Difundiendo lo silenciado

Madres de Plaza de Mayo de Neuquén : en la lucha de siempre

2012-02-01T13:54:00.000+01:00

COMUNICADO DE PRENSA

Una vez más, sentimos la imperiosa necesidad de manifestarnos, para también una vez más establecer la diferencia con la Comisión Directiva de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La Comisión Directiva o su presidenta, que sin consultar a las Filiales-como sucede hace varios años- y en forma autoritaria vuelve a trasgredir, el primero y fundamental principio que dio origen a la Asociación Madres de Plaza de Mayo: el apartidismo, en la actividad de los días l8 y l9 de enero 2012 en Rio Gallegos.

Su discurso sobre democracia y DDHH, se contradice, con su constante negativa a mantener un diálogo y encuentro con las filiales. Con la autoridad moral que nos da no haber trasgredido, en casi 35 años, ninguno de los principios de la Asociación y permaneciendo independientes de palabra, obra y económicamente, hacemos nuestras las palabras de una compañera que honró la militancia: ADRIANA CALVO; que sostenía “Es absolutamente imprescindible e indispensable que los organismos de DD HH sean independientes de los gobiernos para poder denunciar las violaciones a los DD HH, que justamente son cometidos por los gobiernos.”

Respetuosas de las instituciones mantenemos nuestro ejercicio de pensamiento crítico.
Nos enorgullece ser “parte de una minoría, que transformó lo individual en lucha social y política, con la única arma ética del pañuelo, contra la amnesia voluntaria, la indiferencia y el olvido.
NEUQUEN, 21 de Enero de 2012

Empieza en Tandil el juicio por secuestro y asesinato en 1977

2012-01-24T07:14:00.001+01:00

El 9 de febrero en la universidad nacional del centro

La justicia investiga el secuestro y crimen del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno. La complicidad civil y de la empresa , Loma Negra. Emotivo recuerdo de su hijo.

El primer juicio por delitos de lesa humanidad en Tandil será también el primero del país en comenzar este 2012. El 9 de febrero, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata se trasladará a la Universidad Nacional del Centro y dará inicio al proceso por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, una causa que develará la participación y complicidad empresarial con el terrorismo de Estado ya que al momento de su desaparición representaba a trabajadores de Loma Negra afectados por la exposición al cemento.

“Cuando entré a HIJOS La Plata, en 1995, este juicio era impensable. Hacíamos los escraches, estábamos tan convencidos de que no iba a haber justicia que buscábamos la condena social. No voy a decir que estoy alegre, pero estamos conformes y con ganas de que empiece. La verdad trae justicia y la justicia trae alegría”, dijo a Tiempo Argentino Matías Moreno, hijo del abogado asesinado y querellante en la causa que, a 35 años de los hechos, sentará en el banquillo de los acusados al ex teniente coronel Julio Alberto Tomassi (responsable del área militar 121), el ex mayor Roque Pappalardo, el suboficial José Luis Ojeda y los hermanos Emilio y Julio Méndez, propietarios de La Chacra de los Méndez, que funcionó como Centro Clandestino de Detención.

La expectativa del joven querellante es poner luz en lugares que durante muchos años estuvieron en la oscuridad y lograr “una condena social por la complicidad de Loma Negra”. “Que una vez por todas, esas personas que estuvieron a cargo aparezcan nombradas como cómplices y desandar también las complicidades de grupos económicos”, agregó.

Carlos Moreno vivía y trabajaba en la localidad bonaerense de Olavarría. Allí militaba en la Juventud Peronista y representaba como abogado laboralista a la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA), a la que pertenecían los trabajadores de la cementera.

En su ciudad natal, mientras sostenía un conflicto con la empresa de Amalia Fortabat, Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en la vereda de su casa, donde también tenía su estudio jurídico.

Esa tarde, “el Negro” Moreno había salido de su casa para llevar un certificado justificando la inasistencia de su mujer al colegio donde ella trabajaba. Según testigos presenciales, esa misma noche fue secuestrado en la puerta de su casa. Allí fue golpeado, subido a un auto y trasladado a la ciudad de Tandil, al centro clandestino de detención La Chacra de los Méndez, que perteneció a los hermanos Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez.

Se cree que estuvo sólo cuatro días detenido. Según vecinos del CCD, Moreno logró escaparse de la quinta y llegó hasta una casa cercana. Los testigos recordaron ante la justicia que estaba muy deteriorado y con mucha sed. Les pidió agua, les dijo que era “el doctor Moreno” y que lo habían secuestrado, pero inmediatamente debió seguir huyendo cuando vio por la ventana que se acercaba un grupo de militares. Los vecinos escucharon cómo lo detuvieron y las detonaciones del fusilamiento.

Durante la instrucción, el año pasado se realizó la exhumación del cuerpo. La autopsia determinó que las balas le ingresaron al pecho desde arriba hacia abajo y había signos de tortura.

“El 10 de mayo de 1977 nos entregaron el cuerpo con la condición de que lo enterráramos en La Plata por lo que implicaba la figura de mi padre en Olavarría. Inmediatamente después del secuestro aparecen pintadas que reclamaban su aparición con vida”, recordó Matías.

Al conocerse el secuestro, el Colegio de Abogados de Azul presentó un habeas corpus y denunció la privación ilegal de la libertad, por lo que apenas dos días después de que Moreno fuese fusilado, un juez reconoció su lugar de cautiverio y tomó declaración a varios testigos que reconstruyeron los hechos. Si bien la causa llegó a tener 200 fojas, al poco tiempo la tomó la justicia militar, que la paralizó.

El juicio oral, el primero en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, pondrá en discusión las complicidades civiles con la dictadura. “Por un lado, estos hermanos Méndez, los dueños de La Chacra de los Méndez que tenían vínculos y negocios con la dictadura. Uno de ellos (Julio Méndez), salió en 2008 en una foto con Alfredo De Angeli durante los cortes de ruta. Si bien están procesados como partícipes secundarios de privación ilegal de la libertad y los tormentos, nosotros los consideramos participes necesarios en el andamiaje de la represión, facilitando un lugar que les garantizaba impunidad”, indicó Matías Moreno.

Por otro lado, se discutirá la complicidad o participación de la empresa Loma Negra.“Las Fuerzas Armadas tenían entrada libre, armaron listas negras y los cuerpos de delegados fueron detenidos y despedidos. La empresa, además, se benefició económicamente con la dictadura, por ejemplo con la reconstrucción de los estadios para el Mundial de Fútbol de 1978. Mi padre había investigado que los trabajadores la sección embolsadora no llegaban a jubilarse, morían antes. Descubrió que la silicosis (una enfermedad por el depósito de polvo en los pulmones) les acortaba la vida y los comenzó a representar. A partir de este patrocinio, lo secuestraron”, detalló el jove.

Por Gerardo Aranguren

Amenazan a Ex Preso Político

2012-01-18T08:35:00.000+01:00

La Asociaciòn Nacional de Ex Presos Políticos de la dictadura denunció que el compañero Carlos Orellana fue amenazado por la policía del Partido de Cañuelas. El hecho sucedió el 10 de enero pasado; luego de que Orellana visitara a compañeros de la Cooperativa Frigocarne. El compañero es testigo en juicios por crímenes de lesa humanidad.

Buenos Aires, 11 de enero de 2012.-

La Asociaciòn Nacional de Ex Presos Políticos de la dictadura denuncia que nuestro compañero Carlos Orellana ha sido victima de mal trato por la policía del Partido de Cañuelas, en la localidad de Màximo Paz.
Carlos Orellana, en el día de ayer, 10 de enero; luego de visitar a compañeros de la Cooperativa Frigocarne, se retira en su coche y a pocos metros, en un camino a 20 cuadras del Partido de Ezeiza, se detiene, debido a la copiosa lluvia. En pocos minutos aparece un vehiculo de la Policía del lugar con dos hombres uniformados con pistolas en mano, quienes con muy mal trato le dicen que tienen una denuncia de que él porta armas, le revisan el auto, sin dejarlo bajar y estar presente y al no encontrar arma alguna, lo insultan y le dicen "la próxima vez vas preso" "no te queremos ver más por acá".

Nuestro compañero se retira del lugar seguido por el coche de la policía y a pocos metros sale de un callejón otro móvil policial poniéndose delante, siguiendo hasta el Partido de Ezeiza, donde abandonan el seguimiento.
Carlos Orellana, ha padecido torturas durante el terrorismo de Estado, así como las cárceles durante años. Es testigo en juicios por crímenes de lesa humanidad. Es un hombre comprometido con la Memoria, la Verdad y la Justicia y los valores democráticos.
Exigimos una exhaustiva investigación de lo ocurrido y el debido castigo a los responsables.
Alertamos que cualquier hecho que ponga en riesgo su integridad física y/o psíquica y la de su familia, será responsabilidad de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires, 11 de enero de 2012

Nancy Ayala
Angel Gutierrez
Ricardo Scalet
Contacto: (011) 1567413948 / (011) 1549605470
Email: ricscalet@gmail.com

Documento Familiares de detenidos desaparecidos y ex presos politicos de Sgo. del Estero

2011-12-20T08:51:00.000+01:00

DOCUMENTO POR EL ANIVERSARIO DE LA DECLARACION DE DDHH DE LA ASOCIACIÓN POR LA MEMORIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EX PRESOS POLITICOS DE SGO. DEL ESTERO.

En el 63 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como todos los 10 de diciembre año tras año, familiares y amigos de detenidos desaparecidos y ex – presos políticos hacemos nuestras las calles para seguir exigiendo con la fuerza del primer día, Memoria, Verdad y Justicia. Memoria para no olvidar, verdad para conocer el destino de todos los luchadores populares asesinados y justicia para condenar a todos y cada uno de sus asesinos y sus cómplices. Este 10 de diciembre que es en parte de celebración por haber logrado condenar a cadena perpetua a tres de los responsables de la inmensa maquinaria genocida montada en Santiago y en el país, también es para seguir gritando que no nos conformamos con sólo una parte de la verdad, que vamos por toda la verdad y por toda la justicia y para denunciar la actitud de jueces y funcionarios que siguen haciendo de la burocracia judicial un muro de impunidad para proteger a nefastos personajes como Jorge D’Amico, o a los prófugos Roberto Diaz, Juan José Ramirez, Werfil Herrera o los ex – jueces Liendo Roca y Santiago Olmedo o a Luis López actual presidente del Tribunal Oral Federal quien en su función de secretario del ex – juez Grand tomaba declaración a los secuestrados políticos en los centros clandestinos y hace unos meses fue sobreseído por falta de mérito. A más de treinta años de lucha levantamos con fuerza nuestras banderas y seguimos exigiendo desde la memoria y la justicia y junto al pueblo una democracia plena sin violencia y la vigencia plena del respeto por los derechos humanos de todos y todas.

- POR EL DERECHO A LA VIDA Y A LA TIERRA DE TODOS LOS CAMPESINOS.

- JUSTICIA PARA CRISTIAN FERREIRA, CÁRCEL Y CASTIGO PARA LOS RESPONSABLES DE SU ASESINATO.

- NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA. EXIGIMOS LA ERRADICACIÓN DE LA TORTURA DE LAS COMISARIAS.

- EXIGIMOS LA DEPURACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LA JUSTICIA FEDERAL EN SANTIAGO DEL ESTERO Y CELERIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LOS JUICIOS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD.

ASOCIACIÓN POR LA MEMORIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EX PRESOS POLITICOS DE SGO. DEL ESTERO.

REPUDIO AL NUEVO PROYECTO DE LEY ANTITERRORISTA

2011-12-15T07:47:00.000+01:00

COMUNICADO DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DEL ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Si se aprueba esta ley:
EL RECLAMO ES TERRORISMO

Los abajo firmantes, integrantes del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, expresamos nuestro repudio al nuevo proyecto de ley “antiterrorista” enviado al Congreso de la Nación por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 14 de octubre de 2011.

Como si no fueran suficientes las más de 4.000 causas judiciales que hoy existen en la Argentina contra luchadores sociales por reclamar condiciones dignas de trabajo, vivienda, salud, estudio y medio ambiente, el Gobierno Nacional envió el pasado 14 de octubre al Congreso Nacional un nuevo proyecto de “Ley Antiterrorista”.

Este proyecto de ley castiga con penas altísimas a cualquier acto político, social o individual que bajo la decisión arbitraria de un juez esté dirigida a “obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Es decir, que transforma en “terrorista” a cualquier movimiento de trabajadores, estudiantes, pueblos originarios, derechos humanos, vecino o ciudadano que intente reclamar por sus derechos.

Denunciamos que esta ley es promovida a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha política y social.

Bajo el pretexto de combatir delitos graves y sus fuentes de financiamiento el proyecto modifica la ley antiterrorista existente aprobada en 2007 y agrava y profundiza aún más la criminalización de la protesta social.

Con una realidad actual donde cada vez son más los ciudadanos asesinados en el marco de protestas sociales que reclaman tierra para vivir o condiciones de trabajo y cuando aumentan peligrosamente los delitos imputados a quienes participan de esas protestas no es difícil imaginar a quienes está dirigido el presente proyecto de ley.

Por todo eso decimos:
Repudiamos al Gobierno Nacional por impulsar este proyecto de ley violatoria de las más elementales libertades democráticas, y a todos los diputados y senadores que la apoyen con su voto.

Convocamos al conjunto de la población y de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a rechazar el nuevo proyecto represivo y a exigir la derogación de la ley antiterrorista del año 2007, hoy vigente.

Para adherir enviar correo a treintaanios@yahoo.com.ar

Invitamos a todas las organizaciones a acompañarnos en:
CONFERENCIA DE PRENSA
Lunes 19 de diciembre de 2011 a las 15 hs
Salón Cabezas del Congreso

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos - AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha - APEL
Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEPLiberpueblo

Contactos:
AEDD: 15-53372868
APEL: 15-56045905
CADHU: 15-50951324
CEPRODH: 15-41702398
CADEP: 15-58644064
LIBERPUEBLO: 15-69703562

De nuevo el mural

2011-12-14T08:29:00.000+01:00

En la esquina de calles Chubut y La Rioja bien en el B°Clínicas de Córdoba, está de nuevo el mural en homenaje a los compañeros desaparecidos que estudiaron en la escuela de Comercio Manuel Belgrano.
Su historia indica que había sido hecho hace unos años, pero en diciembre del 2010 fue tapado en su mayor parte por una pintada del PO; luego de ser reconstruido le llegó el turno a un grupo kirchnerista que este año le puso encima los carteles de propaganda electoral a los que se sumaría luego una pintura abstracta.

A partir de ello comenzó el trabajo de sacar la pegatina y los símbolos que le pintaron pero no alcanzaba para dejarlo en condiciones, y en eso apareció un compañero del barrio, Ricardo, que primero ayudó a la limpieza de la pared y luego propuso la solución: se encargaría de pintar el fondo dejándolo listo para colocarle los nombres de los compañeros.
Y así se hizo, el domingo 4-12 volvió a estar la lista de los cumpas del Belgrano

CHILE: Cumple 38 años asesinato de mexicana bajo dictadura de Pinochet.

2011-12-14T08:09:00.000+01:00

Cumple 38 años asesinato de mexicana bajo dictadura de Pinochet
Por Rafael Croda. Corresponsal

El asesinato de la mexicana María del Rosario Avalos, perpetrado en Chile por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet, cumple este jueves 38 años sin que se haga total justicia, según dice el hijo de la víctima, Ernesto Lejderman Avalos.
La justicia chilena reconoció el asesinato de Avalos y de su esposo, el argentino Bernardo Lejderman, como un crimen de lesa humanidad, pero determinó penas muy bajas y dejó fuera de la condena a varios militares involucrados, afirmó a Notimex el hijo del matrimonio.
María del Rosario y Bernardo habían llegado a Chile a participar del proceso socialista impulsado por el presidente Salvador Allende y fueron asesinados por militares el 8 de diciembre de 1973, dos meses después de que el mandatario fuera derrocado por Augusto Pinochet.
Lejderman Avalos, quien en la actualidad tiene 40 años de edad, deploró el hecho de que la justicia chilena haya rechazado una demanda civil a su favor a fin de que el Estado de Chile reparara el daño causado por el homicidio.
El hijo del matrimonio victimado acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la errática actuación de las autoridades locales y solicitar la reapertura del caso pues nunca se respetó su derecho al debido proceso.
"Quiero solicitar al pueblo mexicano que me entienda y apoye en la necesidad de lograr justicia para una ciudadana mexicana, como fue mi madre", indicó Lejderman Avalos.
Señaló que sus padres eligieron radicar en Chile a principio de 1970 como parte de un proyecto de vida comprometido con la justicia social y los ideales que impulsaba Allende, quien fue derrocado por Pinochet en un cruento golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973.
Tras la asonada golpista, el dictador desató una feroz persecución de todos los simpatizantes del régimen de Allende y fue así como una patrulla militar ubicó y asesinó al matrimonio Lejderman-Avalos cuando intentaba huir a Argentina a fin de eludir la represión.
María del Rosario Avalos se convirtió en la única ciudadana mexicana en morir bajo la represión de Pinochet, quien gobernó hasta 1990 y cuyo régimen dejó más de tres mil opositores ejecutados, entre muertos y desaparecidos.

Los tres autores del asesinato del matrimonio Lejderman-Avalos, los ex oficiales del Ejército Fernando Polanco, Luis Fernández Monje y Héctor Vallejos, fueron beneficiados con una reducción de cinco años en sus penas por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Chile.
El veredicto, basado en la teoría de la "media prescripción" del caso, revirtió un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que en 2007 condenó a los tres ex militares a 10 años de cárcel por el asesinato del matrimonio Lejderman-Avalos.

El hijo del matrimonio victimado señaló que a 38 años del doble homicidio evoca "con cariño, amor y tristeza a sus queridos padres, pero también con alegría porque su ejemplo de lucha por un mundo mejor lo anima a comprometerse con las causas justas".

Lo “civil” de la dictadura militar. Complicidad empresarial

2011-12-10T08:52:00.000+01:00

¿Qué rol tuvieron las empresas durante la dictadura? Esa es la pregunta de la que partiremos, cuya respuesta, casi obvia, nos da la pauta de cuál es el camino a seguir en esta etapa de recuperación de la memoria.

La última dictadura militar que azotó a nuestro país tuvo por objeto la instauración del proceso de concentración y centralización económica que favoreció a determinados grupos e implicó la desaparición de puestos de trabajo y la pérdida de los derechos laborales adquiridos por medio de la lucha durante todo el siglo XX.

Luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, distintos grupos económicos llevaron a cabo un complejo plan de crecimiento y concentración, con absorción de pequeñas empresas y la consecuente monopolización de ramas o sectores.

Este proceso, que se manifestó a lo largo y ancho del país, implicó la destrucción de comisiones internas sindicales y cuerpos de delegados, y la desaparición física de militantes populares que luchaban dentro y fuera de las fábricas.

Un caso paradigmático es el de la empresa siderúrguca Acindar, no solo porque el ex ministro de economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz fue su presidente, sino también por la represión desatada contra sus trabajadores el 20 de marzo de 1975. En la madrugada de esa fecha, la policía federal, la policía provincial y un grupo de policía rural autodenominado “Los pumas”, desataron una cacería que terminó con más de 300 trabajadores y vecinos secuestrados. Esto fue un adelanto de lo que vendría un año después.

En otra muestra de complicidad, Acindar prestó parte de sus instalaciones para lo que terminaría siendo el primer centro clandestino de detención de la Argentina.

Otro caso resonante es el de la automotriz Mercedes Benz, la misma que colaboró con el régimen de Hitler. En nuestro país financió el golpe de Estado y proporcionó los medios logísticos y económicos para garantizar la represión. También formó parte de laoperación financiera de endeudamiento externo, con la que se enriqueció transfiriendo al pueblo argentino la odiosa deuda externa.

Quizá una de las muestras más claras de su complicidad, fue la donación de un aparato de neonatología, que los militares utilizarían con las detenidas cuyos hijos luego serían apropiados. De hecho, el gerente de la empresa, Juan Tasselkraut, tiene un hijo apropiado y el ex policía Raúl Lavallen, jefe de seguridad de la empresa, fue el apropiador de Paula Logares, la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Debemos mencionar que Mercedes Benz tendrá que afrontar un juicio civil en Estados Unidos, por delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina. Éste fue iniciado por familiares de catorce trabajadores desaparecidos y tres sobrevivientes, quienes ya han anunciado que parte de la reparación económica estará destinada a construir un hospital en la localidad de González Catán, donde funcionó la planta.

Similar es el caso de la automotriz Ford, otra impulsora del golpe. No es mera coincidencia que los famosos “Falcon verdes”, que ella fabricaba, sean un ícono de aquellos años de plomo.

La Ford también estuvo a la orden de las persecuciones, los secuestros y las torturas. Más de 300 trabajadores fueron despedidos y se instaló un régimen de control policial al ingreso y en el interior de la planta, que sería un ensayo de la ocupación de la misma por parte del Ejército, que después del 24 de marzo del 1976 instalaría un centro clandestino de detención dentro de la propia fábrica, en el sector del quincho y del campo de deportes.

Otro dato importante es que, en todos los casos, estas empresas aceptaron la contratación de personal encubierto, con el objetivo de vigilar a los trabajadores y recibir informes de inteligencia sobre sus acciones.

Junto con Acindar, Mercedes Benz y la Ford se pueden mencionarseo muchos casos más, como los de La Cantábrica, Ledesma, Tensa, Astarsa o la apropiación de Papel Prensa por parte de los grupos Clarín, La Nación y La Razón.

La provincia de Mendoza no escapó a este flagelo, aquí también se registraron casos de complicidad empresarial con el terrorismo de Estado. De hecho, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) apoyó explícitamente el golpe, y exhortó a sus afiliados y a todo el empresariado mendocino en general a “…cumplir fielmente las disposiciones impartidas en los comunicados dados a conocer por la junta de comandantes de las fuerzas armadas, que han asumido todo los poderes de la Nación. En cumplimiento de sus funciones específicas es un deber ir acompañando de auténtico sentido y carácter patriótico, afirmando nuestra fe en el gobierno argentino, procediendo con real vocación de servicio..."

En el centenario diario Los Andes, los uniformados estuvieron presentes desde el mismo 24 de marzo. Entre sus trabajadores fueron detenidos Rafael Morán, Alberto Atienza, Antonio Di Benedetto (subdirector del diario) y Norma Sibila (redactora y esposa de Morán).

También se allanó el domicilio de Pedro Tránsito Lucero, jefe de redacción del diario El Andino, la versión vespertina de Los Andes, y detenido junto con su esposa, la abogadaDora Goldfar. Y antes de que se produjera el golpe, en noviembre del 75, ya había sido secuestrado Jorge Bonardell, redactor del diario.

Analizando el caso de Norma Sibila, con cierta lógica, se puede inferir la conducta cómplice del diario, pues Norma, durante los 5 días posteriores al golpe no se presentó a trabajar, a sabiendas de lo que podía ocurrirle. Sin embargo, la empresa la obligó a asistir mediante telegrama colacionado, bajo apercibimiento de despido. Por esta razón se hizo presente y de inmediato fue secuestrada. Los otros detenidos fueron despedidos “por ausencia injustificada” cuando era resabido lo que les había ocurrido.

También en las Industrias Metalúrgicas Pescarmona y en las fábricas de portland deMinetti y Corcemar, se acosó a los trabajadores mediante persecuciones y despidos. Incluso hay testimonios de víctimas que señalan que en los hornos de aquellas fábricas de cemento se habrían quemados algunos cadáveres de personas que, a la fecha, figuran como desaparecidos.

También la fábrica Modenfold, en la que trabajaban los ciudadanos chilenos Juan Humberto Hernández Zaspe y Manuel Jesús Amaya Martínez, quienes fueron secuestrados y aún siguen desaparecidos. Estaban en una "lista negra".

Y no sólo en el sector privado se manifestó esta situación, sino que también alcanzó al sector público, y ejemplo de ello es la empresa Giol, en la que se tomaron medidas drásticas, y en octubre de 1976 fueron asesinados los dirigentes obreros García y Brizuela.

Lo expuesto no es más que una muestra contundente de que existió un patrón común de funcionamiento que se repitió con características similares en los grandes establecimientos fabriles: la colaboración con las fuerzas represivas mediante la provisión de vehículos, infraestructura, dinero y/o personal, el otorgamiento de libre acceso a las plantas y la confección de “listas negras”.

Los grandes intereses económicos sacaron provecho de la coyuntura de la época, sin importar los medios, convirtiéndose en colaboradores del Estado ante una sistemática violación de los derechos humanos.

Hoy las instancias en el país están cambiando; se ha logrado la condena de muchos de los militares responsables de la represión de aquellos años, pero debemos seguir avanzando y lograr que la justicia determine las responsabilidades de quienes fueron cómplices civiles de la dictadura militar. En ese sentido, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre convocó a un Encuentro sobre Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur. Se realizará el próximo 24 de marzo en una gran jornada por el juicio y castigo al poder económico y contra la continuidad del neoliberalismo en la región.

Reparar el daño hecho a toda la sociedad es comenzar a vislumbrar nuevas esperanzas.

- Évelin Torre desde Mendoza, Argentina

8/12: A un año del Indoamericano: NO A LA IMPUNIDAD

2011-12-08T09:36:00.000+01:00

7/12/11 : A un año de la represión y asesinatos en el Indoamericano

2011-12-06T22:05:00.000+01:00

A un año de la represión y asesinatos en el Indoamericano

Al cumplirse un año de la represión y asesinatos de Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Juan Canivari en la ocupación del Parque Indoamericano, los organismos de DDHH del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, renovamos el compromiso para lograr que los responsables materiales e intelectuales no queden impunes.

Denunciamos que mientras no hay ningún acusado en la causa en la que se investiga los asesinatos, se mantiene en el cargo a todos los miembros de la Policía Federal y Metropolitana que participaron en la represión, se pide la detención de los dirigentes sociales Luciano Nardulli y Diosnel Pérez, por defender el derecho a la lucha de los vecinos más pobres de la ciudad, por viviendas dignas.

En diciembre del año pasado el Gobierno Nacional y Macri reprimieron conjuntamente a los vecinos de Soldati y Lugano, asesinando a Salgueiro y Chura Puña en la jornada del 7 de diciembre y después de liberar la zona durante varios días, se produjo el asesinato de Canivari por barras bravas. Finalmente mediante un impresionante despliegue de Gendarmería fueron desalojados cientos de hombres y mujeres que reclamaban por su legítimo derecho a tierra y vivienda con promesas que hasta el día de hoy sigan incumplidas.

Por todo esto hoy, a un año de los asesinatos ocurridos en el Parque Indoamericano debemos denunciar que a la falta de respuesta a los reclamos de tierra y viviendas se suma el procesamiento a quienes organizaron la solidaridad para con los ocupantes del predio.

Cárcel y castigo para los responsables políticos y materiales de los asesinatos de Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Juan Quispe Castañares.

Cierre de las causas contra Luciano Nardulli y Diosnel Pérez.

Solidaridad con las miles de familias que reclaman por tierra y vivienda, reivindicamos su derecho a organizarse para defender sus necesidades.

Convocamos a participar de las actividades en este primer aniversario:

- Miércoles 7 de diciembre Marcha a Plaza de Mayo

- Jueves 8 de diciembre Acto a las 14.30 hs en el puente del Ferrocarril Belgrano Sur de la calle Escalada (a una cuadra de la estación del premetro Jumbo) micros 143, 101, 150, 114 y 47.

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo -CADEP

Liberpueblo

Proyecto de ley contra la criminalización de la protesta social

2011-12-05T09:53:00.000+01:00

H.Cámara de Diputados de la Nación

PROYECTO DE LEY

Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación.

