, Daniel Braza y Carlos Alberto de Souza, quienes acompañaban en el móvil 2270 al policía del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco, Esteban Velázquez, autor material del asesinato. Los policías absueltos habían sido condenados por la justicia en un fallo de primera instancia por falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado en concurso ideal. Ahora, el tribunal de alzada, que integran los camaristas Carina Lurati, Juvencio Mestre y Ramón Ríos, decidió absolver a los cinco policías por el beneficio de la duda. La abogada de la familia Lepratti, Carmen Maidagan, dijo que "no hay duda alguna" de que existió una actitud de encubrir y falsear documentación pública, y que "existen elementos" para solicitar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte.

Arrúa y Pérez, chofer y acompañante respectivamente del móvil en el que iba Velázquez; de la Torre, ex jefe de la subcomisaría 20ª; Braza, ex jefe del Comando Radioeléctrico, y de Souza, ex oficial de guardia de la subcomisaría 20ª, habían sido condenados por el juez de sentencia Julio García, que les aplicó una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena, como coautores penalmente responsables de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado en concurso ideal.

Según el camarista Ríos, se trató de un caso en con situaciones confusas. "Estos policías estuvieron perseguidos por homicidio y algunos estuvieron detenidos bastante tiempo, hasta que se aclaró que el arma era del culpable y autor material. Fue cuando se comprobó fehacientemente que el proyectil que estaba en el cuerpo de Lepratti salió del arma de este oficial que estaba en la guardia en ese momento", precisó el magistrado.

En el fallo, la defensa de los policías consideró que la falsedad de documento público se configura cuando se insertan o se hacen insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, y "en la especie no hay dudas sobre la fidelidad de la referida acta ya que todos los agentes la ratifican y no hay falsedades introducidas en la misma".

Para Maidagan, "no hay duda alguna" de que existió una actitud de encubrir y falsear documentación pública. "En este tipo de delitos no va a haber un documento donde ellos firmen que digan que van a falsear, pero todos los elementos que se juntaron en la causa sostienen que las cosas consignadas en el acta no son ciertas. El acta de procedimiento es la primer foja de cualquier sumario, de ahí surge toda la investigación, y esto da carta blanca a que se haga lo que quiera de acá a futuro total no hay sanción", abundó.

En referencia a la imputación de encubrimiento agravado, la defensa de los policías planteó que debía ser rechazada de plano por cuanto Pérez y Arrúa "fueron inicialmente imputados por el homicidio de Lepratti de manera que no pueden ser ahora condenados por un presunto encubrimiento del homicidio, después de haber estado detenido Pérez 6 meses y ocho días bajo tal acusación mayor".

En este sentido, Maidagan ennumeró "denuncias que no se hicieron, el tema del móvil que ellos dicen que les disparan y se comprobó que los disparos no pudieron ser hechos del techo; todo esto demuestra que hubo una actitud por parte de la policía para tratar de encubrir y llevar la investigación hacia otro lado".

La abogada agregó que el planteo que de la Torre y Braza "no dan fe de lo que ocurrió porque en realidad ellos lo único que reciben son las manifestaciones de los otros dos, y que a su vez estos no son responsables porque no se los puede obligar a auotincriminarse, es un disparate total. Además, cuando ellos hacen el acta de procedimiento en realidad todavía no estaban imputados de nada, por eso la Cámara no puede decir que por una cuestión de legítima defensa ellos no pueden estar obligados a decir la verdad".

Maidagan adelantó que le pedirán al Procurador o al Fiscal que planteen un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, porque consideran que existe "gravedad institucional" y por "arbitrariedad". Además, solicitarán a la Legislatura que tomen una intervención activa para determinar si "hay irregularidades en los distintos jueces que intervinieron, y en su caso se inicien los jurys que correspondan".

El 19 de diciembre de 2001; "Pocho" Lepratti, un militante social de 38 años que ayudaba en un comedor comunitario de barrio Las Flores, subió al techo para pedirles a los policías que no dispararan al aire, porque adentro había chicos comiendo. Pero Velázquez lo mató con un disparo de su Itaka en la garganta, por lo que fue condenado por el juez de Ernesto Genesio a 14 años de prisión.

Sólo el autor material del crimen del militante social Claudio “Pocho” Lepratti, ocurrido en Rosario durante la trágica retirada de Fernando de la Rúa de la presidencia, es culpable para la Justicia. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe absolvió ayer de culpa y cargo a otros cinco policías, que habían sido condenados en 2009 por encubrimiento y falseamiento de documento público. El tribunal fundó su resolución en el principio de duda, que favorece siempre al acusado, al tiempo que confirmó la condena del oficial Esteban Ernesto Velázquez, el asesino que inmortalizó al “Angel de la Bicicleta” –como pasó a la historia– al gatillar su arma mientras Lepra-tti, en el techo de su comedor escolar, gritaba: “Dejen de tirar que hay pibes comiendo”.

Lepratti era el mayor de seis hermanos y provenía de una familia de trabajadores rurales de Concepción del Uruguay. Luego de abandonar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Santa Fe y más tarde el Instituto Salesiano de Funes, donde sus superiores no lo autorizaban a trabajar en los barrios, se instaló en el Ludueña, en el Gran Rosario, donde comenzó a coordinar talleres para chicos con problemas de adicciones y a dar clases de teología. Era militante gremial en ATE, ayudante de cocina en la escuela 756, y uno de los creadores de la Coordinadora Juvenil de la Vicaría Sagrado Corazón del Barrio Ludueña. Para poder honrar todos sus compromisos iba y venía todos los días en bicicleta por la avenida Circunvalación.

En la mañana del 19 de diciembre de 2001, cuando ya se habían generalizado los saqueos a supermercados y De la Rúa se aprestaba a declarar el estado de sitio, Lepratti trabajaba en la cocina de la escuela, en el populoso barrio Las Flores. Al escuchar disturbios se subió al techo del edificio, les gritó a los policías de Santa Fe que no dispararan porque había pibes comiendo y recibió como respuesta un balazo mortal. Pocho Lepratti fue una de las siete víctimas fatales que sólo en Rosario se cobró el último presidente radical.

Tres años después llegó la sentencia para Velázquez, subjefe de la Comisaría 20ª: catorce años de prisión. En agosto de 2009 el juez de sentencia de Rosario, Julio García, condenó a dos años y ocho meses de prisión a cinco policías por los delitos de encubrimiento y falseamiento de documento público. La sentencia alcanzó a Marcelo Fabián Arrúa, chofer del móvil desde el que se hizo el disparo, y a su acompañante, Rubén Darío Pérez. También fueron condenados el ex jefe de la comisaría, Roberto de la Torre, el titular del Comando Radioeléctrico, Daniel Horacio Braza, y el oficial de guardia Carlos Alberto de Souza. El magistrado consideró probado que habían insertado datos falsos en el libro de guardia de la seccional, que habían adulterado el acta de inspección ocular del escenario del crimen, la constancia del comparendo de una testigo en sede policial, y que a tiro limpio habían modificado el aspecto del patrullero, para intentar hacer pasar la ejecución como enfrentamiento. La pena para los policías fue de ejecución condicional e incluyó la inhabilitación por doble de tiempo, cinco años y cuatro meses. La condena quedó ayer en la nada. La Sala II de la Cámara Penal provincial tomó nota de los argumentos policiales, se permitió dudar y los absolvió.

4/26/2011

PRIVILEGIAN A REPRESORES Y ASESINOS DE LA TRIPLE A

Resumen:  

Walter Osmar Maza, ex delegado sindical detenido y torturado por gendarmería nacional en 1975, denuncia a Stella Maris Martinez por demorarle SEIS meses su constitucíón de querellante en contra de represores. 

