5/26/2013

Documento del Encuentro Memoria Verdad y Justicia - 22 de mayo de 2013

Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciamos  la escalada represiva del gobierno  hacia  las organizaciones  obreras y populares que luchan por  sus legítimos derechos. Escalada que en el último período  adquiere características  más  y más  alarmantes.

La  política de entrega y ajuste  provoca  la  reacción  de  los más  diversos sectores de nuestro pueblo, a la que  el  gobierno nacional y los gobiernos provinciales, de distinto signo político,  responden con asesinatos, tortura, criminalización  de  la  protesta, espionaje  e  infiltración.
Las  luchas  por  tierra y vivienda, por trabajo,  por  salarios dignos, contra la  tercerización, por  los  derechos de los  pueblos  originarios,  contra la  devastación  de  nuestros   recursos naturales, contra  la  megaminería, en  defensa de los  derechos  a la salud y la  educación, contra  esta política a favor  de los arriba, encuentra cada  vez más,  una respuesta  represiva.
A 2  meses del  24 de  marzo,  se han sumado numerosas situaciones  represivas que hoy  denunciamos:  

En Formosa,  una patota que responde al gobierno  de  Insfrán y sus socios, golpeó  salvajemente   a los jóvenes  Carlos Sosa y  Abelardo  Díaz, hijo  de Félix  Díaz, cacique  de  la  comunidad Qom de La  Primavera. Los ataques  continuos  y sistemáticos  a  los  pueblos  originarios, especialmente de Formosa  y  Chaco,  pretenden  frenar su justo reclamo por la tierra y el  agua,  con el   objetivo de  ampliar  la  frontera sojera.
En la  misma  semana en que se  produjo este feroz ataque, fue encontrado  muerto  en un basural ilegal denunciado repetidas veces por los habitantes del lugar, un niño de  6  años, Carlos Galván, miembro de la comunidad QOM de Castelli. Denunciamos esta muerte como producto de la voracidad empresarial amparada por el gobierno de Capitanich. Hace poco días falleció, por no recibir atención médica, Delina Diaz que por años estuvo postrada en una cama, sin recibir atención médica, pues el hospital de la zona no se encargaba ni de sus estudios médicos, ni de proveerle la medicación necesaria.

Vemos  día  a  día,  cómo se  multiplican los ataques  a los  pueblos originarios,  muchos de ellos disfrazados de accidentes, que  hasta hoy  han dejado un saldo  impactante  de  muertos  y heridos. Exigimos  la  inmediata investigación  de  todos  los  crímenes   y el  castigo  de  los responsables políticos y  materiales y revindicamos  el  derecho de  nuestros hermanos  originarios  a  sus  tierras ancestrales.
En la ciudad de Buenos Aires, la policía metropolitana de Macri reprimió  brutalmente a pacientes, médicos, enfermeras, periodistas, gremialistas y militantes populares para ocupar parte de los terrenos del Borda. La  represión  en un  hospital psiquiátrico, que  no   reconoce  antecedentes, provocó  el  inmediato repudio  popular.

La  brutalidad de Macri no puede  hacernos  olvidar  el origen   del conflicto:  el pacto entre  el macrismo y el  kirchnerismo por  el negocio inmobiliario en la  ciudad  de  Buenos Aires.
En el barrio porteño de Pompeya, los trabajadores de Lanci Impresores SRL, que tomaron la empresa en defensa de su fuente laboral, fueron desalojados con gases lacrimógenos por la policía metropolitana, siguiendo órdenes de una jueza contravencional. Este hecho se suma a la acción, por demás simbólica, de reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos, la noche del 24 de marzo, la Sala Alberdi.
En Famatina,  fue reprimida  violentamente  una  manifestación popular   contra los  proyectos de  megaminería  del  gobernador Beder Herrera, dejando un  saldo  de  16 heridos  y 5  detenidos, que  posteriormente  fueron liberados
En La  Plata  el gobierno  de Scioli  detuvo por su actividad  gremial  a 5 delegados de la Junta  Interna de  ATE Educación. El procedimiento de  detención fue  una emboscada. Los detuvieron  cuando concurrían  a una  reunión  citada  precisamente  por  las  autoridades. Los compañeros fueron liberados gracias a una importante movilización popular y un paro provincial, pero continúan procesados por la figura de coacción agravada.
En el  caso  de  uno  de  ellos, Marcelo  Ardetti, hijo  de  un desaparecido, personal  de  civil  lo  detuvo  en su trabajo, lo golpeó violentamente y lo  condujo  en un  auto sin identificación  a la  Dirección  de Investigaciones.