Nº de Expediente	1753-D-2010
Trámite Parlamentario	028 (07/04/2010)
Sumario	CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL. REGIMEN.
Firmantes	ALCUAZ, HORACIO ALBERTO - REYES, MARIA FERNANDA - STOLBIZER, MARGARITA ROSA - STORANI, MARIA LUISA - GIL LOZANO, CLAUDIA FERNANDA - LOZANO, CLAUDIO - FLORES, HECTOR - MERCHAN, PAULA CECILIA - MILMAN, GERARDO FABIAN - CUCCOVILLO, RICARDO OSCAR - SOLANAS, FERNANDO EZEQUIEL - LINARES, MARIA VIRGINIA - PERALTA, FABIAN FRANCISCO - PARADA, LILIANA BEATRIZ - MACALUSE, EDUARDO GABRIEL.
Giro a Comisiones	LEGISLACION PENAL.

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

ARTICULO 1°. La presente ley tiene por finalidad garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización.

ARTÍCULO 2°. Se dispone la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de derechos humanos, de salud pública, de educación, de justicia, a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión.

ARTÍCULO 3°. Lo prescripto en el artículo 2° se extenderá a:

a- Todas las consecuencias penales.

b- Sanciones no penales, ya sean disciplinarias, administrativas o contravencionales.

Nadie podrá ser interrogado, investigado y/o citado a comparecer por imputaciones o sospechas de haber participado en los hechos descriptos en el artículo 2° de la presente ley.

ARTICULO 4°. Quedan expresamente excluidos de la presente los hechos represivos o las tareas de inteligencia cometidos por funcionarios públicos, integrantes de fuerzas armadas, policiales, de seguridad, de inteligencia o de cualquier otra organización estatal.

ARTICULO 5°. Quedan expresamente incluidos en los alcances de la presente ley los siguientes hechos:

a- Movilizaciones o reclamos laborales, sindicales y/o gremiales por despidos, demoras en las retribuciones, demanda de fuentes de trabajo, aumentos, mejoras de las condiciones laborales, mejoras impositivas, o cualquier otro reclamo laboral o gremial.

b- Movilizaciones o reclamos tendientes a obtener satisfacción de necesidades o reconocimiento de derechos, en particular la entrega de alimentos u otros bienes de primera necesidad para sí o para terceros.

c- Acciones efectuadas para lograr la suspensión o paralización de desalojos de personas, familias o trabajadores ocupados o desocupados.

d- Reclamos efectuados para lograr la paralización o suspensión de subastas de bienes de productores, en particular rurales o de inmuebles utilizados con fines productivos, educacionales, sanitarios o habitados por familias de escasos recursos.

e- Ocupaciones de inmuebles desocupados, para su habitación por familias en situación de vulnerabilidad, la actividad de asambleas populares o barriales, la puesta en producción de empresas o la instalación de comedores escolares y populares.

f- Paros, huelgas, realización de "ollas populares" y caravanas.

g- Movilizaciones, ocupaciones y jornadas de protesta estudiantiles.

h- Protestas, manifestaciones, cortes, reclamando contra el deficiente funcionamiento de servicios públicos, sean de transporte terrestre, vial o ferroviario, aéreo o marítimo y fluvial, eléctricos, de gas, servicios sanitarios, de salud, de agua, cloacal o cualquier otro.

i- Acciones llevadas a cabo con motivo defensa de la salud pública o de la comunidad, y/o contra el cierre de establecimientos médicos públicos o privados.

j- Marchas y/o movilizaciones por el respeto de la soberanía argentina, en solidaridad con otros pueblos, en contra de las guerras, o a favor de la paz.

k- Pertenencia a agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles, sindicales, gremiales, culturales, sectoriales, territoriales o de derechos humanos.

l- Actuación de dirigentes o integrantes de agrupaciones de desocupados o de reivindicación de sus derechos originadas en la confección de listas de beneficiarios de planes sociales, en su distribución o adjudicación, o cualquier otra actividad vinculada con el reclamo, obtención, distribución o adjudicación de los mismos.

m- Cortes de ruta u otras vías públicas o interrupción del tránsito terrestre, naval o aéreo con motivo de cualquiera de los reclamos enunciados.

n- Ocupación de espacios públicos con motivo de cualquiera de los reclamos enunciados.

o- Ocupaciones de edificios públicos o privados con motivo de cualquiera de los reclamos enunciados.

La enumeración precedente es meramente enunciativa, no excluyendo la aplicación de la presente ley respecto de otros hechos que encuadren en el artículo 2°.

ARTICULO 6°. Los magistrados de todo el país intervinientes en las causas descriptas en el artículo 2° de la presente ley, deberán ordenar de oficio y sin sustanciación la extinción de la acción penal y/o de la pena, dictando en un plazo no mayor de 48 horas a partir de la publicación de la presente:

a- El sobreseimiento definitivo del imputado y -de encontrarse cumpliendo prisión preventiva- su inmediata libertad, en aquellos casos en que no hubiera sentencia firme.

b- El cese de la condena y de todos sus efectos y la inmediata libertad del condenado, cuando existiera sentencia firme.

ARTICULO 7°. El recurso interpuesto contra la resolución dictada en los términos del artículo 6° será otorgado al solo efecto devolutivo.

ARTICULO 8°. Sin demora alguna los magistrados actuantes deberán confeccionar y remitir, sin necesidad de petición de parte, los pertinentes oficios comunicando la extinción de la acción penal a la Policía Federal, a la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior de la Nación, y al Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, expidiendo el certificado correspondiente al beneficiario.

ARTICULO 9°. Son hábiles a los efectos de esta ley todos los días y horas.

ARTICULO 10º. La presente ley se dicta en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 75, inciso 20 de la Constitución Nacional.

ARTICULO 11°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto de ley tiene por finalidad poner fin a la criminalización de la protesta social, práctica que se ha arraigado en el accionar diario de algunos magistrados y fiscales que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad y han sujeto a proceso a ciudadanos que, en ejercicio de su legítimo derecho de peticionar ante las autoridades, participan en organizaciones, movilizaciones sociales, huelgas o diversos actos populares contra políticas sociales y económicas.

Ante la falta de respuestas del Estado a los reclamos populares, se torna cada vez más frecuente la utilización de los procedimientos legales con el inocultable propósito de amedrentar a los actores sociales, acallar los reclamos populares, desarticular los movimientos sociales, deslegitimar la protesta.

Entendemos que la reducción de la política a expediente jurídico no representa otra cosa que su definitivo plegamiento a un proyecto de sociedad definido desde la función policial. La judicialización de la vida en sociedad significa la derrota definitiva de la política como forma de organización social.

Según informan diversos organismos de derechos humanos son más de 5.000 las personas que actualmente padecen persecución penal, ya sea

en carácter de imputados, procesados o condenados, por movilizarse en reivindicación de sus legítimos derechos y aspiraciones. Esta tendencia represiva ha ido en aumento, a la par de la gravedad de las imputaciones penales.

En ese sentido, las manifestaciones de protesta social han sido calificadas bajo los más diversos tipos penales: causas por atentado y resistencia contra la autoridad, perturbación de funciones públicas, robo, extorsión, usurpación, daños, entorpecimiento del transporte y los servicios públicos, intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen, lesiones, coacción, coacción agravada, sedición, privación ilegítima de la libertad, amenazas, entre otros.

Ante la preocupante situación descripta, se propone a través del presente proyecto, la amnistía para todas las personas que hayan participado en hechos ocurridos con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de derechos humanos, de salud pública, de educación, de justicia, a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión.

A fin de definir las conductas objeto de la amnistía, se ha recurrido al criterio subjetivo adoptado por la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Lezcano, Felipe", que atiende a los "móviles políticos, sociales, gremiales o estudiantiles, cualquiera fuese el bien jurídico tutelado y el modo de comisión" ("ATRIBUCIONES DEL CONGRESO", Dardo Pérez Gilhou, Depalma, 1986, ps. 139 y ss.).

La doctrina del derecho constitucional ha señalado en forma unívoca que la facultad de amnistiar prevista en el artículo 75 inciso 20 de la Constitución Nacional es un acto de gobierno, "esencialmente político y de soberanía" ("MANUAL DE LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA", Joaquín V. González, 22ª edición, Angel Estrada Y Cia, Bs. As., s/d, p. 472), toda vez que responde a "causas y consideraciones especiales de orden superior, cuya conveniencia y oportunidad sólo le incumbe valorar al Parlamento" ("LA AMNISTÍA EN EL DERECHO ARGENTINO", Carlos J. Lascano (h), Editorial Marcos Lerner, 1989, ps. 18-20).

Cabe recordar que, en ejercicio de dicha atribución, el Congreso de la Nación dictó la Ley N° 20.508 (B.O. 28/05/73), a pocos días de asumir la presidencia Héctor Cámpora. A través de esa ley de amnistía se dispuso la extinción de la acción penal y de la pena en causas judiciales en las que se imputaba la comisión de actos motivados por una finalidad política.

Más allá del propósito de pacificación social y política que impulsó aquella medida, subyace en la misma un profundo espíritu de equidad y justicia, al procurar corregir abusos y arbitrariedades perpetradas por el Estado mediante el ejercicio del poder punitivo.

En apoyo de esa tesitura, podemos citar un fragmento del mensaje presidencial que acompañaba el proyecto, luego sancionado como Ley N° 20.508:

"Este gobierno tiene la firme convicción de que debe eliminarse la tendencia manifiesta por los últimos años según la cual el derecho penal ha sido el único medio de expresión de la política social; por el contrario, la represión, que se expresa en el derecho penal, ha de ser sólo el último recurso de aquella política" (Mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, 25/05/1973).

En el mismo sentido, el entonces Senador de la Nación, Hipólito Solari Yrigoyen, señalaba durante el debate sobre la amnistía que, cuando las estructuras vigentes no responden a las necesidades de la población y se incrementan la marginalidad social y la desigualdad clasista de ingresos en desmedro de los sectores populares, el Estado ejerce una violencia sistemática, estructural, institucionalizada en todos los ámbitos, que genera la resistencia a la opresión de los sectores sociales que ven conculcadas sus legítimas aspiraciones (Debate del Senado de la Nación, 26/05/2007).

Demás está aclarar que la historia inmediata silenció aquellas proclamas, reduciéndolas a meras expresiones de deseo.

Hoy, a casi cuatro décadas, tras más de veintiséis años de vigencia ininterrumpida del sistema democrático, resulta imperioso el dictado de una amnistía a fin de neutralizar la escalada represiva del Estado en la vida social.

Es de suma relevancia enumerar las reiteradas iniciativas legislativas de miembros de esta Honorable Cámara que en los últimos diez años hemos rechazado la criminalización de diversos actos de protesta, con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques políticos:

- Expediente N° 6465-D-1999, presentado por Alicia Castro, Beatriz Fontanetto, Ramón Torres Molina, Enrique Cardesa, Horacio Pernasetti, Alfredo Bravo, Gerardo Martínez y María América González.

- Expediente N° 2265-D-2001, de Alicia Castro, Enrique Cardesa, Alfredo Bravo, Alfredo Villalba, Ramón Torres Molina, Elisa Carrió, Jorge Rivas y Marcela Bordenave.

- Expediente N° 1668-D-2002, presentado por Ariel Basteiro, Oscar González, Jorge Rivas, Alberto Piccinini, Héctor Polino,

- Alfredo Bravo, Eduardo García, Eduardo Macaluse, Elsa Quiroz, Marcela Bordenave, Elisa Carrió, Rubén Giustiniani, Luis Zamora, Gabriel Romero, Francisco Gutiérrez, Graciela Ocaña, Alicia Gutiérrez, Mario Bonacina, Fabián de Nuccio, Laura Musa, María América González, Fernando Melillo, Marcela Rodríguez, Margarita Jarque, Lucrecia Monteagudo, Eduardo García y Atilio Tazzioli. Reproducido por expediente N° 2527-D-2004.

- Expediente N° 5502-D-2003, de los diputados Ricardo Gómez, Patricia Walsh, Blanca Osuna, Mónica Kuney, Marcela Bordenave, Gerardo Conte Grand, Dante Canevarolo, Pablo Fontdevila, Rosana Bertone, Saúl Ubaldini, Margarita Jarque, José Roselli y Guillermo Johnson.

- Expediente N° 5545-D-2003, con la firma de Alicia Castro y Alfredo Villalba. Reproducido por expediente N° 1023-D-2005.

- Expediente N° 6880-D-2004, presentado por los diputados Ariel Basteiro, Patricia Walsh, Inés Pérez Suárez, Margarita Jarque, Jorge Rivas, Susana Llambi, Eduardo Macaluse, Marta Maffei, Mario Cafiero, Claudio Lozano, Francisco Gutiérrez, Luis Zamora, Lucrecia Monteagudo, Araceli Méndez, María América González, Fabiana Ríos, Alberto Piccinini, Fabián de Nuccio, Eduardo Di Pollina, Eduardo García, Julio Accavallo, Miguel Bonasso, Marcela Rodríguez, Susana García, José Roselli, Héctor Polino, Carlos Tinnirello, Adrián Pérez, María Barbagelata, Juan Carlos Godoy, Isabel Artola, Juliana Marino y Marta De Brasi.

- Expediente N° 5704-D-2008, de Horacio Alcuaz, Virginia Linares, Fernanda Gil Lozano, Fabián Peralta, Claudio Lozano, Carlos Raimundi, Ricardo Cuccovillo, Nélida Belous, Elisa Carca, Norma Morandini, Fernanda Reyes, Eduardo Macaluse, Elsa Quiroz, Héctor Flores y Pablo Zancada.

Por último, cabe destacar que el presente proyecto también ha tenido en consideración propuestas de organismos de derechos humanos, como Liberpueblo, Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre), CeProDH (Centro de Profesionales de Derechos Humanos), Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Familiares de Víctimas de la Represión Policial, Frente Hijos del Gran Buenos Aires, Mesa Directiva de APDH (Asamblea Permanente de Derechos Humanos) La Plata, Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Comité de Acción Jurídica de ATE.

Por lo expresado, y en virtud de la trascendencia del tema, solicitamos la aprobación de este proyecto de ley.

Informe reunión plenaria Encuentro Memoria Verdad y Justicia

2011-11-12T13:25:00.000+01:00

Informes de actividades:

1) Los compañeros del Centro de Estudiantes de Medicina de la UBA se acercaron hasta la reunión del Encuentro para pedir a todas las organizaciones presentes nuestra solidaridad en defensa de la libertad de expresión de todas las organizaciones estudiantiles. La actual gestión ha secuestrado las carteleras del Centro de Estudiantes y ha sacado las fotos de los detenidos-desaparecidos que denunciaban el genocidio ocurrido durante la última dictadura militar alegando la necesidad de espacio. Para mandar adhesiones pueden hacer llegar su firma mandando un mail a adhesionescecim@yahoo.com.ar.

2) El 16 de noviembre a las 11 hs se realiza una audiencia para pedir la libertad de carlos Olivera en camino Negro y Larroque.

3) El 30 de noviembre se realizará un pedido de audiencia para presentar un petitorio pidiendo el desprocesamiento de Nestor Pitrola, procesado con Vilma ripoll por participar de un acto en apoyo a la lucha de los trabajadores de Kraft.

Plenaria del encuentro Memoria Verdad y justicia

Participaron de la reunión plenaria más de 30 organizaciones.

1) Se decidió que el Encuentro Memoria Verdad y Justicia se sumaba a la convocatoria a la marcha del 23 de noviembre desde Congreso a Plaza de Mayo que fue resuelta el 31 de octubre último en la reunión que realizó en el Bahuen por la Comisión Permanente contra la criminalización de la protesta social.

2) Se decidió pedir a los compañeros que sumaran a sus consignas el pedido de cierre de la causas y anulación de las condenas, para poder así incluir a aquellos compañeros que si bien no están encarcelados ya han sufrido una condena en su contra.

3) Distintos compañeros que sufren procesos a raíz de la lucha de Kraft pidieron que se hiciera un petitorio que reclamara en forma unificada por el cierre de todas las causas abiertas a raíz de esta lucha.

4) Se aprobó apoyar la movilización que se realizará en diciembre para pedir justicia por los tres asesinados en la lucha por vivienda del Indoamericano: Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez. No hay ningún detenido por estos asesinatos pero sigue adelante el procesamiento contra los dirigentes: Diosnel Pérez Ojeda y Luciano Nardulli.

5) Se decidió convocar a una nueva plenaria del Encuentro el miércoles 16 de noviembre a las 18:30 hs en las oficinas CTA-Capital: Independencia 766

6) Concluida la reunión del Encuentro la casi totalidad de los presentes nos sumamos a la reunión donde se empezarían a discutir las cuestiones organizativas de la marcha del 23 de noviembre y los puntos de la declaración que será leída en la Plaza de Mayo.

7) En dicha reunión, se aprobó la confección de un afiche de convocatoria a la Marcha, para el que las organizaciones deberán realizar un primer aporte de $200.

Las consignas del afiche de convocatoria serán:

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL.

LIBERTAD A OÑATE, OLIVERA,TAPIA, CLAROS, GERMANO Y A TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR.

DESPROCESAMIENTO, CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS PARA LOS 5000 LUCHADORES OBREROS Y POPULARES.

BASTA DE PATOTAS SINDICALES Y PARAESTATALES CONTRA LOS QUE LUCHAN.

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE 17:30 HS MARTCHA DE CONGRESO A PLAZA DE MAYO

El manual del buen espía militar

2011-10-03T10:08:00.000+02:00

Héctor Ratto, quien estuvo secuestrado bajo el terrorismo de Estado, llevó a la Justicia ejemplares del Manual de Informaciones, una revista militar con publicidad de diversas empresas. La publicación continúa apareciendo.

Por Gustavo Veiga
Facsímiles de la revista que se publica desde 1957.

La publicación tiene 54 años y su vida completa dedicada a la inteligencia militar. Se llama, como no podía ser otra manera, Manual de Informaciones. Su sede actual queda en Campo de Mayo, pero durante la última dictadura se editaba en Viamonte y Callao, donde funcionó el temible Batallón 601. Varios ejemplares de esa época son prueba documental en un juicio por violaciones a los derechos humanos. Héctor Ratto, un ex trabajador de Mercedes Benz que estuvo detenido-desaparecido, los aportó en el marco de la causa 4012. Sostiene que la automotriz donde se desempeñó y otras compañías como Ford, Techint y Astarsa (que ya no existe) financiaron a los servicios del régimen mediante “la publicación de avisos comerciales destinados a dicho estamento militar”. Un repaso al número correspondiente a noviembre-diciembre de 1978 confirma su aserto. Allí aparecen publicidades considerables de esas empresas y de otras como Bunge y Born, IBM, Bridas, Citröen, Frávega, Alfombras Meller, los bancos Nación, Deutsche y Popular Argentino, entre otros. El staff de la revista tenía varios integrantes del personal civil de inteligencia que figuran en los listados que difundió el gobierno nacional el año pasado.

Creado en 1957 bajo el auspicio de la jefatura del entonces Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), el Manual de Informaciones tomó como modelo “las publicaciones que editaba la División de Informaciones y Educación de las Tropas del Ejército de Estados Unidos, conocidas bajo el nombre de Armed Forces Talk”. Hoy, según puede leerse en su sitio de Internet, “es una publicación trimestral donde se desarrollan temas de interés particular para el personal especialista en inteligencia militar”. Sus primeras ediciones se distribuían de manera gratuita en cuadernillos de 16 páginas y con trabajos presentados “como proyectos de clases de instrucción y charlas de conducción interior concebidas para motivar, consolidar y robustecer las convicciones democráticas”. Algo muy poco probable, ya que en el ’57 gobernaba el general Pedro Eugenio Aramburu, uno de los militares que habían derrocado a Perón en 1955, cuando se produjo la autodenominada Revolución Libertadora.

Dos décadas después, el director de la revista era el teniente coronel Mauro Borghi y su secretario general, el mayor retirado Federico Carbia. La secretaria Blanca Nélida Kesseler, los diseñadores Perla Lila Riachi, Carlos Torres y Carlos Ghellinaza y la responsable del área publicitaria, América Echezarreta, figuran entre los 4300 agentes del personal civil de inteligencia que dio a conocer el actual subjefe del Ejército, general de división César Gerardo Milani, el 5 de febrero de 2010.

No aparece en esa lista, curiosamente, el único periodista de la redacción mencionado en el staff durante la dictadura. Se trata de Enrique Martínez Codó, quien aún continúa escribiendo en el Manual. Este veterano periodista versado en temas de espionaje es un estudioso de la CIA y sus técnicas de recolección de información. En el número de enero-febrero-marzo de este año (ahora la publicación es trimestral) escribió sobre el Open Source Center u OSC, por sus siglas en inglés, algo así como el Centro de Explotación de las Fuentes Abiertas de Inteligencia de Estados Unidos. “Si es verdad que del 85 al 90 por ciento de la Inteligencia global proviene de fuentes abiertas, parecería que los esfuerzos y estudios realizados para crear un organismo específico de esta actividad –llámese OSC u Osint– no estarían desacertados como algunos piensan y que sería oportuno hacerlo cuanto antes... siempre de acuerdo con las tiranías presupuestarias”, reclama Martínez Codó.

De obra prolífica, el redactor omnipresente de la publicación militar siempre se ha ocupado de temas castrenses vinculados con la inteligencia, aunque a menudo con una mirada cruzada por la Guerra Fría. Su Guerrillas tras la cortina de Hierro, prologado por el general español Luis García Rollón, un ex profesor de la Escuela Superior del Ejército de su país, data de 1966. Es un trabajo sobre el Ejército del Pueblo Ucraniano, que combatió desde adentro contra la Unión Soviética.

Su prosa sigue vigente cinco décadas después. La Asociación de la Prensa Técnica y Especializada Argentina (APTA) lo premió por su artículo “El Bicentenario, un desafío para la Inteligencia Militar”, publicado en el número 2 del Manual de Informaciones editado en 2010. Allí escribió: “El soldado de la Ciberguerra y la Ciberdefensa no emplea armas de fuego ni es experto en explosivos; sus armas son sólo una computadora y un simple ratón; pero eso sí, debe ser un experto en tecnología electrónica, una cuestión eminentemente intelectual, que marca la necesidad de una capacitación intensa, pero no necesariamente militar”.

Este artículo tiene más que ver con la orientación actual de la publicación, donde se escribe sobre la geopolítica de Google Earth o la geoestrategia del clima, sin desechar artículos de militares estadounidenses –que nunca faltaron en sus ediciones– sobre las invasiones de Irak y Afganistán. En plena dictadura y aun después de los peores años del terrorismo de Estado, la línea editorial de los servicios que conducían el Manual tenía inquietudes como “la explotación subversiva del conflicto generacional”, tal el título de una nota escrita por el licenciado Jorge Méndez. En el ejemplar de marzo-abril de 1980 se lee que “la conducta asocial juvenil anticipa en superficie tendencias actitudinales que de alguna manera ya tienen vigencia clandestina”. En el número anterior de enero-febrero, otro licenciado, Pablo Cruz, escribía sobre “la estrategia psicosocial marxista en Occidente”.

Otto Skorzeny, el militar nazi que rescató a Benito Mussolini en el Gran Sasso el 12 de septiembre de 1943, también tenía su espacio en la revista durante la dictadura. En el número que presentó como prueba el obrero Ratto ante la Justicia para incriminar a Mercedes Benz por su respaldo publicitario, se reproduce un artículo del coronel austríaco que sirvió a las órdenes de Hitler. Titulado “Operación Panzerfaust”, relata una misión que el Führer le encomendó en Hungría para evitar que este país se rindiera a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.

La querella del ex trabajador de la automotriz alemana sostiene que “se trata de la revista editada por la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, es decir por la comandancia de los grupos de tareas (secuestradores, torturadores y homicidas) que participaban del terrorismo de Estado desatado en nuestro país y que se investiga en esta causa. Dicha revista contenía material destinado a instruir a los agentes de Inteligencia y grupos de tareas en espionaje, secuestros y otros delitos, contra militantes políticos, sindicales, sociales o de derechos humanos”.

Para los actuales editores, en cambio, “la revista –que se encuentra abocada a mantener e incrementar el prestigio logrado en sus 50 años de vida– se ha transformado en un elemento de consulta y actualización profesional, doctrinaria y técnica sobre la materia, para el personal militar y civil tanto especialista como no especialista”. Cuando Ratto presentó su querella no sabía que el Manual de Informaciones, ya en democracia, seguía publicándose de manera ininterrumpida.

Amenazas de muerte al juez Rozanski

2011-09-09T16:32:00.001+02:00

Amenazas de muerte

El presidente del Tribunal Oral Federal 1, Carlos Rozanski, denunció que en lo que va de esta semana recrudecieron fuertemente las amenazas de muerte e intimidaciones que ha venido recibiendo en los últimos meses. El tribunal de Rozanski será el encargado de juzgar a los responsables por los crímenes de lesa humanidad investigados en el marco de la megacausa “Circuito Camps”, que se inicia el lunes, y que cuenta entre sus 26 imputados al ex policía Miguel Etchecolatz y al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian von Wernich.

“Los llamados y actos intimidatorios tendrían el claro fin de desestabilizar el proceso de juicio en marcha y en especial la megacausa del Circuito Camps”, explicaron en Tribunales. Si bien Rozanski prefiere no dar declaraciones con el objetivo de resguardar la investigación, desde su entorno revelaron que hubo varios actos de intimidación y amenazas en los últimos meses contra el magistrado, pero que en estos días aumentaron de forma similar al 2006, cuando Rozanski estuvo al frente del juicio que condenó a reclusión perpetua al represor Miguel Etchecolatz.

Las amenazas contra el juez están siendo investigadas por la Justicia Federal, pero también despertaron el interés de dos organismos internacionales que investigan los casos de amenazas a los magistrados y funcionarios judiciales.

El llamado “Circuito Camps” abarca varios centros clandestinos de detención que se encontraban a cargo del jefe militar de la Policía Bonaerense Ramón Camps durante la última dictadura militar, entre los que se cuentan la comisaría 5ª de La Plata, la subcomisaría de Don Bosco llamada “Puesto Vasco”, el centro de operaciones tácticas (COT) I Martínez y la Brigada de San Justo. La unificación de las causas implicaría el acceso a la Justicia para 360 víctimas que pasaron por allí, entre las que están Diana Teruggi, Daniel Mariani y Claudia Falcone. En el juicio también se encuentran imputados el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint Jean, su ministro de Gobierno, Jaime Lamont Smart, y el chofer de Etchecolatz, Hugo Alberto Guallama.

IX Conferencia Bianual de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio

2011-07-25T14:28:00.000+02:00

Los cinco fallos judiciales contra represores que calificaron los crímenes juzgados como delitos cometidos en el marco de un genocidio y el hecho de que sea la Justicia ordinaria la que se encargue del juzgamiento, ponen a la Argentina muy a la avanzada en la reflexión internacional de estas problemáticas, señaló Daniel Feierstein.

Así lo puntualizó el sociólogo y director del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Feierstein, quien tuvo a su cargo la organización del IX Conferencia Bianual de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio que acaba de concluir en Buenos Aires, la primera ciudad latinoamericana que sirvió de sede al evento.

Para el especialista, este comportamiento de los tribunales está siendo acompañado en el mundo académico por una profusión de investigaciones sobre el tema, lo que permite revertir el prejuicio de que los genocidios se cometen en el (hemisferio) Sur y se analizan en el Norte, así como demostrar que el sur no sólo puede pensarse a sí mismo, sino pensar también los casos de persecución que están ocurriendo en el Norte, que el Norte no piensa.