La denuncia por discriminación y por beneficiar (prevaricato) a los represores, pues a él le niega la participación en términos igualitarios, mientras que los represores tienen un trato preferencial (se instruye hasta "modelos de defensa para represores") y diferenciado (se pagan abogados hasta 20.000 pesos por mes más gastos de traslados, lo que hace 27mil a 30mil a costa de la defensoria, solo para que defiendan a represores). 
Estas defensas preferenciales y diferenciales han sido denunciadas ya de revictimizar a las victimas de terrorismo de Estado, de confraternizar con los represores más allá del límite de lo institucional (llegando hasta a burlarse de las víctimas en los pasillos), son estos abogados elegidos personalmente por la Defensora General (sin concurso previo) y son premiados con cargos fijos (de defensores o en otras reparticiones) en los que ella misma recomienda su afecto. -Righi dicta resolución PGN 13/08 denunciando que las chicanas dilatorias son recurrentes, más que de las defensas privadas de los represores

Esta es la denuncia entró el lunes 27 de septiembre de 2010 al despacho del procurador general de la nación

Al Procurador General De la Nación Dr. Esteban Righi Su despacho: 
Walter Osmar Maza, argentino, ex militante de la Tendencia Peronista en la década de 1970-1980, ex delegado sindical, detenido desaparecido en el año 1975, DNI 10.616.694, con domicilio en esquina de calles Sarmiento y Libertad de la ciudad de Pichanal, junto con Ricardo Roberto Braunstein, argentino, maestro normal nacional y activista e integrante de la Mesa Provincial de la Red en Defensa por los Derechos Humanos de la Provincia de Salta (ONG, reuniones semanales los martes 15 horas en el edificio de Rectorado de la UNSa, Alvarado 551), DNI N° 7.884.292, con domicilio en calle 20 de febrero 545 de la Ciudad de Pichanal, con el patrocinio letrado del Dr. Hernán Mascietti, abogado, inscrito en el f 37 t 109 de la CFASalta, asesor jurídico de la Red en defensa de los Derechos Humanos de la Provincia de Salta y Secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Regional Norte, 

Se dirige a Vuestra Excelencia a fin de radicar una denuncia contra la Dra Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario publico agravado por discriminación y otros que evaluare el criterio de la Fiscalía de Estado de la Nación. 

1) Denuncia. 
Denuncio, según la autoridad de su organismo, de prevaricato, incumplimiento de sus funciones, agravados por discriminación y otros delitos que Ud. considere involucrados, a Stella Maris Martinez, Defensora General de la Nación y otros responsables que Ud. considere o resulten de la investigación, fundando mi denuncia en que me estoy arbitrariamente privado de mi derecho de defensa como denunciante de mi secuestro, detención y tortura en marzo de 1975 y otras oportunidades, ya que he pedido constituirme como querellante de esta causa de torturas, mientras que a los represores se les da trato preferencial, centralizado y distinguido. 

2) Hechos. 
Denuncia por delitos de lesa humanidad y presentación para la querella. A los trece días del mes de abril del presente año le expresé a la defensora Dra. María Dolores Pistone que había sido detenido y torturado en marzo de 1975 y en otras oportunidades del mismo año, siendo el lugar de detención clandestina el escuadrón 20 de la ciudad de Orán, hechos que se detallan en la causa 2060/2010 del Juzgado Federal de Orán, y que mi intención era asumir la calidad de querellante para ejercer mi derecho de defensa respecto de las pruebas, procedimientos y resoluciones de mi causa. Tal como me demostró, la Defensora de Orán envió la solicitud mía a la Defensora General de la Nación a mediados del mes de abril del 2010 y todavía no tiene respuesta. Petición en persona. Es así que viajé a Buenos Aires, con mucho sacrificio y ayuda de compañeros, a mediados del mes de junio del año 2010, estuve en el despacho de la Defensora General (atendido por la secretaria o asistente de la Defensora General), al no encontrarse la Defensora General ahí le deje los papeles de mi caso y el de Hernán Zurita (caso P 432/2005 del Juzgado Federal de Orán). Reúno todos los requisitos para iniciar la querella por medio de la Defensoría Federal, soy desocupado, vivo en una casa de madera precaria y quiero justicia. Noticia sobre la situación preferencial de represores. Estuve hablando con varias personas, en mi estadía en Buenos Aires y a la vuelta a Salta, relacionadas a la militancia de la Tendencia de mi época y militantes actuales de Derechos Humanos, entre los que se cuentan Dolores y Pablo de Abuelas de Plaza de Mayo y Ricardo Braunstein de la Tendencia y la Red por los Derechos Humanos de Salta, y también abogados de la Red por los Derechos Humanos de la Provincia de Salta, como el Dr. Hernán Mascietti, que es mi patrocinante en esta denuncia. Me expresaron que existen formas rápidas y preferenciales de defender a los represores, mientras que a mí se me hace esperar 5 meses mientras está corriendo la causa que inicié en el Juzgado Federal de Orán sin poder ejercer mi derecho de defensa. 

Estas formas preferenciales y expeditas de defender a los REPRESORES son los defensores AD HOC elegidos y rentados por la Defensora General y las Unidades de letrados móviles. Documentación y resoluciones. Me entero de ello y me acercan documentación que comprueba la existencia de dichas Unidades de letrados móviles y sus antecedentes inmediatos que son los Defensores Ad Hoc elegidos y rentados por la Defensora General. Estas son las resoluciones 1855/07, 710/09 y 962/09. La resolución del 2007 (Nº 1855) establece la obligación de información, de cada uno de los defensores federales, a la Defensoría General sobre todas las defensas de represores. La resolución 710, ya del año 2009, crea las unidades de letrados móviles 1, 2 y 3; es de señalar que hasta ello, según el párrafo considerando cuarto, se utilizaron los defensores Ad Hoc elegidos y rentados por al Defensoría General. Y la resolución 962 del año 2009 establece que se de información a diversas defensorías cuando exista incompatibilidades por parte de la defensoría federal para defender a los represores y asesinos del proceso y de la triple A. Todas estas resoluciones están acompañadas por MODELOS de defensa para represores, elaborados por la Defensora General, que acompaño a la denuncia. Estos modelos son inauditos en la Defensoría General de la Nación en toda su historia, acompañados por las denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos de Rosario y Corrientes. Defensor público rentado, no concursado, de represores en Orán. Con desagrado me entero que ya en Orán existe un defensor Ad Hoc nombrado y rentado por la Defensora para tomar la defensa de los represores. Justamente, recuerdo que mi patrocinante, al actuar en una causa como defensor ad hoc (no rentado) del General Ríos Ereñú, tuvo que renunciar a causa de su pertenencia a la Red por los Derechos Humanos de Salta, luego de informar esa situación. La Defensora Federal de Orán, también ha asumido causas de derechos humanos indígenas y es maestranda de Derechos Humanos en la Universidad de Salta. A pesar de haber otros defensores y del juramento de la defensora federal de Orán, se nombró al Dr. Gabriel Lanaro Ojeda para la defensa de represores en Orán. Quiero aclarar que ha sido un trabajo inmenso por parte de la Red por los Derechos Humanos de Salta y de la agrupación Memoria Verdad y Justicia, juntar a los familiares y víctimas del terrorismo de Estado, conseguir que se presenten, den su testimonio, en dinero, tiempo, fotocopias, llamadas telefónicas, etc. sin que NADIE pague por ello. 

Por esta razón me indigno, más allá de sentirme profundamente discriminado, que se actúe con tanta celeridad y preferencia a los distinguidos REPRESORES y TERRORISTAS DE ESTADO. Me gustaría saber si más arriba de la defensoría están enterados de este aparato defensor de represores, personas en las que confiamos que impartirían justicia, pero me parece que excede a mi denuncia. 

También sospecho que los PREPRESORES, al hacer lo que hicieron, rotando con sus torturas y muertes por toda la Nación para que otros en oficinas de Buenos Aires puedan desvalijar el país, confiaron que LA DEFENSORÍA pondría sus mejores hombres y mujeres a defenderlos, en un trato preferencial y distinguido de LA DEFENSORIA FEDERAL, a costa de no tener que sacar de sus bolsillos el dinero para pagar una honrosa defensa. Estos defensores Ad Hoc elegidos y rentados por la Defensora General, tienen un estipendio de más de veinte mil pesos por mes, más viáticos aéreos todas las semanas (cuatro pasajes por fin de semana) para regresar a su casa a Buenos Aires, desarraigo y gastos, pagadero de mis magros impuestos. Pero para mí, no gastan un centavo siendo víctima de delitos de lesa humanidad, estoy indignado. Este señor Defensor Ad Hoc elegido y rentado por la Defensora General, ha sido nombrado el día seis de julio de 2010, y menos de un mes antes no tenía la categoría suficiente para lograr el cargo rentado, lo que demuestra la falta de idoneidad, además de lo denunciado. Perjuicio irreparable. 