En Pacheco, en el conurbano bonaerense, la gendarmería nacional impidió por la fuerza una protesta de los trabajadores de la empresa multinacional autopartista LEAR que protestaban en Panamericana y Ruta 197 por despidos y reclamaban mejoras en las condiciones laborales.
En Santa  Cruz  fueron reprimidos  los  trabajadores estatales  movilizados   para  exigir  paritarias, con un saldo de 25 heridos. En la  misma  provincia   van a  juicio oral   6 trabajadores petroleros  de Las Heras, que ya estuvieron presos  durante 3  años, con posterioridad a una  pueblada en la que  murió un policía.  Frente  a la amenaza de graves condenas, exigimos  su  inmediata  absolución. 
En   Chaco,  la  lucha de  docentes  y padres ha sido  fuertemente  reprimida. Primero  en un corte  de  ruta y luego , en la Cámara  de  Diputados , cuando se  hacía  una  interpelación  al  ministro  de educación  de  la  provincia. A raíz de  estos hechos  se abrieron  denuncias  penales  contra  dirigentes  sindicales  y  de movimientos  sociales. En Castelli  fueron reprimidos  padres y docentes que luchan  en  defensa  de  la  educación  y fueron detenidos   2  dirigentes  del  Sindicato  de  trabajadores de la  Educación  del  Chaco y dos padres, que  gracias  a la movilización popular  fueron liberados  5  días   después.
En Jujuy,  cientos de jóvenes son perseguidos por la policía provincial de Eduardo Felner.  Ha  habido  casos de jóvenes baleados, torturados y hasta asesinados. La situación es muy grave tanto por el grado de impunidad con el que actúan las fuerzas de seguridad como por la persecución que sufren los familiares y compañeros que denuncian esta situación. Las denuncias hechas ante el gobierno nacional son absolutamente ignoradas.
En  Córdoba, los movimientos  que han ocupado tierras fiscales en Cuesta Blanca y otros lugares de la provincia sufren diariamente la persecución y la represión del gobierno de De la Sota. En las últimas semanas fueron detenidos en distintas situaciones, sin orden judicial,  31 compañeros que recuperaron su libertad a los tres días. Tanto los ocupantes de las tierras como sus abogados son constantemente hostigados por las fuerzas de seguridad. El gobierno provincial intenta acusar a los ocupantes de las tierras y a sus abogados de asociación ilícita. Las organizaciones del Encuentro hemos firmado un Amicus Curiae para presentar ante el tribunal de Córdoba en apoyo a los compañeros. Otra vez, en este caso, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación descartó cualquier posibilidad de intervención, escudándose en  el argumento de la autonomía provincial.

También denunciamos  y  volvemos a  exigir   la  libertad de  los  presos  de  Corral  de Bustos, detenidos  hace  ya  2  años  con posterioridad a  una  pueblada.
En  la  provincia de  Neuquén ,  el asesino de Carlos Fuentealba,  Poblete, se pasea libremente por las calles,  mientras en las comisarias se  tortura a los detenidos y se ha reprimido violentamente a los presos de la Unidad 11 con un saldo de 13 heridos.
En Empalme  Granero, en  Rosario, el  gobierno  de  Bonfati,  reprimió  a familias  Qom que  se  habían instalado en un predio abandonado. Se utilizaron balas  de  plomo y hubo, al menos, dos  heridos  de  consideración
En los  primeros días de mayo, denunciamos que durante diez años el gobierno mantuvo un espía de la Policía Federal infiltrado en un medio alternativo, la Agencia Rodolfo Walsh. Se trata de Américo Balbuena, jefe de la sección Reunión-División Análisis de la Federal, que cumplía funciones en la Policía desde la dictadura militar y que en la Agencia Walsh fue responsable de la agenda de actividades políticas, lo que le permitió tener el mapa de los movimientos sociales y políticos, teniendo acceso a decenas de organizaciones populares durante toda la década kirchnerista.

Realizamos  esta  denuncia  al mismo  tiempo que el gobierno nacional, entre  bombos  y platillos,  culminaba  y propagandizaba  un Encuentro Contra la Violencia Institucional

Este descubrimiento de los compañeros de la Walsh y la denuncia hecha en 2011 sobre el Proyecto X de infiltración de Gendarmería son una clara muestra de que todas las fuerzas represivas y organismos de “seguridad” federales, provinciales y municipales tienen aceitados sistemas de espionaje ilegal, utilizados para perseguir y criminalizar a las organizaciones gremiales, políticas y sociales.
¡Exigimos  el  desmantelamiento de aparato  de espionaje  interno y la      apertura de las  listas  de  personal  de  fuerzas de seguridad infiltrado!