A pesar de considerar muy auspicioso que la Argentina esté a la vanguardia en el reconocimiento de genocidios ajenos como el Armenio-, Feierstein identificó como una deuda enorme la exclusión de esta figura en el Código Penal.

El autor de El genocidio como práctica social inauguró la conferencia que, durante cuatro días reunió a más de 270 especialistas de 32 países en la sede de posgrados de la UNTREF.

- ¿Se puede decir que la argentina como país sufrió dos genocidios, uno en el marco de la última dictadura y otro como consecuencia de la Campaña del Desierto? - Yo creo que sí: son los dos momentos genocidas en la Argentina que tienen sin embargo características distintas. La mayoría de los Estados han pasado por un genocidio más o menos equivalente al de los pueblos originarios, lo que yo he llamado genocidio constituyente, lo cual es tremendo, porque da cuenta de qué son nuestros Estados hoy.

El caso de la dictadura es un caso distinto porque lo que se ha hecho es transformar las relaciones sociales de un Estado preexistente, reorganizarlo y, en ese sentido, el caso argentino es uno de los casos más emblemáticos por el nivel de intencionalidad y de conciencia de los perpetradores que lo denominaron Proceso de Reorganización Nacional - La Argentina ratificó en 1956 la Convención de la ONU para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Sin embargo, a pesar de los 28 años transcurridos desde la vuelta de la democracia y de cinco fallos judiciales que condenaron a represores por delitos cometidos en el marco de un genocidio, aún no se incluyó el delito de genocidio en el Código Penal. ¿Es una deuda pendiente? ¿Es un escollo para la aplicación de la Justicia? - Sí, es una deuda enorme porque es algo que el Estado argentino debiera haber hecho desde el momento de la ratificación.

Hubo numerosísimos proyectos en el Parlamento, todos ellos buenísimos y es difícil explicarse por qué sigue sin tipificarse.

Ahora, no es un escollo porque la definición genocidio incluye cinco acciones (N.d.R: matanza, lesión grave, traslado por la fuerza, impedimento de nacimiento y sometimiento a condiciones que lleven a la destrucción física), todas las cuales tienen pena, con lo cual es una forma de calificar acciones penales que ya están en el Código Penal.

- La mención explícita de un genocidio en cinco fallos recientes contra represores y la propia reapertura de los juicios, ¿cómo ubican a la Argentina en relación a otros países del mundo en la materia? - Estos hechos ponen a la Argentina muy a la avanzada en la reflexión internacional de estas problemáticas. Como sociedad debemos estar muy orgullosos de lo que se ha avanzado en esa dirección. El hecho de que la reapertura haya permitido que sea la justicia ordinaria aquella a que le corresponde juzgar y que no haya habido una directiva de cómo tenía que ser ese juzgamiento o las condenas, es algo muy alentador.

- ¿Qué papel vienen desempeñando los tribunales internacionales? - Es un rol dual porque, por un lado, en casos donde no ha habido posibilidad de juzgamiento, que, aunque los principales responsables sean llevados a un tribunal internacional, es siempre muy superior a la impunidad.

Ahora, al mismo tiempo, tiene una serie de problemas. El primero de ellos es que han pecado, todos ellos, de un fuerte etnocentrismo. Esto es, creer que se puede manejar la situación de cada contexto nacional del mismo modo, despreciando las modalidades jurídicas de cada país y planteando un único modo de entender la convención.

- ¿Cuáles son sus expectativas respecto a esta conferencia? - Mi mayor expectativa es enriquecer mucho más el diálogo norte-sur en relación a cómo pensar los procesos genocidas e invertir el estereotipo de investigadores del Norte pensando en casos que ocurren sólo en el Sur, quebrar esa mirada etnocéntrica.

El Sur puede pensarse a sí mismo y el Sur también puede pensar los casos de persecución que están ocurriendo en el Norte, que el Norte no piensa.

A 9 Años de la Masacre de Avellaneda

2011-06-26T10:30:00.000+02:00

Frente Popular Dario Santillán

Hoy se cumplen 9 años de la Masacre de Avellaneda, una de las represiones más brutales sufrida por el pueblo argentino bajo un gobierno constitucional, que cobró las vidas de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala.

La represión desatada el 26 de junio de 2002 fue planificada y ejecutada por el gobierno de Eduardo Duhalde respondiendo a los reclamos de mano dura del imperialismo, los gobernadores justicialistas y radicales y las cámaras empresarias AEA, UIA, SRA, ADEBA, coordinándolo con el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.

Para ello montaron un operativo conjunto de 5 fuerzas de represión del Estado: Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado de grupos policiales con carta blanca para matar.

Buscaban desencadenar una ofensiva represiva sobre el pueblo, que seis meses después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre seguía llenando las calles, las plazas, las rutas y los puentes de piquetes, empresas recuperadas y asambleas populares.

Durante meses maduraron la provocación que pretendía inculpar a las organizaciones en lucha, encarcelar a sus dirigentes y desarticular a las organizaciones para sacar a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados de la calle, para frenar las luchas y recomponer la gobernabilidad del Estado, que no significaba otra cosa que garantizar que las empresas siguieran haciendo fabulosos negocios a costa de la miseria del pueblo.

El gobierno nacional de Duhalde y el provincial de Solá no atendían nuestras demandas e incumplían compromisos arrancados en la lucha. Al mismo tiempo, crecían sobre los movimientos y organizaciones sociales las amenazas, secuestros, simulacros de fusilamiento y el accionar de patotas. En ese contexto, asesinan a Javier Barrionuevo en Esteban Echeverría el 6 de febrero y unos meses después balean a Juan Arredondo en Lanús.

Duhalde buscaba sacarnos de la calle a cualquier precio. Por eso llevó adelante la decisión política de no permitir que se bloqueen los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los cortes de puentes iban a ser considerados una acción bélica. Los medios de comunicación se encargaron de demonizar al movimiento piquetero encubriendo luego los hechos de la masacre. La provocación se completaba al día siguiente a la masacre del Puente Pueyrredón acusando de sedición a las organizaciones que protagonizaron la jornada de lucha.

El repudio popular a la masacre terminó provocando la salida anticipada del gobierno de Duhalde y el fracaso de su estrategia represiva. Las plazas del poder político del país fueron ganadas durante el mismo 26, al día siguiente y durante la gran jornada de unidad y lucha popular del 3 julio que, con una movilización multitudinaria, hizo rugir el repudio en una histórica marcha desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo.

Duhalde debería estar hoy en la cárcel, por los asesinatos de Kosteki y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, el caso Cabezas, la AMIA y el gatillo fácil, en lugar de estar en campaña electoral disertando sobre gobernabilidad y democracia. Mientras se postula a candidato a presidente afirma que pretende gobernar para los que defienden a Videla. El pueblo argentino tiene en claro su culpabilidad como responsable político principal de los asesinatos de nuestros compañeros Maxi y Dario. Hoy como siempre, nuestra sentencia es clara, ¡Duhalde es candidato, pero a la cárcel!

De la misma manera, Aníbal Fernández, quien era secretario de presidencia de Eduardo Duhalde y actualmente es jefe de Gabinete, fue uno de los responsables de la Masacre de Avellaneda. Carlos Soria, actual intendente de Roca, fue designado por Cristina Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Rio Negro y apoyado por todas las fracciones del PJ y el Frente para la Victoria. Soria dirigió la SIDE en el momento de la represión y él también debería estar tras las rejas y no haciendo campaña.

En cada lucha desde entonces, estamos hoy aquí para exigir el juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes, a los Duhalde, a los Solá, JJ Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Soria, Genoud, Oscar Rodríguez, Vanossi y Capitanich. Los que hoy son expresiones de lo más nefasto de la política están firmemente acomodados tanto en el actual esquema político kirchnerista como en la oposición patronal.

Kirchner intentó cooptar y engañar a los compañeros, compañeras y familiares de Darío y Maxi con la promesa de “investigar hasta las últimas consecuencias, sin importar quien caiga”. La comisión investigadora que dijo que iba a conformar nunca existió, ya que tenía como condición que abandonáramos la movilización. El rechazo a la conciliación y la continuidad de la lucha nos permitió encarcelar a Fanchiotti y Acosta.

La complicidad del Gobierno K con Duhalde llegó al punto de no abrir los archivos de la SIDE y permitir que Duhalde no se presente ante la justicia. Política de impunidad que continúa hasta el día de hoy.

Con la fuerza de la lucha y la movilización constante, en el Puente Pueyrredón, en la Estación Darío y Maxi (Ex Avellaneda), en los Tribunales de Lomas y a todas las plazas del poder político logramos que el comisario Fanchiotti y el cabo Acosta tengan que pagar con condena perpetua y otros policías sean también condenados. En el juicio quedó demostrado que la represión tuvo directivas políticas y que fue monitoreada por la SIDE. Sin embargo, el fiscal federal Miguel Angel Osorio se prestó a la escandalosa maniobra de eximir de prestar declaración a Duhalde, Álvarez y Solá.

La causa federal iniciada en el 2002 que investiga las principales responsabilidades políticas de la Masacre se encuentra literalmente cajoneada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo, puesto a dedo por el propio Presidente Kirchner. La causa no se mueve por orden de la Secretaría General de la Presidencia, que todavía no ha respondido por el informe solicitado por la fiscalía en relación a los cruces de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades policiales y de seguridad antes, durante y posteriormente a la represión del 26 de junio del 2002. Se manifiesta así, a lo largo de estos 9 años, el hilo conductor de impunidad que une a los gobiernos de Duhalde y los Kirchner.

Porque la impunidad genera más impunidad: quienes dieron las órdenes en la represión del Puente Pueyrredón hace 9 años ni siquiera fueron investigados por la justicia, algunos de ellos siguen hoy en el gobierno nacional o provincial o se presentan como candidatos; y esa impunidad avala que desde el estado se siga organizando la represión de las manifestaciones de trabajadores o la persecución a los luchadores por los distintos medios y mecanismos tan utilizados para reprimir al pueblo.

Hoy levantamos más alto que nunca las banderas de Darío y Maxi. Y vamos por el juicio a todos los responsables políticos. Así como también seguimos denunciando la complicidad civil de los medios de comunicación para incentivar y luego encubrir la masacre. Asimismo denunciamos la complicidad de este gobierno para no enjuiciar a los responsables políticos e intelectuales.

Estamos acá para denunciar que bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue la impunidad y la bonaerense corrupta y asesina. Con la mirada cómplice del sistema penitenciario bonaerense, el asesino Fanchiotti ha burlado su condena entrando y saliendo de la cárcel como patrón de estancia, caso que muestra que incluso los represores y genocidas presos tienen toda la impunidad para seguir funcionando con las redes represivas para atacar a los luchadores. Asimismo la impunidad y la persecución a los que luchan cuenta con la ayuda de las patotas de la burocracia sindical, apañadas por la política gubernamental y que ya se han cobrado varias víctimas, amedrentando persiguiendo y asesinando a nuestros compañeros.

Hoy exigimos al gobierno nacional la urgente aparición con vida del compañero Julio López, desaparecido por su compromiso en las causas contra los genocidas de la pasada dictadura, exigimos el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, testigo en la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa Fe, y exigimos la aparición con vida de Luciano Arruga, todos testimonios de la existencia de un aparato represivo actuante que jamás fue desmantelado y que se entrelaza con las mafias del narcotráfico, el delito, la trata de personas y los asesinos de la dictadura impune.

Estamos aquí para denunciar que a 9 años de la Masacre sigue intacto el aparato represivo responsable de la brutal represión. Que el Gobierno que se autodenomina de los Derechos Humanos sigue reprimiendo al pueblo que sale a luchar por vivienda, educación, salud y trabajo digno. Que los Macri y los K no dudan acordar rápidamente para reprimir brutalmente al pueblo como pasó en el Parque Indoamericano, cobrándose la vida de los compañeros Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez. Que la represión encubierta sigue siendo la herramienta principal de los Gobernadores K para intentar disciplinar al pueblo en su lucha, como lo demostró el caso de los compañeros Mario y Roberto López, asesinados en Formosa por el gobierno de Insfrán. Luego de sostener varios meses de acampe para que el Gobierno se decidiera a atender a los compañeros Qom, sin obtener respuesta fueron desalojados entre la policía y La Cámpora.

La impunidad y la persecución a los que luchan cuenta con la participación de la burocracia sindical apañada por el gobierno. Desde este acto, a seis días de cumplirse ocho meses del crimen de Mariano Ferreyra -caído en la lucha contra la burocracia y contra la tercerización laboral- celebramos la victoria popular que significa haber llevado a la cárcel a algunos de los autores materiales de su asesinato y a sus mentores, José Pedraza, Juan Carlos Fernández y Pablo Díaz. Al mismo tiempo reafirmamos nuestro compromiso en la lucha para que paguen todos los responsables -lo que incluye a los empresarios, policías y funcionarios cómplices de los patoteros-, para que Pedraza y sus matones sean efectivamente condenados, y para terminar con el régimen negrero de las tecerizaciones.

Más de cuatro años después del fusilamiento del luchador docente y militante revolucionario Carlos Fuentealba en Neuquén, sólo está preso el asesino Poblete, mientras los que ordenaron la represión siguen gobernando la provincia, donde también sigue impune el asesinato del militante Lázaro Duarte a manos de patotas del MPN. Mientras Sobisch y los responsables políticos de los asesinatos están libres de culpa y cargo, se condena a los compañeros que repudiaron el crimen. El actual gobernador Jorge Sapag es el garante de la impunidad de Sobisch y es otro aliado del Gobierno Nacional.

Denunciamos la existencia de un aparato represivo impune que es heredero del golpe militar del ¨76, que sigue actuando animado por los mismos intereses económicos y sociales, lo que provocó desde 1983, 51 manifestantes muertos en movilizaciones populares y que desde la era Kirchner suma 847 muertos por casos de gatillo fácil. Los juicios a represores 30 años después llegan sólo a un grupo reducido de genocidas, aislados de sus conexiones con el poder político, capitalista y clerical. Luchamos por perpetua para los miles de implicados.

Más de 5.000 luchadoras y luchadores están procesados. El Gobierno alienta el juicio contra militantes populares, sociales y políticos; asambleístas, ambientalistas en Guleguaychú, Vicente Lopez, Andalgalá y Famatina; piqueteros y piqueteras; ex delegados del Casino; Subte; trabajadores y trabajadoras de Kraft, trabajadores ferroviarios, vendedores ambulantes y estudiantes de la FUBA. El gobierno desata una cacería de brujas contra la organizaciones populares, los primeros casos testigos son la persecución a Roberto Martino, quien fue puesto en libertad recientemente por la lucha popular, y la condena a Fernando Esteche, Raúl “Boli” Lescano, y otros compañeros del MPR Quebracho, así como Raúl Abregó del Polo Obrero de San Juan. Desde este Puente exigimos la inmediata libertad de Carlos Olivera, La Gallega Karina Germano López, Jose Villalba y Manuel Arias, así como la anulación de las condenas y el desprocesamiento de todos los luchadores, entendiendo que cuando tocan a uno, tocan a todos.

Este nuevo aniversario nos encuentra denunciando la movilización de un enorme dispositivo represivo, a instancias del Gobernador Daniel Peralta, contra la huelga docente y los petroleros de Santa Cruz. Desde aquí compañeros y compañeras, nos hacemos parte de esa lucha, que también es nuestra, con la fortaleza que solo la solidaridad de clase posee y les decimos que no están solos, que ningún luchador está solo, como nos enseño el ejemplo de Dario y Maxi.

Los reclamos que levantamos el 26 de junio de 2002, como en tantas otras, están hoy tan vigentes como ayer. Digan lo que digan los dibujos del Indec, la inflación galopante ha hecho caer millones de argentinas y argentinos bajo la línea de pobreza sólo en el último año, muchos de ellos trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos jóvenes desocupados. El reclamo de un trabajo para cada desocupado y desocupada, de un subsidio igual a la canasta alimentaria, de un salario equivalente a la canasta familiar, de acabar con la flexibilidad laboral y el trabajo en negro, se hacen cada día más urgentes, no sólo en las barriadas del sur bonaerense en las que militaban Darío y Maxi, sino también en todo el país. Denunciamos la política económica del gobierno que enriquece a las grandes empresas multinacionales, a los pooles de siembra con los grandes negocios de la soja, que entrega nuestros bienes comunes naturales, y que se sostiene en base a la pobreza y el trabajo precarizado de miles de compañeros y compañeras.

Hoy los pueblos siguen levantándose y mostrándonos el camino, enfrentando las crisis capitalistas que generan y nos quieren hacer pagar. Los gritos de indignación y resistencia, las rebeliones populares, recorren el mundo, desde Medio Oriente y el Norte de África hasta la vieja Europa, donde se vuelcan millones a las calles para decir ¡basta! En nuestra América Latina los pueblos siguen resistiendo y acumulando fuerza frente a las embestidas imperialistas, como lo demuestra la gran movilización del pueblo hondureño contra el golpe de estado del 28 de junio de 2009.

El gobierno nacional favorece al capital financiero pagando la ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa cuando vuelve a haber muertos por desnutrición, brotan epidemias que hacen estragos en la niñez, y hay 5,5 millones de jubilados con la jubilación mínima de $1200, a la vez que saquea la ANSES para obtener los recursos para el pago de la deuda y subsidiar a los bancos y empresas con los aportes sociales de las trabajadoras y los trabajadores.

Sus aliados son los Soria, los Insfrán, los Otahecé, el MPN, es decir, lo más nefasto de la política nacional, llegando al límite de poner como candidato a senador al mismísimo Carlos Menem.

Después de haber anunciado que otorgaría miles de puestos en el Programa Argentina Trabaja sobre millones de desocupadas y desocupados, sólo han inscripto a una mínima parte en el conurbano y una vergonzosa cifra en algunas pocas provincias del interior. El Gobierno coloca el Programa bajo control del aparato de punteros de los intendentes y las organizaciones oficialistas. Luchamos por trabajo para todos y todas, por la universalización del Programa sin clientelismo, y reclamamos el aumento de los salarios, el pago de cargas sociales, la entrega de ropa y elementos de trabajo y seguridad. Reclamamos plenos derechos de organización sindical para luchar por nuestras reivindicaciones laborales.

Seguimos señalando que el subsidio por hijo no llega a todas las familias que lo necesitan ni a todos los hijos de los beneficiarios. Su monto está congelado y carcomido por la inflación, y en vez de incorporarlo al presupuesto el gobierno lo financia con los aportes de las y los trabajadores a la ANSES. Asimismo el gobierno ha eliminado y vaciado otros planes sociales, recortando la asistencia a comedores escolares y populares, y a la juventud de las barriadas.

Frente a esta situación reclamamos un subsidio al desocupado igual al costo de la canasta alimentaria; que se reabran las paritarias; por un aumento mínimo del 35%; un salario igual a la canasta familiar para las y los trabajadores del campo y la ciudad; el 82% móvil para las jubilaciones; y que se ponga en marcha un verdadero plan de vivienda popular y obras públicas.

Hoy más que nunca levantamos bien altas las banderas del movimiento piquetero y de trabajadores desocupados, de la clase obrera de conjunto, de las y los estudiantes, del movimiento de los campesinos pobres, de los trabajadores y las trabajadoras del campo, y de los pueblos originarios. Seguimos en la calle por nuestros reclamos de terminar con la explotación y la miseria, y contra la represión del estado y por justicia para nuestras compañeras y compañeros que cayeron en el curso de esta lucha.

Desde este histórico Puente le decimos a los Duhalde, a los Kirchner, a los Scioli, a los Macri, a los Alfonsín y a los De Narváez, y a todos los que hoy llevan adelante este régimen de hambre y miseria, que vamos a seguir peleando por trabajo, por salario, por vivienda, salud y educación.

Repudiamos el intento del gobierno de manipular el histórico reclamo de justicia mientras mantiene el aparato represivo y criminaliza la protesta social.

Reivindicamos la independencia de las organizaciones populares frente al Estado y los partidos patronales, y repudiamos la política de cooptación oficial que desnaturaliza y destruye organizaciones que son emblema de la lucha popular, como demuestran los casos de Schoklender y el Inadi.

Frente a la continua agresión al pueblo trabajador, oponemos memoria, denuncia, programa y lucha. Vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir luchando por Darío y por Maxi, por los 30 mil desaparecidos, por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales; los más de 3 mil asesinados por “gatillo fácil” desde 1983; y para revertir esta realidad con la que quieren condicionar el futuro de nuestro pueblo. La lucha de Darío y Maxi es nuestra lucha. Es la lucha por una transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen. Es la solidaridad y el compromiso con la compañera y el compañero junto al que salimos a luchar, y la intransigencia y consecuencia en esta pelea.

Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi; por eso y para eso seguiremos adelante. La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia.

A 9 Años de la Masacre de Avellaneda

    JUSTICIA PARA MAXI Y DARIO
    DE DUHALDE A LOS KIRCHNER 9 AÑOS DE IMPUNIDAD
    JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y MATERIALES DE LA MASACRE DE AVELLANEDA
    CARCEL YA A DUHALDE, SOLA , FERNANDEZ , VANOSSI, JJ ALVAREZ, SORIA.
    CARCEL A PEDRAZA Y LAS PATOTAS. JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA. BASTA DE BUROCRACIA SINDICAL.
    CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS DE LOS COMPAÑEROS QOM Y LOS CAIDOS EN EL PARQUE INDOAMERICANOS
    JUICIO Y CASTIGO A LOS RESONSABLES DE LOS ASESINATOS Y LA REPRESIÓN POLICIAL EN BARILOCHE.
    EXIGIMOS LA APARICION CON VIDA DE JULIO LOPEZ Y LUCIANO ARRUGA.
    LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS, CARLOS OLIVERA, LA GALLEGA KARINA GERMANO LÓPEZ, JOSE VILLALBA Y MANUEL ARIAS.
    DESPROCESAMIENTO, CIERRE DE LA CAUSAS Y ANULACION DE LAS CONDENAS DE LOS MAS DE 5.000 LUCHADORES POPULARES.
    POR EL TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES DE SANTA CRUZ. FUERA LA GENDARMERÍA Y LAS PATOTAS CON LAS QUE TERCERIZAN LA REPRESIÓN.
    BASTA DE PRECARIZACION LABORAL Y PERSECUCION POLÍTICA A LOS LUCHADORES POPULARES.

HOY COMO SIEMPRE
¡¡¡¡DARÍO SANTILLÁN, PRESENTE!!!!!
¡¡¡¡ MAXIMILANO KOSTEKI, PRESENTE!!!!!

Apuntes sobre una palabra

2011-06-04T10:45:00.000+02:00

Por Sandra Russo

“Es una de cal y una de arena”, fue el título de este diario el viernes. La frase la dijo, visiblemente contrariada, Estela Carlotto. Se refería al fallo de Casación que ese día confirmó la orden de extracción de ADN compulsiva a los hermanos Noble Herrera, pero al mismo tiempo introdujo la variable de la limitación de cotejos, tomando como válidas fechas de expedientes de adopción falsos. La querella ha leído esa limitación como un obstáculo más tendiente a dilatar la causa, que lleva ya diez años. La Justicia estaría actuando, si así fuera, como un dique para impedirse a sí misma.

Lo de la cal y la arena lleva inevitablemente a pensar en la teoría los dos demonios, y en un sector del Poder Judicial que todavía la abona con sus fallos. Eso vuelve inevitablemente ideológicos a esos fallos, como en el fondo lo son todos. Pero éste es en todo caso un debate que uno de los tres poderes del Estado, y no una corporación cristalizada, debe enfrentar, pasadas ya más de tres décadas. Lo que equivale a plantear en qué medida, en casos de delitos de lesa humanidad, pueden los jueces interpretar las leyes según sus propias lecturas políticas.

Durante más de veinte años, mientras se realizaba el Juicio a las Juntas, mientras se publicaba el Nunca Más, mientras después salía la ley de punto final y obediencia debida, mientras uno por uno esos hitos judiciales emanados desde el Poder Ejecutivo tejían el vestido simbólico del indulto, era esa teoría la que sobrevolaba la interpretación democrática del terrorismo de Estado. Los militares habían respondido con excesos a una violencia preexistente y por eso merecían ser juzgados, aunque como sólo se había tratado de una respuesta, también merecían ser indultados.

Fue recién en 2007 que los abogados de Nilda Eloy, Jorge Julio López y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos lograron que un tribunal escuchara el pedido de cambio de calificación, y que se juzgara al ex comisario Miguel Angel Etchecolatz por la imputación de genocidio. La relevancia de ese cambio es que modifica la lectura general de los hechos, ya que desde ningún punto de vista lógico pueden considerarse “respuestas” a nada hechos puntuales e investigados, como el haber arrojado dopados pero vivos a los prisioneros al Río de la Plata, o el haber mantenido con vida hasta el parto a las prisioneras embarazadas, para después asesinarlas y robarles sus bebés. La Justicia admite que hechos como éstos formaron parte de un plan.

“La dictadura no mataba a cualquiera, el plan estaba dirigido a aquellos que realizaran formas de participación, que fueras un obstáculo al otro plan que se quería imponer”, rezó un párrafo de la presentación de esa querella, que fue la que firmó Jorge Julio López antes de ser secuestrado en democracia. Su secuestro y su desaparición, que continúan, le impidieron presenciar la sentencia a cadena perpetua por genocidio, que le fue impuesta a Etchecolatz, su torturador.

Aquel día, el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata no pudo terminar la lectura del veredicto porque en la sala estallaron de un lado los aplausos y del otro, los abucheos. Pero el presidente del Tribunal, el juez Carlos Rozanski, alcanzó a leer que Etchecolatz fue condenado por “homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos”, delitos que calificó “de lesa humanidad, en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983”.

Antes de abandonar la sala, el ex policía dijo que se consideraba un “prisionero de guerra y detenido político”. Antes había dicho: “Yo sé que no tendrán vergüenza en condenar a un anciano enfermo, sin dinero y sin poder”. Saltando sobre el cinismo de un condenado por delitos de lesa humanidad, lo que dijo retumba en la actualidad. El Poder Judicial está exhibiendo, con sus evidentes dilaciones en causas que sí involucran a personas con dinero y con poder, una cara vergonzante.

Lo relevante de aquel fallo es que introdujo la figura del genocidio, veintidós años después del fin de la dictadura. Dio un paso decisivo en la lectura histórica del terrorismo de Estado de los ’70. La palabra llegó con el arribo de una nueva generación de jueces.

En su libro La doctrina del shock, la escritora y periodista Naomi Klein se detiene en ese fallo, que incluyó la idea de que “la condena que pronunciaba no estaba a la altura de la auténtica naturaleza del crimen y que, en interés de la construcción de la memoria colectiva, tenía que añadir que ‘todos esos crímenes lo fueron contra la humanidad, en el contexto del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre 1976 y 1983’”.

El concepto de genocidio es el que desarticula la vieja teoría de los dos demonios, que fue la dominante durante años y todavía palpita en fallos como el de Casación. Ese concepto indica que los crímenes no fueron cometidos en el marco de una “guerra sucia”. Lo que hubo fue un plan de exterminio planificado y llevado a cabo en todo el país, con ramificaciones en toda la región. La palabra genocidio implica la intención de asesinar a un grupo, no a personas individuales, pero para usarla el juez debió estudiarla.