Es así que me veo totalmente perjudicado en mi derecho de defensa respecto al juicio iniciado por denuncia por mí, pero sin poder ejercer mi derecho de defensa. Particularmente, por la inactividad, y segregación hacia las víctimas de los delitos de lesa humanidad, me veo afectado de no poder ofrecer más pruebas de testigos de mi secuestro, detención y tortura, de no poder ofrecer pruebas de informe, asimismo de no controlar las pruebas o resoluciones que pueden hasta incluso hacer cosa juzgada respecto del proceso iniciado por mi denuncia. Este es el daño que me hace la inactividad de la denunciada Stella Maris Martínez de no considerar la petición, con su silencio total, de poder constituirme en querellante particular sobre la causa. Retardo Injustificado, prevaricato y otros. Este delito cuanto menos es el de retardo injustificado de los oficios de su cargo (art. 249 CP), debiendo investigarse también sobre la ejecución de nombramientos sin condiciones (art. 253) respecto del defensor de represores señalados y de la creación de las defensorías letradas móviles, las que están en un total desacuerdo con las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia (exposición de motivos: “contribuir de forma importante las desigualdades sociales”), especialmente a mi persona como víctima (regla 10) indigente (regla 15) del terrorismo de estado, como obligación de la defensoría (regla 24 b). El delito señalado, el de retardo injustificado en los oficios de su cargo, lo denuncio con el agravamiento de discriminación, ya que se le ha dado trato especial, diferencial y privilegiado a otros que resultan ser los victimarios de los delitos que yo sufrí y he denunciado. 

Viendo en la realidad social, las víctimas del terrorismo de Estado en argentina antes de 1983, y mi persona es una de esos ejemplos, han quedado en la miseria mientras que los victimarios, quienes tienen estabilidad de sus funciones públicas en las fuerzas de seguridad o jubilación por haber cometido desmanes, son además beneficiados con el trato prerefencial de la Defensora General (al dar las resoluciones reseñadas y los estipendios a los defensores especiales). Las desigualdades son inconmensurables, andamos mendigando trabajo, reparación (histórica y social) y justicia, además de buscar trabajo, trabajar en changas, con todas las lesiones permanentes y progresivas que ha dejado la tortura, las lesiones psicológicas, las lesiones de la edad, sin obra social y sin la mayoría de aportes por haber estado escondido por mucho tiempo, esto no se ha tenido en cuenta. Pero la discriminación, en comparación concreta de mi caso, junto a las resoluciones y la designación del defensor Ad Hoc, es inaudita, discriminatoria, injuriante y también sumamente sospechosa. Intereses institucionales. Es dable advertir a su excelencia, lo que en definitiva se ha puesto en pugna en los presentes actuados, son derechos de innegable raigambre constitucional como ser, el derecho de defensa en juicio (art. 18 Constitución Nacional), el derecho a un debido proceso (inciso 22 Art. 75 Constitución Nacional) que involucre un trato igualitario a los ciudadanos (art. 16 e incisos 22 y 23 del art. 75 Constitución Nacional) y el derecho al acceso a la justicia (inciso 22 art. 75 Constitución Nacional), intereses que expresamente protege vuestro organismo. Fin de la comisión del delito. El mismo hecho que no haya podido ingresar al expediente como parte para impulsar la acción procesal penal en contra de mis torturadores, ya constituye un daño, un resultado cierto que está consumado, un perjuicio hacia la participación en el juicio, por más derechos de víctima a compulsar el expediente que tenga, no lo es en la forma calificada que se realiza al ser querellante con asistencia técnica. Me siento perjudicado, a su vez, por el trato preferencial a los denunciados por represión tortura y secuestro político, toda vez que la Defensoría General, sin motivos ciertos o aparentes, beneficia a una de las partes, que no prueba tampoco ser la más débil, sino que probadamente la más débil es la parte victima del terrorismo de Estado, que nos ha dejado empobrecidos, enfermos psíquica y físicamente, por muchos años (de teoría de los dos demonios) estigmatizados, otras veces con otra identidad. Particularmente, en el año 1975 realicé un depósito de dinero importante, el que nunca me fue devuelto y que constaba de medio millón de pesos que eran mis ahorros de trabajo, indemnización por despido, nunca hasta el día de hoy, pude retirar ese dinero del Banco Nación. Esto último para figurar cómo hemos sido aniquilados de una forma o de otra, mientras los represores, que hoy 

3) Prueba - 
Solicito se requieran al Sr. Juez Federal de Orán, fotocopias de las actuaciones, procesos y denuncias por delitos de lesa humanidad. - Solicito se requieran a la Defensora General, copias autenticadas de las resoluciones 1855/07, 710/09 y 962/09 de la Defensoría General de la Nación. También copias de la resolución y legajo del Dr. Gabriel Lanaro Ojeda. También copias de la resolución y legajo de los abogados que forman parte de las Unidad de Letrados Móviles 1, 2 y 3, para la investigación del delito de favorecimiento personal o abuso de autoridad. - Presento documentación en 41 fojas. - Solicito se notifique a la APDH de Rosario, a la agrupación de Derechos Humanos Memoria Verdad y Justicia de Orán, por su interés en la presente denuncia. Saludo Atentamente

4/04/2011

A 4 años del asesinato de Carlos Fuentealba


Hoy, lunes 4 de abril, se cumplen cuatro años de la represión que cobró la vida del docente neuquino Carlos Fuentealba. Diversas actividades para recordarlo y exigir justicia se llevarán a cabo. En Neuquén se realizará una movilización convocada por Co.Ca.Pre. y Sandra Rodriguez a las 17 horas. En tanto en Buenos Aires a las 7.30 se realizará una conferencia de prensa en AGD-UBA (Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo T. de Alvear y Uriburu, Segundo Piso) y a las 18 se hará un acto frente a la Casa de Neuquén, ubicada en Maipú al 200.
   
Convocatoria en Neuquén

Tod@s al Monumento: la Justicia que no es Completa no es Justicia

El día de hoy se cumplen cuatro años de la represión que cobró la vida del docente neuquino Carlos Fuentealba. La movilización central convocada por Co.Ca.Pre. y Sandra Rodriguez es para las 17 horas, y sostienen que la causa Fuentealba II está en un momento definitorio, decisivo, pues podría ser la última instancia judicial en la provincia.
Desde todas las organizaciones convocantes (también en horas de la mañana los sindicatos movilizaran con paro), la importancia de la presencia en las calles permitirá “convencer” al Tribunal Superior de Justicia neuquino la necesidad de fijar una fecha para la audiencia pública que permita investigar a la querella, a la familia de Carlos Fuentealba y a los amigos de la Justicia (amicus curae) ya que la fiscalía no lo ha hecho.

Esta audiencia pública (pedida en el marco de un “recurso de casación” en donde se “amplian fundamentos”) será la última instancia en la que se podrá exigir justicia completa por la muerte de Carlos Fuentealba y la represión de Arroyito en abril de 2007, y una vez agotada esta instancia, la causa solo podrá recurrir a la Corte Suprema de la Nación.

3/29/2011

El cura Alberto Zanchetta, capellán de la ESMA y amigo de Videla

“La misa del asesino”
 LO INTERPELARON EN EL ALTAR

Por Laura Vales

“Alerta vecino” decían los volantes que, el domingo pasado, militantes de la JP Evita repartieron en la iglesia María Inmaculada de la diócesis de San Martín cuando el cura Alberto Angel Zanchetta, desde el altar, se disponía a terminar la misa dando su bendición a los presentes. No pudo hacerlo. Ante el escrache de los chicos, aguantó lo que pudo y finalmente hizo mutis por el foro. Ex capitán de fragata, Zanchetta fue durante la dictadura uno de los capellanes de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde se ocupaba de contener espiritualmente a los marinos que volvían de tirar secuestrados al mar.

Zanchetta había desembarcado a principios de marzo en esa parroquia del conurbano, donde lo mandaron con bajo perfil, para ocuparse sólo de hacer tareas administrativas. Cobijado por el obispo de San Martín y Tres de Febrero, Guillermo Rodríguez-Melgarejo, el cura sin embargo pronto se dio el gusto de subir al púlpito. Dio una primera misa el domingo 6 y a la semana siguiente comenzó a querer dar órdenes a la gente que participa en el trabajo social de esa parroquia.

“Se daba ínfulas. Empezó a preguntar quién se ocupaba a de esto y de lo otro, pero no con la actitud de un cura que viene a hablar tranquilamente con la gente. Se le notaban las insignias arriba del hombro”, definió a Página/12 una de las laicas del lugar. Así llamó la atención, googlearon su nombre y encontraron los antecedentes. La noticia corrió rápido.