La   criminalización  de  la  pobreza se ha  transformado en moneda  corriente. A los  casos  de  gatillo  fácil , más de 2.200 en toda la década kirchnerista,  se  suman  las  torturas y muertes  en las cárceles. La famosa frase pronunciada, tanto por los grupos opositores de derecha como por funcionarios del gobierno nacional, que dice que “los   presos  entran  por  una  puerta  y salen por  otra”  queda completamente desmentida por la realidad: 22.000 presos poblaban las cárceles en el año 2002 y hoy son aproximadamente 65.000. Las cárceles y sitios de encierro en la Argentina son, salvo escasas excepciones, verdaderos depósitos de pobres donde la violencia resulta ser el  principal organizador de la vida intramuros. Los  presos  y presas deben soportar, cada día,  tratos y   requisas  humillantes, alimentación  deficitaria y falta de   medicamentos. Tras los muros y las rejas quienes se declaran empeñados en la defensa de los Derechos Humanos, se especializan en violarlos sistemáticamente, de lunes a lunes sin descanso.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y justicia hemos señalado, en todos estos años , que el poder judicial es un brazo al servicio de la política de criminalización de la protesta y la impunidad de los represores.
Hoy denunciamos también, que la llamada reforma judicial, aprobada por el mismo oficialismo que aprobó la Ley antiterrorista, constituye un ataque a los trabajadores y los derechos del pueblo.
Defendamos de manera incondicional las más amplias libertades democráticas de expresión, de prensa, de imprenta, de acceso a la información y de ejercicio de la actividad periodística en todo el territorio nacional. Denunciamos la concentración de medios, el acallamiento de voces críticas y la vulneración de los derechos de los trabajadores de prensa por parte del gobierno nacional. Asimismo, el DNU de Macri restringe la libertad de expresión y avasalla el derecho constitucional a huelga.

Todos  los  hechos de represión que hemos denunciado no se  pueden concebir aisladamente, ni como  voluntad  exclusiva de  los  gobernadores.  Son producto  de  una  política  que tiene  en el  gobierno  central  su más  importante  responsable. No  sólo  es  promotor y cómplice, sino que  despliega  una  propaganda   que  combina  el  ocultamiento  con la hipocresía. Utiliza la  historia  de  la  resistencia antidictatorial  para  minimizar los  crímenes  y violaciones  de  los derechos  humanos  del  presente.
Esto no exime de la más mínima responsabilidad a la mano dura y la represión con la que los gobernadores provinciales responden a la lucha de nuestro pueblo. 

Exigimos:

¡Basta  de asesinatos, represión y  persecución  a  los  luchadores populares!
¡Basta de criminalización  de   la  protesta  y la  pobreza!
¡Basta  de espionaje  e  infiltración   al   movimiento  popular!

5/22/2013

Marcha contra la represión y el espionaje : EMVyJ 22 de mayo - 17.30 a Plaza de Mayo


El juez federal Sergio Torres ordenó ayer el allanamiento de dependencias de la Policía Federal a partir de la denuncia que le habían presentado pocas horas antes las organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) por la infiltración de un agente civil de Inteligencia (PCI) de esa fuerza en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh. Según pudo saber Página/12, el procedimiento fue positivo en el marco de la causa que investiga la presunta violación de la Ley de Inteligencia, según estableció la fiscalía al requerir el inicio de la acción penal en base a la denuncia.

 El EMVJ también pidió que el agente infiltrado, Américo Balbuena, sea llamado a declaración indagatoria. El caso fue denunciado hace dos semanas por la Agencia Walsh, tras lo cual el Ministerio de Seguridad pasó a disponibilidad al agente y ordenó una investigación interna. Balbuena había entrado como periodista en 2002 y trabajaba con la agenda de actividades de los movimientos sociales, lo que le dio acceso cercano a sus dirigentes y militantes. “La infiltración de las fuerzas de seguridad en los movimientos sociales tiene como objetivo la criminalización de la protesta, esa información va a las causas contra los luchadores. No estamos ante un caso aislado; cada fuerza tiene su grupo de espías, como la Gendarmería con Proyecto X, y la Federal tiene unos mil agentes para esta tarea”, aseguró la abogada Myriam Bregman, querellante en el expediente por el espionaje de los gendarmes.

