Demanda en busca de justicia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció al Estado uruguayo ante la Corte Interamericana. Sostiene que incumplió sus obligaciones ante la desaparición forzada de María Claudia Iruretagoyena, al consagrar la impunidad de los represores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó por primera vez una demanda contra Uruguay ante la Corte Interamericana, por el incumplimiento de sus obligaciones ante la desaparición forzada en 1976 de María Claudia Iruretagoyena, nuera del poeta Juan Gelman. La mujer de 19 años fue secuestrada en Buenos Aires y trasladada por militares uruguayos a Montevideo, donde antes de desaparecer dio a luz una niña, que 23 años después recuperó su identidad. El motivo central del incumplimiento es la impunidad de los represores orientales, producto de la Ley de Caducidad sancionada en 1986, poco después del fin de la dictadura oriental, y confirmada en un referéndum a fines del año pasado.
María Claudia y Marcelo Gelman fueron secuestrados en Buenos Aires el 24 de agosto del ’76. La joven fue trasladada a Montevideo, donde tuvo a su hija el 1º de noviembre. Dos meses después la beba fue entregada a la familia de un policía uruguayo. Desde entonces se desconoce el paradero de María Claudia. Marcelo Gelman estuvo secuestrado en Automotores Orletti, epicentro del Plan Cóndor, como se llamó la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Fue asesinado y su cuerpo fue fondeado en un río. En 1989 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos. En 1999 el escritor logró encontrar a su nieta Macarena, de 23 años, que se crió en Montevideo.Hace un año la Comisión emitió una serie de recomendaciones al Estado uruguayo. La primera, realizar una investigación completa e imparcial para identificar y sancionar a los responsables del asesinato de María Claudia y de la sustracción de su hija. La segunda, que excede al caso específico, era “adoptar medidas para que quedase sin efecto la Ley de Caducidad”, sancionada en 1986, en un contexto de amenazas de desacato generalizado por parte de los militares, y ratificada en sendos referendos en 1989 y 2009. El Estado debía otorgar una “reparación plena a los familiares de la víctima”, que incluyese “no sólo una indemnización por daños materiales y morales” sino también la “celebración de ciertos actos de importancia simbólica para garantizar que no se reiteren delitos” similares.
Al cumplirse un año de las recomendaciones, la Comisión informó que presentó su demanda ante la Corte. El comunicado de la CIDH destaca “la denegación de justicia, impunidad y, en general, el sufrimiento causado” a los familiares de la víctima. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional manifestó su confianza en que “el litigio en este caso deje sin efecto la Ley de Caducidad, en concordancia con la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana”, que estableció que “los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para eximirse de la obligación de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.
1 comentario:
El reclamo por daños y perjuicio presentado por Macarena Gelman, por lo que veo en la prensa ascendería a US$700,000.00, por la magnitud del crimen cometido - su planificación; traslado de su madre desde el Pozo de Orletti en Buenos Aires por agentes uruguayos en forma encubierta (estando embarazada) a una prisión en Montevideo igualmente encubierta con el propósito de mantenerla con vida para que una vez que diera a luz “hacerla desaparecer” (matarla) entregando a la criatura así nacida, en forma oculta, a gente cómplice que se mantuvo en el anonimato por más de veinte años privando a ese ser humano de su verdadera identidad - no podría medirse en términos pecuniarios.
El esclarecimiento de este crimen mayúsculo fue obstaculizado por todas las autoridades uruguayas, incluyendo: todos los presidentes de la Repùblica desde 1985 al presente, el poder Legislativo y el poder Judicial; creo que el dato más avasallante de todo este episodio de corrupción e impunidad, que refleja la magnitud del deterioro moral y carencias de principios humanísticos en el Uruguay, estaría dado por una mayoría importante de sus propios ciudadanos, que con su accionar permiten que las violaciones a los derechos humanos persistan.
Si no fuere por la existencia de organizaciones internacionales de derechos humanos, los uruguayos no tendríamos dónde recurrir para encontrar la Justicia que nos es negada en nuestro propio país. Cuando el reclamo viene de “afuera” las autoridades hipócritas uruguayas tratan de acallarlas con dinero para que “no pase a mayores” y se empañe, así, la imagen primer-mundista que se quiere dar al mundo.
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