Según varios testimonios, Zanchetta repitió ante la gente de la parroquia en una reunión de la Pastoral (cuando se reúnen los integrantes de Caritas y otras ramas del trabajo laico con el cura párroco) los dos argumentos que sostiene cada vez que es cuestionado. El primero es que “todo lo que se dice” sobre él “es mentira”. El segundo, que le “faltan pocos años” para jubilarse; “hasta entonces tengo que tener una actividad”.
El escrache

Los de JP Evita imprimieron volantes con la historia de Zanchetta y el domingo fueron a la misa de 11. Tal como lo esperaban, el cura estaba otra vez encargado de realizar el oficio. Los chicos se distribuyeron en la nave y escucharon buena parte del oficio antes de escracharlo. “En el sermón, dijo que Dios era como una empresa”, contó Carolina Bordón, que aun conociendo los antecedentes del personaje quedó impactada por lo burdo del estilo. “Además, como parte de la homilía preguntó a los que estábamos escuchando si creíamos que las elecciones en Chubut o el Ministerio de Economía nos iban a cambiar la vida, como para marcar que hay que prestar atención a la fe y no a la política.”

Cuando el cura terminó de dar de comulgar, largaron el escrache. Uno de los chicos se paró: “Vecinos, queremos contarles que esta persona que está dando la misa estuvo en la ESMA durante la dictadura”, dijo, mientras los compañeros repartían los volantes en los que se advertía que “en la iglesia de su barrio da misa un asesino”.

La denuncia ayudó a que la novedad circulara. En la comunidad ya había habido movimientos internos. La parroquia tiene una escuela primaria y el día anterior las madres de los chicos que van a catequesis los retiraron de la misa del sábado y anticiparon que no los harían tomar la primera comunión si era Zanchetta el encargado de realizar el oficio religioso. Y el domingo a la tarde, después del escrache, un grupo de la pastoral social fue a hablar con el obispo y le exigió que sacara a Zanchetta de la parroquia. Se fueron de la reunión con ese compromiso de parte de Rodríguez-Melgarejo y desde entonces Zanchetta dejó de ser visto en el lugar. Sin embargo, todo indica que sigue cumpliendo funciones en la parroquia de Caseros, para la escuela Nuestra Señora de las Mercedes.

3/24/2011

A 35 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

NUESTRA CITA CON LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA
Cada 24 de marzo, nuestra cita es con la memoria, con la verdad, con la justicia; nuestra cita es con la lucha. Es una cita que se renueva como compromiso, mirando el pasado desde los ojos de nuestros compañeros y compañeras sembrados en la historia, y mirando el presente con la misma crítica rebeldía que ellos y ellas enarbolaron como bandera.
El 24 de marzo es una jornada de lucha. No es un feriado. La cita es por la batalla contra la impunidad y por la conquista de todos los derechos de nuestro pueblo.
Cada 24 de marzo, nos conmueven los viejos y nuevos dolores. Salimos a las calles y a las plazas con nuestros 30.000 compañeros y compañeras presentes en la piel, en la sangre, en los pañuelos, en las banderas, en los corazones.
Salimos construyendo la memoria histórica en el repudio a la dictadura genocida, al golpe proimperialista que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso ferozmente el endeudamiento y la entrega, la explotación y el hambre.
Salimos para repudiar el exterminio de decenas de miles de compañeros, dirigentes y militantes obreros y populares. Repudiamos los campos de concentración, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato, crímenes que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia en Tucumán y con el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país

Salimos denunciando una vez más al poder económico, a los banqueros, las empresas y la oligarquía terrateniente que planificaron el golpe; a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados; a la mayoría de la cúpula de la Iglesia que los bendijo; al poder judicial que los amparó; a los políticos que los avalaron; y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos
Salimos repudiando a la dictadura que intentó destruir las formas de organización de los trabajadores y el pueblo: cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales. Salimos a denunciar que la brutal represión que implementó, perfectamente planificada, racional y discriminada, tiene un nombre preciso: genocidio.

Salimos exigiendo castigo a los genocidas, con la bandera de quienes dieron su testimonio y fueron una vez más desaparecidos o asesinados: con Julio López, con Silvia Suppo. Estos dos nombres son símbolo que grita la impunidad de ayer y de hoy.

El gobierno de los Kirchner quitó a Julio de su agenda porque nunca quiso investigar a fondo ni desmantelar a la bonaerense, heredera de los Camps y los Etchecolatz. La reciente pantomima de rastrillaje fue una pantalla más para ocultar la inacción y el encubrimiento de una causa en la que –a 4 años y medio- no hay un solo imputado.

Salimos solidarios con la lucha de los trabajadores y trabajadoras tercerizados, y con Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria. Y aún con el dolor de esta pérdida, celebramos que la ola de indignación popular, que se expresó en masivas manifestaciones en todo el país, logró que el jefe político de la patota, José Pedraza y su segundo, el gallego Fernández hoy estén presos. La detención de Pedraza, es un triunfo de la lucha contra la impunidad.

Denunciamos que los hombres de Pedraza y Maturano siguen siendo funcionarios de la Secretaría de Transporte e integrando la gestión del ferrocarril. Seguimos luchando por el castigo a los funcionarios, empresarios y policías cómplices de la patota.

Salimos haciendo nuestra la demanda de los pueblos originarios por la recuperación de sus tierras ancestrales, y con los hermanos Qom fusilados por la patota terrateniente y por la represión del gobernador K Insfrán en Formosa, respaldados por el gobierno nacional. Al día siguiente de los asesinatos hizo una teleconferencia con él inaugurando obras públicas como si nada hubiera ocurrido.

Salimos con Roberto López de la Corriente Clasista y Combativa y con Mario López del Mocafor.

Salimos defendiendo el derecho a tierra y vivienda y contra la xenofobia, con quienes dejaron el cuerpo, baleados por la policía federal y la Metropolitana, en el parque que lleva curiosamente el nombre de indoamericano: con Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez.

Mientras no hay ningún imputado por los crímenes del indoamericano y la brutal represión, son perseguidos, entre otros, dirigentes de esos barrios, como Diosnel Pérez Ojeda y Luciano Nardulli.

Salimos combatiendo la criminalización de la pobreza, y apoyando a la pueblada de Bariloche contra el gatillo fácil de otro gobernador aliado del gobierno nacional, con los pibes asesinados: con Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas.

Salimos honrando la memoria de los piqueteros Cristian Ibáñez y Marcelo Cuellar en Jujuy; con Carlos Fuentealba, el maestro fusilado por enseñar a luchar, con Lázaro Duarte, del MST, asesinado por militante político, todos ellos caídos durante el gobierno de los Kirchner. Los responsables políticos de estos crímenes siguen impunes.

Y salimos reivindicando las luchas de nuestro pueblo que recorrieron y recorren la Argentina. salimos con Darío Santillán y Maximiliano Kosteki asesinados en el Puente Pueyrredón; con los piqueteros asesinados en General Mosconi: Orlando Justiniano, Alejandro Matías Gómez, Aníbal Verón, Carlos Santillán y Oscar Barrios; con Teresa Rodríguez de Neuquén, con Víctor Choque de Ushuaia, con Mauro Ojeda y Francisco Escobar del puente Chaco-Corrientes. Salimos con Petete Almirón y todos los compañeros y compañeras caídas el 19 y 20 de diciembre del 2001 en todo el país. Salimos con Carlos Fuentealba, el maestro fusilado por enseñar a luchar.

Por todos, por todas, decimos:
Juicio y castigo a todos los responsables político y materiales de los crímenes contra el pueblo!

CON IMPUNIDAD Y REPRESIÓN NO HAY DERECHOS HUMANOS!

Cada asesinado, cada asesinada, todos se vuelven raíz en la tierra, y se envuelven en la memoria de resistencia de nuestros pueblos a los genocidas desde los tiempos de la Conquista.

La lucha contra la impunidad recupera nuestra historia, es un hecho de estricta justicia, pero también y sobre todo es parte de la construcción de un camino que termine con la opresión y la explotación.

Después de 15 años de lucha contra las leyes de obediencia debida y punto final, logramos que se reabrieran las causas penales contra los genocidas y abrimos un camino inédito en la historia, un extraordinario triunfo popular.

A los ex detenidos-desaparecidos, los familiares, las organizaciones de derechos humanos, que durante años habían llevado adelante las investigaciones sobre lo ocurrido en los campos de concentración de la dictadura, se sumaron en todo el país decenas de organizaciones populares, estudiantiles, gremiales, políticas, que en forma colectiva hemos llevado adelante el juicio y castigo a todos los genocidas. Desde las acciones jurídicas, hasta las movilizaciones de apoyo a los juicios orales, desde el reclamo por la publicidad de las audiencias, hasta las denuncias contra el poder judicial y el poder político.
En estos casi 8 años de lucha conseguimos que 196 represores en todo el país hayan sido condenados y que 820 se encuentren procesados.