5/21/2013

En Uruguay, miles de personas criticaron los últimos fallos de la justicia porque supone un retroceso en materia de derechos humanos

Marcha en silencio en contra de la impunidad

Este año los que se movilizaron a la sede de la Corte Suprema repudiaron que ésta haya declarado inconstitucional una ley que dejaba sin efecto la amnistía y apartara a la jueza Mariana Mota de la investigación de delitos de lesa humanidad.

Miles de uruguayos salieron ayer a las calles de Montevideo para reclamar el fin de la impunidad. Bajo la consigna “En mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?”, marcharon hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia en reclamo de castigo para los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura militar 1973-85. La Marcha del Silencio se hace cada 20 de mayo, en conmemoración del asesinato en esa fecha, en 1976, de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes fueron secuestrados en Buenos Aires. Este año, la marcha estuvo marcada por los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucional la norma interpretativa de la Ley de Caducidad y apartó de la investigación por causas de delitos de lesa humanidad a la jueza Mariana Mota. La Justicia uruguaya se había pronunciado en febrero pasado contra una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante los años de plomo, por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas. Además, el propio presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, había expresado meses atrás que los casos que prosperaran se iban a chocar contra una muralla al llegar al Supremo.

Las entidades organizadoras insistieron en que se avanzó poco en el esclarecimiento de lo ocurrido, renovaron su reclamo en favor de la verdad y la justicia y cuestionaron el comportamiento de la SCJ, frente a cuya sede cerró la marcha con un cacerolazo. “No queremos que la condena quede circunscripta solamente a la SCJ, porque hay otros responsables,como los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, por ser los personeros más visibles, pero en Uruguay hay una cultura de la impunidad”, expresó Ignacio Errandonea, integrante de la organización Familiares de Desaparecidos. “Luego de avances y compromisos de la población, en esta última etapa la Suprema Corte de Justicia resuelve un retroceso en el proceso que llevó a los procesamientos de varios de los responsables de la tortura, y al traslado de la jueza Mariana Mota. Pero también hay retroceso por la incidencia de actores políticos que quieren que no se haga justicia en nuestro país”, explicó Washington Beltrán, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical PIT-CNT.

Para Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, la Marcha del Silencio estuvo signada por lo ocurrido recientemente en relación con los procesos judiciales. “Más allá de los operadores individuales, desde la dictadura hasta ahora, la Justicia no ha hecho un papel acorde al espíritu democrático del país”, enfatizó. Además, resaltó que el recientemente fallecido dictador argentino Jorge Rafael Videla fue enjuiciado con las garantías del caso y sentenciado a cadena perpetua, y destacó que en Argentina los familiares tuvieron la oportunidad de que se hiciera justicia, y la sociedad la tranquilidad de que el torturador muriera cumpliendo su pena. “Cuando Ruibal Pino dijo que se van a chocar con una muralla, por fin dice las cosas por su nombre. Ese es el tipo de pensamiento que hay que combatir”, concluyó.

En relación con la muerte de Videla y el estado de los juicios a los responsables de la última dictadura en Argentina, Rafael Michelini, senador del Frente Amplio e hijo del diputado asesinado en Buenos Aires en 1976 Zelmar Michelini, dijo que el ex dictador argentino fue el símbolo del horror y del Plan Cóndor. “Lo de Videla es perverso y termina con él una etapa. En la Argentina se ha avanzado más en el tema de la Justicia y casi todos los represores responsables de crímenes de lesa humanidad están presos”, agregó, trazando un paralelismo con lo que ocurre en Uruguay.

En su decisión de febrero pasado, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. El principal argumento esgrimido fue que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por el gobierno del FA, aunque con alguna disidencia interna entre sus distintas facciones. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares, que en 1989 y 2009 optaron por mantener la ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto. La SCJ había expresado que a partir de ese momento las causas judiciales abiertas en las que hubiera militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura debían ser archivadas, al entenderse que prescribieron. La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente José Mujica, había manifestado que por el fallo quedaba planteada la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte.

5/16/2013

La movilización popular logró la liberación de los cinco delegados de ATE

Los detuvieron el martes por una causa iniciada por el Ministerio de Educación bonaerense.

