En un masivo acto en el Pasaje Dardo Rocha, la Comisión Provincial por la Memoria da cuenta de los más de 7.000 casos violaciones a los derechos humanos cometidos en dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Integrantes del Comité Provincia por la Memoria durante la presentación del informe
“Los Derechos Humanos y democracia son valores indivisibles. Si se debilitan los derechos humanos las democracias se resquebrajan”. Esas palabras del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, contextualizaron la idea del Informe Anual 2012 sobre la situación de las cárceles bonaerenses que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó este martes en el Pasaje Dardo Rocha en un acto en el que revelaron, entre otras violaciones, que el año pasado el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue denunciado por cometer 7.089 delitos contra los Derechos Humanos en perjuicio de detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires.
El informe fue presentado por el Nobel y co-presidente de la CPM, su par y ex fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañon, el secretario ejecutivo del organismo, Alejandro Mosquera, y el coordinador del Comité contra la Tortura, Roberto Cipriano García, en un acto del que participaron el vicegobernador Gabriel Mariotto, el secretario de Derechos Humanos provincial, Guido Carlotto, y la jefa del SPB, Florencia Piermarini. El legislativo provincial estuvo representado por los diputados nacionales Leonardo Grosso y Martín Sabatella, el senador provincial Santiago Carreras y los diputados Fernanda Raverta y Marcelo Saín, entre otras personalidades.
También estuvieron presentes las Madres de Plaza de Mayo Adelina de Alayes y Nora Cortiñas, integrantes de H.I.J.O.S, el juez Carlos Rozanski y el defensor de menores de La Plata Julián Axat, entre otros.
Al presentar el séptimo informe anual de la CPM, Pérez Esquivel interpeló a “toda la sociedad” y apuntó directamente a la Justicia: “También es (el de las cárceles) un problema judicial. Los jueces deben hacer un seguimiento de las personas que están en prisión porque las cárceles no son depósitos humanos”, dijo.
A su turno, Cipriano García dijo que el informe es “un alerta que se enciende por la violación de los derechos humanos en manos de las fuerzas de seguridad”. En su exposición dio a conocer información del extenso trabajo del CCT que revela que la tortura es una “práctica sistemática” y que el “hacinamiento es crítico” en las cárceles provinciales, entre otros datos.
“Desde la Comisión tenemos propuestas para reorientar la política criminal. Vemos con mucha esperanza la conformación de una comisión plural para la reforma del Código Penal, tan desarticulado por las leyes Blumberg”, dijo Mosquera y agregó: “Creemos fuertemente que hay que democratizar la justicia, algunos pasos se están dando pero, hay que discutir la selección de los magistrados, lograr la autonomía de la defensa. Crear una policía judicial implica tocar intereses y hay que tocarlos”.
Al recibir el libro del Informe de manos de Cañon, Mariotto dijo que “Desde todos los bloques legislativos atendemos este trabajo con la obligación de dar respuestas de conjunto, como por ejemplo, el avance en el Mecanismo de prevención de la tortura, la creación de la Policía Judicial. También vamos a trabajar en la autonomía de la defensa”. Además, se comprometió a debatir con la sociedad el tema y “encontrar las herramientas necesarias para que el próximo informe no tenga este nivel de degradación que nos llena de vergüenza, que nos llena de humillación pero que nos obliga a comprometernos como funcionarios”.
Informe. El Informe Anual 2012 sobre la situación de las cárceles bonaerenses que la CPM presentó en el Pasaje reveló que el año pasado el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue denunciado por cometer 7089 delitos contra los Derechos Humanos en perjuicio de detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Los hechos incluyen varios tipos de tortura (duchas o manguerazos con agua fría, bastonazos en plantas de los pies, aislamiento absoluto durante meses, golpes en todo el cuerpo) y distintos apremios y vejaciones, como falta de atención médica, afectación del vínculo familiar, pésima alimentación, y abuso contra mujeres y minorías sexuales.
Casi la mitad de esas situaciones se registraron en las Unidades Penales 1, 2, 9, 15, 17 y 28, que como en el resto del escenario provincial, soportan una superpoblación carcelaria que supera el 50 por ciento. De los 28 mil detenidos que la provincia deposita en sus 60 unidades, el 62% registra prisión preventiva. Es decir, personas aún sin condena.
El informe exige “desmilitarizar” el funcionamiento del SPB, y crear mecanismos independientes de control para la prevención de la tortura, como establece el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Para la iniciativa, el proyecto nacional propuesto por 23 organizaciones de la sociedad civil cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero si Senadores no lo trata, podría perder estado parlamentario.