Estos juicios son nuestros logros históricos pero no son el fin de la impunidad de la dictadura
Porque hay 450 genocidas fallecidos, absueltos, incapaces, prófugos y dejados fuera de las causas por falta de mérito
Porque 16 genocidas fueron absueltos de los aberrantes crímenes que cometieron
Porque más del 90 % de los genocidas no han sido aún ni rozados por la justicia.
Porque no hay ni un represor condenado por cada uno de los 500 campos de concentración que existieron Argentina.
Porque existen miles de represores en todo el país que siguen estando en actividad en las estructuras de las fuerzas de seguridad.
Porque sólo son juzgados los represores emblemáticos o aquellos que fueron reconocidos e identificados por los ex detenidos-desaparecidos cuando estaban encapuchados y tabicados en los centros clandestinos de detención
Porque genocidas no son sólo los integrantes de las fuerzas represivas que manejaban los falcon y secuestraban picana en mano, sino también los funcionarios nacionales de la dictadura, los obispos y capellanes que colaboraron con el plan de exterminio, directivos de empresas que entregaron a los trabajadores y sus cuerpos de delegados.
Porque los jueces no permiten la televisación de las audiencias, para evitar que se escuchen los testimonios, y para impedir que los represores puedan ser claramente identificados por nuestro pueblo.
Porque las causas siguen siendo fragmentadas, parcializadas, y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio, y a este ritmo va a llevar al menos 2 generaciones terminar de juzgar a los que están procesados
Porque el Poder Ejecutivo tuvo y tiene la posibilidad de impulsar el cambio de jueces cómplices/socios/familiares/amigos de los genocidas y no lo hizo.
Porque el Procurador General de la Nación, nombrado a propuesta de la Presidencia de la Nación, jefe máximo de los fiscales, no apartó a los fiscales cómplices, ni dio instrucciones precisas para que no se
Porque la Secretaría de DDHH, a pesar de ser querellante, no ha impulsado la unificación de las causas.
Porque la mentira perversa en la que aún viven más de 400 jóvenes que no conocen su verdadera identidad, esa identidad que parieron nuestras compañeras atendidas por médicos militares en los campos de concentración y que les fue arrebatada por los apropiadores y sus cómplices, sigue vigente.

Porque el gobierno se niega a abrir todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de los genocidas que manejaron los 500 campos de concentración. Esos archivos que contienen la información sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados
Porque nuestro compañero Julio López sigue desaparecido y porque el crimen contra la compañera Silvia Suppo sigue sin esclarecer.

Porque siguen sin anularse en el Congreso los infames indultos del menemismo.

A casi 8 años de la nulidad de las leyes de impunidad, detrás de discursos llenos de palabras que suenan a justicia, el gobierno que se presenta como líder de la lucha contra la impunidad, no ha tomado las medidas políticas necesarias para garantizar el castigo a todos los culpables, y lejos de eso, pretende limpiar la imagen de las fuerzas represivas que siguen teniendo en sus filas a los genocidas de ayer y a sus discípulos de hoy.
Por eso, este 24 de marzo, seguimos exigiendo que se unifiquen las causas, que los juicios sean por campo de concentración, que se juzgue a todos los genocidas por los delitos cometidos contra todos los compañeros, y por lo que son: genocidas.

Por todo eso decimos:

Cárcel ya a todos los genocidas!
Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados!
Apertura de todos los archivos de la dictadura!
Aparición con vida ya de Julio López
Nulidad de los indultos

Como cada 24 de marzo nuestra cita es con la verdad, denunciamos al gobierno nacional, porque utiliza la bandera de los ddhh, honrada con tantos años de lucha de nuestro pueblo, para eludir su responsabilidad en la persistencia de la impunidad.

Denunciamos al gobierno nacional porque reprime, organiza patotas paraestatales o es cómplice de las patotas de la burocracia sindical, promueve la criminalización de la protesta persiguiendo judicialmente, con el código penal en la mano como dijo Aníbal Fernández, a todos los que luchan.

El 2010 estuvo poblado de manifestaciones, cortes de calles y de ruta, movilizaciones, huelgas, ocupaciones de fábricas, de tierra y de edificios públicos, acampes, piquetes, las más diversas formas de pronunciamiento en defensa de los derechos obreros y populares. Pero también, en el 2010, Mariano Ferreyra, Los Qom, el Indoamericano, Bariloche, son una prueba de la responsabilidad del gobierno nacional en los hechos represivos y ponen al descubierto su doble discurso.

Este gobierno mantiene las reformas antiobreras del menemismo, privilegia el pago de la deuda externa, las multimillonarias ganancias de su propio grupo económico, el compromiso con las empresas imperialistas de la minería contaminante, de la soja, del petróleo, de las grandes represas, la extranjerización de la tierra. Esta política es la verdadera contracara del discurso con el que se autodenomina progresista y defensor de los derechos humanos, nacional y popular.

En esta cita que nos reúne cada 24 de marzo, comprometidos con la historia, con el presente y con el futuro, celebramos el crecimiento de la lucha y de las nuevas formas de organización de los trabajadores ocupados y desocupados, de los jubilados, de los estudiantes, de los ambientalistas, de los campesinos, de los pueblos originarios, que pelean por la defensa de sus derechos, que son nuestros derechos.

Y denunciamos que para frenar este proceso, el gobierno utiliza distintas formas de represión: las fuerzas de seguridad como en los casos de Kraft, de los vendedores ambulantes del Ferrocarril Roca, los vecinos de Vicente López, SITRAIC de Lomas de Zamora; las patotas paraestatales, como en el caso del INDEC, el Hospital Francés, el Casino de Buenos Aires y los choferes de la UCRA.

También utiliza algunas hinchadas de fútbol subcontratadas con los mismos fines, y es cómplice directo de las patotas de la burocracia sindical aliada, como en el caso de subterráneos y de los trabajadores tercerizados.

Valga la paradoja: el gobierno terceriza la represión.

La criminalización de la protesta se ha profundizado. Hay presos políticos, y de cada conflicto surgen nuevos procesados. Miles de causas penales están abiertas en todo el país contra nuestros compañeros.

Y no sólo cada día se suman nuevas causas sino que las imputaciones pasan de contravenciones a causas penales.

El gobierno promueve esta persecución contra los trabajadores como Néstor Segovia de Subterráneos, Ramón Bogado y Javier Hermosilla de Kraft, Jorge Hospital y Omar Merino de Ferroviarios, Alejandro López y Raúl Godoy de Zanón, Néstor Castelli y Víctor Ottoboni de FATE.

Contra dirigentes ambientalistas como Paola Robles de Gualeguaychú; contra dirigentes de organizaciones de desocupados como Oscar Kuperman y Juan Carlos Alderete; y contra los militantes políticos como Fernando Esteche, Raúl Lezcano, Alcides Christiansen.
Todos ellos son sólo algunos de los nombres de los más de 4000 luchadores populares que hoy son perseguidos penalmente.

Salimos hoy también a denunciar que en el momento culmine de la represión del indoamericano, cuando estallaba en el país la demanda de tierra y vivienda, el gobierno nacional respondió con la creación del ministerio de seguridad. Al contrario del discurso oficial, la creación de este ministerio significa el reforzamiento del aparato represivo, como lo demuestra las primeras medidas que tomó: comandar la represión y las tareas de inteligencia en el Roca y el envío de 6 mil gendarmes a la provincia de Buenos Aires. A la policía federal ni la toca. Macri, por su parte, sólo se interesa en tener su propio aparato represivo. Mientras tanto ni el gobierno nacional ni el de la ciudad responden a las demandas populares.

Por todo esto decimos
¡Basta de represión estatal, para estatal y patotas de la burocracia sindical!
No a la criminalización de la protesta social.
Libertad a Roberto Martino, Karina Germano, Carlos Olivera, y demás presos políticos.
CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS a los trabajadores, movimientos de desocupados y territoriales, ambientalistas, estudiantes, campesinos, originarios, militantes políticos y a todos los procesados por luchar.

Hoy salimos por los pibes y pibas asesinados, desaparecidos una vez más: Luciano Arruga, Rubén Carballo, Giuliana Jiménez, Miguel Portugal, Lucas Botella, Franco Almirón, Mauricio Ramos.
El gatillo fácil, los asesinatos de jóvenes en las barriadas populares, son moneda cotidiana.