En sus fundamentos, conocidos dos semanas después de la sentencia, Rozanski sostuvo que si bien la Convención de Naciones Unidas sobre Genocidio define ese crimen de lesa humanidad como “un intento de destruir en todo o en parte un grupo nacional, étnico, religioso o racial”, y no menciona la palabra “político” –que es lo que había pasado en la Argentina, el exterminio de opositores, la mayoría de ellos jóvenes–, esa omisión tenía una historia. Rozanski la recordó: el 11 de diciembre de 1946, en respuesta directa al Holocausto, la Asamblea General de la ONU aprobó de forma unánime una resolución, prohibiendo los actos de genocidio “en grupos raciales, religiosos, políticos o de otro tipo que han sido destruidos en su totalidad o en parte”. Es decir, la situación argentina entraba en esos cánones tal como fue planteada en respuesta al genocidio nazi. Pero la palabra “político” fue eliminada de esa Convención dos años después, en 1948, por expreso pedido de Stalin, que obviamente buscaba salirse del grupo acusado para ingresar al de los acusadores. El tribunal argentino basó su fallo, entonces, en la definición original de “genocidio” y nadie en la ONU estuvo interesado en reivindicar la segunda.

Carta a la Liga Argentina

2011-05-21T10:19:00.000+02:00

Por María Inés Luchetti de Bettanín

Mi suegra Juani Bettanín y yo recorrimos junto a muchos familiares distintos foros en el extranjero, e iniciamos junto a otros sobrevivientes, la causa Feced en Rosario en diciembre de 1983. Hemos reclamado por la aparición con vida de mis cuñados Jaime Colmenares, Guillermo Juan Bettanín y Leticia Jones y denunciamos nuestros propios secuestros y el de mis hijas Mariana y Carolina Bettanín, el nacimiento en cautiverio de mi hija Cristina Inés Bettanín, y los asesinatos de mi marido Leonardo Bettanín y mi cuñada Cristina Bettanín el 2 de enero de 1977. Hoy nos encontramos al final de las testimoniales del juicio oral a Díaz Bessone. Quiero decirles que antes de declarar en este juicio el pasado 30 de noviembre, recorrí los recortes periodísticos de 1984 que aún preservo. Y no sólo en mi testimonio y el de mi suegra, sino en el de casi todos los compañeros denunciábamos entonces a cinco ex militantes que optaron por pasar a formar parte del aparato represivo para preservar sus vidas. Nadie en aquellos días objetó nuestra palabra. Como tampoco se objetó en la elevación a Juicio Oral de la Causa Díaz Bessone.

En octubre de 2010 adherí a la carta enviada a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuestionando su desistimiento de acusar a Ricardo Chomicki y Nilda Folch, basado en un dictamen de la Procuraduría General de la Nación de 2008. Aquellas palabras tocaron lo más profundo de mi alma y fueron un bálsamo para mi añosa soledad sobre estos temas. Siempre que pensaba en ellos, me inundaba un profundo sentimiento de injusticia no reparada. Me preguntaba ¿por qué no podemos enjuiciar a Folch (la Polaca o Victoria), por denunciar a los guardias que mi suegra le había pedido un cigarrillo? A raíz de esta denuncia de Folch, Darío, un miembro de la Brigada, pateó y golpeó a mi suegra, quien se encontraba a mi lado después de haber sido torturada y violada. Folch también participó activamente en mi interrogatorio la noche en que me secuestraron, me acusó de mentir y fue la causante de que los policías me pegaran aún más. Yo estaba embarazada a término. Después que terminó el interrogatorio vino a mi lado y me contó, "lo lindas que eran las fotos de mis hijas que estaban en mi casa". Estaba vestida con ropa mía, por lo cual supe que había participado del allanamiento y el saqueo de mi casa. Me sigo preguntando, ¿por qué no la puedo acusar?

¿Por qué razón no puedo acusar y pedir juicio y castigo para Ricardo Chomicki (el Cadi), que fue quien marcó a Marisol Pérez Losada en un bar al que ella había ido a una cita con un compañero? Esto sucedió en circunstancias en que Chomicki tomaba alegremente un café en ese bar con miembros de la patota de Feced sin estar en operaciones. Así nos contó Marisol su secuestro. Aún hoy no sabemos qué hicieron con ella, quien la mató, dónde la enterraron. El Pollo Baravalle lo sabía y Folch y Chomicki lo saben. Como también saben quién se llevó a Alicia Tierra, embarazada de cuatro meses y dónde y cómo la mataron.

¿Por qué no podemos acusar y enjuiciar a quienes, eligieron formar parte del enemigo y en esa condición, no como víctimas, picanearon, golpearon y enterraron compañeros en el Servicio de Informaciones de Rosario? ¿Por qué no podemos demandarlos por años de pacto de silencio con las fuerzas represivas? Jamás ninguno de ellos colaboró para encontrar a ningún compañero, ni muerto, ni desaparecido. Ningún familiar tuvo una sola palabra de ellos sobre el destino de sus seres queridos. La complicidad les dura hasta hoy. Tengo muy claro que lo que se está juzgando son delitos de lesa humanidad, perpetrados por un aparato represivo que instrumentó el Terrorismo de Estado para eliminar la resistencia a la dictadura militar. Folch, Chomicki, Brunato y Baravalle decidieron formar parte de él. Me sigo preguntando: ¿aplican ustedes a estos casos la Obediencia Debida contra la cual tanto hemos luchado? Nuestras estrategias de supervivencia y resistencia, en la inmensa mayoría de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario no incluyeron la eliminación de nuestros compañeros para preservarnos. Y elegimos, aún en las peores condiciones, no sobrevivir a cualquier precio. Por ello, tampoco acepto que se tienda un manto de sospecha generalizado sobre nuestras conductas, en el sentido que marca del dictamen de la Procuraduría cuando señala que "todos de alguna manera colaboraban". Porque no ha sido así durante mi cautiverio en el Servicio de Informaciones ni en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario.

Por todo esto propongo que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, así como lo ha hecho Familiares, den libertad de acción a cada equipo legal, sin presiones sobre ellos, porque no todos los campos de concentración han sido iguales. Por todo lo expuesto les solicito consideren escuchar y respetar mi voz, que se une a la de muchos sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Rosario. Y en consecuencia instruyan a sus abogadas (que son también quienes llevan adelante mi querella particular) para que acusen a todos los civiles, militares y eclesiásticos del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército de Rosario y del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, sin exclusiones de ninguna clase. De lo contrario, debo pedirles que se abstengan de acusar en mi nombre al momento de alegar.

* Sobreviviente del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario (2 1 77 al 11 10 de 1977

Organismos de derechos humanos denuncian indefensión de testigos

2011-05-16T07:31:00.000+02:00

A tres semanas del secuestro del testigo rosarino Victor Martinez, enmarcado en un juicio por lesa humanidad, organizaciones de derechos humanos denuncian a través de un comunicado, la falta de protección a los testigos.

A tres semanas del secuestro del testigo rosarino Victor Martinez, enmarcado en un juicio por lesa humanidad, organizaciones de derechos humanos denuncian a través de un comunicado, la falta de protección a los testigos.

Advierten que sigue vigente "la impunidad y el encubrimiento" por parte de los genocidas y que este prevalece por sobre la seguridad de los testigos, "al igual que los casos de Gerez y Puthod".

También denuncian los atentados a testigos, querellantes, familiares, jueces y abogados que hubo en el juicio a la Unidad 9 en La Plata. El asesinato de Silvia Suppo también es caracterizado por las organizaciones de derechos humanos, con vinculación al "aparato represivo" ya que la mujer era testigo de crímenes de lesa humanidad.

Finalmente el comunicado de prensa cuenta del juicio previsto para mediados de año donde se investigarán hechos ocurridos en distintos centros clandestinos enmarcados en el "circuito Camps", con 23 imputados.

Más que indiganción : ¡¡absolvieron a cinco policías por el asesinato de Porcho Leprati!!

2011-04-30T09:00:00.001+02:00

Los que ensuciaron las pistas

Son los que acompañaban al autor material del disparo que mató a Pocho Lepratti en diciembre de 2001. La abogada de la familia aseguró que "no hay duda que intentaron encubrir" el hecho. No descartó recurrir a la Corte Suprema.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones absolvió a los cinco policías de la Unidad Regional II condenados por encubrir el asesinato del militante social Claudio "Pocho" Lepratti, ocurrido el 19 de diciembre de 2001. El fallo beneficia a Marcelo Arrúa, Rubén Pérez, Roberto de la Torre, Daniel Braza y Carlos Alberto de Souza, quienes acompañaban en el móvil 2270 al policía del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco, Esteban Velázquez, autor material del asesinato. Los policías absueltos habían sido condenados por la justicia en un fallo de primera instancia por falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado en concurso ideal. Ahora, el tribunal de alzada, que integran los camaristas Carina Lurati, Juvencio Mestre y Ramón Ríos, decidió absolver a los cinco policías por el beneficio de la duda. La abogada de la familia Lepratti, Carmen Maidagan, dijo que "no hay duda alguna" de que existió una actitud de encubrir y falsear documentación pública, y que "existen elementos" para solicitar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte.

Arrúa y Pérez, chofer y acompañante respectivamente del móvil en el que iba Velázquez; de la Torre, ex jefe de la subcomisaría 20ª; Braza, ex jefe del Comando Radioeléctrico, y de Souza, ex oficial de guardia de la subcomisaría 20ª, habían sido condenados por el juez de sentencia Julio García, que les aplicó una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena, como coautores penalmente responsables de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado en concurso ideal.

Según el camarista Ríos, se trató de un caso en con situaciones confusas. "Estos policías estuvieron perseguidos por homicidio y algunos estuvieron detenidos bastante tiempo, hasta que se aclaró que el arma era del culpable y autor material. Fue cuando se comprobó fehacientemente que el proyectil que estaba en el cuerpo de Lepratti salió del arma de este oficial que estaba en la guardia en ese momento", precisó el magistrado.

En el fallo, la defensa de los policías consideró que la falsedad de documento público se configura cuando se insertan o se hacen insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, y "en la especie no hay dudas sobre la fidelidad de la referida acta ya que todos los agentes la ratifican y no hay falsedades introducidas en la misma".

Para Maidagan, "no hay duda alguna" de que existió una actitud de encubrir y falsear documentación pública. "En este tipo de delitos no va a haber un documento donde ellos firmen que digan que van a falsear, pero todos los elementos que se juntaron en la causa sostienen que las cosas consignadas en el acta no son ciertas. El acta de procedimiento es la primer foja de cualquier sumario, de ahí surge toda la investigación, y esto da carta blanca a que se haga lo que quiera de acá a futuro total no hay sanción", abundó.

En referencia a la imputación de encubrimiento agravado, la defensa de los policías planteó que debía ser rechazada de plano por cuanto Pérez y Arrúa "fueron inicialmente imputados por el homicidio de Lepratti de manera que no pueden ser ahora condenados por un presunto encubrimiento del homicidio, después de haber estado detenido Pérez 6 meses y ocho días bajo tal acusación mayor".

En este sentido, Maidagan ennumeró "denuncias que no se hicieron, el tema del móvil que ellos dicen que les disparan y se comprobó que los disparos no pudieron ser hechos del techo; todo esto demuestra que hubo una actitud por parte de la policía para tratar de encubrir y llevar la investigación hacia otro lado".

La abogada agregó que el planteo que de la Torre y Braza "no dan fe de lo que ocurrió porque en realidad ellos lo único que reciben son las manifestaciones de los otros dos, y que a su vez estos no son responsables porque no se los puede obligar a auotincriminarse, es un disparate total. Además, cuando ellos hacen el acta de procedimiento en realidad todavía no estaban imputados de nada, por eso la Cámara no puede decir que por una cuestión de legítima defensa ellos no pueden estar obligados a decir la verdad".

Maidagan adelantó que le pedirán al Procurador o al Fiscal que planteen un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, porque consideran que existe "gravedad institucional" y por "arbitrariedad". Además, solicitarán a la Legislatura que tomen una intervención activa para determinar si "hay irregularidades en los distintos jueces que intervinieron, y en su caso se inicien los jurys que correspondan".

El 19 de diciembre de 2001; "Pocho" Lepratti, un militante social de 38 años que ayudaba en un comedor comunitario de barrio Las Flores, subió al techo para pedirles a los policías que no dispararan al aire, porque adentro había chicos comiendo. Pero Velázquez lo mató con un disparo de su Itaka en la garganta, por lo que fue condenado por el juez de Ernesto Genesio a 14 años de prisión.

Sólo el autor material del crimen del militante social Claudio “Pocho” Lepratti, ocurrido en Rosario durante la trágica retirada de Fernando de la Rúa de la presidencia, es culpable para la Justicia. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe absolvió ayer de culpa y cargo a otros cinco policías, que habían sido condenados en 2009 por encubrimiento y falseamiento de documento público. El tribunal fundó su resolución en el principio de duda, que favorece siempre al acusado, al tiempo que confirmó la condena del oficial Esteban Ernesto Velázquez, el asesino que inmortalizó al “Angel de la Bicicleta” –como pasó a la historia– al gatillar su arma mientras Lepra-tti, en el techo de su comedor escolar, gritaba: “Dejen de tirar que hay pibes comiendo”.

Lepratti era el mayor de seis hermanos y provenía de una familia de trabajadores rurales de Concepción del Uruguay. Luego de abandonar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Santa Fe y más tarde el Instituto Salesiano de Funes, donde sus superiores no lo autorizaban a trabajar en los barrios, se instaló en el Ludueña, en el Gran Rosario, donde comenzó a coordinar talleres para chicos con problemas de adicciones y a dar clases de teología. Era militante gremial en ATE, ayudante de cocina en la escuela 756, y uno de los creadores de la Coordinadora Juvenil de la Vicaría Sagrado Corazón del Barrio Ludueña. Para poder honrar todos sus compromisos iba y venía todos los días en bicicleta por la avenida Circunvalación.

En la mañana del 19 de diciembre de 2001, cuando ya se habían generalizado los saqueos a supermercados y De la Rúa se aprestaba a declarar el estado de sitio, Lepratti trabajaba en la cocina de la escuela, en el populoso barrio Las Flores. Al escuchar disturbios se subió al techo del edificio, les gritó a los policías de Santa Fe que no dispararan porque había pibes comiendo y recibió como respuesta un balazo mortal. Pocho Lepratti fue una de las siete víctimas fatales que sólo en Rosario se cobró el último presidente radical.

Tres años después llegó la sentencia para Velázquez, subjefe de la Comisaría 20ª: catorce años de prisión. En agosto de 2009 el juez de sentencia de Rosario, Julio García, condenó a dos años y ocho meses de prisión a cinco policías por los delitos de encubrimiento y falseamiento de documento público. La sentencia alcanzó a Marcelo Fabián Arrúa, chofer del móvil desde el que se hizo el disparo, y a su acompañante, Rubén Darío Pérez. También fueron condenados el ex jefe de la comisaría, Roberto de la Torre, el titular del Comando Radioeléctrico, Daniel Horacio Braza, y el oficial de guardia Carlos Alberto de Souza. El magistrado consideró probado que habían insertado datos falsos en el libro de guardia de la seccional, que habían adulterado el acta de inspección ocular del escenario del crimen, la constancia del comparendo de una testigo en sede policial, y que a tiro limpio habían modificado el aspecto del patrullero, para intentar hacer pasar la ejecución como enfrentamiento. La pena para los policías fue de ejecución condicional e incluyó la inhabilitación por doble de tiempo, cinco años y cuatro meses. La condena quedó ayer en la nada. La Sala II de la Cámara Penal provincial tomó nota de los argumentos policiales, se permitió dudar y los absolvió.

PRIVILEGIAN A REPRESORES Y ASESINOS DE LA TRIPLE A

2011-04-26T08:32:00.000+02:00

Resumen:

Walter Osmar Maza, ex delegado sindical detenido y torturado por gendarmería nacional en 1975, denuncia a Stella Maris Martinez por demorarle SEIS meses su constitucíón de querellante en contra de represores.

La denuncia por discriminación y por beneficiar (prevaricato) a los represores, pues a él le niega la participación en términos igualitarios, mientras que los represores tienen un trato preferencial (se instruye hasta "modelos de defensa para represores") y diferenciado (se pagan abogados hasta 20.000 pesos por mes más gastos de traslados, lo que hace 27mil a 30mil a costa de la defensoria, solo para que defiendan a represores).

Estas defensas preferenciales y diferenciales han sido denunciadas ya de revictimizar a las victimas de terrorismo de Estado, de confraternizar con los represores más allá del límite de lo institucional (llegando hasta a burlarse de las víctimas en los pasillos), son estos abogados elegidos personalmente por la Defensora General (sin concurso previo) y son premiados con cargos fijos (de defensores o en otras reparticiones) en los que ella misma recomienda su afecto. -Righi dicta resolución PGN 13/08 denunciando que las chicanas dilatorias son recurrentes, más que de las defensas privadas de los represores

Esta es la denuncia entró el lunes 27 de septiembre de 2010 al despacho del procurador general de la nación

Al Procurador General De la Nación Dr. Esteban Righi Su despacho:

Walter Osmar Maza, argentino, ex militante de la Tendencia Peronista en la década de 1970-1980, ex delegado sindical, detenido desaparecido en el año 1975, DNI 10.616.694, con domicilio en esquina de calles Sarmiento y Libertad de la ciudad de Pichanal, junto con Ricardo Roberto Braunstein, argentino, maestro normal nacional y activista e integrante de la Mesa Provincial de la Red en Defensa por los Derechos Humanos de la Provincia de Salta (ONG, reuniones semanales los martes 15 horas en el edificio de Rectorado de la UNSa, Alvarado 551), DNI N° 7.884.292, con domicilio en calle 20 de febrero 545 de la Ciudad de Pichanal, con el patrocinio letrado del Dr. Hernán Mascietti, abogado, inscrito en el f 37 t 109 de la CFASalta, asesor jurídico de la Red en defensa de los Derechos Humanos de la Provincia de Salta y Secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Regional Norte,

Se dirige a Vuestra Excelencia a fin de radicar una denuncia contra la Dra Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario publico agravado por discriminación y otros que evaluare el criterio de la Fiscalía de Estado de la Nación.

1) Denuncia.

Denuncio, según la autoridad de su organismo, de prevaricato, incumplimiento de sus funciones, agravados por discriminación y otros delitos que Ud. considere involucrados, a Stella Maris Martinez, Defensora General de la Nación y otros responsables que Ud. considere o resulten de la investigación, fundando mi denuncia en que me estoy arbitrariamente privado de mi derecho de defensa como denunciante de mi secuestro, detención y tortura en marzo de 1975 y otras oportunidades, ya que he pedido constituirme como querellante de esta causa de torturas, mientras que a los represores se les da trato preferencial, centralizado y distinguido.

2) Hechos.

Denuncia por delitos de lesa humanidad y presentación para la querella. A los trece días del mes de abril del presente año le expresé a la defensora Dra. María Dolores Pistone que había sido detenido y torturado en marzo de 1975 y en otras oportunidades del mismo año, siendo el lugar de detención clandestina el escuadrón 20 de la ciudad de Orán, hechos que se detallan en la causa 2060/2010 del Juzgado Federal de Orán, y que mi intención era asumir la calidad de querellante para ejercer mi derecho de defensa respecto de las pruebas, procedimientos y resoluciones de mi causa. Tal como me demostró, la Defensora de Orán envió la solicitud mía a la Defensora General de la Nación a mediados del mes de abril del 2010 y todavía no tiene respuesta. Petición en persona. Es así que viajé a Buenos Aires, con mucho sacrificio y ayuda de compañeros, a mediados del mes de junio del año 2010, estuve en el despacho de la Defensora General (atendido por la secretaria o asistente de la Defensora General), al no encontrarse la Defensora General ahí le deje los papeles de mi caso y el de Hernán Zurita (caso P 432/2005 del Juzgado Federal de Orán). Reúno todos los requisitos para iniciar la querella por medio de la Defensoría Federal, soy desocupado, vivo en una casa de madera precaria y quiero justicia. Noticia sobre la situación preferencial de represores. Estuve hablando con varias personas, en mi estadía en Buenos Aires y a la vuelta a Salta, relacionadas a la militancia de la Tendencia de mi época y militantes actuales de Derechos Humanos, entre los que se cuentan Dolores y Pablo de Abuelas de Plaza de Mayo y Ricardo Braunstein de la Tendencia y la Red por los Derechos Humanos de Salta, y también abogados de la Red por los Derechos Humanos de la Provincia de Salta, como el Dr. Hernán Mascietti, que es mi patrocinante en esta denuncia. Me expresaron que existen formas rápidas y preferenciales de defender a los represores, mientras que a mí se me hace esperar 5 meses mientras está corriendo la causa que inicié en el Juzgado Federal de Orán sin poder ejercer mi derecho de defensa.

Estas formas preferenciales y expeditas de defender a los REPRESORES son los defensores AD HOC elegidos y rentados por la Defensora General y las Unidades de letrados móviles. Documentación y resoluciones. Me entero de ello y me acercan documentación que comprueba la existencia de dichas Unidades de letrados móviles y sus antecedentes inmediatos que son los Defensores Ad Hoc elegidos y rentados por la Defensora General. Estas son las resoluciones 1855/07, 710/09 y 962/09. La resolución del 2007 (Nº 1855) establece la obligación de información, de cada uno de los defensores federales, a la Defensoría General sobre todas las defensas de represores. La resolución 710, ya del año 2009, crea las unidades de letrados móviles 1, 2 y 3; es de señalar que hasta ello, según el párrafo considerando cuarto, se utilizaron los defensores Ad Hoc elegidos y rentados por al Defensoría General. Y la resolución 962 del año 2009 establece que se de información a diversas defensorías cuando exista incompatibilidades por parte de la defensoría federal para defender a los represores y asesinos del proceso y de la triple A. Todas estas resoluciones están acompañadas por MODELOS de defensa para represores, elaborados por la Defensora General, que acompaño a la denuncia. Estos modelos son inauditos en la Defensoría General de la Nación en toda su historia, acompañados por las denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos de Rosario y Corrientes. Defensor público rentado, no concursado, de represores en Orán. Con desagrado me entero que ya en Orán existe un defensor Ad Hoc nombrado y rentado por la Defensora para tomar la defensa de los represores. Justamente, recuerdo que mi patrocinante, al actuar en una causa como defensor ad hoc (no rentado) del General Ríos Ereñú, tuvo que renunciar a causa de su pertenencia a la Red por los Derechos Humanos de Salta, luego de informar esa situación. La Defensora Federal de Orán, también ha asumido causas de derechos humanos indígenas y es maestranda de Derechos Humanos en la Universidad de Salta. A pesar de haber otros defensores y del juramento de la defensora federal de Orán, se nombró al Dr. Gabriel Lanaro Ojeda para la defensa de represores en Orán. Quiero aclarar que ha sido un trabajo inmenso por parte de la Red por los Derechos Humanos de Salta y de la agrupación Memoria Verdad y Justicia, juntar a los familiares y víctimas del terrorismo de Estado, conseguir que se presenten, den su testimonio, en dinero, tiempo, fotocopias, llamadas telefónicas, etc. sin que NADIE pague por ello.

Por esta razón me indigno, más allá de sentirme profundamente discriminado, que se actúe con tanta celeridad y preferencia a los distinguidos REPRESORES y TERRORISTAS DE ESTADO. Me gustaría saber si más arriba de la defensoría están enterados de este aparato defensor de represores, personas en las que confiamos que impartirían justicia, pero me parece que excede a mi denuncia.

También sospecho que los PREPRESORES, al hacer lo que hicieron, rotando con sus torturas y muertes por toda la Nación para que otros en oficinas de Buenos Aires puedan desvalijar el país, confiaron que LA DEFENSORÍA pondría sus mejores hombres y mujeres a defenderlos, en un trato preferencial y distinguido de LA DEFENSORIA FEDERAL, a costa de no tener que sacar de sus bolsillos el dinero para pagar una honrosa defensa. Estos defensores Ad Hoc elegidos y rentados por la Defensora General, tienen un estipendio de más de veinte mil pesos por mes, más viáticos aéreos todas las semanas (cuatro pasajes por fin de semana) para regresar a su casa a Buenos Aires, desarraigo y gastos, pagadero de mis magros impuestos. Pero para mí, no gastan un centavo siendo víctima de delitos de lesa humanidad, estoy indignado. Este señor Defensor Ad Hoc elegido y rentado por la Defensora General, ha sido nombrado el día seis de julio de 2010, y menos de un mes antes no tenía la categoría suficiente para lograr el cargo rentado, lo que demuestra la falta de idoneidad, además de lo denunciado. Perjuicio irreparable.

Es así que me veo totalmente perjudicado en mi derecho de defensa respecto al juicio iniciado por denuncia por mí, pero sin poder ejercer mi derecho de defensa. Particularmente, por la inactividad, y segregación hacia las víctimas de los delitos de lesa humanidad, me veo afectado de no poder ofrecer más pruebas de testigos de mi secuestro, detención y tortura, de no poder ofrecer pruebas de informe, asimismo de no controlar las pruebas o resoluciones que pueden hasta incluso hacer cosa juzgada respecto del proceso iniciado por mi denuncia. Este es el daño que me hace la inactividad de la denunciada Stella Maris Martínez de no considerar la petición, con su silencio total, de poder constituirme en querellante particular sobre la causa. Retardo Injustificado, prevaricato y otros. Este delito cuanto menos es el de retardo injustificado de los oficios de su cargo (art. 249 CP), debiendo investigarse también sobre la ejecución de nombramientos sin condiciones (art. 253) respecto del defensor de represores señalados y de la creación de las defensorías letradas móviles, las que están en un total desacuerdo con las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia (exposición de motivos: “contribuir de forma importante las desigualdades sociales”), especialmente a mi persona como víctima (regla 10) indigente (regla 15) del terrorismo de estado, como obligación de la defensoría (regla 24 b). El delito señalado, el de retardo injustificado en los oficios de su cargo, lo denuncio con el agravamiento de discriminación, ya que se le ha dado trato especial, diferencial y privilegiado a otros que resultan ser los victimarios de los delitos que yo sufrí y he denunciado.