 Por Adriana Meyer

“Sé donde vivís, te voy a matar a tu hijo”, fue la amenaza que el custodio del Ministerio de Educación bonaerense le dijo a María Inés Uro, una de las delegadas de la junta interna de ATE Educación mientras la llevaba presa. Fue el martes a la mañana, cuando junto a cuatro compañeros salían de una reunión en la sede de la cartera educativa, en un operativo en el que personal de civil los esposó y forcejeó con Marcelo Ardetti, representante sindical e hijo de de-saparecidos. Acusados de coacción agravada en una causa iniciada por la propia ministra de Educación Nora de Lucía tras el conflicto del año pasado en la Dirección de Escuelas, pasaron la noche tras las rejas y ayer fueron liberados. Según consideró Silvia Valdez, otra de las delegadas detenidas, a Página/12, el paro y la movilización de los estatales permitió su excarcelación. La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense investigará el procedimiento policial.

“En la patota que nos detuvo un policía que es de la guardia del ministerio nos marcó, porque ni nos preguntaron los nombres, sólo hubo insultos y amenazas”, dijo Valdez. Junto a Ardetti, Uro, Alejandro Sánchez Moreno y Miguel Ciappina fueron trasladados a la DDI de 61 entre 12 y 13. “Empezamos a llamar y a la media hora estaban todos los compañeros”, agregó. Tras negarse a ser indagados por el fiscal Tomás Morán los iban a trasladar a la cárcel de Olmos y otras dependencias, pero la orden “fue frenada por la movilización popular que rodeó Tribunales”.

Luego de pasar la noche presos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense inició un paro por su liberación. El juez César Melazo los había detenido por su participación en una protesta, a fines de septiembre, con ocupación de la Dirección de Escuelas provincial. La ministra De Lucía justificó las detenciones al afirmar que “cometieron hechos criminales” durante aquella medida de fuerza. “De ninguna manera –rechazó Valdez– ,lo que hacemos es reclamar por nuestro salario y condiciones de trabajo, contra la precarización y el ajuste que la Dirección quieren implementar, paramos un recorte salarial y frenamos 144 despidos con una toma de once días, eso es luchar, no es coacción agravada. Y acusarnos de eso es persecución gremial.” La titular de la cartera educativa los había acusado de romper muebles e impedirles salir del edificio. “La Dirección es nuestro lugar de trabajo”, replicó la delegada.

Los dirigentes Roberto Baradel (Suteba-CTA) y Oscar De Isasi (ATE provincia) calificaron como “ilegal” la detención y acusaron a Daniel Scioli de querer “judicializar la protesta” para “instaurar el temor”.

5/15/2013

INFORME REUNIÓN PLENARIA EMVyJ-14/5


Con la presencia de 20 organizaciones se realizó la reunión plenaria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

INFORMACIONES PREVIAS

Jujuy: Se hicieron presentes en nuestra reunión plenaria dos compañeros de Jujuy pertenecientes al movimiento 24 de marzo-Nunca Más. Los compañeros relataron la situación de cientos de jóvenes que son perseguidos por la policía provincial, hay casos de jóvenes baleados, torturados y hasta asesinados. La situación es muy grave tanto por el grado de impunidad con el que actúan las fuerzas de seguridad como por la persecución que sufren los familiares y compañeros que denuncian esta situación. Los compañeros vinieron a Buenos Aires para lograr hacer pública esta situación fuera de su provincia, fueron entrevistados en algunos programas radiales, y también para presentar su denuncia frente a ciertos organismos nacionales la situación. Cabe aclarar que no  obtuvieron ningún compromiso de parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, organismo frente al que hicieron la denuncia.

ATENCIÓN: Mientras los compañeros estaban informando esta situación en la reunión del Encuentro, a las 20 hs tres gendarmes se presentaron  en la sede del Movimiento 24 de Marzo Nunca Más en Jujuy y preguntaron por Pablo juarez y por Juan Gomez (justamente los compañeros que estaban en nuestra reunión). Los gendarmes dijeron que necesitan hablar con los dos compañeros porque tenían grabaciones de las entrevistas que les hicieron en Bs As. Hoy se estaría presentando en Jujuy un Habeas Corpus como medida preventiva frente a este acto de amenaza de parte de las fuerzas de seguridad. Hacemos responsables al gobierno de Jujuy y al gobierno nacional por la seguridad de estos dos compañeros.


La Plata: Ayer en La Plata fueron detenidos por su actividad gremial y por orden del Juez Melazo a los delegados Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdez Abalos, Miguel Ciappina y Marcelo Ardetti. La Policía busca a Giselle Mendoza. Los primeros cuatro compañeros detenidos fueron detenidos al concurrir a un encuentro acordado con las autoridades para solicitar un subsidio para los trabajadores de la educación afectados por la inundación, el compañero Marcelo Ardetti fue detenido por un grupo de policías de civil que lo esposaron y a golpes lo ingresaron en un coche sin identificación. En La Plata numerosas organizaciones mantuvieron una vigilia exigiendo la libertad de los compañeros durante toda la noche y hoy a la mañana convocaron a una marcha frente a los tribunales de calle 8 entre 56 y 57.

Córdoba: Concurrieron a nuestra reunión  los compañeros del Encuentro de Organizaciones de Córdoba para denunciar y pedir nuestra solidaridad frente a la presecución brutal que sufren los compañeros que han ocupado tierras fiscales en Cuesta Blanca y otros lugares de la provincia. En las últimas semanas fueron detenidos en distintas situaciones, sin orden judicial,  31 compañeros que recuperaron su libertad a los tres días. Tanto los ocupantes de las tierras como sus abogados son constantemente hostigados por las fuerzas de seguridad. El gobierno provincial intenta acusar a los ocupantes de las tierras y a sus abogados de Asociación Ilícita. Las organizaciones del Encuentro hemos firmado un Amicus Curiae para presentar ante el tribunal de Córdoba en apoyo a los compañeros. Otra vez, en este caso, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación descartó cualquier posibilidad de intervención, escudándose en  el argumento de la autonomía provincial.

CAPITAL FEDERAL: HOY A LAS 17 HS EL ESPACIO CHAU ROCA JUNTO CON OTRAS ORGANIZACIONES REALIZARÁ UNA MARCHA HACIA LAS CASA DE LAS PROVINCIAS DE FORMOSA Y LA RIOJA EN REPUDIO A LA PERSECUCIÓN SUFRIDA POR LA COMUNIDAD QOM Y LA VIOLENTA REPRESIÓN A UNA MANIFESTACIÓN CONTRA LA MEGAMINERÍA EN FAMATINA. LAS ORGANIZACIONES DEL ENCUENTRO PRESENTES ACORDARON SUMARSE EN UNA DELEGACIÓN.

Reunión Plenaria

Teniendo en cuenta los hechos de los últimos meses: el ataque a los integrantes de la comunidad QOM en Formosa, los actos represivos y las persecuciones relatadas en el informe previo, la represión a los trabajadores en distintas provincias, las actividades de Inteligencia que sufrimos las organizaciones populares , que quedaron al descubierto tanto en la causa por el Proyecto X como con el descubrimiento de la infiltración del agente de la Federal Américo Balbuena en la Agencia Rodolfo Walsh,  la plenaria confirmó el llamado a una marcha contra la represión de la protesta el miércoles 22 de mayo desde 9 de julio y Av. de Mayo hasta Plaza de Mayo a las 17:30 hs.

Se acordó redactar un documento amplio y sintético con los hechos represivos de los últimos meses.

Reunión Comisión de documento: Viernes 17 de mayo a las 18:30 hs en Rivadavia 2206 5º A.

AEDD en EMVyJ

Represión trabajadores ATE-La Plata : Comunicado de prensa de H.I.J.O.S. MDP Red Nacional:

Ante los hechos ocurridos a los compañeros Afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en La Plata, que en el día de ayer martes 14 de mayo en horario del mediodía fueron detenidos brutalmente por personal de civil que operaron como grupos de tareas de la dictadura militar, recordando con su accionar momentos de la historia mas nefasta de nuestro Pais.

Denunciamos y hacemos publico nuestro repudio mas enérgico ante la detención de los delegados de la junta interna que se los acusa del delito de coacción teniendo este una pena de hasta 6 años de prisión agravada por el intento de desmovilizacion al intentar trasladar a los compañeros al penal de Olmos. Los cinco delegados que fueron detenidos por su participación en una protesta con ocupación de la Dirección de Escuelas provincial por recortes salariales.

No podemos permitir que sea reprimida y judiciliazada la protesta social cuando su claro el objetivo de defender las garantías de los trabajadores.

Hacemos responsables al juez de Garantías, César Melazo, la acusación infundada por el delito de "coacción agravada" por pedido del fiscal Tomás Morán, a la policía de Macri, y a los gobiernos Provincial y Nacional por la persecución de los compañeros delegados.
Libertad y desprocesamiento ya de los dirigentes Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdez Abalos, Miguel Ciappina y Marcelo Ardetti

No olvidamos, No perdonamos, Ni nos reconciliamos y es por ello que tampoco nos callamos!

H.I.J.O.S. REGIONAL MAR DEL PLATA EN LA RED NACIONAL