Las cárceles, los institutos de menores y las comisarías son espacios de exclusión y olvido, donde la impunidad, la tortura y la humillación se enseñorean.

Como siempre, la respuesta represiva se esgrime como solución. Este año se tratará en el Congreso el proyecto de baja de la edad de imputabilidad y la presidenta ha anunciado su apoyo a la iniciativa.

Hoy, 24 de marzo, estamos también en la denuncia de la desaparición de mujeres y niñas en manos de las redes de la prostitución y de la trata, organizaciones que no podrían funcionar si no contaran con la complicidad directa de la policía.

Y también salimos por justicia por los pibes de Cromañón.
Por todo esto decimos

Basta de Gatillo Fácil y del asesinato a jóvenes en las barriadas populares. Juicio y castigo a todos los responsables.
No a la baja de la edad de imputabilidad
El gobierno también impuso una reforma electoral que afecta los derechos políticos de nuestro pueblo a un nivel que no reconoce antecedentes desde el comienzo del período constitucional posterior a la dictadura.

Por eso decimos:

Rechazamos la reforma electoral proscriptiva del gobierno K.
Este año, sigue aumentando la inflación y las penurias de nuestro pueblo: salarios depreciados y tarifazos, desocupación y miseria crecen violentamente.

El precio de la canasta familiar se aleja cada vez más de las posibilidades de la mayoría de los trabajadores.

La deuda externa se sigue pagando, una deuda ilegítima que no fue contraída por el pueblo argentino, fraudulenta y producto de estafas. Deuda que se paga con el hambre de nuestros pibes, mientras los bolsillos de los poderosos se siguen llenando.

Las penas siguen siendo nuestras, y las tierras, el ferrocarril, el petróleo, el gas, la minería, y demás recursos naturales siguen siendo ajenos.

Basta de bajos salarios, hambre y entrega.
No al pago de la deuda externa.

Salimos contra la intervención de la coalición imperialista encabezada por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña en Libia. Ningún misil de la OTAN traerá las libertades democráticas y las reivindicaciones sociales por las que lucha el pueblo libio, ya que el fundamental objetivo imperialista es el control del petróleo y la región. Repudiamos el ataque imperialista y nos solidarizamos con las movilizaciones del pueblo Libio contra la dictadura de Khadafi y con todas las rebeliones de los pueblos árabes. Denunciamos a su vez la brutal represión de Khadafi contra su pueblo.

No a la intervención imperialista. Solidaridad con la rebelión del pueblo libio.

Compañeros y compañeras:

Nuestro pueblo sigue luchando en defensa de sus derechos. Cada día son más los que se movilizan y cada conquista estimula nuevos reclamos. Cada injusticia, cada derecho violado genera una respuesta popular.
Ante nuestros 30.000 detenidos-desaparecidos nos comprometemos a seguir dando nuestro Presente en la lucha hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad, una Argentina liberada de la opresión imperialista y de la explotación.

En ese camino, sorteando todos los embates, estuvimos, estamos y estaremos cada 24 de marzo en esta Plaza.

Por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

30000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos… Presentes!
Ahora y Siempre

ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

3/05/2011

A 35 AÑOS DEL GOLPE

A 35 AÑOS DEL GOLPE30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡PRESENTE!


Julio López, Silvia Suppo, Diego Bonefoi-Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (Bariloche),  Mariano Ferreyra, Roberto lópez y Mario López (Formosa), Bernardo Salgueiro-Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (Indoamericano).

 
CON IMPUNIDAD Y REPRESIÓN NO HAY DERECHOS HUMANOS

 24 DE MARZO 14:30 HS - MARCHA DE CONGRESO A PLAZA DE MAYO

 CONVOCA ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

1/17/2011

Represión en Villa Constitución : Prueba piloto de la dictadura

 Por Adriana Meyer

En marzo de 1975 se produjo la represión militar y policial de Villa Constitución para cortar el proceso combativo que se había producido en la localidad alrededor de los trabajadores de la planta siderúrgica de la empresa Acindar. El futuro ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz era presidente del directorio de la acerera. En la represión a los obreros se aplicó la ley antisubversiva, equiparando a los gremios combativos con las organizaciones guerrilleras.

Villa Constitución era un polo industrial nuevo y en 1974, la importante regional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) había sido ganada por una lista que encabezaba Raúl Piccinini y en la que participaban otras fuerzas de izquierda. Otros sindicatos de la zona habían sido también ganados por sectores combativos.

La inquietud entre las cúpulas empresarias por el surgimiento de este proceso produjo presiones sobre los sectores políticos, al punto que el principal dirigente de la oposición, Ricardo Balbín, denunció a los gremialistas como “la guerrilla fabril”. El mismo Martínez de Hoz se reunió en 1975 con el general Jorge Rafael Videla como parte del camino que llevaría pocos meses después al golpe con Videla en el poder político y Martínez de Hoz como su ministro de Economía.

La represión tenía que servir para poner límite a ese fenómeno de desarrollo de las fuerzas combativas en el seno del movimiento gremial. Con el tiempo, también pudo advertirse que había funcionado como prueba piloto para la represión que cayó después de manera extendida, durante la dictadura, sobre todo el movimiento obrero. También fue similar la represión a la que se desencadenó en Jujuy, en la localidad general San Martin, en La Noche de los Apagones, contra los trabajadores del ingenio Ledesma.

Más de cien Ford Falcon, de los usados por la Triple A, coparon la ciudad, mientras iban a buscar los dirigentes obreros, algunos delegados gremiales de base y otros del gremio como Piccinini y Victorio Paulón. Según declaraciones de testigos, la empresa Acindar en la Villa habría sido uno de los primeros centros clandestinos de detención. Centenares de obreros perdieron sus trabajos, otros fueron detenidos, y decenas continúan desaparecidos. Varios de los principales dirigentes debieron sufrir años de cárcel.CARLOS SOSA, EX DIRIGENTE GREMIAL QUE DENUNCIO A ISABEL Y MARTINEZ DE HOZ POR LA REPRESION DE 1975 EN VILLA CONSTITUCION
“Villa salió a la calle, pero no hubo una vanguardia que condujera a los obreros”

La represión en Villa Constitución, poco antes del golpe del ’76, dejó un saldo de miles de despedidos, decenas de desaparecidos y numerosos presos. Sosa era dirigente ferroviario y acompañaba el proceso combativo que se había producido en esa localidad.
   
     

 Por Adriana Meyer

Esa luz que demora el atardecer de verano se mezcla con el alumbrado y las marquesinas recién encendidas en Villa Constitución. Carlos Sosa abre la puerta del Centro de Jubilados que armó en un local arrebatado al dirigente ferroviario José Pedraza. “Lo de ahora no es nuevo, el drama nuestro es que vuelve a reciclarse la historia”, afirma el histórico dirigente sindical, y el concepto volverá una y otra vez en los relatos de sus vivencias y en el análisis de la actualidad que compartió en diálogo con Página/12. Protagonista del “Villazo” y sobreviviente del denominado Operativo Serpiente Roja del Paraná –en 1975, cuando trabajadores sindicalizados de Acindar fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos–, Sosa acaba de presentar una denuncia penal contra los represores que lo ejecutaron material e ideológicamente: el ex ministro de Economía y ex miembro del directorio de esa empresa, José Alfredo Martínez de Hoz, la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y las autoridades del Consejo Empresario Argentino (CEA). “Buscamos justicia contra los beneficiarios del genocidio, que intentó terminar con el espíritu y el activismo obrero que afectaba los intereses empresariales”, resume.