Viendo en la realidad social, las víctimas del terrorismo de Estado en argentina antes de 1983, y mi persona es una de esos ejemplos, han quedado en la miseria mientras que los victimarios, quienes tienen estabilidad de sus funciones públicas en las fuerzas de seguridad o jubilación por haber cometido desmanes, son además beneficiados con el trato prerefencial de la Defensora General (al dar las resoluciones reseñadas y los estipendios a los defensores especiales). Las desigualdades son inconmensurables, andamos mendigando trabajo, reparación (histórica y social) y justicia, además de buscar trabajo, trabajar en changas, con todas las lesiones permanentes y progresivas que ha dejado la tortura, las lesiones psicológicas, las lesiones de la edad, sin obra social y sin la mayoría de aportes por haber estado escondido por mucho tiempo, esto no se ha tenido en cuenta. Pero la discriminación, en comparación concreta de mi caso, junto a las resoluciones y la designación del defensor Ad Hoc, es inaudita, discriminatoria, injuriante y también sumamente sospechosa. Intereses institucionales. Es dable advertir a su excelencia, lo que en definitiva se ha puesto en pugna en los presentes actuados, son derechos de innegable raigambre constitucional como ser, el derecho de defensa en juicio (art. 18 Constitución Nacional), el derecho a un debido proceso (inciso 22 Art. 75 Constitución Nacional) que involucre un trato igualitario a los ciudadanos (art. 16 e incisos 22 y 23 del art. 75 Constitución Nacional) y el derecho al acceso a la justicia (inciso 22 art. 75 Constitución Nacional), intereses que expresamente protege vuestro organismo. Fin de la comisión del delito. El mismo hecho que no haya podido ingresar al expediente como parte para impulsar la acción procesal penal en contra de mis torturadores, ya constituye un daño, un resultado cierto que está consumado, un perjuicio hacia la participación en el juicio, por más derechos de víctima a compulsar el expediente que tenga, no lo es en la forma calificada que se realiza al ser querellante con asistencia técnica. Me siento perjudicado, a su vez, por el trato preferencial a los denunciados por represión tortura y secuestro político, toda vez que la Defensoría General, sin motivos ciertos o aparentes, beneficia a una de las partes, que no prueba tampoco ser la más débil, sino que probadamente la más débil es la parte victima del terrorismo de Estado, que nos ha dejado empobrecidos, enfermos psíquica y físicamente, por muchos años (de teoría de los dos demonios) estigmatizados, otras veces con otra identidad. Particularmente, en el año 1975 realicé un depósito de dinero importante, el que nunca me fue devuelto y que constaba de medio millón de pesos que eran mis ahorros de trabajo, indemnización por despido, nunca hasta el día de hoy, pude retirar ese dinero del Banco Nación. Esto último para figurar cómo hemos sido aniquilados de una forma o de otra, mientras los represores, que hoy

3) Prueba -

Solicito se requieran al Sr. Juez Federal de Orán, fotocopias de las actuaciones, procesos y denuncias por delitos de lesa humanidad. - Solicito se requieran a la Defensora General, copias autenticadas de las resoluciones 1855/07, 710/09 y 962/09 de la Defensoría General de la Nación. También copias de la resolución y legajo del Dr. Gabriel Lanaro Ojeda. También copias de la resolución y legajo de los abogados que forman parte de las Unidad de Letrados Móviles 1, 2 y 3, para la investigación del delito de favorecimiento personal o abuso de autoridad. - Presento documentación en 41 fojas. - Solicito se notifique a la APDH de Rosario, a la agrupación de Derechos Humanos Memoria Verdad y Justicia de Orán, por su interés en la presente denuncia. Saludo Atentamente

Marcha 24 de marzo 2011 - Palabras de homenaje a Adriana

2011-04-20T20:41:00.000+02:00

Con Impunidad y Represión, No Hay Derechos Humanos (parte II)

2011-04-15T21:58:00.001+02:00

Con Impunidad y Represión, No Hay Derechos Humanos (parte I)

2011-04-15T21:56:00.001+02:00

A 4 años del asesinato de Carlos Fuentealba

2011-04-04T14:11:00.001+02:00

Hoy, lunes 4 de abril, se cumplen cuatro años de la represión que cobró la vida del docente neuquino Carlos Fuentealba. Diversas actividades para recordarlo y exigir justicia se llevarán a cabo. En Neuquén se realizará una movilización convocada por Co.Ca.Pre. y Sandra Rodriguez a las 17 horas. En tanto en Buenos Aires a las 7.30 se realizará una conferencia de prensa en AGD-UBA (Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo T. de Alvear y Uriburu, Segundo Piso) y a las 18 se hará un acto frente a la Casa de Neuquén, ubicada en Maipú al 200.

Convocatoria en Neuquén

Tod@s al Monumento: la Justicia que no es Completa no es Justicia

El día de hoy se cumplen cuatro años de la represión que cobró la vida del docente neuquino Carlos Fuentealba. La movilización central convocada por Co.Ca.Pre. y Sandra Rodriguez es para las 17 horas, y sostienen que la causa Fuentealba II está en un momento definitorio, decisivo, pues podría ser la última instancia judicial en la provincia.
Desde todas las organizaciones convocantes (también en horas de la mañana los sindicatos movilizaran con paro), la importancia de la presencia en las calles permitirá “convencer” al Tribunal Superior de Justicia neuquino la necesidad de fijar una fecha para la audiencia pública que permita investigar a la querella, a la familia de Carlos Fuentealba y a los amigos de la Justicia (amicus curae) ya que la fiscalía no lo ha hecho.

Esta audiencia pública (pedida en el marco de un “recurso de casación” en donde se “amplian fundamentos”) será la última instancia en la que se podrá exigir justicia completa por la muerte de Carlos Fuentealba y la represión de Arroyito en abril de 2007, y una vez agotada esta instancia, la causa solo podrá recurrir a la Corte Suprema de la Nación.

El cura Alberto Zanchetta, capellán de la ESMA y amigo de Videla

2011-03-29T00:40:00.000+02:00

“La misa del asesino”

LO INTERPELARON EN EL ALTAR

Por Laura Vales

“Alerta vecino” decían los volantes que, el domingo pasado, militantes de la JP Evita repartieron en la iglesia María Inmaculada de la diócesis de San Martín cuando el cura Alberto Angel Zanchetta, desde el altar, se disponía a terminar la misa dando su bendición a los presentes. No pudo hacerlo. Ante el escrache de los chicos, aguantó lo que pudo y finalmente hizo mutis por el foro. Ex capitán de fragata, Zanchetta fue durante la dictadura uno de los capellanes de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde se ocupaba de contener espiritualmente a los marinos que volvían de tirar secuestrados al mar.

Zanchetta había desembarcado a principios de marzo en esa parroquia del conurbano, donde lo mandaron con bajo perfil, para ocuparse sólo de hacer tareas administrativas. Cobijado por el obispo de San Martín y Tres de Febrero, Guillermo Rodríguez-Melgarejo, el cura sin embargo pronto se dio el gusto de subir al púlpito. Dio una primera misa el domingo 6 y a la semana siguiente comenzó a querer dar órdenes a la gente que participa en el trabajo social de esa parroquia.

“Se daba ínfulas. Empezó a preguntar quién se ocupaba a de esto y de lo otro, pero no con la actitud de un cura que viene a hablar tranquilamente con la gente. Se le notaban las insignias arriba del hombro”, definió a Página/12 una de las laicas del lugar. Así llamó la atención, googlearon su nombre y encontraron los antecedentes. La noticia corrió rápido.

Según varios testimonios, Zanchetta repitió ante la gente de la parroquia en una reunión de la Pastoral (cuando se reúnen los integrantes de Caritas y otras ramas del trabajo laico con el cura párroco) los dos argumentos que sostiene cada vez que es cuestionado. El primero es que “todo lo que se dice” sobre él “es mentira”. El segundo, que le “faltan pocos años” para jubilarse; “hasta entonces tengo que tener una actividad”.
El escrache

Los de JP Evita imprimieron volantes con la historia de Zanchetta y el domingo fueron a la misa de 11. Tal como lo esperaban, el cura estaba otra vez encargado de realizar el oficio. Los chicos se distribuyeron en la nave y escucharon buena parte del oficio antes de escracharlo. “En el sermón, dijo que Dios era como una empresa”, contó Carolina Bordón, que aun conociendo los antecedentes del personaje quedó impactada por lo burdo del estilo. “Además, como parte de la homilía preguntó a los que estábamos escuchando si creíamos que las elecciones en Chubut o el Ministerio de Economía nos iban a cambiar la vida, como para marcar que hay que prestar atención a la fe y no a la política.”

Cuando el cura terminó de dar de comulgar, largaron el escrache. Uno de los chicos se paró: “Vecinos, queremos contarles que esta persona que está dando la misa estuvo en la ESMA durante la dictadura”, dijo, mientras los compañeros repartían los volantes en los que se advertía que “en la iglesia de su barrio da misa un asesino”.

La denuncia ayudó a que la novedad circulara. En la comunidad ya había habido movimientos internos. La parroquia tiene una escuela primaria y el día anterior las madres de los chicos que van a catequesis los retiraron de la misa del sábado y anticiparon que no los harían tomar la primera comunión si era Zanchetta el encargado de realizar el oficio religioso. Y el domingo a la tarde, después del escrache, un grupo de la pastoral social fue a hablar con el obispo y le exigió que sacara a Zanchetta de la parroquia. Se fueron de la reunión con ese compromiso de parte de Rodríguez-Melgarejo y desde entonces Zanchetta dejó de ser visto en el lugar. Sin embargo, todo indica que sigue cumpliendo funciones en la parroquia de Caseros, para la escuela Nuestra Señora de las Mercedes.

A 35 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

2011-03-24T00:17:00.001+01:00

NUESTRA CITA CON LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Cada 24 de marzo, nuestra cita es con la memoria, con la verdad, con la justicia; nuestra cita es con la lucha. Es una cita que se renueva como compromiso, mirando el pasado desde los ojos de nuestros compañeros y compañeras sembrados en la historia, y mirando el presente con la misma crítica rebeldía que ellos y ellas enarbolaron como bandera.

El 24 de marzo es una jornada de lucha. No es un feriado. La cita es por la batalla contra la impunidad y por la conquista de todos los derechos de nuestro pueblo.

Cada 24 de marzo, nos conmueven los viejos y nuevos dolores. Salimos a las calles y a las plazas con nuestros 30.000 compañeros y compañeras presentes en la piel, en la sangre, en los pañuelos, en las banderas, en los corazones.

Salimos construyendo la memoria histórica en el repudio a la dictadura genocida, al golpe proimperialista que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso ferozmente el endeudamiento y la entrega, la explotación y el hambre.

Salimos para repudiar el exterminio de decenas de miles de compañeros, dirigentes y militantes obreros y populares. Repudiamos los campos de concentración, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato, crímenes que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia en Tucumán y con el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país

Salimos denunciando una vez más al poder económico, a los banqueros, las empresas y la oligarquía terrateniente que planificaron el golpe; a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados; a la mayoría de la cúpula de la Iglesia que los bendijo; al poder judicial que los amparó; a los políticos que los avalaron; y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos

Salimos repudiando a la dictadura que intentó destruir las formas de organización de los trabajadores y el pueblo: cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales. Salimos a denunciar que la brutal represión que implementó, perfectamente planificada, racional y discriminada, tiene un nombre preciso: genocidio.

Salimos exigiendo castigo a los genocidas, con la bandera de quienes dieron su testimonio y fueron una vez más desaparecidos o asesinados: con Julio López, con Silvia Suppo. Estos dos nombres son símbolo que grita la impunidad de ayer y de hoy.

El gobierno de los Kirchner quitó a Julio de su agenda porque nunca quiso investigar a fondo ni desmantelar a la bonaerense, heredera de los Camps y los Etchecolatz. La reciente pantomima de rastrillaje fue una pantalla más para ocultar la inacción y el encubrimiento de una causa en la que –a 4 años y medio- no hay un solo imputado.

Salimos solidarios con la lucha de los trabajadores y trabajadoras tercerizados, y con Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria. Y aún con el dolor de esta pérdida, celebramos que la ola de indignación popular, que se expresó en masivas manifestaciones en todo el país, logró que el jefe político de la patota, José Pedraza y su segundo, el gallego Fernández hoy estén presos. La detención de Pedraza, es un triunfo de la lucha contra la impunidad.

Denunciamos que los hombres de Pedraza y Maturano siguen siendo funcionarios de la Secretaría de Transporte e integrando la gestión del ferrocarril. Seguimos luchando por el castigo a los funcionarios, empresarios y policías cómplices de la patota.

Salimos haciendo nuestra la demanda de los pueblos originarios por la recuperación de sus tierras ancestrales, y con los hermanos Qom fusilados por la patota terrateniente y por la represión del gobernador K Insfrán en Formosa, respaldados por el gobierno nacional. Al día siguiente de los asesinatos hizo una teleconferencia con él inaugurando obras públicas como si nada hubiera ocurrido.

Salimos con Roberto López de la Corriente Clasista y Combativa y con Mario López del Mocafor.

Salimos defendiendo el derecho a tierra y vivienda y contra la xenofobia, con quienes dejaron el cuerpo, baleados por la policía federal y la Metropolitana, en el parque que lleva curiosamente el nombre de indoamericano: con Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez.

Mientras no hay ningún imputado por los crímenes del indoamericano y la brutal represión, son perseguidos, entre otros, dirigentes de esos barrios, como Diosnel Pérez Ojeda y Luciano Nardulli.

Salimos combatiendo la criminalización de la pobreza, y apoyando a la pueblada de Bariloche contra el gatillo fácil de otro gobernador aliado del gobierno nacional, con los pibes asesinados: con Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas.

Salimos honrando la memoria de los piqueteros Cristian Ibáñez y Marcelo Cuellar en Jujuy; con Carlos Fuentealba, el maestro fusilado por enseñar a luchar, con Lázaro Duarte, del MST, asesinado por militante político, todos ellos caídos durante el gobierno de los Kirchner. Los responsables políticos de estos crímenes siguen impunes.

Y salimos reivindicando las luchas de nuestro pueblo que recorrieron y recorren la Argentina. salimos con Darío Santillán y Maximiliano Kosteki asesinados en el Puente Pueyrredón; con los piqueteros asesinados en General Mosconi: Orlando Justiniano, Alejandro Matías Gómez, Aníbal Verón, Carlos Santillán y Oscar Barrios; con Teresa Rodríguez de Neuquén, con Víctor Choque de Ushuaia, con Mauro Ojeda y Francisco Escobar del puente Chaco-Corrientes. Salimos con Petete Almirón y todos los compañeros y compañeras caídas el 19 y 20 de diciembre del 2001 en todo el país. Salimos con Carlos Fuentealba, el maestro fusilado por enseñar a luchar.

Por todos, por todas, decimos:

Juicio y castigo a todos los responsables político y materiales de los crímenes contra el pueblo!

CON IMPUNIDAD Y REPRESIÓN NO HAY DERECHOS HUMANOS!

Cada asesinado, cada asesinada, todos se vuelven raíz en la tierra, y se envuelven en la memoria de resistencia de nuestros pueblos a los genocidas desde los tiempos de la Conquista.

La lucha contra la impunidad recupera nuestra historia, es un hecho de estricta justicia, pero también y sobre todo es parte de la construcción de un camino que termine con la opresión y la explotación.

Después de 15 años de lucha contra las leyes de obediencia debida y punto final, logramos que se reabrieran las causas penales contra los genocidas y abrimos un camino inédito en la historia, un extraordinario triunfo popular.

A los ex detenidos-desaparecidos, los familiares, las organizaciones de derechos humanos, que durante años habían llevado adelante las investigaciones sobre lo ocurrido en los campos de concentración de la dictadura, se sumaron en todo el país decenas de organizaciones populares, estudiantiles, gremiales, políticas, que en forma colectiva hemos llevado adelante el juicio y castigo a todos los genocidas. Desde las acciones jurídicas, hasta las movilizaciones de apoyo a los juicios orales, desde el reclamo por la publicidad de las audiencias, hasta las denuncias contra el poder judicial y el poder político.

En estos casi 8 años de lucha conseguimos que 196 represores en todo el país hayan sido condenados y que 820 se encuentren procesados.

Estos juicios son nuestros logros históricos pero no son el fin de la impunidad de la dictadura

Porque hay 450 genocidas fallecidos, absueltos, incapaces, prófugos y dejados fuera de las causas por falta de mérito
Porque 16 genocidas fueron absueltos de los aberrantes crímenes que cometieron

Porque más del 90 % de los genocidas no han sido aún ni rozados por la justicia.

Porque no hay ni un represor condenado por cada uno de los 500 campos de concentración que existieron Argentina.

Porque existen miles de represores en todo el país que siguen estando en actividad en las estructuras de las fuerzas de seguridad.

Porque sólo son juzgados los represores emblemáticos o aquellos que fueron reconocidos e identificados por los ex detenidos-desaparecidos cuando estaban encapuchados y tabicados en los centros clandestinos de detención

Porque genocidas no son sólo los integrantes de las fuerzas represivas que manejaban los falcon y secuestraban picana en mano, sino también los funcionarios nacionales de la dictadura, los obispos y capellanes que colaboraron con el plan de exterminio, directivos de empresas que entregaron a los trabajadores y sus cuerpos de delegados.
Porque los jueces no permiten la televisación de las audiencias, para evitar que se escuchen los testimonios, y para impedir que los represores puedan ser claramente identificados por nuestro pueblo.

Porque las causas siguen siendo fragmentadas, parcializadas, y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio, y a este ritmo va a llevar al menos 2 generaciones terminar de juzgar a los que están procesados

Porque el Poder Ejecutivo tuvo y tiene la posibilidad de impulsar el cambio de jueces cómplices/socios/familiares/amigos de los genocidas y no lo hizo.

Porque el Procurador General de la Nación, nombrado a propuesta de la Presidencia de la Nación, jefe máximo de los fiscales, no apartó a los fiscales cómplices, ni dio instrucciones precisas para que no se

Porque la Secretaría de DDHH, a pesar de ser querellante, no ha impulsado la unificación de las causas.

Porque la mentira perversa en la que aún viven más de 400 jóvenes que no conocen su verdadera identidad, esa identidad que parieron nuestras compañeras atendidas por médicos militares en los campos de concentración y que les fue arrebatada por los apropiadores y sus cómplices, sigue vigente.

Porque el gobierno se niega a abrir todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de los genocidas que manejaron los 500 campos de concentración. Esos archivos que contienen la información sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados

Porque nuestro compañero Julio López sigue desaparecido y porque el crimen contra la compañera Silvia Suppo sigue sin esclarecer.

Porque siguen sin anularse en el Congreso los infames indultos del menemismo.

A casi 8 años de la nulidad de las leyes de impunidad, detrás de discursos llenos de palabras que suenan a justicia, el gobierno que se presenta como líder de la lucha contra la impunidad, no ha tomado las medidas políticas necesarias para garantizar el castigo a todos los culpables, y lejos de eso, pretende limpiar la imagen de las fuerzas represivas que siguen teniendo en sus filas a los genocidas de ayer y a sus discípulos de hoy.

Por eso, este 24 de marzo, seguimos exigiendo que se unifiquen las causas, que los juicios sean por campo de concentración, que se juzgue a todos los genocidas por los delitos cometidos contra todos los compañeros, y por lo que son: genocidas.

Por todo eso decimos:

Cárcel ya a todos los genocidas!
Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados!

Apertura de todos los archivos de la dictadura!

Aparición con vida ya de Julio López

Nulidad de los indultos

Como cada 24 de marzo nuestra cita es con la verdad, denunciamos al gobierno nacional, porque utiliza la bandera de los ddhh, honrada con tantos años de lucha de nuestro pueblo, para eludir su responsabilidad en la persistencia de la impunidad.

Denunciamos al gobierno nacional porque reprime, organiza patotas paraestatales o es cómplice de las patotas de la burocracia sindical, promueve la criminalización de la protesta persiguiendo judicialmente, con el código penal en la mano como dijo Aníbal Fernández, a todos los que luchan.

El 2010 estuvo poblado de manifestaciones, cortes de calles y de ruta, movilizaciones, huelgas, ocupaciones de fábricas, de tierra y de edificios públicos, acampes, piquetes, las más diversas formas de pronunciamiento en defensa de los derechos obreros y populares. Pero también, en el 2010, Mariano Ferreyra, Los Qom, el Indoamericano, Bariloche, son una prueba de la responsabilidad del gobierno nacional en los hechos represivos y ponen al descubierto su doble discurso.

Este gobierno mantiene las reformas antiobreras del menemismo, privilegia el pago de la deuda externa, las multimillonarias ganancias de su propio grupo económico, el compromiso con las empresas imperialistas de la minería contaminante, de la soja, del petróleo, de las grandes represas, la extranjerización de la tierra. Esta política es la verdadera contracara del discurso con el que se autodenomina progresista y defensor de los derechos humanos, nacional y popular.

En esta cita que nos reúne cada 24 de marzo, comprometidos con la historia, con el presente y con el futuro, celebramos el crecimiento de la lucha y de las nuevas formas de organización de los trabajadores ocupados y desocupados, de los jubilados, de los estudiantes, de los ambientalistas, de los campesinos, de los pueblos originarios, que pelean por la defensa de sus derechos, que son nuestros derechos.

Y denunciamos que para frenar este proceso, el gobierno utiliza distintas formas de represión: las fuerzas de seguridad como en los casos de Kraft, de los vendedores ambulantes del Ferrocarril Roca, los vecinos de Vicente López, SITRAIC de Lomas de Zamora; las patotas paraestatales, como en el caso del INDEC, el Hospital Francés, el Casino de Buenos Aires y los choferes de la UCRA.

También utiliza algunas hinchadas de fútbol subcontratadas con los mismos fines, y es cómplice directo de las patotas de la burocracia sindical aliada, como en el caso de subterráneos y de los trabajadores tercerizados.

Valga la paradoja: el gobierno terceriza la represión.

La criminalización de la protesta se ha profundizado. Hay presos políticos, y de cada conflicto surgen nuevos procesados. Miles de causas penales están abiertas en todo el país contra nuestros compañeros.

Y no sólo cada día se suman nuevas causas sino que las imputaciones pasan de contravenciones a causas penales.

El gobierno promueve esta persecución contra los trabajadores como Néstor Segovia de Subterráneos, Ramón Bogado y Javier Hermosilla de Kraft, Jorge Hospital y Omar Merino de Ferroviarios, Alejandro López y Raúl Godoy de Zanón, Néstor Castelli y Víctor Ottoboni de FATE.

Contra dirigentes ambientalistas como Paola Robles de Gualeguaychú; contra dirigentes de organizaciones de desocupados como Oscar Kuperman y Juan Carlos Alderete; y contra los militantes políticos como Fernando Esteche, Raúl Lezcano, Alcides Christiansen.

Todos ellos son sólo algunos de los nombres de los más de 4000 luchadores populares que hoy son perseguidos penalmente.

Salimos hoy también a denunciar que en el momento culmine de la represión del indoamericano, cuando estallaba en el país la demanda de tierra y vivienda, el gobierno nacional respondió con la creación del ministerio de seguridad. Al contrario del discurso oficial, la creación de este ministerio significa el reforzamiento del aparato represivo, como lo demuestra las primeras medidas que tomó: comandar la represión y las tareas de inteligencia en el Roca y el envío de 6 mil gendarmes a la provincia de Buenos Aires. A la policía federal ni la toca. Macri, por su parte, sólo se interesa en tener su propio aparato represivo. Mientras tanto ni el gobierno nacional ni el de la ciudad responden a las demandas populares.

Por todo esto decimos

¡Basta de represión estatal, para estatal y patotas de la burocracia sindical!

No a la criminalización de la protesta social.

Libertad a Roberto Martino, Karina Germano, Carlos Olivera, y demás presos políticos.

CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS a los trabajadores, movimientos de desocupados y territoriales, ambientalistas, estudiantes, campesinos, originarios, militantes políticos y a todos los procesados por luchar.

Hoy salimos por los pibes y pibas asesinados, desaparecidos una vez más: Luciano Arruga, Rubén Carballo, Giuliana Jiménez, Miguel Portugal, Lucas Botella, Franco Almirón, Mauricio Ramos.

El gatillo fácil, los asesinatos de jóvenes en las barriadas populares, son moneda cotidiana.

Las cárceles, los institutos de menores y las comisarías son espacios de exclusión y olvido, donde la impunidad, la tortura y la humillación se enseñorean.

Como siempre, la respuesta represiva se esgrime como solución. Este año se tratará en el Congreso el proyecto de baja de la edad de imputabilidad y la presidenta ha anunciado su apoyo a la iniciativa.

Hoy, 24 de marzo, estamos también en la denuncia de la desaparición de mujeres y niñas en manos de las redes de la prostitución y de la trata, organizaciones que no podrían funcionar si no contaran con la complicidad directa de la policía.

Y también salimos por justicia por los pibes de Cromañón.

Por todo esto decimos

Basta de Gatillo Fácil y del asesinato a jóvenes en las barriadas populares. Juicio y castigo a todos los responsables.

No a la baja de la edad de imputabilidad

El gobierno también impuso una reforma electoral que afecta los derechos políticos de nuestro pueblo a un nivel que no reconoce antecedentes desde el comienzo del período constitucional posterior a la dictadura.

Por eso decimos:

Rechazamos la reforma electoral proscriptiva del gobierno K.

Este año, sigue aumentando la inflación y las penurias de nuestro pueblo: salarios depreciados y tarifazos, desocupación y miseria crecen violentamente.

El precio de la canasta familiar se aleja cada vez más de las posibilidades de la mayoría de los trabajadores.

La deuda externa se sigue pagando, una deuda ilegítima que no fue contraída por el pueblo argentino, fraudulenta y producto de estafas. Deuda que se paga con el hambre de nuestros pibes, mientras los bolsillos de los poderosos se siguen llenando.

Las penas siguen siendo nuestras, y las tierras, el ferrocarril, el petróleo, el gas, la minería, y demás recursos naturales siguen siendo ajenos.

Basta de bajos salarios, hambre y entrega.

No al pago de la deuda externa.

Salimos contra la intervención de la coalición imperialista encabezada por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña en Libia. Ningún misil de la OTAN traerá las libertades democráticas y las reivindicaciones sociales por las que lucha el pueblo libio, ya que el fundamental objetivo imperialista es el control del petróleo y la región. Repudiamos el ataque imperialista y nos solidarizamos con las movilizaciones del pueblo Libio contra la dictadura de Khadafi y con todas las rebeliones de los pueblos árabes. Denunciamos a su vez la brutal represión de Khadafi contra su pueblo.

No a la intervención imperialista. Solidaridad con la rebelión del pueblo libio.

Compañeros y compañeras:

Nuestro pueblo sigue luchando en defensa de sus derechos. Cada día son más los que se movilizan y cada conquista estimula nuevos reclamos. Cada injusticia, cada derecho violado genera una respuesta popular.

Ante nuestros 30.000 detenidos-desaparecidos nos comprometemos a seguir dando nuestro Presente en la lucha hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad, una Argentina liberada de la opresión imperialista y de la explotación.

En ese camino, sorteando todos los embates, estuvimos, estamos y estaremos cada 24 de marzo en esta Plaza.

Por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

30000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos… Presentes!
Ahora y Siempre

ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Informe reunión EMVyJ miércoles 16 de marzo de 2011

2011-03-17T22:07:00.001+01:00

Aclaración: Cambió la dirección de la página del Encuentro, la de este año es www.encuentromvyj.wordpress.com . Desde esta página pueden bajar el afiche de este año convocando a la marcha del 24 de marzo, además están publicadas algunas de las actividades programadas para la semana próxima.

Actividades: El martes 22 de marzo, en homenaje a nuestra compañera Adriana Calvo, se pondrá su nombre a una de las aulas de la Facultad de Ingeniería. A las 18 hs se realizará una breve charla con compañeros de su militancia gremial tanto en la Universidad de La Plata como en la Universidad de Buenos Aires y luego se descubrirá una placa con su nombre en el aula 403.

Comisión de Organización: Se reúne hoy jueves a las 19 hs en las oficinas de la AEDD (Carlos Calvo 1780-Timbre 26-1er. Piso Depto 10). En esta reunión se sorteará el orden de los partidos políticos y se discutirán los temas de organización y seguridad de la marcha.

Comisión de finanzas: Pedimos a aquellas organizaciones que todavía no hayan completado su aporte lo acerquen o bien a la reunión de organización o a la reunión plenaria del día lunes. Si bien con lo recaudado se pudo afrontar el gasto de impresión de los afiches convocando a la marcha y la contratación del sonido, todavía no llegamos a cubrir todos los gastos.

Resoluciones de la reunión plenaria del Encuentro

Teniendo en cuenta la proximidad de la realización del acto se decidió pedir por este medio a todas las organizaciones que empezaran a envíar su decisión de convocar al acto o de adherir envíando un mail a encuentromvj@gmail.com . Se adjuntan con este mail un documento con las consignas principales y otro que contiene todas las consignas .

Se acordó que en la marcha, posterior a la bandera de la cabecera se desplegarían tres carteles altos en los que figurarían el resto de las consignas principales de este año.

Se discutió y aprobó el pliego de consignas que serán leídas desde el escenario de nuestro acto (van en adjunto).

PRÓXIMA REUNIÓN DEL ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

LUNES 21 DE MARZO 18:30 HS

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GALLEGAS,

CHACABUCO 955 CABA

A 35 AÑOS DEL GOLPE

2011-03-05T13:45:00.000+01:00

A 35 AÑOS DEL GOLPE : 30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡PRESENTE!

Julio López, Silvia Suppo, Diego Bonefoi-Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (Bariloche), Mariano Ferreyra, Roberto lópez y Mario López (Formosa), Bernardo Salgueiro-Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (Indoamericano).