Los detenidos fallecidos durante el año pasado fueron 126, por distintas causas. Y 5164 padecieron lesiones por hechos de represión a cargo de personal policial.
Integrantes del Comité Provincia por la Memoria durante la presentación del informe
“Los Derechos Humanos y democracia son valores indivisibles. Si se debilitan los derechos humanos las democracias se resquebrajan”. Esas palabras del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, contextualizaron la idea del Informe Anual 2012 sobre la situación de las cárceles bonaerenses que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó este martes en el Pasaje Dardo Rocha en un acto en el que revelaron, entre otras violaciones, que el año pasado el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue denunciado por cometer 7.089 delitos contra los Derechos Humanos en perjuicio de detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires.
El informe fue presentado por el Nobel y co-presidente de la CPM, su par y ex fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañon, el secretario ejecutivo del organismo, Alejandro Mosquera, y el coordinador del Comité contra la Tortura, Roberto Cipriano García, en un acto del que participaron el vicegobernador Gabriel Mariotto, el secretario de Derechos Humanos provincial, Guido Carlotto, y la jefa del SPB, Florencia Piermarini. El legislativo provincial estuvo representado por los diputados nacionales Leonardo Grosso y Martín Sabatella, el senador provincial Santiago Carreras y los diputados Fernanda Raverta y Marcelo Saín, entre otras personalidades.
También estuvieron presentes las Madres de Plaza de Mayo Adelina de Alayes y Nora Cortiñas, integrantes de H.I.J.O.S, el juez Carlos Rozanski y el defensor de menores de La Plata Julián Axat, entre otros.
Al presentar el séptimo informe anual de la CPM, Pérez Esquivel interpeló a “toda la sociedad” y apuntó directamente a la Justicia: “También es (el de las cárceles) un problema judicial. Los jueces deben hacer un seguimiento de las personas que están en prisión porque las cárceles no son depósitos humanos”, dijo.
A su turno, Cipriano García dijo que el informe es “un alerta que se enciende por la violación de los derechos humanos en manos de las fuerzas de seguridad”. En su exposición dio a conocer información del extenso trabajo del CCT que revela que la tortura es una “práctica sistemática” y que el “hacinamiento es crítico” en las cárceles provinciales, entre otros datos.
“Desde la Comisión tenemos propuestas para reorientar la política criminal. Vemos con mucha esperanza la conformación de una comisión plural para la reforma del Código Penal, tan desarticulado por las leyes Blumberg”, dijo Mosquera y agregó: “Creemos fuertemente que hay que democratizar la justicia, algunos pasos se están dando pero, hay que discutir la selección de los magistrados, lograr la autonomía de la defensa. Crear una policía judicial implica tocar intereses y hay que tocarlos”.
Al recibir el libro del Informe de manos de Cañon, Mariotto dijo que “Desde todos los bloques legislativos atendemos este trabajo con la obligación de dar respuestas de conjunto, como por ejemplo, el avance en el Mecanismo de prevención de la tortura, la creación de la Policía Judicial. También vamos a trabajar en la autonomía de la defensa”. Además, se comprometió a debatir con la sociedad el tema y “encontrar las herramientas necesarias para que el próximo informe no tenga este nivel de degradación que nos llena de vergüenza, que nos llena de humillación pero que nos obliga a comprometernos como funcionarios”.
Informe. El Informe Anual 2012 sobre la situación de las cárceles bonaerenses que la CPM presentó en el Pasaje reveló que el año pasado el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue denunciado por cometer 7089 delitos contra los Derechos Humanos en perjuicio de detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Los hechos incluyen varios tipos de tortura (duchas o manguerazos con agua fría, bastonazos en plantas de los pies, aislamiento absoluto durante meses, golpes en todo el cuerpo) y distintos apremios y vejaciones, como falta de atención médica, afectación del vínculo familiar, pésima alimentación, y abuso contra mujeres y minorías sexuales.
Casi la mitad de esas situaciones se registraron en las Unidades Penales 1, 2, 9, 15, 17 y 28, que como en el resto del escenario provincial, soportan una superpoblación carcelaria que supera el 50 por ciento. De los 28 mil detenidos que la provincia deposita en sus 60 unidades, el 62% registra prisión preventiva. Es decir, personas aún sin condena.
El informe exige “desmilitarizar” el funcionamiento del SPB, y crear mecanismos independientes de control para la prevención de la tortura, como establece el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Para la iniciativa, el proyecto nacional propuesto por 23 organizaciones de la sociedad civil cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero si Senadores no lo trata, podría perder estado parlamentario.
Los detenidos fallecidos durante el año pasado fueron 126, por distintas causas. Y 5164 padecieron lesiones por hechos de represión a cargo de personal policial.
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