El tranquilo barrio ferroviario contrasta con el ruidoso centro de Villa, y refleja emblemáticos momentos de la historia del movimiento obrero. “Acá se robaron 30 kilómetros de vías, y la estación está en pie porque la ocupamos durante 40 días y la convertimos en una huerta comunitaria. Aquellos años (los ’90) fueron difíciles”, recuerda. Sosa –71 años, jubilado, casado, una hija y dos nietos– es de baja estatura, fornido y lúcido, sigue afiliado a la Unión Ferroviaria “a pesar de todo” y es hincha de San Lorenzo. “Entré al ferrocarril en 1961 como changarín, que en realidad es la tercerización de ahora. Cambiaron los nombres pero ya los ingleses tenían ese sistema. Al principio uno hacía changas, pero la diferencia es que con lo que ganabas vivías una semana. Y nos quedaba tiempo para leer y militar.” Luego pasó a Vías y Obras, donde realizaba la dura tarea de impregnar durmientes. A quienes trabajaban allí les decían “catangos”. Ubicado en la parte superior de la caldera de impregnación leía a Carlos Marx. “Había una escuela nocturna de La Fraternidad donde estaba Tito Martín, maquinista, profesor y dirigente comunista, y estudiábamos ahí con (Alberto) Piccinini y otros compañeros que salieron después delegados.” Aunque su inquietud había empezado en su pueblo, Santa Isabel, cuna de la oligarquía terrateniente, con su trabajo junto a un librero muy politizado y antiperonista, y en su casa con el clima opuesto, proletario y peronista. “Al librero lo llevaban en cana porque hacía reuniones donde conspiraban contra el peronismo, y en el patio de mi casa mi abuelo, que era peón rural o croto, como le decían, armaba fogones donde escuchaba canciones anarquistas y los relatos de la Patagonia, que luego leí en los libros de Osvaldo Bayer. Esos fueron los dos ejes de mi juventud.”

–¿De esa mezcla derivó en el comunismo?

–Esta era una zona de lucha, creo que lo decisivo fue eso. A poco que entré en el ferrocarril se desata la huelga de cuarenta y pico de días, yo tenía 21 años. Fue un proceso de lucha para que la Unión Ferroviaria (UF) nos cubriera, que aun siendo changarines pudiéramos ser afiliados. En el ’65 fui propuesto para la comisión directiva de acá, a pesar de que no era del ambiente ferroviario, era un negrito que había venido de afuera. Pero justo cuando iba a haber elecciones intervienen la UF, con Lorenzo Pepe, Víctor Vázquez, que está desaparecido, y otros forman una comisión al margen. La CGT decretó un paro parcial y nosotros lo hicimos por 24 horas. La empresa nos castigó con una suspensión de 60 días. Llegamos a tener una conducción militar en Ferrocarriles Argentinos, que hicieron un negociado con la empresa Alba, y nos suspendían por cualquier cosa.

–¿Usted participó de la creación de la CGT de los Argentinos?

–Sí, la constituimos en el ’68 con La Fraternidad, el compañero Tito Martín, y otros sindicatos. Durante el Cordobazo y el Rosariazo acá propusimos hacer paro, pero hubo enfrentamientos. Me designaron para representarnos en la CGT de Rosario, fue un duro proceso con enfrentamientos con los carneros. Creo que ante determinadas situaciones no hubo una alternativa obrera, popular, con una visión de poder propio. Con la huelga y Tosco en Córdoba daba para dar un salto político cualitativo, y no fue por una de las fallas de la izquierda. Lo mismo pasó en 2001, si la CTA declaraba el paro general, otra hubiera sido la historia. Y ahora encima rompen la CTA. Así es el drama de los argentinos, pasó en el ’55 cuando Villa salió a la calle pero no hubo una vanguardia o centralidad que condujera a la clase obrera a la toma del poder. Entonces seguimos siempre detrás de proyectos de la burguesía, incluso la visión que tiene este gobierno de generar una burguesía para un proyecto nacional y popular no sirve porque esa burguesía no le responde, lo vemos acá en Paraná Metal con Cristóbal López. Es una burguesía rapaz que no trepida en matar, lo hemos vivido en el ’76.

–¿Usted estuvo preso antes del inicio de la dictadura?

–Sí, el 20 de marzo del ’75 que se desata el Operativo Serpiente Roja.

–De aquella Unión Ferroviaria a la actual, ¿qué pasó?

–Hubo una involución. En aquel momento que desafiamos a la intervención fue un período de conquistas y realizaciones. Lo mismo pasó en el movimiento obrero de Villa y había que cortarlo. Por eso el operativo del 20 de marzo, donde se unieron la pata sindical de Lorenzo Miguel, (Alberto) Rocamora (ex ministro del Interior) como la parte política, y Acindar, Isabel y Martínez de Hoz con el CEA, que representaba la alianza del sector terrateniente con el sector industrial. Fue una respuesta al Villazo que había sido un triunfo de los trabajadores, una epopeya obrera y popular. Acá la semilla la sembró el anarquismo entre los obreros portuarios y ferroviarios, que se acostumbraron a defender lo local. De acá salieron cuadros brillantes, que tuve la suerte de conocer. Acindar tomó auge a partir del ’47, y ya entonces los trabajadores luchaban por una adecuada atención médica. En marzo del ’74, durante siete días se tomó Acindar, unidos con los metalúrgicos, por la democracia sindical y aumento de salario, y que concluyó con la marcha hacia Villa que se denominó Villazo.

–¿En qué consistió el Operativo Serpiente Roja del Paraná?

–Teníamos el pelo largo, creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, fuimos ingenuos. Teníamos el dato preciso sobre el operativo y no le dimos bola. Se discute en la UOM y luego cada uno se va a dormir a su casa. Detuvieron a dirigentes metalúrgicos y ferroviarios, activistas y a otros que no tenían nada que ver. Estábamos peleando por la reapertura del matadero municipal. En Villa siempre privilegiamos la unidad, por eso acordábamos con la parte dura del PJ, con Montoneros, por ejemplo. Eso fue el 19 de marzo de 1975 y esa asamblea la filmaron, tenían infiltrados elementos de inteligencia. Lanzan el operativo con la Federal, la Prefectura, todo coordinado. Llegan los Falcon y paraban gente a la entrada de Villa. Hubo 300 detenidos. A mí me detuvieron en mi casa, también se llevaron a Tito Martín, Alberto Piccinini y a Juan Jesús Actis. Nos dejaron en camiones de la policía al sol, y en la jefatura nos golpearon, mientras el cura (Samuel Martino, ya fallecido) tocaba la campana (N. de R.: Historiadores locales describen que pudo haber sido para tapar los gritos de los detenidos o para festejar el operativo, pero en cualquier caso el hecho evidencia la participación de la Iglesia). Luego nos llevaron a Rosario, y ahí largaron a algunos pero a otros nos llevaron a la cárcel de Coronda. Ahí estalló una huelga de 60 días por la libertad de los compañeros y en repudio a la represión. Los ferroviarios paramos 20 días, que no fue fácil, se debatía en este salón, eran asambleas calientes. No es mérito de uno, yo tenía compañeros que fueron secuestrados y asesinados, que se mantenían y ganábamos la asamblea. Eran paros políticos, no por aumento de sueldo. Acá funcionaba el comité de solidaridad de los metalúrgicos. El 23 de abril se movilizan 15 mil personas, y ellos hacen una contraofensiva represiva, con helicópteros, bombas, de todo. Hubo muertos y heridos. La gente resistía a ese terror estatal. Nos pusieron una bomba en esa puerta (la señala), y tuvimos que canalizar toda la resistencia del comité de lucha y solidaridad en la clandestinidad. Los compañeros tuvieron que levantar la huelga, hubo una ofensiva contra algunos trabajadores, que eran marcados y despedidos. La lucha continuaba, seguía el espíritu de resistencia, cuando fue el Rodrigazo acá se paró. Pero seguían los fachos funcionando.

–¿Todo eso fue parte del operativo?

–Fue una secuencia. Se establecieron en Acindar, en el albergue de solteros y trabajadores temporarios donde funcionaba un comando represivo de milicos, policías y los Pumas, una guardia rural creada en la época de La Forestal (N. de R.: habría sido el primer centro clandestino). Se dice que Acindar les pagó a los represores. El 16 de octubre secuestraron al delegado metalúrgico (Julio) Palacios, a la doctora De Grandi y a un pastor, (Carlos) Ruesca. Los fusilaron y aparecieron los cuerpos mutilados, a la doctora le cortaron los senos, a los hombres los testículos, y los tiraron en Albarellos para que todos lo vieran. También secuestraron a un colectivero que se había negado a llevar a unos carneros. La gente resistía desde los techos de las casas en solidaridad con los presos.

–¿Cuál es el sentido de la denuncia?

–Acá los milicos ejecutaron el plan de exterminio y represión, pero hay que preguntarse quiénes se beneficiaron y quiénes armaron el plan. Los de Acindar querían quedarse con el monopolio y destruir a Somisa. La deuda de Acindar la terminamos pagando todos cuando (Domingo) Cavallo estatizó la deuda. Tiene que haber justicia contra los beneficiarios del genocidio, que querían terminar con el activismo de aquella época porque afectaba a las grandes empresas. Nosotros participábamos del 50 por ciento del producto bruto interno, en el ’74 en el ferrocarril teníamos el mejor convenio, habíamos logrado una serie de conquistas. Así que tenían que parar esto. A Córdoba la habían volteado, faltaba Villa. Hay que replantearse que no fuimos muy políticos en la organización, y no previmos lo que se venía.