CON IMPUNIDAD Y REPRESIÓN NO HAY DERECHOS HUMANOS

24 DE MARZO 14:30 HS - MARCHA DE CONGRESO A PLAZA DE MAYO

CONVOCA ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

Represión en Villa Constitución : Prueba piloto de la dictadura

2011-01-17T08:03:00.000+01:00

Por Adriana Meyer

En marzo de 1975 se produjo la represión militar y policial de Villa Constitución para cortar el proceso combativo que se había producido en la localidad alrededor de los trabajadores de la planta siderúrgica de la empresa Acindar. El futuro ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz era presidente del directorio de la acerera. En la represión a los obreros se aplicó la ley antisubversiva, equiparando a los gremios combativos con las organizaciones guerrilleras.

Villa Constitución era un polo industrial nuevo y en 1974, la importante regional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) había sido ganada por una lista que encabezaba Raúl Piccinini y en la que participaban otras fuerzas de izquierda. Otros sindicatos de la zona habían sido también ganados por sectores combativos.

La inquietud entre las cúpulas empresarias por el surgimiento de este proceso produjo presiones sobre los sectores políticos, al punto que el principal dirigente de la oposición, Ricardo Balbín, denunció a los gremialistas como “la guerrilla fabril”. El mismo Martínez de Hoz se reunió en 1975 con el general Jorge Rafael Videla como parte del camino que llevaría pocos meses después al golpe con Videla en el poder político y Martínez de Hoz como su ministro de Economía.

La represión tenía que servir para poner límite a ese fenómeno de desarrollo de las fuerzas combativas en el seno del movimiento gremial. Con el tiempo, también pudo advertirse que había funcionado como prueba piloto para la represión que cayó después de manera extendida, durante la dictadura, sobre todo el movimiento obrero. También fue similar la represión a la que se desencadenó en Jujuy, en la localidad general San Martin, en La Noche de los Apagones, contra los trabajadores del ingenio Ledesma.

Más de cien Ford Falcon, de los usados por la Triple A, coparon la ciudad, mientras iban a buscar los dirigentes obreros, algunos delegados gremiales de base y otros del gremio como Piccinini y Victorio Paulón. Según declaraciones de testigos, la empresa Acindar en la Villa habría sido uno de los primeros centros clandestinos de detención. Centenares de obreros perdieron sus trabajos, otros fueron detenidos, y decenas continúan desaparecidos. Varios de los principales dirigentes debieron sufrir años de cárcel.CARLOS SOSA, EX DIRIGENTE GREMIAL QUE DENUNCIO A ISABEL Y MARTINEZ DE HOZ POR LA REPRESION DE 1975 EN VILLA CONSTITUCION
“Villa salió a la calle, pero no hubo una vanguardia que condujera a los obreros”

La represión en Villa Constitución, poco antes del golpe del ’76, dejó un saldo de miles de despedidos, decenas de desaparecidos y numerosos presos. Sosa era dirigente ferroviario y acompañaba el proceso combativo que se había producido en esa localidad.

Por Adriana Meyer

Esa luz que demora el atardecer de verano se mezcla con el alumbrado y las marquesinas recién encendidas en Villa Constitución. Carlos Sosa abre la puerta del Centro de Jubilados que armó en un local arrebatado al dirigente ferroviario José Pedraza. “Lo de ahora no es nuevo, el drama nuestro es que vuelve a reciclarse la historia”, afirma el histórico dirigente sindical, y el concepto volverá una y otra vez en los relatos de sus vivencias y en el análisis de la actualidad que compartió en diálogo con Página/12. Protagonista del “Villazo” y sobreviviente del denominado Operativo Serpiente Roja del Paraná –en 1975, cuando trabajadores sindicalizados de Acindar fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos–, Sosa acaba de presentar una denuncia penal contra los represores que lo ejecutaron material e ideológicamente: el ex ministro de Economía y ex miembro del directorio de esa empresa, José Alfredo Martínez de Hoz, la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y las autoridades del Consejo Empresario Argentino (CEA). “Buscamos justicia contra los beneficiarios del genocidio, que intentó terminar con el espíritu y el activismo obrero que afectaba los intereses empresariales”, resume.

El tranquilo barrio ferroviario contrasta con el ruidoso centro de Villa, y refleja emblemáticos momentos de la historia del movimiento obrero. “Acá se robaron 30 kilómetros de vías, y la estación está en pie porque la ocupamos durante 40 días y la convertimos en una huerta comunitaria. Aquellos años (los ’90) fueron difíciles”, recuerda. Sosa –71 años, jubilado, casado, una hija y dos nietos– es de baja estatura, fornido y lúcido, sigue afiliado a la Unión Ferroviaria “a pesar de todo” y es hincha de San Lorenzo. “Entré al ferrocarril en 1961 como changarín, que en realidad es la tercerización de ahora. Cambiaron los nombres pero ya los ingleses tenían ese sistema. Al principio uno hacía changas, pero la diferencia es que con lo que ganabas vivías una semana. Y nos quedaba tiempo para leer y militar.” Luego pasó a Vías y Obras, donde realizaba la dura tarea de impregnar durmientes. A quienes trabajaban allí les decían “catangos”. Ubicado en la parte superior de la caldera de impregnación leía a Carlos Marx. “Había una escuela nocturna de La Fraternidad donde estaba Tito Martín, maquinista, profesor y dirigente comunista, y estudiábamos ahí con (Alberto) Piccinini y otros compañeros que salieron después delegados.” Aunque su inquietud había empezado en su pueblo, Santa Isabel, cuna de la oligarquía terrateniente, con su trabajo junto a un librero muy politizado y antiperonista, y en su casa con el clima opuesto, proletario y peronista. “Al librero lo llevaban en cana porque hacía reuniones donde conspiraban contra el peronismo, y en el patio de mi casa mi abuelo, que era peón rural o croto, como le decían, armaba fogones donde escuchaba canciones anarquistas y los relatos de la Patagonia, que luego leí en los libros de Osvaldo Bayer. Esos fueron los dos ejes de mi juventud.”

–¿De esa mezcla derivó en el comunismo?

–Esta era una zona de lucha, creo que lo decisivo fue eso. A poco que entré en el ferrocarril se desata la huelga de cuarenta y pico de días, yo tenía 21 años. Fue un proceso de lucha para que la Unión Ferroviaria (UF) nos cubriera, que aun siendo changarines pudiéramos ser afiliados. En el ’65 fui propuesto para la comisión directiva de acá, a pesar de que no era del ambiente ferroviario, era un negrito que había venido de afuera. Pero justo cuando iba a haber elecciones intervienen la UF, con Lorenzo Pepe, Víctor Vázquez, que está desaparecido, y otros forman una comisión al margen. La CGT decretó un paro parcial y nosotros lo hicimos por 24 horas. La empresa nos castigó con una suspensión de 60 días. Llegamos a tener una conducción militar en Ferrocarriles Argentinos, que hicieron un negociado con la empresa Alba, y nos suspendían por cualquier cosa.

–¿Usted participó de la creación de la CGT de los Argentinos?

–Sí, la constituimos en el ’68 con La Fraternidad, el compañero Tito Martín, y otros sindicatos. Durante el Cordobazo y el Rosariazo acá propusimos hacer paro, pero hubo enfrentamientos. Me designaron para representarnos en la CGT de Rosario, fue un duro proceso con enfrentamientos con los carneros. Creo que ante determinadas situaciones no hubo una alternativa obrera, popular, con una visión de poder propio. Con la huelga y Tosco en Córdoba daba para dar un salto político cualitativo, y no fue por una de las fallas de la izquierda. Lo mismo pasó en 2001, si la CTA declaraba el paro general, otra hubiera sido la historia. Y ahora encima rompen la CTA. Así es el drama de los argentinos, pasó en el ’55 cuando Villa salió a la calle pero no hubo una vanguardia o centralidad que condujera a la clase obrera a la toma del poder. Entonces seguimos siempre detrás de proyectos de la burguesía, incluso la visión que tiene este gobierno de generar una burguesía para un proyecto nacional y popular no sirve porque esa burguesía no le responde, lo vemos acá en Paraná Metal con Cristóbal López. Es una burguesía rapaz que no trepida en matar, lo hemos vivido en el ’76.

–¿Usted estuvo preso antes del inicio de la dictadura?

–Sí, el 20 de marzo del ’75 que se desata el Operativo Serpiente Roja.

–De aquella Unión Ferroviaria a la actual, ¿qué pasó?

–Hubo una involución. En aquel momento que desafiamos a la intervención fue un período de conquistas y realizaciones. Lo mismo pasó en el movimiento obrero de Villa y había que cortarlo. Por eso el operativo del 20 de marzo, donde se unieron la pata sindical de Lorenzo Miguel, (Alberto) Rocamora (ex ministro del Interior) como la parte política, y Acindar, Isabel y Martínez de Hoz con el CEA, que representaba la alianza del sector terrateniente con el sector industrial. Fue una respuesta al Villazo que había sido un triunfo de los trabajadores, una epopeya obrera y popular. Acá la semilla la sembró el anarquismo entre los obreros portuarios y ferroviarios, que se acostumbraron a defender lo local. De acá salieron cuadros brillantes, que tuve la suerte de conocer. Acindar tomó auge a partir del ’47, y ya entonces los trabajadores luchaban por una adecuada atención médica. En marzo del ’74, durante siete días se tomó Acindar, unidos con los metalúrgicos, por la democracia sindical y aumento de salario, y que concluyó con la marcha hacia Villa que se denominó Villazo.

–¿En qué consistió el Operativo Serpiente Roja del Paraná?

–Teníamos el pelo largo, creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, fuimos ingenuos. Teníamos el dato preciso sobre el operativo y no le dimos bola. Se discute en la UOM y luego cada uno se va a dormir a su casa. Detuvieron a dirigentes metalúrgicos y ferroviarios, activistas y a otros que no tenían nada que ver. Estábamos peleando por la reapertura del matadero municipal. En Villa siempre privilegiamos la unidad, por eso acordábamos con la parte dura del PJ, con Montoneros, por ejemplo. Eso fue el 19 de marzo de 1975 y esa asamblea la filmaron, tenían infiltrados elementos de inteligencia. Lanzan el operativo con la Federal, la Prefectura, todo coordinado. Llegan los Falcon y paraban gente a la entrada de Villa. Hubo 300 detenidos. A mí me detuvieron en mi casa, también se llevaron a Tito Martín, Alberto Piccinini y a Juan Jesús Actis. Nos dejaron en camiones de la policía al sol, y en la jefatura nos golpearon, mientras el cura (Samuel Martino, ya fallecido) tocaba la campana (N. de R.: Historiadores locales describen que pudo haber sido para tapar los gritos de los detenidos o para festejar el operativo, pero en cualquier caso el hecho evidencia la participación de la Iglesia). Luego nos llevaron a Rosario, y ahí largaron a algunos pero a otros nos llevaron a la cárcel de Coronda. Ahí estalló una huelga de 60 días por la libertad de los compañeros y en repudio a la represión. Los ferroviarios paramos 20 días, que no fue fácil, se debatía en este salón, eran asambleas calientes. No es mérito de uno, yo tenía compañeros que fueron secuestrados y asesinados, que se mantenían y ganábamos la asamblea. Eran paros políticos, no por aumento de sueldo. Acá funcionaba el comité de solidaridad de los metalúrgicos. El 23 de abril se movilizan 15 mil personas, y ellos hacen una contraofensiva represiva, con helicópteros, bombas, de todo. Hubo muertos y heridos. La gente resistía a ese terror estatal. Nos pusieron una bomba en esa puerta (la señala), y tuvimos que canalizar toda la resistencia del comité de lucha y solidaridad en la clandestinidad. Los compañeros tuvieron que levantar la huelga, hubo una ofensiva contra algunos trabajadores, que eran marcados y despedidos. La lucha continuaba, seguía el espíritu de resistencia, cuando fue el Rodrigazo acá se paró. Pero seguían los fachos funcionando.

–¿Todo eso fue parte del operativo?

–Fue una secuencia. Se establecieron en Acindar, en el albergue de solteros y trabajadores temporarios donde funcionaba un comando represivo de milicos, policías y los Pumas, una guardia rural creada en la época de La Forestal (N. de R.: habría sido el primer centro clandestino). Se dice que Acindar les pagó a los represores. El 16 de octubre secuestraron al delegado metalúrgico (Julio) Palacios, a la doctora De Grandi y a un pastor, (Carlos) Ruesca. Los fusilaron y aparecieron los cuerpos mutilados, a la doctora le cortaron los senos, a los hombres los testículos, y los tiraron en Albarellos para que todos lo vieran. También secuestraron a un colectivero que se había negado a llevar a unos carneros. La gente resistía desde los techos de las casas en solidaridad con los presos.

–¿Cuál es el sentido de la denuncia?

–Acá los milicos ejecutaron el plan de exterminio y represión, pero hay que preguntarse quiénes se beneficiaron y quiénes armaron el plan. Los de Acindar querían quedarse con el monopolio y destruir a Somisa. La deuda de Acindar la terminamos pagando todos cuando (Domingo) Cavallo estatizó la deuda. Tiene que haber justicia contra los beneficiarios del genocidio, que querían terminar con el activismo de aquella época porque afectaba a las grandes empresas. Nosotros participábamos del 50 por ciento del producto bruto interno, en el ’74 en el ferrocarril teníamos el mejor convenio, habíamos logrado una serie de conquistas. Así que tenían que parar esto. A Córdoba la habían volteado, faltaba Villa. Hay que replantearse que no fuimos muy políticos en la organización, y no previmos lo que se venía.

–¿Qué lo llevó a hacer la denuncia ahora?

–La impulsamos con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y los compañeros Piccinini y Actis porque es una deuda que tenemos, no es por venganza ni por tener protagonismo. Los trabajadores de Villa y el pueblo necesitamos que se esclarezca este genocidio, que se juzguen los responsables. En el ’84, recuperada también la UOM, y con la Conadep, hicimos un informe de todo pero un comando se lo llevó de los tribunales de Rosario. Ahí estaban las pruebas, por eso lo volvemos a hacer ahora. Además, ahora el contexto es más favorable, Martínez de Hoz ya ha sido juzgado, pero no se trata sólo de Martínez de Hoz sino de todos los empresarios y grandes multinacionales que se beneficiaron con el genocidio. Quedaron unos 20 compañeros asesinados y desaparecidos en aquellos días.

–Usted dice que la historia se repite. ¿Por eso una patota de la burocracia sindical ferroviaria produjo el ataque en el que mataron a Mariano Ferreyra?

–Antes estaba la Triple A, cambian los nombres pero los grandes empresarios siempre buscan seguir acumulando ganancias, como ahora que están ganando guita como nunca, y por eso recurren a la violencia y el exterminio. Lo de la Unión Ferroviaria es patético, por el negocio de los subsidios. Nos acusaban que impedíamos la privatización con el argumento de que con el millón de pesos que se perdía se podían hacer hospitales y escuelas. Y ganaron la cabeza de algunos trabajadores. Hubo una política de negociados y corrupción que generó desaliento. La única huelga fuerte que tuvo (Carlos) Menem fue la nuestra, llevada por afuera de la Unión Ferroviaria, en el ’91 y el ’92. Pedraza se inició como catango acá en Villa Gobernador Gálvez, y con él éramos el núcleo duro con el que conseguimos el mejor convenio. Hay un Pedraza combativo que era de la Juventud Trabajadora Peronista, que hizo los paros con (Saúl) Ubaldini, que se jugó por Cafiero contra Menem, y otro que apenas perdió Cafiero se fue con Menem, y se fue desmoronando hasta perder esos atributos para llegar a lo que es hoy, que además de un burócrata es un empresario. Lo de Mariano puso en el centro la política de subsidios, que reciben las empresas concesionarias. Si a los tercerizados, que son como los chagarines de mi época, los incorporan como efectivos se reduce la ganancia. Fue un proceso doloroso para los que hemos sido ferroviarios, algunos compañeros se enfermaron, murieron de angustia y de estrés. Vimos el saqueo y la destrucción. Teníamos más de 30 mil kilómetros de líneas férreas y ahora hay 8 mil. Quedaron cesantes 80 mil trabajadores y quedaron aislados cientos de pueblos, siendo que es el medio más sustentable para el medio ambiente y el más económico. Pedraza montó una organización que vació de contenido a la vieja Unión Ferroviaria, de todas las luchas, con compañeros que dieron la vida como en Laguna Paiva, desaparecidos como Víctor Vázquez. Tiene que ser juzgado como responsable de lo que está sucediendo y que costó la vida de un militante. Y los ferrocarriles deberían volver al Estado.

–¿Cómo evalúa la política de las listas de izquierda opositoras a Pedraza?

–Es importante la lucha de estos compañeros, pero les está faltando mayor amplitud y acuerdos. No encasillarse en que hay que tumbar a este Gobierno, que hizo todo mal. A este Gobierno le falta mucho, no ha roto la matriz neoliberal, pero tiene aspectos positivos. No es posible oponerse a la Asignación Universal o a la estatización de las AFJP, la ley de medios, la política de los derechos humanos. Pero este gobierno radicaliza ese proceso o se va, porque la derecha quiere una restauración conservadora peor que en los ’90.

Homenaje a Adriana

2010-12-21T13:14:00.002+01:00

Acto homenaje a Adriana Calvo (Lunes 13/12/10) from CONTRAIMAGEN on Vimeo.

Testimonio de Adriana Calvo

2010-12-13T09:37:00.001+01:00

Mi experiencia personal, sumada a la información recopilada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos permite hacer una descripción bastante exacta acerca de cual fue la actitud de los represores con las mujeres embarazadas. El primer punto a tener en cuenta es que el hecho de estar embarazada no impedía la tortura ni la hacía menos violenta. El objetivo de los tormentos era extraer del detenido el máximo de información en el menor tiempo posible y ese objetivo no se cancelaba por "detalles".

Pasada esta etapa y en el caso en que el embarazo continuara a pesar de la picana, violación, y/o golpes, comenzaba otra, en alguno de los lugares de "depósito", en la que el trato y la cantidad de comida recibida dependía fuertemente del aspecto - ojos, cutis, pelo, cuerpo -, de la edad y del estado de salud de la embarazada. Esto era así ya que, tal como todas las demás cosas que robaban, los bebés eran considerados botín de guerra aún antes de nacer, por lo que tenían especial cuidado con aquellas "portadoras" bonitas, rubias, de ojos grandes, que les aseguraran bebés fuertes, hermosos y saludables para ser retenidos como propios, para ofrecer gentilmente a algún superior necesitado o para vender al mejor precio. En caso de no reunir estas características, de cualquier manera la embarazada era conservada con vida hasta después del parto (siempre existe demanda para este tipo de producto aunque no sea de la mejor calidad). En casi todos los casos, éste se producía en el suelo, o sobre alguna mesa sucia, con la detenida atada y encapuchada, rodeada de guardias que asistían amenazantes al "espectáculo" y, en caso de que la hubiera, asistencia médica mínima consistente en el corte del cordón umbilical y la extracción de la placenta. Pocas horas después, en algunos casos 2 o 3 días, el bebé era separado de su madre, siempre diciéndole que iba a ser entregado a su familia, incluso se le preguntaba a cual familiar debía ser entregado, dirección del mismo, horarios etc., lo que lograba que la entrega se realizara sin resistencia. De hecho, hasta donde sabemos, mi caso es el único en que un bebé nacido en un campo de concentración fue liberado junto con su madre.

El destino posterior de los chicos, hoy es evidente. Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa son un ejemplo paradigmático.

Repudiamos las Amenazas

2010-11-25T09:51:00.000+01:00

Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes, repudiamos las amenazas sufridas por nuestro compañero y abogado de H.I.J.O.S. y Familiares Claudio Orosz.
El viernes 12 de noviembre Claudio sufrió la tercera amenaza desde que dio comienzo el juicio UP1. Esta vez los cobardes decidieron intimidar por segunda vez a su padre enviando una nota a su domicilio con el texto "Judíos bastardos y mal nacidos; Tío Adi, les hará justicia. ¿Nunca se preguntaron de cómo era el olor del horno, o de la carne podrida?" acompañada de una imagen del Adolf Hitler.

La primera amenaza ocurrió el día 5 de julio, tres días después de comenzado el juicio, mediante una llamada anónima realizada al padre de Claudio en la que le profirieron insultos de corte antisemita. La segunda, fue otra carta enviada al local de H.I.J.O.S. y Familiares dirigida al Dr. Orosz en la que se lo amenaza de muerte a él y a todos los que continúen con las causas que juzgan los delitos de lesa humanidad.
Todos estos hechos fueron denunciados ante la fiscalía de turno, a cargo de Gustavo Vidal Lascano. Hasta el momento sólo la investigación por la llamada telefónica ha tenido resultados con la detención de su autor.

A pocos días del comienzo de los alegatos, se hace evidente que quieren imponer el miedo y el terror, paralizando nuestra búsqueda de verdad y justicia, no hace más que dar sustento irrefutable de que todos los represores vinculados a la dictadura deben estar detenidos y alojados en cárceles comunes, sin gozar de los privilegios a los que hoy acceden.

Nuevamente queda en evidencia, que la llegada de la justicia, reactiva algunos cobardes mecanismos de impunidad.

El Estado debe garantizar la seguridad e integridad física de los abogados, testigos, familiares, jueces y fiscales que intervienen en estas causas. No vamos a permitir que se obstaculice la concreción de estos juicios que son voluntad de la sociedad.

Ninguna amenaza va a frenar el camino de la justicia y la verdad.

Abuelas Filial Córdoba
Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba
Comisión Homenaje UP1
Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de CórdobaH.I.J.O.S. Regional Córdoba – en la Red Nacional

Adhiere : Casapueblos; Campaña de apoyo a los juicios contra los genocidas

PREESTRENO EN EL CINE GAUMONT

2010-05-16T08:15:00.000+02:00

A sala llena se estrenó el documental de la ESMA
Fecha: Jueves 13 de mayo de 2010
Por: Virginia Rom

ESMA, memorias de la resistencia. Pre estreno en el cine Gaumont Despues de meses de trabajo, este lunes 10/5 se produjo el preestreno del documental “ESMA, memorias de la resistencia”, presentado por la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), y realizado por el grupo de Boedo Films y TV PTS. La sala del Gaumont quedó chica para las casi 400 personas que desbordaron el cine para escuchar a los sobrevivientes del campo de concentración y exterminio que funcionó en la ESMA en la última dictadura militar.

Se hicieron presentes muchas figuras y personalidades de los organismos de derechos humanos, familiares, sobrevivientes de la ESMA y de otros centros clandestinos, luchadores, protagonistas también ellos durante todos estos años de la lucha contra la impunidad de los represores y sus cómplices, como Patricia Walsh, Adriana Calvo (AEDD), Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Daniel Stragá, Victoria Moyano y Alejandrina Barry (hijas de desaparecidos - CEPRODH), Christian Castillo y José Montes (PTS), Andrea Robles, entre otros. También los cineastas David Blaustein y Humberto Ríos.

El documental centra su relato en las estrategias de resistencia de los detenidos desaparecidos dentro la ESMA y las redes de solidaridad ocultas entre ellos, que permitieron que -aún a riesgo de exponer su vida- muchos lograran salvar a otros que iban a ser detenidos, o ayudar a algunos que ya no soportaban más las condiciones de cautiverio.

Pero el film no sólo habla del pasado. También habla de un presente que está signado por la lucha para que todos los genocidas y sus cómplices sean encarcelados, para que todos los responsables y sus socios paguen por todos los compañeros. Otra de las protagonistas del film es Myriam Bregman, abogada en los juicios contra los genocidas e integrante del CEPRODH. Como parte de la querella del colectivo Justicia Ya! en los juicios contra genocidas como Etchecolatz, Von Wernich y los actuales enjuiciados en la causa ESMA, plantea claramente que las consecuencias que la dictadura vino a instalar en la Argentina siguen vigentes. De ahí su planteo en todos los juicios para que sea condenado hasta el último responsable y por el delito de genocidio, tanto los militares como los empresarios que fueron participes del golpe.

Hablamos de un presente que, a 27 años de finalizada la dictadura genocida, con 30.000 desaparecidos y 500 centros clandestinos manejados por decenas de miles de efectivos, tiene menos de 100 condenados. Un presente en el que la clase capitalista que organizó el golpe contrarrevolucionario de 1976 continúa en la impunidad total, y sigue haciendo buenos negocios.

Pero hay otra continuidad que muestra la película, cuando expresa la voluntad de resistir de los protagonistas, de luchar, de pelear antes, durante y después de la dictadura. Una voluntad que no es casual, que tiene que ver con que ellos fueron parte de una generación que peleaba por cambiar de raíz esta sociedad. Una generación de obreros y estudiantes que protagonizó el Cordobazo y todo el proceso que la dictadura vino a golpear.

Este lunes la sala se llenó de viejos luchadores pero también de muchos jóvenes que después de más de 30 años quieren conocer el porqué del genocidio para sumarse a esa lucha contra la impunidad. La emoción también recorrió la sala al finalizar la película cuando las casi 400 personas allí reunidas gritamos una vez más: “30.000 compañeros detenidos desaparecidos: PRESENTES!”

Expulsan de la Asociación de Prensa a un agente de la dictadura

2010-05-08T07:45:00.000+02:00

"No podemos admitirlo"

La asamblea extraordinaria de la Asociación de Prensa de Santa Fe resolvió por unanimidad expulsar del gremio a un agente secreto del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Carlos Rafael Cenoz, que apareció en los archivos desclasificados del Ejército como Personal Civil de Inteligencia (PCI). "No podemos admitir un afiliado que haya participado de la dictadura", dijo el secretario general del sindicato, Pablo Jiménez. "Estamos trazando un límite muy claro: en el gremio de los trabajadores de prensa de Santa Fe no hay lugar para los que formaron parte del terrorismo de estado", afirmó otro de los asistentes al plenario.

Jiménez recordó que al levantarse el secreto militar que protegía a los agentes civiles de la dictadura apareció el nombre de Cenoz en la lista del Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe. Aunque hasta el momento no hay una investigación judicial que involucre a Cenoz, Jiménez dijo que la Asociación de Prensa decidió "poner nuestro límite ético y no admitir un afiliado que haya participado de la dictadura".

"Cenoz se afilió en marzo de 2008, con el número de afiliado 2476, aunque él lo haya negado en una entrevista radial que otorgó después de que se conociera la intención de expulsarlo del gremio", agregó. Y explicó que el PCI "fue invitado a la asamblea para que pueda ejercer su derecho a defensa, pero no asistió. Por tal motivo, y tras un extenso debate entre los trabajadores de prensa, la asamblea decidió por unanimidad expulsarlo de la entidad gremial".

Madres de Plaza Línea Fundadora cumple 33 años

2010-04-29T07:22:00.000+02:00

Nora Cortiñas, la referente del sector histórico de búsqueda de personas desaparecidas en la última dictadura, aseguró que la Justicia “avanza lento pero avanza”. De todas maneras, la militante insistió en que “seguimos la búsqueda incesante”. Además, Cortiñas se despachó contra Herrera de Noble y aseguró que sus hijos “son cómplices de un delito”.
Fuente: Data - LT9

“Individualmente no vamos a conseguir nada, ¿por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo?, cuando seamos muchas, Videla tendrá que recibirnos”. Así le dijo a familiares de desaparecidos, una tarde de abril de 1977, Azucena Villafor de Vicenti, mientras esperaban que los atendiera el párroco de la Iglesia Stella Maris.