–¿Qué lo llevó a hacer la denuncia ahora?

–La impulsamos con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y los compañeros Piccinini y Actis porque es una deuda que tenemos, no es por venganza ni por tener protagonismo. Los trabajadores de Villa y el pueblo necesitamos que se esclarezca este genocidio, que se juzguen los responsables. En el ’84, recuperada también la UOM, y con la Conadep, hicimos un informe de todo pero un comando se lo llevó de los tribunales de Rosario. Ahí estaban las pruebas, por eso lo volvemos a hacer ahora. Además, ahora el contexto es más favorable, Martínez de Hoz ya ha sido juzgado, pero no se trata sólo de Martínez de Hoz sino de todos los empresarios y grandes multinacionales que se beneficiaron con el genocidio. Quedaron unos 20 compañeros asesinados y desaparecidos en aquellos días.

–Usted dice que la historia se repite. ¿Por eso una patota de la burocracia sindical ferroviaria produjo el ataque en el que mataron a Mariano Ferreyra?

–Antes estaba la Triple A, cambian los nombres pero los grandes empresarios siempre buscan seguir acumulando ganancias, como ahora que están ganando guita como nunca, y por eso recurren a la violencia y el exterminio. Lo de la Unión Ferroviaria es patético, por el negocio de los subsidios. Nos acusaban que impedíamos la privatización con el argumento de que con el millón de pesos que se perdía se podían hacer hospitales y escuelas. Y ganaron la cabeza de algunos trabajadores. Hubo una política de negociados y corrupción que generó desaliento. La única huelga fuerte que tuvo (Carlos) Menem fue la nuestra, llevada por afuera de la Unión Ferroviaria, en el ’91 y el ’92. Pedraza se inició como catango acá en Villa Gobernador Gálvez, y con él éramos el núcleo duro con el que conseguimos el mejor convenio. Hay un Pedraza combativo que era de la Juventud Trabajadora Peronista, que hizo los paros con (Saúl) Ubaldini, que se jugó por Cafiero contra Menem, y otro que apenas perdió Cafiero se fue con Menem, y se fue desmoronando hasta perder esos atributos para llegar a lo que es hoy, que además de un burócrata es un empresario. Lo de Mariano puso en el centro la política de subsidios, que reciben las empresas concesionarias. Si a los tercerizados, que son como los chagarines de mi época, los incorporan como efectivos se reduce la ganancia. Fue un proceso doloroso para los que hemos sido ferroviarios, algunos compañeros se enfermaron, murieron de angustia y de estrés. Vimos el saqueo y la destrucción. Teníamos más de 30 mil kilómetros de líneas férreas y ahora hay 8 mil. Quedaron cesantes 80 mil trabajadores y quedaron aislados cientos de pueblos, siendo que es el medio más sustentable para el medio ambiente y el más económico. Pedraza montó una organización que vació de contenido a la vieja Unión Ferroviaria, de todas las luchas, con compañeros que dieron la vida como en Laguna Paiva, desaparecidos como Víctor Vázquez. Tiene que ser juzgado como responsable de lo que está sucediendo y que costó la vida de un militante. Y los ferrocarriles deberían volver al Estado.

–¿Cómo evalúa la política de las listas de izquierda opositoras a Pedraza?

–Es importante la lucha de estos compañeros, pero les está faltando mayor amplitud y acuerdos. No encasillarse en que hay que tumbar a este Gobierno, que hizo todo mal. A este Gobierno le falta mucho, no ha roto la matriz neoliberal, pero tiene aspectos positivos. No es posible oponerse a la Asignación Universal o a la estatización de las AFJP, la ley de medios, la política de los derechos humanos. Pero este gobierno radicaliza ese proceso o se va, porque la derecha quiere una restauración conservadora peor que en los ’90.

12/13/2010

Testimonio de Adriana Calvo

Mi experiencia personal, sumada a la información recopilada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos permite hacer una descripción bastante exacta acerca de cual fue la actitud de los represores con las mujeres embarazadas. El primer punto a tener en cuenta es que el hecho de estar embarazada no impedía la tortura ni la hacía menos violenta. El objetivo de los tormentos era extraer del detenido el máximo de información en el menor tiempo posible y ese objetivo no se cancelaba por "detalles". 

Pasada esta etapa y en el caso en que el embarazo continuara a pesar de la picana, violación, y/o golpes, comenzaba otra, en alguno de los lugares de "depósito", en la que el trato y la cantidad de comida recibida dependía fuertemente del aspecto - ojos, cutis, pelo, cuerpo -, de la edad y del estado de salud de la embarazada. Esto era así ya que, tal como todas las demás cosas que robaban, los bebés eran considerados botín de guerra aún antes de nacer, por lo que tenían especial cuidado con aquellas "portadoras" bonitas, rubias, de ojos grandes, que les aseguraran bebés fuertes, hermosos y saludables para ser retenidos como propios, para ofrecer gentilmente a algún superior necesitado o para vender al mejor precio. En caso de no reunir estas características, de cualquier manera la embarazada era conservada con vida hasta después del parto (siempre existe demanda para este tipo de producto aunque no sea de la mejor calidad). En casi todos los casos, éste se producía en el suelo, o sobre alguna mesa sucia, con la detenida atada y encapuchada, rodeada de guardias que asistían amenazantes al "espectáculo" y, en caso de que la hubiera, asistencia médica mínima consistente en el corte del cordón umbilical y la extracción de la placenta. Pocas horas después, en algunos casos 2 o 3 días, el bebé era separado de su madre, siempre diciéndole que iba a ser entregado a su familia, incluso se le preguntaba a cual familiar debía ser entregado, dirección del mismo, horarios etc., lo que lograba que la entrega se realizara sin resistencia. De hecho, hasta donde sabemos, mi caso es el único en que un bebé nacido en un campo de concentración fue liberado junto con su madre.

El destino posterior de los chicos, hoy es evidente. Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa son un ejemplo paradigmático.

11/25/2010

Repudiamos las Amenazas

Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes, repudiamos las amenazas sufridas por nuestro compañero y abogado de H.I.J.O.S. y Familiares Claudio Orosz.
El viernes 12 de noviembre Claudio sufrió la tercera amenaza desde que dio comienzo el juicio UP1. Esta vez los cobardes decidieron intimidar por segunda vez a su padre enviando una nota a su domicilio con el texto "Judíos bastardos y mal nacidos; Tío Adi, les hará justicia. ¿Nunca se preguntaron de cómo era el olor del horno, o de la carne podrida?" acompañada de una imagen del Adolf Hitler.

La primera amenaza ocurrió el día 5 de julio, tres días después de comenzado el juicio, mediante una llamada anónima realizada al padre de Claudio en la que le profirieron insultos de corte antisemita. La segunda, fue otra carta enviada al local de H.I.J.O.S. y Familiares dirigida al Dr. Orosz en la que se lo amenaza de muerte a él y a todos los que continúen con las causas que juzgan los delitos de lesa humanidad.
Todos estos hechos fueron denunciados ante la fiscalía de turno, a cargo de Gustavo Vidal Lascano. Hasta el momento sólo la investigación por la llamada telefónica ha tenido resultados con la detención de su autor.

A pocos días del comienzo de los alegatos, se hace evidente que quieren imponer el miedo y el terror, paralizando nuestra búsqueda de verdad y justicia, no hace más que dar sustento irrefutable de que todos los represores vinculados a la dictadura deben estar detenidos y alojados en cárceles comunes, sin gozar de los privilegios a los que hoy acceden.

Nuevamente queda en evidencia, que la llegada de la justicia, reactiva algunos cobardes mecanismos de impunidad.

El Estado debe garantizar la seguridad e integridad física de los abogados, testigos, familiares, jueces y fiscales que intervienen en estas causas. No vamos a permitir que se obstaculice la concreción de estos juicios que son voluntad de la sociedad.

Ninguna amenaza va a frenar el camino de la justicia y la verdad.
 
Abuelas Filial Córdoba
Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba
Comisión Homenaje UP1
Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba
H.I.J.O.S. Regional Córdoba – en la Red Nacional      
 
Adhiere : Casapueblos; Campaña de apoyo a los juicios contra los genocidas