El 30 de abril de 1977, Azucena Villaflor y Nora Morales de Cortiñas junto a otras doce madres, se manifestaron en la histórica y tradicional Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires, frente a la sede del gobierno (Casa Rosada). Ante la orden policial de no detenerse ni agruparse, sino circular, las Madres decidieron caminar alrededor de la Plaza.

33 años después, y tras la desaparición de Azucena Villaflor, la referente de la histórica Línea Fundadora dialogó con LT9 acerca de la realidad de su movimiento con el pasar de los años. Nora Cortiñas se mostró complacida con el avance de la justicia, aun cuando “a veces avanza muy lenta y las penas no son las que nosotros querríamos”.

“Nos tocó años y años. Este nuevo espacio es más adecuado para juzgar los crímenes horrendos que cometieron, incluso con la posibilidad de ir a cárceles comunes”, manifestó.

Por su parte, una de las fundadoras de las Madres se refirió a la causa sobre la supuesta tenencia ilegal de los hijos de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble. En este sentido, Nora Cortiñas fijó su postura sobre la actitud de los hijos de la empresaria, quienes días atrás expusieron mediante un video y se manifestaron como “víctimas de una persecución”.

“Ellos son grandes y si bien antes fueron víctimas hoy son cómplices. El día que ellos tengan hijos pasará lo mismo: primero serán víctimas y luego cómplices. Pero a ellos los prepararon para mentir y ocultar. Lamentablemente con el mismo mecanismo que el de la dictadura y el terrorismo de Estado”, concluyó Nora de Cortiñas en diálogo con LT9.

ENTREVISTA CON LOS HIJOS DE SILVIA SUPPO

2010-04-07T23:26:00.000+02:00

"Estamos ansiosos por saber toda la verdad"

Hasta que concluya la investigación, Marina y Andrés -hijos de la malograda Silvia Suppo- no descartan ninguna hipótesis. Quieren el esclarecimiento total, y castigo para los responsables, y expresaron agradecimiento por el apoyo recibido en circunstancias sumamente difíciles.

Por Rubén A. Armando

(Redacción LA OPINION).

En la vivienda sita en calle Sargento Cabral 260, en la mañana de ayer Marina y Andrés Destéfani, hijos de Silvia Suppo, fallecida en un hecho ocurrido en la mañana del pasado lunes 29 de marzo, recibieron a LA OPINION.
La joven, de 25 años de edad, casada, una hija, docente en Lengua y Literatura, y su hermano Andrés, de 24 años, con un proyecto laboral al que puso fin en estos días, además de estar ligado a una iniciativa que apuntó a tareas de iluminación de eventos, recitales y fiestas, a poco más de una semana del trágico suceso aceptaron hablar sobre qué cosas tenían deseos que se conociesen, más allá de lo concerniente a la causa judicial que se lleva a cabo, y que los tendrá como querellantes con el patrocinio de Lucila Puyol y Guillermo Munné, letrados santafesinos.
Fue una charla extensa, de casi 45 minutos, y se abordaron variados temas a partir de haberse enterado que su madre había sido víctima de un suceso que para los investigadores tuvo como autores a dos jóvenes que, ante la Justicia, confesaron su ligazón a un delito de homicidio agravado, que tiene una pena de reclusión o prisión perpetua.

LO CONVERSADO

* Lo dijimos desde el mismo momento en que mamá falleció. Estamos muy preocupados por la justicia, y ansiosos porque esto se esclarezca lo antes posible. Y que los responsables cumplan su condena. También, no descartar todo tipo de hipótesis que no sea la que tiene que ver con el robo. Queremos una investigación exhaustiva que no descarte esa hipótesis política que manejamos desde un principio. Hasta que se nos demuestre lo contrario, la vamos a sostener. (Marina).
* De la comunidad en general hemos recibido apoyo, contención, compañía de un gran número de gente, que incluso se ofreció para cualquier tipo de cosas o ayuda que nos puedan dar, desde monetaria hasta lo que menos se imagine, cosa que agradecemos infinitamente. (Andrés).
* Somos coherentes con un discurso que mantuvieron nuestros viejos (Jorge "Corcho" Destéfani, fallecido en 2009, y Silvia Suppo), y que nosotros mantendremos. En tanto, ahora, con Andrés seguramente daremos impulso a la continuidad del comercio que instalaron, habida cuenta que desde lo comercial y lo afectivo sería muy tonto desaprovecharlo.
(Marina).
* Usted nos pregunta cómo tomaremos la información de la Justicia en el presunto caso de que se afirme que fue un homicidio cometido para tapar un robo, y contesto, depende. Porque, nosotros tenemos un montón de dudas, y las vamos a fogonear hasta que nos las saquemos... (Andrés).
* En mérito a la pregunta que en parte respondió Andrés, quiero decir que seguramente vamos a cuestionar los caminos que condujeron a ese resultado. Somos concientes de que es muy irreal que se vaya a lograr una verdad absoluta, porque ella (Silvia Suppo) no llegó a declarar.
(Marina).
* De todas maneras, si todo se hace en forma exhaustiva y con claridad y profesionalidad, tampoco uno va a estar sosteniendo algún tipo de fantasmas. Lo que queda claro es que olvidar esto será imposible, porque queda en el cuerpo. (Andrés).
* En líneas generales, nos sentimos bien tratados por la prensa.
Sabemos cómo se manejan algunos medios. (Marina).

* Es su trabajo, y cada uno tiene derecho, así como nosotros a dudar, algunos a afirmar determinadas cosas. (Andrés).
* Además, estamos agradecidos de que hayan puesto en sus agendas este tema como uno de los prioritarios en la información. Eso nos sirve, porque al tomar estado público generó ciertas presiones para que todo se haga rápido. (Marina).
* Lo que no nos gustó tuvo que ver con algunos datos muy imprecisos, como por ejemplo la versión de que una de las personas detenidas nos lavaba el auto. Es totalmente falso, y tendencioso hacia una hipótesis.
También hubo otros datos que estuvieron lejos de la realidad. (Andrés).
* Estamos eternamente agradecidos a mucha gente. como ya quedó dicho, pero de manera especial a HIJOS, delegación Santa Fe, y a los abogados Guillermo Munné y Lucila Puyol, por todo lo que hacen por nosotros.
Sabemos que a esta hora están reunidos con el fiscal de la causa, y posterior a ello nos harán conocer el resultado. (Marina).

Documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

2010-03-25T08:56:00.000+01:00

A treinta y cuatro años del golpe genocida, y en el año del Bicentenario, estamos en esta Plaza con las banderas en alto de una generación que dio su vida por conquistar una Argentina sin opresión, sin explotación, sin miseria. Porque estamos aquí, comprometidos con esos mismos ideales, decimos muy fuerte: 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES!!!

Nos convocamos hoy para repudiar el golpe genocida, para reafirmar nuestra histórica consigna: No a la impunidad de ayer y de hoy.

Compañeros y compañeras:

Repudiamos una vez más a la dictadura genocida que aniquiló a decenas de miles de compañeros, dirigentes y militantes obreros y populares. Repudiamos los campos de concentración, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato, crímenes que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia en Tucumán y con el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país. Repudiamos los vuelos de la muerte en que los secuestrados eran arrojados vivos al mar, la tortura a las embarazadas y el robo y la apropiación de sus hijos.

Repudiamos el modelo político-económico que la dictadura impuso: de enriquecimiento de unos pocos a costa del hambre de muchos, de mayor explotación y liquidación de conquistas de los trabajadores, de entrega, de destrucción de la industria nacional, de brutal endeudamiento externo, de cercenamiento absoluto de las libertades individuales y colectivas, de violación sistemática de todos los derechos.

Denunciamos al poder económico proimperialista, a los banqueros, las empresas y la oligarquía terrateniente que planificaron el golpe; a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la cúpula de la Iglesia que los bendijo; al poder judicial que los amparó; a los políticos que los avalaron; y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.

El objetivo de la represión fue terminar con el amplísimo movimiento popular que se proponía transformaciones sociales de fondo en la Argentina. La dictadura buscó destruir las formas de organización de importantes sectores de los trabajadores y el pueblo: Cuerpos de Delegados, Centros de Estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales. Repudiamos la brutal represión, perfectamente planificada, racional y discriminada, que tiene un nombre preciso: genocidio.

Genocidio, así lo hemos llamado durante años, así debemos seguir gritándolo en las calles y así debemos lograr que se lo llame en todas las sentencias judiciales.

Genocidio que desde 1983 se pretendió ocultar detrás de la teoría de los dos demonios, para justificar apenas unos años más tarde, las infames leyes de Punto Final y Obediencia Debida de Alfonsín.

Los años del menemismo garantizaron aún más la impunidad de los represores con los indultos y profundizaron la desocupación, la miseria y el hambre para millones como producto de la entrega de los recursos naturales y del patrimonio nacional, y del remate de la industria.

Nuestro pueblo nunca dejó de luchar: la valiente ocupación de la plaza de Mayo por las Madres durante la dictadura, el reclamo persistente de los organismos de derechos humanos, el imprescindible testimonio de los ex detenidos-desaparecidos, la heroica resistencia de nuestro pueblo, las históricas huelgas, fueron trazando un camino que llegó hasta el multitudinario acto del 24 de marzo de 1996, a 20 años del golpe genocida, y a las inolvidables jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, bisagra que abrió una nueva etapa en la historia de nuestro país.

Con todos estos años de lucha nuestro pueblo destruyó la teoría de los dos demonios, consiguió anular las leyes de impunidad y reabrir las causas contra los genocidas.

La realización de los juicios contra los genocidas es un triunfo histórico del pueblo argentino. Al día de hoy 64 genocidas fueron condenados, otros tantos están siendo juzgados en todo el país, y 634 más ya están procesados. Todos los que estamos en esta Plaza, los miles y miles de compañeros que venimos luchando por Memoria, Verdad y Justicia, sabemos que este triunfo es producto de la lucha de nuestro pueblo durante más de treinta años contra la impunidad.

Pero es imprescindible señalar:
- que el 10% de los genocidas juzgados fueron absueltos de culpa y cargo
- que 39 represores se encuentran prófugos desde hace años
- que todos los condenados y todos los procesados lo están por un número de víctimas mucho menor al que les corresponde
- que continúan existiendo cárceles de lujo, y que muchos de los procesados están en libertad o gozan de prisión domiciliaria

Pero sobre todo, y con mucha bronca, seguimos denunciando que a casi 7 años de anuladas las leyes de impunidad, la cantidad de procesados es igual a la cantidad de campos de concentración que existieron en nuestro país. Casi 7 años, apenas 1 represor por campo.

Y es importante que denunciemos una vez más cuáles son los motivos de esta situación.

Por un lado, cientos de causas están literalmente paralizadas –en particular en el interior del país- debido a que muchísimos jueces y fiscales provienen de la dictadura o son cómplices, amigos, socios o familiares de los genocidas y no quieren ni juzgarlos ni condenarlos. Nada hace el Gobierno ni sus legisladores para modificar esta situación.

Por otra parte, aún los jueces y fiscales que pregonan su voluntad de hacer justicia, sólo acusan a un puñado de represores en cada causa, aquellos que integraban la cadena de mandos, a los emblemáticos o a los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes a pesar de las vendas en sus ojos. Ni una palabra dicen de todos aquellos que estuvieron destinados en las dependencias oficiales donde funcionaron campos de concentración y que eran quienes golpeaban, vejaban y torturaban. Nada hace el Gobierno para modificar esta situación.

Tampoco la Secretaría de DDHH aporta a las causas los listados de personal de esos centros que tiene el Estado en sus archivos, ni impulsa el procesamiento de todos, ni denuncia a los fiscales y jueces que demoran las causas. Nada hace el Gobierno para modificar esta situación. La reciente publicidad de los nombres de cerca 5500 agentes de inteligencia del Batallón 601 y de la Fuerza Aérea es también un triunfo de nuestra lucha, y prueba que los archivos de la represión, como siempre hemos denunciado, realmente existen y confirma que aún hoy hay agentes que siguen activos infiltrando las organizaciones populares. Pero con nombres no alcanza! Exigimos que se entregue a la justicia el legajo de cada uno de los represores, y la apertura de todos los demás archivos!

Los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices, son otra prueba de que con discursos no alcanza. Más de 400 jóvenes siguen viviendo con su identidad cambiada, desaparecida. La política oficial solo impulsa que quienes duden de sus orígenes, se hagan una prueba genética. Una vez más las víctimas deben hacerse cargo de lo que es responsabilidad del Estado.

Con discursos no alcanza! Y hay un nombre, hoy símbolo, que grita la impunidad de ayer y de hoy en carne viva: Julio López. A 3 años y medio, ni un solo imputado por su secuestro y desaparición. A 3 años y medio, sólo encubrimiento y complicidad. Desarmar la impunidad, construida prolijamente durante años, desarmar el aparato represivo de la dictadura, requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que el Gobierno no tiene.

Exigimos: Cárcel común ya a todos los genocidas! Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados Aparición con vida de Julio López

Compañeros y compañeras, En todos estos años supimos unir el reclamo de juicio y castigo a los genocidas de ayer con la exigencia de terminar con la impunidad de hoy; con nuestra lucha logramos instalar esta fecha, 24 de marzo, como fecha simbólica de demanda de la plena vigencia de derechos entendidos como una totalidad: libertad, trabajo, vivienda, educación, salud y justicia.

El Gobierno que se autoproclama “defensor de los DD.HH” utiliza una bandera tan cara a nuestro pueblo para enmascarar la impunidad mientras reprime y usa patotas contra los luchadores populares. Denunciamos también la política represiva de Macri y su última adquisición, la picana portátil la policía metropolitana. Exigimos la disolución de esta nefasta institución. Scioli mientras hace campañas para bajar la edad de imputabilidad permite el funcionamiento impune de la policía bonaerense que cada día suma más casos de gatillo fácil. Por su parte los opositores Duhalde, Carrió y Cobos no sólo no se pronuncian contra la impunidad de los genocidas sino que llaman a la reconciliación.

El gobierno avanza día a día en la judicialización y criminalización de toda protesta y usa a los mismos jueces y fiscales a los que nunca les alcanzan las pruebas contra los genocidas, a los mismos que no las encuentran contra los asesinos de Carlos Fuentealba, de Lázaro Duarte y de tantos otros compañeros, pero que son más rápidos que la luz para procesar a los que luchan. Con la lucha hemos logrado la absolución de obreros ferroviarios, estudiantes y trabajadores desocupados. Repudiamos la reciente condena de Juan Carlos Beica por denunciar la agresión del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Hoy son más de 4.000 los compañeros con causas abiertas y juicios en marcha. Y de cada conflicto abierto surgen nuevos procesados.

Sigue en pie la llamada “Ley Antiterrorista”, herramienta para reprimir al pueblo y sus organizaciones exigida por el gobierno norteamericano.

Por otra parte:
- el gatillo fácil sigue cobrándose la vida de miles de jóvenes de los sectores más desposeídos, y se profundiza la criminalización de la pobreza;
- Luciano Arruga lleva más de un año desaparecido, y los responsables continúan impunes;
- las muertes en las comisarías y las cárceles son moneda corriente;
- en los secuestros extorsivos, en los crímenes del narcotráfico, en la trata de personas, y en la mayoría de los delitos más violentos, siempre están involucrados miembros de las fuerzas represivas, y tras bambalinas actúan los sectores que hacen negocios en complicidad con el poder;
- La “Gallega” Germano sigue privada del derecho de salidas.
- Romina Tejerina sigue presa después de 7 años y 2 mujeres humildes mueren por día por abortos clandestinos.

Denunciamos el encubrimiento de los diferentes gobiernos a las fuerzas de seguridad que participaron en la masacre impune de la AMIA, y que siguen cerrados los archivos secretos del Estado para evitar una investigación independiente. Permanecen impunes los responsables políticos de la masacre de Cromagnon que costó la vida de 194 jóvenes, muertos por la corrupción de empresarios y funcionarios públicos.

Por todo esto, exigimos: No a la criminalización de las luchas! Amnistía o desprocesamiento a los luchadores populares!! Basta de gatillo fácil! Aparición con vida de Luciano Arruga!!

Este año, se disparó la inflación que aumenta día a día las penurias de nuestro pueblo. Salarios depreciados, tarifazos, despidos y suspensiones, son consecuencia de la política que el gobierno y las grandes patronales imponen para descargar la crisis sobre los trabajadores y el pueblo, sin tocar a los verdaderos responsables, que se enriquecieron durante todos estos años. La desocupación y la miseria vuelven a crecer violentamente. El precio de la canasta familiar se aleja cada vez más de las posibilidades de la mayoría de los trabajadores.

Los más amplios sectores de nuestro pueblo responden con la lucha y con nuevas formas democráticas de organización. Durante el último año, los trabajadores ocupados y desocupados fueron los protagonistas principales. Los trabajadores de Kraft–Terrabussi que enfrentaron a la empresa monopólica yanqui y que concitaron la solidaridad en todo el país, reafirmaron el camino de defensa de sus derechos y de recuperar conquistas históricas perdidas en los últimos años.

De la mano de los triunfos logrados en la lucha contra la impunidad, un profundo proceso de recomposición se viene gestando en el movimiento obrero. Miles de trabajadores en todo el país están dando un paso adelante, se organizan, luchan por salarios dignos y en defensa de los puestos de trabajo, enfrentan a los dirigentes sindicales traidores, para recuperar cuerpos de delegados y darse formas de organización democráticas. Los trabajadores de subterráneos de Bs As conquistaron en el marco de su lucha nuevas formas de organización que hoy se expresan en un sindicato.

El movimiento de trabajadores desocupados sigue en la calle exigiendo trabajo genuino para todos sin clientelismo. Los obreros rurales pelean por salarios y por la liquidación del régimen de trabajo agrario de la dictadura, los pueblos originarios por la tierra, los campesinos para no ser expulsados de sus tierras. La lucha de los jóvenes crece día a día, y los estudiantes se movilizan por mayor presupuesto y en defensa de la educación. Se han puesto de pie los docentes, los trabajadores estatales para enfrentar la política de destrucción de la salud y la educación pública. En la Ciudad de Buenos Aires, en particular, los trabajadores de la salud y la educación junto con los estudiantes y movimientos barriales enfrentan todos los días la política fascista de Macri que se propone liquidar conquistas económicas, sociales y democráticas de nuestro pueblo.

Para frenar el proceso de avance de las luchas, el gobierno de los Kirchner reprime no sólo con las fuerzas de seguridad, sino que sigue usando su ’marca registrada’: las patotas mandadas por las patronales y los dirigentes sindicales amigos del Gobierno, como en el caso de subterráneos de Bs As.

Por eso decimos: Basta de inflación, despidos y patotas! Aumento de salarios acorde a la canasta familiar! Trabajo genuino para todos sin clientelismos! Reinvindicamos y apoyamos todas las luchas de los trabajadores ocupados y desocupados!

El gobierno, en vez de usar las reservas para resolver las necesidades urgentes de nuestro pueblo, las destina para pagar la ilegítima y fraudulenta deuda externa, contraída por la dictadura y aumentada por todos los gobiernos posteriores.

El gobierno y la oposición de derecha disputan, pero todos acuerdan en pagarla.

En el mismo sentido, los Kirchner siguen entregando el petróleo, el gas, la minería y demás recursos naturales, a los monopolios imperialistas y a sus amigos y testaferros. La lucha del pueblo de Andalgalá desenmascara esta política.

El gobierno miente porque: Llama desendeudamiento al pago de la deuda externa a costa del hambre nuestro pueblo. A la inflación la denomina simple reacomodamiento de precios. Y a la brutal entrega de nuestros recursos naturales, la traduce como inversión para incrementar el círculo virtuoso de la economía

Exigimos: No al pago de la deuda externa! No al saqueo de los recursos naturales! Fondos inmediatos para vivienda, trabajo, salud, educación!

Reafirmamos: Fuera ingleses de nuestras Malvinas. Exigimos al gobierno que deje de negociar con las petroleras inglesas expoliadoras.

Nuestra lucha es parte de un torrente, una tempestad de puebladas y rebeliones que recorre América Latina. Los pueblos se han puesto de pie a lo largo de todo el continente en defensa de sus derechos, por la libertad y contra el imperialismo.

Repudiamos el golpe en Honduras y denunciamos las elecciones truchas. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Haití y exigimos el retiro inmediato de todas las tropas de ocupación. Nos solidarizamos con el pueblo chileno, y repudiamos la militarización del país.

Honrando la histórica hermandad latinoamericana decimos: Fuera el imperialismo de América Latina!

Compañeros: Nuestro pueblo sigue luchando en defensa de sus derechos. Cada día son más los que se movilizan y cada conquista estimula nuevos reclamos. Cada injusticia, cada derecho violado genera una respuesta popular.

Ante nuestros 30.000 detenidos-desaparecidos nos comprometemos a seguir dando nuestro Presente en la lucha hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad, una Argentina liberada de la opresión imperialista y de la explotación. En ese camino, sorteando todos los embates, estuvimos, estamos y estaremos cada 24 de marzo en esta Plaza.

Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos Presentes!!!!!!
ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

"Se hace cuenta de que se juzga", entrevista con Adriana Calvo de la AEDD

2010-03-24T07:32:00.000+01:00

Julieta Pacheco (RAZÓN Y REVOLUCIÓN)

En 2003 el gobierno de Néstor Kirchner abrió las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Desde ese momento Néstor y Cristina se ubicaron como los máximos defensores de los derechos humanos, reivindicándose luchadores de los ‘70 y apropiándose de esa lucha. En vísperas del 34º aniversario del 24 de marzo, y a casi siete años de la apertura de las causas, entrevistamos a Adriana Calvo, quien realiza un balance sobre la situación actual de los juicios y las falsas posiciones del gobierno al respecto.

JP: Contanos cuál es la participación de la Asociación en el desarrollo de las diferentes causas

AC: Nosotros somos querellantes en las causas en Buenos Aires, La Plata y San Martín, lo que se conoce como zona cuatro, dependiente de Campo de Mayo. En la Plata es lo que se conoce como circuito Camps, que son todos los campos de concentración que dependían de la policía; en Buenos Aires, las dos grandes causas, por un lado Primer Cuerpo del Ejército que abarca todos los casos de Capital Federal menos la ESMA, y la causa ESMA por otro lado. Esta causa se fue subdividiendo, lo mismo pasó con la causa Primer Cuerpo, que tiene un sólo número en el juzgado de instrucción, pero se fue separando según el campo de concentración que se investiga.

JP: ¿A qué se debe la separación de las causas?

AC: Depende. Esta división que te digo es casi natural y en Capital dejar una causa aparte para la ESMA es razonable. Pero, después, de acuerdo a cada zona se fue deformando y comenzó a notarse un proceso de lo que nosotros llamamos “desguace de las causas”, que es muy perjudicial para el objetivo que perseguimos todos, que es que la mayor cantidad de genocidas vayan a parar a la cárcel. El desguace tiene distintos aspectos, pero el más importante es que se separa la investigación: una vez procesado un número de represores dados, tres, cinco, quince, o por un número de víctimas dado, que en general es mucho menor de lo que corresponde ese pedazo de la causa, se eleva a juicio oral. Esto podría parecer razonable si uno está pensando en causas enormes en donde terminar la investigación a fondo de todo lo que ocurrió en un campo de concentración puede llevar años. Sin embargo, no tiene que ver con eso. Nosotros pensamos que tiene que ver con una política, a la que el gobierno no es ajeno. Porque el gobierno tiene, por lo menos, dos formas de oponerse a esa política judicial. Una es a través de los fiscales que, en definitiva, dependen del procurador y el procurador, aunque el gobierno dice que no, depende del gobierno. La otra es a través de la Secretaria de Derechos Humanos, que se ha presentado como querellante en todas estas causas que yo mencioné. Este último es un actor directo, dependiente de presidencia para oponerse a este tipo de política. Sin embargo, nunca se opone.

JP: ¿Por qué pensás que no se oponen?

AC: Yo pienso que el gobierno es parte de esta política. Es impulsor, no digo que el único, porque el poder judicial tiene lo suyo.

JP: ¿Cómo ven ustedes la situación de que, por un lado, se abran las causas en 2003 y, por el otro, que se pongan frenos al avance de estas causas?

AC: Hace casi siete años que se abrieron las causas y creo que es más que suficiente para ver una política, tenemos experiencia suficiente para observar que acá hay una política diseñada para que esto se demore. La contradicción existe. Pero, como siempre, las cosas no son lineales. Sin duda, cuando el gobierno de Kirchner asumió sintió que este era un tema en el cual le convenía actuar y tener una presencia muy fuerte porque, entiendo yo, se dio cuenta de que era un herida abierta en la sociedad, que junto con el desempleo, en ese momento, eran los dos pilares del descontento que llevó al 2001. En este ámbito, en la impunidad de los genocidas decidió jugar muy fuerte. Jugó impulsando la anulación de las leyes de impunidad. De eso no hay ninguna duda. Pero que haya tenido que elegir ese rumbo, es producto de nuestra lucha, de muchos años contra la impunidad; fue lo que provocó que el gobierno tuviera que elegir este aspecto de la vida social y no otro. Estos actos, sumado a actos simbólicos como echar a los marinos de la ESMA, descolgar los cuadros, etc., sirvió para apropiarse de la bandera de los derechos humanos y sostener hasta hoy el discurso de que es el gobierno defensor de los derechos humanos. A su vez, ayudado por una derecha recalcitrante que sostiene que los Kirchner son los montoneros en el poder.

JP: Ellos también se presentan como militantes de los ‘70…

AC: Por supuesto, ellos han hecho uso y abuso de esa herramienta. Se autopresentaron como militantes de los ‘70, perseguidos, representantes de esa generación. Yo creo que uno de los objetivos que perseguían era ganar una base social, porque Kirchner era un total desconocido. Por otro lado, apuntó a quebrar la unidad de los organismos de derechos humanos. Lo que consiguió Kirchner era impensable unos pocos años antes, que fue que un movimiento como Madres de Plaza de Mayo se hiciera oficialista y lo dijera públicamente y aceptara dejar de hacer la Marcha de la Resistencia, pagar la deuda externa, pagarle al FMI, entre tantas otras cosas.

JP: Y en el medio sucede la desaparición de Julio López…

AC: Claro, que te muestra la cruda realidad. Nadie piensa que a Julio López lo secuestró el gobierno, pero sí es cierto que en algún momento decidió que no podía investigar y que le iba a costar más saber quiénes eran los responsables del secuestro y mandarlos a la cárcel que no hacer nada. Es decir, concilió con los grupos residuales de la dictadura, porque nunca estuvo dispuesto ir a fondo. El gobierno usó esto, hizo lo suficiente como para rodearse de un halo de defensor de los derechos humanos y de nuestros ideales, de nuestros compañeros desaparecidos, pero nunca pensó en ir hasta el fondo y eso se junta con la política con la que llevan las causas.

JP: ¿A quiénes hacés referencia cuándo decís “personal residual de la dictadura”?

AC: Gente en todas las fuerzas armadas y de seguridad. Todas las policías provinciales, incluida la bonaerense, la federal, la gendarmería, la prefectura, los servicios de informaciones. En todos lados.

JP: También con los civiles que participaron de la dictadura, como los jueces y como en el caso de Jaime Smart…
AC: Si no se puede avanzar con los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que están directamente relacionados con los hechos, avanzar con los civiles es mucho mas complicado. Acá, centralmente los jueces, con el apoyo del gobierno, lo que hacen es juzgar como delitos aislados. Entonces se apunta quienes fueron las cabezas de las cadenas de mando de aquella época, jefes de campo, por ejemplo o, en el caso de la policía, jefe, subjefe y directores, llegando hasta el jefe de campo. Por supuesto que la inmensa mayoría de estas personas están muertas o tienen una edad que son prácticamente inimputables. Es ahí a donde apuntan los jueces, unos pocos. Además de que son muy pocos y que los hechos se dividen hasta el infinito, hay que reiterar testimonios, los mismos testigos son citados veinte veces. Además de eso, en esa franja están los jefes de cadena de mando de los que eran jefes de zona subzona, jefes de campo y por el otro lado, salvo la excepción de la ESMA, unos pocos casos de los represores que actuaban dentro del campo de concentración. Esto se debe a que los jueces exigen que en todas las causas alguien los haya reconocido. Que un sobreviviente los haya reconocido. Entonces, si pensamos que esto fue un plan sistemático destinado a mantenerse en la clandestinidad, que todos los secuestrados estábamos con los ojos vendados y que los represores no te decían el nombre, que te pidan que los reconozcas es como decir que queden todos sueltos. Esta es la madre del problema de las causas, porque aún desmembradas, podríamos decir, esperemos un tiempo y al final van a estar todos presos. Sin embargo, no sólo están desmembradas, sino que están dirigidas a estas dos franjas. Si bien en el caso de la ESMA no es tan grave, porque muchos compañeros estuvieron destabicados y se conoce el nombre de casi todos los represores, en Campo de Mayo o en el Circuito Camps, donde los prisioneros estaban todos vendados, esto y decir que queden todos libres es lo mismo. Es algo absurdo: en el caso de la comisaría quinta, en La Plata, a pesar de estar comprobado que funcionaba un centro de detención, a los policías que trabajaban ahí no los procesan. Los dejaron fuera de la causa y nunca los llamaron a indagatoria. Solamente están procesados hasta el comisario y tres represores de rango más bajo porque fueron reconocidos por algún sobreviviente, pero es una situación absolutamente excepcional.

JP: Con respecto a la causa de Campo de Mayo ¿cuáles son los problemas con los que se están encontrando?

AD: El mayor problema es el desmembramiento. Campo de Mayo es el ejemplo más claro de esto. Ahí funcionaban tres campos de concentración, al menos. Solamente se está limitando a uno, que es lo que se conoce como “El campito”. Aún dentro de eso, van haciendo causas separadas por víctimas. La primera causa que se elevó a juicio oral fue por dos víctimas: Floreal Avellaneda y su mamá. Es decir, el juez va elevando a juicio de a poco y cuando llegan a tribunal oral las vuelven a juntar. Juntaron un tramo que era de más o menos cincuenta víctimas y cinco imputados. Ese es el mayor problema de Campo de Mayo. También, por ejemplo, llega a juicio oral la causa por un compañero que secuestraron de la fábrica Mercedes Benz y estuvo detenido en Campo de Mayo, pero no se juzga por todos los demás que fueron secuestrados de la fábrica de Mercedes Benz el mismo día, en el mismo operativo. Acá sólo se juzgó por uno y el resto tiene que esperar. Este compañero va a tener que volver a declarar.

JP: Cuando se abren las causas en el 2003, ¿cuáles eran sus expectativas? ¿Creían que se iba a resolver en el corto plazo?

AC: La verdad es que era difícil ver esta situación. Parecía casi un sueño que las causas se reabrieran, fue sorpresivo. El desarrollo de este tema desde el 1997-1998, en esos cinco años, fue muy acelerado. De la impunidad total de la que veníamos con Punto final y Obediencia debida, son casi once años de lucha constante, pero a partir de 1998 cuando se abre el juicio en España empieza a tener mucha transcendencia. Cuando aparecen declaraciones de Astiz acá diciendo que era el mejor tirador. Fue una sucesión de hechos que hicieron que se desarrollara muy rápidamente todo, acompañando el desarrollo de la lucha en nuestro país. El estallido del 2001 de ninguna manera esta desvinculado a nuestra lucha. Ya en 1998 habíamos conseguido la derogación de las leyes. Era un primer paso que dábamos en este sentido. De todas formas era difícil prever que Kirchner iba a abrir las causas. Siempre por supuesto, como producto de nuestra lucha. Cuando conseguimos este triunfo no teníamos un panorama claro de lo que se venía. Nosotros habíamos estado durante muchos años trabajando en la recolección de pruebas, desde 1984 cuando se forma la Asociación. Nuestra línea fuerte no era sólo dar testimonios, sino recopilar pruebas para cuando anularan las leyes, así que dentro de todo nos encontró preparados. Reaccionamos rapidísimo. Vos fijate que el 3 de septiembre se abrió la causa ESMA y Primer Cuerpo y creo que el 8 de septiembre nosotros nos presentamos como querellantes. Inmediatamente conformamos el colectivo ¡Justicia Ya!, colectivo de organismos de derechos humanos, tanto los vinculados directamente con las causas, como de organismos actuales e integrado por partidos políticos y gremios. ¡Justicia Ya! es un colectivo muy amplio y heterodoxo. Hay más organismos de los nuevos que de los históricos. Lo conformamos en octubre del 2003, a un mes de abierta la causa. Ahí ya comprendimos que necesitábamos el colectivo, que estas causas no iban a prosperar si no las impulsábamos desde lo colectivo. Si quedaba sólo en una cuestión de los familiares, sobrevivientes o de los organismos de derechos humanos tradicionales, no prosperarían. Nosotros decíamos que estas causas tenían que ser del pueblo. Sabíamos que después de la derogación de las leyes nos íbamos a encontrar con innumerables piedras para poder avanzar. Por ejemplo, la enorme cantidad de jueces de la dictadura. Era imposible pensar que esos mismos jueces que habían rechazado habeas corpus, que habían sido cómplices de los genocidas, ahora fueran a impulsar nuestras causas. Y una cantidad similar de jueces cómplices de la dictadura, que no habían participado en esa época, pero que eran parientes, amigos y socios.

JP: Que además representan los mismos intereses sociales…

AC: Claro, era imposible que avanzara aún sin contar al gobierno. Porque en ese momento, 2003, no estaba claro cuál iba a ser el papel que jugaría el gobierno. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que con este poder judicial no íbamos a poder avanzar, los fiscales también eran de la dictadura. La primera causa en la que hubo condena fue la causa contra el Turco Julián, el fiscal de la causa es Raúl Perotti, que está acusado por la causa Primer Cuerpo, por haber presenciado torturas. Con ese poder judicial era imposible pensar que esto iba a avanzar. Nosotros sabíamos que sólo iban a avanzar con la lucha y la participación activa de organizaciones sociales, políticas, gremiales y estudiantiles, que aportaran pruebas, que persiguieran a los jueces. Y no nos equivocamos, las causas avanzan a fuerza de lucha. Lo poco que avanzan es a fuerza de lucha y a casi siete años de iniciado el proceso ya sabemos cuáles son los mecanismos que usan para trabarlas.

JP: Siempre se dijo de la dilatación de la causa de Campo de Mayo tenía que ver con un acuerdo político de no entregar al ejército…

AC: Sí, es así. Siempre se dilató mucho y hora está terriblemente fragmentada, por lo cual pensamos que puede haber una fuerte presión. A pesar que hay juzgados sólo son rangos superiores, porque con esta forma de juzgar nunca se va a llegar a los que en ese momento tenían rangos inferiores. Muchos de ellos están en actividad. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de a quién se acusa por los crímenes de Campo de Mayo. Si sólo acusás a aquellos que eran directores, por ejemplo de las escuelas de infantería de Campo de Mayo, esos hombres tienen hoy alrededor de ochenta años. Se van a quedar ahí, siempre son los mismos los acusados. Nunca van a ir para abajo, salvo algún caso puntual que fue reconocido. En general son policías de muy bajo rango. Esta no es la forma de juzgar los crímenes. Se hace de cuenta que se juzga.

JP: Parece una continuación de la obediencia debida, en términos de sólo juzgar hasta un determinado rango…

AC: Sí, desde el punto de vista del poder judicial, sí. Se juzga a los altos rangos, algún caso de mano propia reconocido, los de la ESMA que son paradigmáticos, alguno que otro más y listo. No avanzan más porque sería apuntar al corazón mismo de las fuerzas represivas y evidentemente el gobierno de Kirchner necesita a esas fuerzas represivas para poder acallar y aplacar las luchas de hoy, por salario, por puestos de trabajo. Si no, ¿quién reprime? El freno en la investigación de Julio López tiene que ver con eso. Esto no fue sólo por miedo o impotencia, sino porque los necesita para reprimir. Al mismo tiempo que sucedió lo de López, la misma policía estaba reprimiendo a los obreros de Mafisa, por darte un solo ejemplo.

JP: Ustedes ven una continuidad entre las luchas de los '70 y las luchas de hoy…

AC: Por supuesto. Desde ya que como sobrevivientes tenemos una motivación particular para exigir los juicios, pero no ése el motivo principal. Si estuvimos secuestrados fue porque éramos militantes, por algo fue. Nuestra consigna es que nos desaparecieron porque luchamos y porque aparecimos, seguimos luchando. Seguimos manteniendo las banderas por las que luchábamos en ese momento. Y tenemos perfectamente claro que esas banderas no van a ser alcanzadas mientras los represores sigan impunes. Y esta impunidad tiene un objetivo político. Es una cuestión concreta: necesitan las fuerzas represivas para aplicar una política económica que tiene la misma esencia. Por eso estamos en esta lucha, no es por darnos la satisfacción personal de que nuestro torturador personal vaya a parar a la cárcel. La verdad que ya estos represores son viejos, no tiene ninguna incidencia. Lo que importa de estas causas es generar conciencia de qué fue lo que ocurrió en nuestro país. Por suerte, ahora hay profesionales e intelectuales que se han dedicado desde las ciencias sociales a analizar lo sucedido. Se puede ver que las detenciones tenían un objetivo muy concreto no se secuestraba a cualquiera, el grupo a ser aniquilado no era cualquiera. Tenemos que entender que la lucha la de los ‘70 es la misma que la actual. Por eso es tan importante que en ¡Justicia Ya! haya abogados que defiendan los derechos de los presos políticos actuales.

JP: En el último tiempo apareció en los diarios que se hacía público el listado de nombres de todos los miembros que integraban el Batallón 601 ¿qué piensan al respecto?

AC: Lo primero que decimos es que este hecho demuestra claramente que nuestros reclamos, de que se abran los archivos, son absolutamente justos. Entonces, la primera pregunta es, si este es el gobierno de los derechos humanos, ¿por qué tardó siete años en abrir los archivos? La segunda pregunta es ¿por qué sólo el Batallón 601? Y la tercera es ¿qué más va a hacer el gobierno, además de dar los nombres? ¿Por qué no impulsa que los fiscales los enjuicien? Además nos preguntamos, ¿por qué sólo los nombres? Necesitamos las carpetas de cada uno, los legajos. Es como siempre, parcial.

Actos y homenajes en el interior

2010-03-23T07:53:00.000+01:00

Además de las actividades centrales por el 24 de marzo que se harán en Capital, casi todas las gobernaciones y numerosos municipios convocan a recordar el 34º aniversario del golpe.

Aunque los actos centrales en conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia se llevarán a cabo mañana en la Plaza de Mayo, los homenajes se replicarán en todo el país. Las gobernaciones, municipios, gremios, universidades y organizaciones sociales tienen previstas actividades para recordar el 34º aniversario del golpe militar:

    *
      A la cero hora del 24/3 , en la esquina de San Juan y Entre Ríos –lugar donde fue secuestrado el periodista Rodolfo Walsh–, el escritor Juan Diego Incardona leerá en su versión completa la “Carta Abierta a la Junta Militar”, difundida por Walsh en 1977 y que le costara la vida. Durante el recorrido, que simula el camino inverso que realizó el escritor ese día, los manifestantes pegarán carteles y harán graffiti alusivos.
    *
      24/3 : desde las 10, tendrá lugar el acto recordatorio en Córdoba junto al monumento Nunca Más situado en la bajada del puente Vélez Sarsfield. A las 18, se efectuará una movilización desde Colón y Cañada hasta el Pasaje Santa Catalina, donde funciona el Archivo de la Memoria local.
    *
      En Rosario, el antiguo palacio de Los Leones, ubicado en el centro de la ciudad y donde funcionó –durante la dictadura– la sede operativa para seis provincias del Comando del II Cuerpo del Ejército, se convertirá en la nueva sede del primer museo de la memoria de la Argentina.. Se realizará el acto simbólico de “toma de posesión”, tras lo que comenzarán las obras de refacción para ponerlo en condiciones para los visitantes.
    *
      En Jujuy, el acto en conmemoración de las víctimas del terrorismo de Estado se realizará en la Plazoleta de la Memoria de la localidad de Humahuaca. Allí hablarán además del intendente local, funcionarios y ex detenidos del ingenio Ledesma. A la tarde, en el salón de la cultura de Humahuaca se presentará el libro Memoria del apagón y después tendrá lugar la charla “Trabajo técnico sobre documentos de la dictadura”. Se proyectarán películas alusivas como cierre de la jornada.
    *
      En Chubut, el acto central comenzará a las 11 en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew –donde funcionaba el aeropuerto viejo–, ocasión en la que se inaugurará la muestra fotográfica “Imágenes en la memoria”, de Gerardo Dell’Oro, hermano de Patricia, desaparecida.
    *
      Mendoza repudiará el golpe militar inaugurando mañana al mediodía un friso escultórico frente a los tribunales federales en homenaje “a los detenidos-desaparecidos y asesinados en Mendoza durante la dictadura”.
    *
      En Río Negro habrá actividades en las localidades de Viedma, Dina Huapi, Cipolletti y Villa Regina. En tanto que en Bariloche, a las 11, las agrupaciones de derechos humanos Hijos y APDH, junto con el gremio ATE y otras instituciones, participarán de la tradicional “repintada” de pañuelos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en el suelo del Centro Cívico.
    *
      En Misiones, el acto será en la Plaza 9 de Julio. La convocatoria apunta a que la ciudadanía pueda entender cuáles fueron los derechos cercenados por la dictadura.
    *
      El acto oficial en San Juan se realizará a las 9 en los jardines de la Antigua Legislatura. También mañana, de 12 a 21, en la plaza de Marquesado se realizarán pintadas y se descubrirá la placa “Jóvenes del Bicentenario”.
    *
      Corrientes conmemorará el día con un festival musical en el Anfiteatro José Hernández de la capital provincial, desde las 19.30. Habrá números musicales dedicados al folklore y al rock, junto a una radio abierta.

Crímenes políticos en Argentina: Juan camina

2010-03-22T07:08:00.000+01:00

Por Sonia Catela

Y es que tiran el cadáver amortajado al Paraná, "¿lo van a encontrar? Ni con radar", encienden el motor del patrullero pero no las luces y enfilan hacia Rosario, hacia el rato antes, cuando tenían al tipo maniatado y "¿sabés qué queremos de vos, Juan? ¿No? Que te arrodilles y chupes nuestros botines", que se humillara porque no había delación de nombres a exigirle, ni participación en conjuras o complots a desarmar, ya que la cosa acababa de ocurrir en Buenos Aires y con autores de otras fuentes, militares, gente del orden, pero el tipo, Juan, con veinte detenciones por desacato y resistencia a la autoridad sobre la espalda, y esa testarudez que lo llevaría a cometer otras cien, o doscientas insurrecciones, sin apartarse de las imprentas clandestinas, de las protestas, de las volanteadas, este comunacho "la iba a parar". Negativo, "nos tenés podrido", Juan embalado como un tren a contramano, pero al tren se lo desvía y descarrilla, "ponelo en la camilla y dale, empezá. Hay que doblarle la terquedad", entonces, ya que no la vas a parar, humillate, lágrimas, una defección de tus esfínteres, cagate encima, una retractación, vómito, pedí piedad, algo en palabra o gesto, un doblegamiento del cuerpo que compense todo lo que nos jodés; el contrato social, Juan, ceder un derecho a cambio de otro, entonces ¿vale la pena aguantar los latigazos de la electricidad? Abreviate y abreviemos, "Acelerá, Tixie, metele otra...", pero el hombre los enmudece, les mutila las palabras, "pará, che, éste está duro como una estaca", y se les queda el hombre, tomale el pulso, mirá si se le para el corazón, no jodás, nadie se muere por la picana, ¿y si éste se manda esa joda? y sobre llovido mojado, ahora cayó la esposa, esa jodida, la Rosa Trumper se ha plantado afuera, le trae un termo con café, ropa y una frazada al muerto y se emperra en que le demos las cosas y no se mueve de la Jefatura, salí vos y decile que ya es tarde para esas comisiones, que se retire y vuelva mañana, que no estamos a su disposición, que si no sabe que en Buenos Aires lloran las madres el tendal de sus víctimas, decile que la situación es crítica, listo, la mina tuvo que dar el brazo a torcer y mandarse a mudar, pero volverá, ya conocés la persistencia de los de esta comparsa, y para colmo todos los otros "camaradas" aquí presentes escucharon a quién trabajábamos, saben que lo teníamos al médico, se nos viene un tole tole, este flojo nos metió el gran embrollo en el traste.

Y aunque habrá pacto de silencio, y se asegurará que el delegado del PC se retiró anoche de la Jefatura por sus propios medios, y se harán desaparecer fojas del libro de movimiento de detenidos, y se saldrá en silencio portando el cadáver y se lo enterrará cerca de la estación de trenes de Ibarlucea, (donde se deja un rastro, el trozo de tela del sobretodo del médico), y luego se moverá nuevamente el cuerpo a otro sitio usando el vehículo de la División de Investigaciones, y aunque se arrancarán las primeras 41 fojas del libro de guardia de la Policía Caminera de Pérez para borrar las huellas del traslado, y aunque el 26 de julio, el propio jefe Lozón terminará admitiendo la muerte del médico causada por no soportar las descargas eléctricas de la picana,

el cadáver de Ingalinella jamás será encontrado.

Juan camina. Camina a pasos sedados, por fin, hacia el barrio, su casa, el consultorio. Ya pasó lo peor. La oleada de la primeras horas es la que te chupa y te arrastra a la seccional. Se estira los párpados, que se desprendan de las largas horas de exilio en lo de Arnaldo, y de ese desasosiego habitual de presa que aguarda, el revisar una y otra vez los volantes impresos clandestinamente como si fueran a cambiar su texto, como si las letras pudieran reacomodarse, maliciosas, para incriminarlo y dijeran en público otra cosa que en privado, traicionándolo. Juan traga la incansable saliva ácida; "Nos vemos en La Unión a las siete", acuerda con Arnaldo, el que falta es porque cayó preso y el otro deberá poner en marcha la pesada maquinaria de ubicar al prisionero, Juan y su carga de veinte procesos por resistencia a la autoridad, veinte detenciones y cada vez es otra historia, creatividad de la policía para que nada se repita. Las rayas verdiblancas del toldo el Bar de Pozo ¿y si se sienta por un café de refuerzo?, no con esa acidez, y aunque su mujer afirme que ya se le hizo callo y hábito ese continuo tránsito de la casa a la cárcel, Juan sospecha que el golpearse como una aldaba contra el itinerario "seccional, abogados, sede del partido, entrevistas, papeleo, juzgado" ha terminado por agotar a Rosa, Rosa Trumper. Pone la mano en el picaporte. Entra y aunque lo peor ya pasó, Juan Ingalinella no podrá llegar a destino.

Los hechos: a las seis de la tarde del 17 de junio de 1955 el doctor Juan Ingalinella fue retirado de su domicilio Saavedra 667, barrio la Tablada, Rosario, por un grupo de cuatro policías, sin orden judicial, diciéndosele a la esposa, Rosa Trumper cuando se apersonó horas después en el Departamento de Policía de Rosario con un paquete para su marido, que no se lo recibían porque había "llegado tarde", y al regresar en la mañana del día dieciocho, se le informó que el médico había salido en libertad la noche anterior, mientras otros dirigentes comunistas confirmaban la presencia del delegado del partido en la Jefatura, donde todos fueron sometidos a torturas; la familia permaneció aguardando el regreso del médico, cosa que no se produjo. El 27 de julio el ministro de gobierno de Santa Fe dio un comunicado reconociendo que el Dr. Ingallinela "habría fallecido a consecuencia de un síncope cardíaco durante el interrogatorio en que era violentado por empleados de la Sección Orden Social y Leyes Especiales". Los responsables sufrieron condenas de entre 15 y 20 años de prisión. El cadáver de Ingalinella no pudo ser hallado.

soniacatela@yahoo.com.ar

Apareció Ramón Morales, integrante de Hijos del Interior

2010-03-10T09:55:00.000+01:00

EN ESTADO DE SHOCK, CON PERDIDA DE UN OJO Y TERRIBLES HERIDAS

El integrante de Hijos del interior, cuya madre Graciela Morales es querellante en la causa por genocidio, conocida por Arsenales Miguel de Azcuenaga en la provincia de Tucumán, pavoroso lugar donde eran ultimados los compañeros luego del cautiverio y los tormentos, al igual que la madre, el padre y tres hermanos de Graciela. Ramón fue encontrado por aviso de la policía quien durante un mes y medio había negado conocer su paradero.

El día 23 de enero pasado, Ramón Gumersindo Morales se encontraba jugando al voley con tres amigos en una cancha cercana a su domicilio, sus amigos se trasladaron hasta la casa de uno de ellos y Ramón les dice que los encontrará un rato despues: continuo jugando en la cancha y lo próximo que recuerda es despertar en un hospital, con un brazo quebrado, la perdida de la visión de un ojo, una enorme cicatriz en la frente, por una cirugía donde tubo que ponérsele una placa, y heridas en todo el cuerpo. Por el evidente shock traumático Ramón no tiene memoria de lo ocurrido.

Ramón había sido detenido sin causa el 18 de junio pasado por averiguación de antecedentes, siendo golpeado por la policía durante toda la noche.

Graciela Morales, madre de 11 hijos, llegó a Buenos Aires en búsqueda de trabajo con Ramón, dejando a sus otros 10 hijos al cuidado de la hija mayor en Monteros, provincia de Tucumán.

Cuando Ramón desaparece, se comunica con Alejandra Garcia Araoz de una Organización Oficial de Derechos Humanos de Tucumán, quien se comunica con ella cuando Ramón aparece. Por falta de recursos económicos, y en plena soledad y desprotección, radica la denuncia por desaparición el 06 de febrero en Lomas de Zamora.
Dos veces por semana se dirigía a la comisaría de Esteban Echeverría, por indicación del Tribunal para recabar datos. La policía nunca tenía respuesta.

Graciela logra comunicarse con la Agrupación Hijos del Interior, el viernes pasado, y su representante viaja inmediatamente a Buenos Aires, con la solidaridad de los integrantes de esta organización, victimas también de la desocupación y el hambre que reina en toda la provincia.

Graciela recibe la comunicación, de la Comisaría de Lomas del Millón, el 3 de marzo, de que su hijo Ramón estaba internado en el Sanatorio Güemes de Ramos Mejia desde el 24 de enero, víctima de un atentado de una patota de ocho personas, siendo rescatado por un policía.

Extrañamente no hay ningún imputado ni detenido en esta causa. Ramón era "visitado" por distintos efectivos policiales des veces por día durante su interacción.
Ramón les pedía que informaran a su madre de su paradero, y extrañamente nunca la encontraban.

Algunas otras cosas extrañas.

El amigo de Ramón que estuvo con el hasta un rato antes de su desaparición, luego de contarle a Graciela lo sucedido, se negó a declarar en un claro estado de terror.

El patrón de Ramón, quien era ayudante de albañil, con quien había vuelto a trabajar desde el 19 de enero, dice no saber de él, desde meses antes.

No permitiremos jamás que esta excusa burlesca de la policía y el estado acallen nuestros reclamos frente a esta atrocidad.
Responsabilizamos y denunciamos este claro mensaje mafioso de los genocidas y su brazo armado en total función y facultades, para amedrentar a los que todavía no olvidan ni perdonan.

Solicitamos solidaridad efectiva con estos compañeros que hoy no cuentan con trabajo, ni con vivienda, ni con ningún recurso económico y deben permanecer un tiempo más en Buenos Aires, para que no quede todo en el silencio y la nada.

Contacto:
Graciela Morales
153-375-7324.

Agrupación Hijos del Interior
0381 155905998

Presentación contra Uruguay por Macarena Gelman

2010-02-03T22:09:00.001+01:00

Demanda en busca de justicia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció al Estado uruguayo ante la Corte Interamericana. Sostiene que incumplió sus obligaciones ante la desaparición forzada de María Claudia Iruretagoyena, al consagrar la impunidad de los represores.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó por primera vez una demanda contra Uruguay ante la Corte Interamericana, por el incumplimiento de sus obligaciones ante la desaparición forzada en 1976 de María Claudia Iruretagoyena, nuera del poeta Juan Gelman. La mujer de 19 años fue secuestrada en Buenos Aires y trasladada por militares uruguayos a Montevideo, donde antes de desaparecer dio a luz una niña, que 23 años después recuperó su identidad. El motivo central del incumplimiento es la impunidad de los represores orientales, producto de la Ley de Caducidad sancionada en 1986, poco después del fin de la dictadura oriental, y confirmada en un referéndum a fines del año pasado.

María Claudia y Marcelo Gelman fueron secuestrados en Buenos Aires el 24 de agosto del ’76. La joven fue trasladada a Montevideo, donde tuvo a su hija el 1º de noviembre. Dos meses después la beba fue entregada a la familia de un policía uruguayo. Desde entonces se desconoce el paradero de María Claudia. Marcelo Gelman estuvo secuestrado en Automotores Orletti, epicentro del Plan Cóndor, como se llamó la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Fue asesinado y su cuerpo fue fondeado en un río. En 1989 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos. En 1999 el escritor logró encontrar a su nieta Macarena, de 23 años, que se crió en Montevideo.
Hace un año la Comisión emitió una serie de recomendaciones al Estado uruguayo. La primera, realizar una investigación completa e imparcial para identificar y sancionar a los responsables del asesinato de María Claudia y de la sustracción de su hija. La segunda, que excede al caso específico, era “adoptar medidas para que quedase sin efecto la Ley de Caducidad”, sancionada en 1986, en un contexto de amenazas de desacato generalizado por parte de los militares, y ratificada en sendos referendos en 1989 y 2009. El Estado debía otorgar una “reparación plena a los familiares de la víctima”, que incluyese “no sólo una indemnización por daños materiales y morales” sino también la “celebración de ciertos actos de importancia simbólica para garantizar que no se reiteren delitos” similares.
Al cumplirse un año de las recomendaciones, la Comisión informó que presentó su demanda ante la Corte. El comunicado de la CIDH destaca “la denegación de justicia, impunidad y, en general, el sufrimiento causado” a los familiares de la víctima. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional manifestó su confianza en que “el litigio en este caso deje sin efecto la Ley de Caducidad, en concordancia con la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana”, que estableció que “los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para eximirse de la obligación de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.

18/9: MARCHA A TRES AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE JULIO LÓPEZ

2009-09-01T07:57:00.003+02:00

Las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se movilizarán el viernes 18 de septiembre al cumplirse el tercer aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Una vez más, exigirán al gobierno su aparición con vida y el castigo a los responsables de su secuestro. Denunciarán que la impunidad sigue.

En la marcha, que partirá a las 17 de Congreso a Plaza de Mayo, también se reclamará la aparición con vida de Luciano Arruga, el joven desaparecido desde el 31 de enero tras haber sido brutalmente golpeado en una comisaría de Lomas del Mirador. Asimismo, se escucharán consignas por la libertad de los presos políticos y la amnistía y/o desprocesamiento de los luchadores populares.

18/9- 17 HORAS- DE CONGRESO A PLAZA DE MAYO

A TRES AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE JULIO LÓPEZ BASTA DE IMPUNIDAD

Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

Contactos de Prensa:

AEDD: (011) 15-4430-3569 / Liberpueblo: (011) 15-6970-3562

Adhesiones:

treintaanios@yahoo.com.ar

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail