3/26/2013

Documento 24 de marzo 2013 en PLAZA DE MAYO

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JPEG - 73.4 KBA pesar de las intenciones del gobierno nacional, a través de agrupaciones afines, de impedir la entrada a la Plaza de Mayo de las organizaciones que adhirieron a la convocatoria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia para el 24 de marzo, la columna de más de 50.000 personas ingresó en la plaza. Horas antes, debió desviar el recorrido tradicional por Av. de Mayo y se dirigió hacia Diagonal Norte para evitar el enfrentamiento con movimientos que responden al oficialismo.
Desde el escenario, de espaldas a la Casa Rosada y frente a la multitud, se dio lectura al Documento conjunto. Se recordó que el último golpe militar en la Argentina tuvo responsables civiles, eclesiásticos y militares, que buscaron “destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo: cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, las más diversas militancias.”
Asimismo, se realizó un recorrido por las diferentes instancias a nivel judicial y se afirmó que las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio. A este ritmo serán necesarios por lo menos 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados”. También se exigió “la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que contienen la información sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados”.
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Nombraron luego a Julio López, secuestrado en el 2006, y Silvia Suppo, asesinada en el 2010 en Santa Fe, que testimoniaron y lucharon contra la impunidad de los genocidas, son hoy símbolos que evidencian descarnadamente la continuidad del aparato represivo de la dictadura y la política de impunidad y olvido que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales quieren imponer sobre estos nuevos crímenes. Sus causas están plagadas de encubrimiento e impunidad”.
Siguiendo esa línea y denunciando la impunidad de ayer y de hoy, el documento da cuenta de que en estos 10 años de gobierno kirchnerista han sido asesinados numerosos luchadores populares, y su número ha crecido en forma cualitativa en los últimos 3 años. Las luchas por tierra y vivienda, contra la tercerización, por salarios dignos, por los derechos de los pueblos originarios, y contra esta política de hambre y entrega encuentra una y otra vez nombres propios de asesinados del movimiento popular”. Además se reclamó el cierre de las causas y la anulación de las condenas a los 5.000 luchadores populares procesados y la sanción inmediata del proyecto de ley contra la criminalización de la protesta.
El cierre del acto encontró a las 50.000 voces en un único grito: "30000 compañeros detenidos-desaparacidos: Presentes. Ahora y siempre".
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Reproducimos a continuación el Documento completo:
Documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
24 de marzo 2013
Compañeros y compañeras:
El 24 de marzo nos convoca año a año en esta Plaza para repudiar el golpe más brutal de nuestra historia. Estamos aquí, y en todas las plazas del país, reivindicando los sueños y la lucha de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas que dieron su vida por conquistar un país sin opresión, sin explotación, sin injusticia, sin represión.
Decimos presente en esta cita con la Memoria, la Verdad y la Justicia y con el compromiso militante de mirar el futuro con las banderas de la rebeldía que la dictadura no pudo acallar.
Estamos aquí, apoyando las crecientes luchas de los trabajadores y de nuestro pueblo en defensa de sus derechos y contra cualquier forma de represión y criminalización de la protesta. Decimos presente! A nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y decimos también ¡presente¡ a todos los luchadores populares asesinados por la represión durante los gobiernos constitucionales
En esta cita histórica de nuestro pueblo, de cada 24 de marzo, repudiamos a la dictadura que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre.
Repudiamos la brutal represión, racional y planificada contra nuestro pueblo, que tiene un nombre preciso: genocidio. Genocidio que impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes , niños, como paradigma del terror y que tuvo como objetivo aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir profundas transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo: cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, las más diversas militancias
Repudiamos los campos de concentración, la desaparición, el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, el robo de niños, que impuso la más brutal dictadura que conoce nuestra historia.
Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia de Tucumán y en el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país.
Estamos aquí para repudiar a los grupos del poder económico que planificaron y financiaron el golpe a favor de una política que los beneficiara a costa de la miseria sistemática para nuestro pueblo.
Denunciamos también a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos. Por todos y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro pueblo: ¡ denunciamos y exigimos justicia!!
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El camino iniciado con el heroísmo de las madres plantadas frente a la dictadura y la resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de solidaridades que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos casi 40 años de presencia en las calles en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable, de conseguir castigo a los genocidas.
La anulación de las infames leyes de impunidad de Alfonsín primero y el indulto menemista posterior, abrieron la posibilidad de juzgar a los genocidas. Este logro histórico de nuestra lucha no hubiera sido posible sin la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001.
Hoy, a casi 10 años, hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro país, con un resultado de 396 represores condenados y poco más de 1000 procesados. Este año han comenzado los juicios de la ESMA, en Buenos Aires; La Perla en Córdoba, y Arsenales y Jefatura de Inteligencia, en Tucumán. Entre los tres reúnen delitos contra 1500 víctimas y 150 acusados.
Sin embargo la impunidad de la dictadura de ninguna manera ha llegado a su fin.
Existieron más de 600 centros clandestinos durante la dictadura y no llegamos ni a 2 represores por campo condenados! Cada día de atraso en el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura es un día ganado por la impunidad biológica: 396 son los represores condenados y 320 los represores que murieron impunes antes de llegar a la justicia.
Hay más de 60 represores prófugos y casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Hace pocos días Martínez de Hoz, el ministro hacedor de la miseria planificada impuesta por la dictadura, que contaba con el beneficio del arresto domiciliario, murió en su lujoso departamento del edificio Kavanagh sin recibir condena.
Denunciamos que las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas, y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio. A este ritmo serán necesarios por lo menos 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados.
Denunciamos a los jueces cómplices de los genocidas que entorpecen y demoran las causas, y denunciamos al Poder Ejecutivo, que tuvo y tiene la posibilidad de impulsar las medidas necesarias para acelerar los juicios y no lo hace.
Por eso desde la anulación de las leyes de impunidad hemos luchado porque se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de concentración, y por todos los delitos que cometieron contra todos nuestros compañeros.
CARCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS
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Exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que contienen la información sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados.
Luchamos por la identidad de los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices. La política oficial no abre los archivos y sólo impulsa que quienes duden de sus orígenes, se hagan una prueba genética.
Los jóvenes que recuperaron su identidad hasta el momento son 108 y la cantidad de grupos de familia con muestra genética en poder del Banco Nacional de Datos Genéticos sólo son 246 y estas no alcanzan para la restitución de la identidad de las restantes 400 personas denunciadas y apropiadas como botín por la dictadura.
Por eso exigimos que se establezca rápidamente un mecanismo para que las muestras de todos los restos óseos sin identificar integren el Banco Nacional de Datos Genéticos y que todos los familiares de víctimas de desaparición forzada puedan integrar la base del Banco. De está manera aumentará la identificación de personas nacidas en cautiverio o secuestradas en sus primeros años de vida y que actualmente no pueden ser identificadas por no haber muestras genéticas de sus familias.
Exigimos la máxima transparencia en el manejo de los datos y que se impida su manipulación política por parte de organismos del Estado.
APERTURA y PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA.
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JOVENES APROPIADOS.
Desarmar la impunidad, construida prolijamente durante años, desarmar el aparato represivo de la dictadura, requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que el Gobierno no tiene.
Nuestros compañeros Julio López, secuestrado en el 2006 y Silvia Suppo, asesinada en el 2010 en Santa Fe, que testimoniaron y lucharon contra la impunidad de los genocidas son hoy símbolos que evidencian descarnadamente la continuidad del aparato represivo de la dictadura y la política de impunidad y olvido que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales quieren imponer sobre estos nuevos crímenes. Sus causas están plagadas de encubrimiento e impunidad. Exigimos también el esclarecimiento del asesinato de Mirta Raia en Tucumán.
Con todos estos años de lucha hemos derrotado la teoría de los dos demonios, logramos anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y reabrir las causas contra los genocidas.
En los juicios no solo buscamos la condena de los genocidas, sino también damos pasos en la construcción de una memoria y una historia desde las luchas e intereses populares. Por eso los Centros Clandestinos de Detención deben ser espacios de denuncia de los crímenes contra el pueblo y de construcción de memoria. Una memoria que recupere la historia, las luchas, las banderas y sueños por los que lucharon los 30000 compañeros detenidos desaparecidos: la de un país sin opresores ni oprimidos; sin explotadores ni explotados.
Nos oponemos a que los Centros clandestinos de detención se transformen en lugares de recreación. Por eso nos oponemos a que en la ESMA se realicen festivales, cursos de cocina, o que haya payasos o murgas.
Repudiamos el asado proselitista realizado en la ESMA por el Ministro Alak, el viceministro Álvarez y el secretario de derechos humanos Fresnedas. Esos “asaditos”, con su siniestra significación ,asociada a tortura y muerte, son una ofensa a la memoria colectiva. Por eso repudiamos las declaraciones de la Presidenta, que afirma que “en la ESMA hubo asados y los seguirá habiendo”.
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Denunciamos el nuevo intento del gobierno nacional de banalizar el Casino de Oficiales de la ESMA, modificando el único lugar que queda realmente como Espacio de la Memoria, como relato de lo sucedido en las 17 manzanas que ocupaba ese Centro Clandestino. Cuesta creer que se proponga instalar una fuente de agua y realizar intervenciones arquitectónicas en el lugar donde se mantenía secuestrados y torturados a los compañeros.
El gobierno dice que donde hubo muerte debe haber alegría, porque este sería el proyecto de país por el que lucharon los 30000 detenidos desaparecidos. Les decimos que no es cierto, que nuestros 30000 detenidos desaparecidos lucharon para terminar con la desigualdad y la dominación y por construir un país solidario. Y que entonces la única alegría posible es continuar la lucha para hacer realidad sus sueños.
Compañeras y compañeros:
Salimos, una vez más, a denunciar la impunidad de ayer y de hoy. Por eso hoy denunciamos al gobierno nacional, que pretende adueñarse de las banderas de derechos humanos, que honramos con nuestra lucha de tantos años, para ocultar su responsabilidad en la continuidad de la impunidad y su política de mano dura hacia las luchas populares.
Denunciamos que Cristina Fernández de Kirchner tiene una política que privilegia la entrega y descarga la crisis sobre las espaldas de nuestro pueblo. El gobierno paga la usuraria y fraudulenta deuda externa, denunciada por años por el movimiento popular y las organizaciones de ddhh. Garantiza ganancias millonarias a empresas extranjeras que saquean nuestros recursos y superexplotan a los trabajadores, mantiene compromisos con empresas imperialistas de la minería contaminante, refuerza sus vínculos con los agronegocios como el de la rosca sojera, y la extranjerización de la tierra.
Asegura los beneficios a su propio grupo económico y a sus amigos, como Monsanto, y mantiene y profundiza las reformas antiobreras del menemismo.
Porque estamos comprometidos con la historia, el presente y el futuro, somos parte de las luchas que recorren todo el país: puebladas, cortes de calles y rutas, huelgas, acampes, piquetes, las más diversas acciones que dan voz a la defensa de los derechos de los trabajadores ocupados y desocupados, de los jubilados, de los estudiantes, de los pueblos que defienden las condiciones ambientales de la depredación, de los campesinos, de los pueblos originarios, de quienes reclaman tierra y vivienda, salud y educación. Saludamos al pueblo de Esquel en el décimo aniversario del plebiscito que le dijo no a la Mina con el 82 % de los votos. Y con ellos y con todos los asambleístas decimos no a la megaminería a cielo abierto.
La inflación devora los ingresos populares. El supuesto congelamiento de los precios y la tarjeta Moreno son un fraude para imponer los topes salariales. Continúa el impuesto al salario y cientos de miles de trabajadores se quedan sin salario familiar, mientras la asignación universal por hijo no cubre las mínimas necesidades y no llega a todos.
Estos hechos son la verdadera contracara de un discurso enmascarador , que pretende vender a su gobierno como progresista, nacional, popular y defensor de los ddhh. Denunciamos también a los gobiernos provinciales del oficialismo y la oposición que despliegan políticas de ajuste en sus provincias.
El ajuste provoca la reacción de millones de trabajadores, como se demostró en numerosas luchas y en el paro general del 20 de noviembre.
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Saludamos desde esta Plaza la lucha de los docentes y estatales que recorre la Argentina y ratificamos la necesidad de superar las medidas parciales con un plan de lucha y un nuevo paro general. Hoy vemos con mucha preocupación que, junto a la política de ajuste y entrega y como respuesta a la movilización popular, el gobierno avanza en la represión y la criminalización de la protesta. En estos 10 años de gobierno kirchnerista han sido asesinados numerosos luchadores populares, y su número ha crecido en forma cualitativa en los últimos 3 años. Las luchas por tierra y vivienda, contra la tercerización, por salarios dignos, por los derechos de los pueblos originarios, y contra esta política de hambre y entrega encuentra una y otra vez nombres propios de asesinados del movimiento popular.
Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy)- Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte (Neuquén)- Javier Chocobar (Tucumán)-Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (Bariloche)- Mariano Ferreira- Roberto López y Mario López (Formosa)- Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (Indoamericano) – Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (Jujuy)- Mártires Lopez (Chaco)-Cristian Ferreyra (Santiago del Estero) – Diego Jáuregui (Avellaneda)-Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (Rosario, Santa Fe)- Noemí Condorí (Escobar)- Miguel Galván (Santiago del Estero) - Celestina Jara y su nieta de ocho meses (Formosa)- Imer Flores (Chaco)- Juan Manuel Asijak de 16 años (Formosa). Exigimos la aparición con vida de Daniel Solano, joven trabajador desaparecido hace más de un año en Río Negro.
En el último año se multiplicaron las acciones represivas directas: La represión encabezada por el Coronel Sergio Berni contra los trabajadores de la línea 60 y los desocupados y trabajadores de cooperativas que cortaron Panamericana y fueron llevados al ex Centro CD de Campo de Mayo, se continuó con la represión en Bariloche, y en días recientes con la acción de la bonaerense contra la pueblada de Junín y los camioneros de Lomas de Zamora y la de la Metropolitana de Macri en Parque Centenario y la Sala Alberdi.
La existencia de presos políticos durante este gobierno, como los compañeros de Corral de Bustos y Bariloche, no sólo es una violación a los ddhh más elementales, sino que convierte a los detenidos en rehenes ejemplificadores para todo el movimiento popular.
Reclamamos la libertad inmediata de los presos de Bariloche y Corral de Bustos!!!!
El número de procesados por luchar aumenta con cada conflicto, mientras permanecen impunes los responsables de crímenes contra el pueblo.
Garrahan, Kraft, Fate, ATE Neuquén, dirigentes del Movimiento de desocupados, son sólo algunos de los casos que enfrentan juicios con los que se pretende castigar a los que luchan.
Exigimos el cierre de las causas y anulación de las condenas a los 5000 luchadores populares procesados y la sanción inmediata del proyecto de ley contra la criminalización de la protesta!!
Denunciamos el espionaje y la infiltración en el movimiento obrero y popular que se expresa en el Proyecto Equis. Se ha puesto de manifiesto la mentira de la ministra Garré que pretendía reducir a un software lo que es, en realidad una actividad planificada y sistemática sobre las organizaciones populares, que se utiliza para armar causas contra los que luchan. Este espionaje viola derechos constitucionales básicos. Este es el concepto de seguridad democrática de Garré, Berni y Aníbal Fernández. Desde hace más de un año, venimos denunciando a Gerardo Martínez, espía de la dictadura y espía después del 83, amparado por el gobierno de Cristina Fernández.
Exigimos el desmantelamiento del proyecto X y de todos los programas de espionaje a las organizaciones populares.
Cuando no se apeló a la represión directa, se utilizó la represión tercerizada.
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Denunciamos la persecución de los trabajadores por parte de burocracias sindicales, asociadas a las patronales y a las patotas, como en el caso de Volswagen Córdoba, Sitraic, Bosch, los trabadores del Programa Buenos Aires Presente, de la Ciudad de Buenos Aires, petroleros y docentes de Santa Cruz, entre otros.
El desarrollo del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, que está entrando en su etapa final, confirma abrumadoramente la responsabilidad de Pedraza, su patota y los policías implicados en el crimen. Con el crimen de Mariano actuaron en defensa del régimen de tercerización laboral y de beneficios empresariales en base a los subsidios del estado, el mismo régimen que luego llevó a la masacre de Once. Reclamamos la perpetua para todos los implicados en el juicio, pero también la investigación y condena de todas las responsabilidades que quedaron en evidencia: los funcionarios del Gobierno Nacional, del Ministerio de Trabajo, de la secretaría de transporte y de los empresarios del transporte cuyos intereses defendía la burocracia de Pedraza.
Exigimos castigo a todos los responsables.
En el último periodo se ha recrudecido la represión directa y parapolicial contra los pueblos originarios y los campesinos que defienden sus tierras contra el avance de los pulpos agroexportadores protegidos por los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Así, con el amparo de Gildo Insfran, Capitanich y Zamora aliados de Cristina Kirchner, se han cobrado la vida de seis miembros de la Comunidad Qom en Formosa y Chaco y dos campesinos de Santiago del Estero.
Basta de reprimir a los pueblos originarios y a los campesinos.
Porque renovamos nuestro compromiso para seguir luchando por un país sin opresión y represión es que exigimos la derogación de la nueva ley antiterrorista, propuesta por la presidenta y aprobada entre gallos y medianoche por la mayoría oficialista. Esta ley que fue exigida por el GAFI y el Grupo de los 20 califica de terrorista al que “exige a una autoridad nacional, a un gobierno extranjero o al agente de un organismo internacional que haga o deje de hacer algo”. Este nuevo engendro represivo es una amenaza latente para todos aquellos que defendemos nuestros derechos en las calles y ha pretendido ser utilizada para perseguir las protestas contra la mega minería.
Exigimos la derogación de la ley antiterrorista
A 19 años del atentado a la AMIA seguimos exigiendo justicia. Repudiamos ese ataque criminal y nos solidarizamos una vez más con las víctimas. Denunciamos la campaña mentirosa del gobierno diciendo que con el Memorando se va llegar a la verdad, lo cual significará una nueva frustración para los familiares y todo el pueblo argentino. La reciente aprobación de esta ley es una vía muerta para el esclarecimiento de la masacre de la AMIA. Traerá como consecuencia la consagración de la impunidad porque no se propone investigar este crimen del cual el Estado argentino es el principal encubridor y también responsable. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quiere vendermos que persigue a una supuesta conexión internacional en base a informes secretos de la CIA y el Mossad para justificar el abandono de la búsqueda de los responsables locales.
Exigimos la apertura inmediata de los archivos secretos y su entrega a una comisión investigadora independiente.
A un año de la tragedia de Once, expresamos nuestra más profunda solidaridad con las víctimas y con sus familiares. Dolorosamente denunciamos este crimen contra el pueblo largamente anunciado, producto de la política de transporte privatista, de los grandes negociados con TBA, los Cirigliano y la burocracia sindical. Política que impulsa el gobierno nacional y que es continuidad de la implementada por el menemismo.
Exigimos el castigo a Jaime, Schiavi, Cirigliano y de todos los responsables.
La infame absolución de los acusados por el secuestro y sumisión a la trata en el juicio de Marita Verón desnudó la complicidad del aparato policial, el poder político y judicial con las redes de trata, a lo largo y a lo ancho del país. El fallo de Marita produjo una movilización popular de alcance nacional, que representó un golpe, además, contra el Gobierno de Alperovich, responsable de la impunidad. El femicidio y la violencia de género contra las mujeres es un grave problema social. Las hermanas Jara, María Ovando, Romina Tejerina, Wanda Tadei son nombres emblemáticos de esta cruda realidad social. Denunciamos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, por su actitud de total hipocresía, ya que mientras hablan profusamente del tema, en los hechos no tienen una política que se proponga terminar con la violencia de género y proteger los derechos de las mujeres.
Exigimos la aparición con vida de las más de 400 mujeres y niños secuestrados y el desmantelamiento de las redes de trata de personas. Juicio y cárcel a todos los responsables y sus cómplices.
Repudiamos los apremios ilegales y las torturas sistemáticas en las cárceles y comisarías de todo el país, como las recientemente ocurridas en Chaco, Tucumán y Jujuy. Denunciamos la criminalización de la pobreza y el gatillo fácil, que lleva cobradas más de 2300 vidas durante los últimos 10 años y las causas armadas contra los jóvenes de barriadas humildes. Exigimos la aparición con vida Luciano Arruga y el castigo de todos los responsables. Basta de gatillo fácil, basta de asesinar a los pobres y los jóvenes!!! Compañeras y compañeros La dictadura genocida que estamos repudiando en esta plaza se propuso terminar con la lucha de nuestro pueblo por un país con pan, trabajo, tierra, salud, educación, vivienda para todos, por una niñez y una vejez protegidas, por una juventud con futuro.
Por nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, por el país que soñaron y soñamos, por una Argentina sin opresión y sin explotación, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decimos Presente!!
30.000 compañeros detenidos desaparecidos Presente!!!

3/21/2013

Aclaración CONFERENCIA DE PRENSA

La conferencia de prensa pautada originalmente para hoy se realizará mañana VIERNES 22 A LAS 12 HS. en el HOTEL BAUEN. Allí el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) detallará la situación que se suscita a partir de que sectores digitados por el Gobierno nacional (como el conglomerado "Unidos y Organizados") anunciaran que impedirán que el EMVyJ pueda realizar su acto en la Plaza de Mayo como todos los años, para evitar que se escuche la denuncia contra el llamado "Proyecto X", sobre las causas penales que pesan sobre casi 5.000 luchadores sociales; en fin: la criminalización de la protesta social que, más allá de su "relato" y discurso lleva adelante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

A continuación, un comunicado de familiares de víctimas de la dictadura genocida al respecto.
Hijos y familiares de desaparecidos denuncian:

“El Gobierno quiere impedirnos llegar a la Plaza de Mayo este 24 de marzo para silenciar nuestras denuncias”


(20/03/2013) Hijos y familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar emitieron una dura advertencia ante la provocación montada por el Gobierno nacional para obstruir su llegada a la Plaza de Mayo este 24 de marzo: “Nos quieren impedir que marchemos, que reclamemos como hace décadas por memoria, verdad y justicia, que llevemos hasta la Plaza de Mayo nuestra denuncia por la impunidad de ayer y de hoy”.
Así se expresaron ante la convocatoria de la organización ultra kirchnerista Unidos y Organizados que convoca a concentrar -junto a organismos de derechos humanos alineados con el Gobierno- este 24 de marzo a las 14 hs en Avenida de Mayo y 9 de Julio para hacer su acto más de 4 horas después en la Plaza de Mayo. Buscan impedir así el ingreso de la columna del "Encuentro Memoria Verdad y Justicia" que agrupa a los organismos independientes del Gobierno, organizaciones sociales, gremiales y políticas de izquierda y que desde hace 17 años moviliza en forma independiente de todos los Gobiernos.
“Quieren impedirnos que lleguemos a la Plaza de Mayo, quieren expropiarnos nuestro derecho a expresarnos y a repudiar el genocidio porque quieren silenciar la denuncia al espionaje ilegal de la Gendarmería, los casi 5.000 luchadores procesados penalmente por pelear por sus derechos, la criminalizacióin de la protesta social y de los casi 20 muertos en protestas sociales por tierra, trabajo y vivienda bajo este gobierno que dice no reprimir. El Gobierno y sus organizaciones pretenden utilizar la memoria de nuestros viejos y familiares caídos y la lucha de un pueblo que durante más de tres décadas viene luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Nosotros no nos movilizamos desde el 2003 como algunos que hoy militan en las filas kichneristas, lo hacemos desde que tenemos memoria, junto a organismos independientes de todos los Gobiernos, incluido éste que hoy nos quiere dejar afuera de la Plaza de Mayo un 24 de marzo para que no denunciemos cómo la impunidad de ayer se continúa hoy con éste gobierno”, señalaron.

Asimismo, puntualizaron que “hoy desde la Rosada intentan reducir a un testimonio del pasado el aniversario del golpe militar, buscando encubrir un presente que lo encuentra enfrentado a su propio relato sobre los derechos humanos: por eso quieren evitar que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia pueda hacer su acto el 24 marzo en la Plaza de Mayo. Realmente lamentamos que haya otros familiares que se presten a esta maniobra por comulgar con este gobierno”.

“Somos los únicos que denunciamos no sólo la persecución a los luchadores y la criminalización de este Gobierno sino la impunidad que continua para la gran mayoría de los responsables militares, civiles y eclesiásticos del golpe genocida. Por eso nos quieren impedir llegar a la Plaza de Mayo este 24 de marzo. Reafimamos nuestra convocatoria a marchar desde las 15 hs de Congreso a Plaza de Mayo junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia y hacemos responsable a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que tengamos totales garantías para manifestarnos como lo hicimos desde siempre”, concluyeron.

CONFERENCIA DE PRENSA HOTEL BAUEN VIERNES 22 a las 12 HS.

María Victoria Moyano, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo
Alejandrina Barry, hija de desaparecidos
Juan Contrisciani, hijo de desaparecidos
Gloria Pagés, hermana de desaparecidos
Jorge Sobrado, ex detenido desaparecido en La Perla, provincia de Córdoba
María Inés García, hija de desaparecidos
Graciela Frañol, hermana de desaparecidos
Andrea Robles, hija de asesinado por la Triple A
Pablo Silvestri, hijo de asesinado por la Triple A
Carla Lacorte, hija de asesinado por la dictadura chilena y víctima del gatillo fácil

3/18/2013

24 de marzo 2013 - Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

CONVOCANTES: Solicitamos a todas las organizaciones que continúen enviando sus firmas a encuentromvj@gmail.com para formar parte de la lista de Convocantes a la marcha y acto del 24 de marzo.

CONVOCANTES 24 DE MARZO 2013 - ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA


Organismos de DD.HH: Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA – APEMIA / Asociación de Derechos Humanos de Cañada de Gómez, Santa Fe / Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos – AEDD / Asociación de Profesionales en Lucha en el Polo Obrero - APEL      / Centro de Abogados por los DDHH - Cadhu

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos – Ceprodh / Colectivo Memoria Militante / Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes / Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo – CADEP / Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional - CORREPI en el ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo) / Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial – EATIP / Liberpueblo / Unión por los Derechos Humanos, La Plata

Organizaciones Sociales,
Barriales y Culturales: Agrupación de Mujeres en Lucha “Las Piqueteras” / Asociación De Ex-Trabajadores y Familiares De Detenidos Desaparecidos de Mercedes Benz Argentina / Colectivo Por la igualdad / Colectivo Signos del Topo / Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán / Comisión de Homenaje a los Ferroviarios Desaparecidos / Corriente del Pueblo / Gacetillas Argentinas / Instituto Taki Onqoy / Jóvenes al Frente  / La Calle Larga / Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) / Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada / Opinión Socialista / Organización campesina La Peñaloza / Organización Cultural Razón y Revolución / Red Nacional de Medios Alternativos

Organizaciones Universitarias y Estudiantiles:
Bandera Negra Tendencia Estudiantil / Frente de estudiantes en lucha FEL / Federación Universitaria de Buenos Aires – FUBA / Movimiento Universitario Sur / Agrupación Secundaria Sudestada / Agrupación La línea recta / Centro de Estudiantes de Ingeniería UBA / Agrupación estudiantil Unidos por ingeniería / Centro de Estudiantes de Veterinaria UBA / Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica UBA / Centro de Estudiantes de Medicina UBA / Agrupación El Túnel de la Universidad Nacional de Quilmes

Organizaciones de Trabajadores Ocupados y Desocupados: Asociación Docente Ademys / Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) / CUBA-MTR-MIDO / Junta Interna de ATE Hospital Garrahan / Movimiento Barrios de Pie / MTL Rebelde / MTR 12 de Abril – Frente Nacional Pueblo Unido / Plenario de Trabajadoras / Polo Obrero

 Organizaciones Políticas:
Asambleas del Pueblo / Comité de coordinación (Convergencia Socialista e interdistrital por un polo de trabajadores) / Comité de Reconstrucción del Comunismo Revolucionario – CRCR / Corriente de Organizaciones de Base La Brecha - COB La Brecha / FOB-Buenos Aires / Generación para un Encuentro Nacional – GEN / Izquierda Socialista / Movimiento Libres del Sur / Movimiento Socialista de los Trabajadores - MST  / Nuevo Más (movimiento al socialismo) / OLA-Organización para la Liberación Argentina / Partido Comunista Revolucionario – PCR / Partido de los Trabajadores Socialistas –PTS / Partido Obrero – PO / Partido Revolucionario (Marxista Leninista) PRML / Partido Revolucionario de los Trabajadores – PRT / Partido Social de la Ciudad / Partido Socialista Autentico / Partido Socialista de Trabajadores Unificado PSTU / Proyecto Sur / Tendencia Piquetera Revolucionaria / Unión de Juventudes por el Socialismo

3/09/2013

La Plata : más fragmentación, prófugos y demoras

 Próximos juicios a los genocidas 

El año 2013 nos encuentra en La Plata con 5 causas elevadas a juicio oral, a saber: hechos parciales por los CCD “La Cacha” y “Pozo de Banfield”, los crímenes cometidos contra los hermanos Iaccarino y los militantes Bettini y Bearze, y la apropiación de Elena Gallinari Abinet.

Tanto las causas Cacha, como Iacarrino y Gallinari-Abinet serían llevadas a juicio este año por el TOF N°1, presidido por Carlos Rozanski e integrado por los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, que en diciembre de 2012 fueron designados en el tribunal ante el apartamiento de Falcone y Portela. Se estima que las causas por el secuestro de los hermanos Iaccarino y por la apropiación de Gallinari comenzarían luego de marzo, mientras que el proceso por “La Cacha” comenzaría antes de la feria judicial de julio.
Tras llegar tardíamente a la instancia de juicio oral, todas estas causas dejan a muchas víctimas y represores en el camino, y confirman la propuesta de justicia a cuentagotas que realiza el Estado.

LOS HERMANOS IACCARINO

La causa Nº 3361/12, "Iaccarino, Rodolfo José y otros s/averiguación apropiación de bienes" investiga el secuestro, tortura y robo de bienes a los hermanos Iaccarino. La investigación fue elevada a juicio en marzo de 2012 e incluye acusación contra Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti,  ex jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús.
Las víctimas, los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo se dedicaban a la actividad empresarial en los rubros de la carne, la construcción, bancos y cooperativas. Durante su cautiverio, que comenzó en Santiago del Estero en noviembre del ’76, fueron obligados a desprenderse de las empresas, campos y un avión. Para la venta forzosa fueron llevados a la Brigada de Lanús (CCD conocido como “El Infierno”) en octubre del ‘77, a pesar de que desde mayo de ese año habían sido "legalizados" en la Unidad 9 de La Plata. Fueron liberados en septiembre del ’78, luego de que su padre firmó la cesión de los bienes.
Tras realizar durante 30 años varias denuncias por la multiplicidad de hechos de que fueron víctimas, los hermanos recibieron amenazas. El mayor de ellos, Rodolfo, murió en julio de 2009 de una complicación cardíaca, luego de haber recibido un mes atrás una amenaza en persona de un hombre que le dijo en una plaza platense “El caso Julio Lopez va a ser un poroto al lado del caso Iaccarino”. El hecho está denunciado en otra causa del juzgado N°3 de La Plata.

El expediente se inició como causa “N° 2384” en 2005. En sus testimonios en Juicio por la Verdad y en el juicio a Von Wernich los hermanos señalaron que Alejandro pasó por 14 CCD entre Santiago del Estero y la U9, reconocieron a una decena de torturadores del COT 1 de Martínez y de la Brigada de Lanús, y afirmaron la presencia de funcionarios judiciales que en un lugar de detención clandestina convalidaron el robo de los bienes. Pero la justicia sólo llevará a juicio a los máximos jefes del CCD “El Infierno”.  Un primer desguace.
 
LA LUCHA DE ELENA


La causa "Madrid, Elichart y Kirilosky” juzgará la retención y ocultamiento de menor, supresión y suposición de estado civil y falsedad ideológica de documento público en el caso de Elena Gallinari Abinet.  Nacida en 1976 durante el cautiverio de su mamá, María Leonor, e inscripta como hija propia por el represor Domingo Madrid, Elena recuperó a su familia en el ‘87 y su identidad en el ‘94. Durante 11 años, desde su nacimiento en 1976, vivió con el subcomisario de la Bonaerense Domingo Luis Madrid y su esposa, María Mercedes Elichart, quienes con la complicidad de la médica platense Silvia Kirilovski la anotaron como su hija biológica. Pero la joven fue recuperada por su abuela Leonor Alonso, que inició una causa que la justicia termino considerando prescripta y absolvió a los imputados. Pero Elena no estuvo conforme, y en abril de 2007 se presentó ante la justicia e inició la causa judicial que este año llegará a juicio.
La madre de Elena, María Leonor Abinet, era una docente, militante gremial e integrante de Montoneros de la zona norte del Conurbano. Fue secuestrada el 16 de septiembre de 1976, embarazada de siete meses. Su padre, Miguel Ángel Gallinari, fue un obrero metalúrgico, delegado gremial y militante montonero secuestrado en junio del ’76. Miguel logró escapar cuando era trasladado a Campo de Mayo, pero un mes después fue recapturado y aún permanece desaparecido. Elena nació en cautiverio y fue entregada a Madrid por otro genocida de la Bonaerense que no será juzgado. Y el CCD en el que su madre la dió a luz no ha sido nunca investigado, con la excusa de que no hay sobrevivientes con los que María Leonor haya compartido su detención.
 
CAUSA “LA CACHA”


El proceso más grande a enjuiciarse próximamente en La Plata es la investigación por hechos del CCD “ La Cacha ”, uno de los más sofisticados de la dictadura en términos de coordinación entre los servicios de inteligencia de las fuerzas represivas.  Tras varias idas y vueltas del juez Blanco en la instrucción de la causa el juicio finalmente incluirá a sólo 16 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. A continuación los detalles de una causa que tiene de todo: fragmentación de casos, genocidas muertos impunes, exonerados y prófugos.

El CCD “ La Cacha ” fue creado en el marco de una etapa definida del plan sistemático de represión ilegal diseñado por la junta militar y respondió a la necesidad de obtener información precisa para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en las afueras de La Plata y fue uno de los centros clandestinos de detención más sofisticados de la dictadura. Según los relatos de algunos sobrevivientes como Ricardo Victorino Molina el nombre “ La Cacha ” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que en un cínico paralelo elaborado por los represores “hacía desaparecer gente”.

Situado en la localidad de Lisandro Olmos, el CCD funcionaba en la antigua planta transmisora de Radio Provincia entre las calles 197, avenida 53, Ruta Provincial n° 36 y la calle 47 y cerca de las vías del ferrocarril Belgrano. se encontraba emplazado a 50 metros de lo que hoy es la entrada principal de la ex Unidad Penitenciaria n° 8 y a unos 100 metros del muro de la Unidad Penitenciaria n° 1 . Al predio se ingresaba por un camino de tierra corto que daba a una zona semi-deshabitada. El centro clandestino estaba compuesto por tres espacios diferenciados: un edificio principal de tres niveles, en donde se alojaba a los detenidos, otra edificación lindera a la anterior, denominada "la casita", que servía como sala de torturas, y una especie de casa rodante, adyacente a los otros dos edificios, a la que algunos ex detenidos-desparecidos fueron conducidos para sostener entrevistas con sus captores. Asimismo, algunos liberados mencionan haberse enterado durante su cautiverio de la existencia de otro centro de detención llamado “cachavacha superstar” o “casita azul”, en la que los prisioneros habrían tenido un régimen de permanencia distinto, sin “tabicamiento” y con la posibilidad de desplazarse por el interior del lugar.

La instrucción de la causa Cacha en el Juzgado Federal de 1ª Instancia de La Plata, a cargo del juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter, confirmó durante 10 años el extendido criterio de la justicia de fragmentar y estirar los procesos que tanta lucha costó para que fueran agrupados como unidad de hechos en un CCD. Desde hace casi 30 años, la misma justicia dispone de la declaración conjunta que parte de los sobrevivientes de este CCD hicieron ante la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo (conocido como Clamor). En 1983 y ante ese organismo los sobrevivientes detallaron un croquis y una descripción de las instalaciones de La Cacha con su distribución interna y una lista con los apodos de los represores y la pertenencia a cada arma o dependencia que intervenía.

Anuladas las leyes de impunidad en 2003, reabierta como Causa N° 16.419  “Dr. Felix Pablo Crous s/ denuncia (La Cacha-L.Olmos)” y radicada en el Tribunal N°1 de Blanco y Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el  Fiscal Federal Sergio Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires donde tres denunciantes anónimos y ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en el CCD. Cotejados los legajos penitenciarios del ‘76/’83, se citó a indagatoria al “Oso” Acuña, a Osvaldo Uset (a) “el negro”, a Víctor Irineo Garay (a) “pájaro loco” y a Domingo Mac Tier (a) “Mister Y” o “Mister X”.

Pero recién en diciembre de 2009 la fiscalía hizo una descripción de los hechos y solicitó la detención de una veintena de imputados. Se comenzó entonces a imponer la división de la instrucción, contemplando sólo hechos perpetrados a lo largo del año 1977 y por sólo una porción de imputados, porque “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad” habrían aconsejado ir por partes.

Para mostrar cierta movilidad en la causa, en 2010 Blanco solicitó que el Poder Ejecutivo Nacional levante el secreto que protegía a la información de Inteligencia, y se imputó a 12 agentes del Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 101. Y aquí comenzaron nuevas defecciones del Juez: Las primeras detenciones, sobre 17 represores, se hicieron entre febrero y marzo de 2010. Luego, en abril de 2010, se suspendió el proceso contra Cesar Emilio Branne, por padecer “síndrome de Corea Huntington” o “Mal de San Vito”. Branne, que estaba con domiciliaria, quedó libre. En agosto de 2010 se procesó y detuvo a Rufino Batalla. En septiembre de 2010 se procesó a Juan Carlos Negri, Enrique Cicciari e Isaac Miranda. En diciembre de 2010 se le dictó la falta de mérito a Cicciari luego de indagarlo y, único imputado del Regimiento 7, quedó libre. En octubre de 2011, se constató el fallecimiento de Negri. Y para confirmar la costumbre judicial de llegar tarde  buscar a los represores, entre febrero y marzo de 2010 se determinó como prófugos a 3 imputados en la causa con órdenes de captura: Ricardo Luis Von Kyaw (en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (en Israel) y Miguel Angel Amigo. Amigo fue recapturado en diciembre de 2012 y se espera la resolución sobre si será o no parte del juicio.

La siguiente defección fue en marzo de 2012, cuando Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa.

Las imputaciones definitivas recayeron entonces sobre 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Alejandro Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg). Un total de 18 genocidas para uno de los campos más grandes de la zona represiva de La Plata. Pero el cuento no terminó allí, ya que entre mayo y septiembre de 2012 murieron impunes, gracias a la demora judicial, el coronel Arias Duval y el general Saint Jean mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”.  Arias Duval era el único imputado en Cacha acusado por los homicidios y apropiaciones de niños, además de los secuestros y torturas, de manera que con su muerte quedan impunes cientos de delitos, pero principalmente escapa a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en dictadura en La Plata. Los nombres de ambos decesos pasaron a integrar la irreversible cifra de 320 represores muertos impunes desde la caída de las leyes de impunidad, 8 de ellos imputados en causa Cacha.

Quizás por su doble rol como juez electoral y penal federal, Blanco estuvo muy ocupado en intríngulis narco-electorales como para dedicarse de lleno a una causa como la de “La Cacha”, que hace 10 años está en sus manos. Pero lo de su secretaria Ana Cotter es fuera de serie. Cuando elevaron a juicio la causa fragmentada, Justicia Ya se opuso por no estar completa la instrucción y contestó a la elevación en subsidio. En ese momento, Cotter prometió fervorosamente que iba a trabajar sobre lo que quedaba del año ‘77 y todo el año ‘78 para elevarla y que se juntara con lo ya elevado hace un año. Ahora, en una entrevista con Justicia Ya en febrero de 2013 la Sra. secretaria aclaró que no tuvo ni tiene tiempo de hacerlo y que no lo va a hacer porque se está ocupando de otra cosa; que de todas formas debería volver a tomar testimonios para que los sobrevivientes “reconozcan” a los represores; que sin reconocimiento, incluso dijo que “al menos dos”, ella no eleva nada; y que quizás investigaría si los organismos querellantes le hacemos el trabajo.

Con estas posiciones no sólo se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de policía, penitenciarios, de la Armada y del Ejército. También se retrocede a criterios ya superados como que la medida de prueba para imputar a reconocidos represores sea exclusivamente un reconocimiento fotográfico a 37 años de los hechos y haciendo recaer la responsabilidad del avance de la causa nuevamente en la víctimas.

La “sana crítica racional” o la “íntima convicción” del juez Blanco y su secretaria Cotter dejan paso a las contradicciones de un tribunal que, en distintas resoluciones de la instrucción, afirma por un lado que el reconocimiento fotográfico “ha resultado de mucha importancia en causas como la presente”, a la vez que define por otra parte que “el tabicamiento de las víctimas fue un mecanismo efectivo para evitar que los responsables fueran individualizados”.

Por último, se sabe que tanto la Fiscalía Federal de La Plata, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y del embajador argentino en España Carlos Bettini y su familia, pretenden que la causa N°29 por el asesinato en noviembre del ‘76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi sean juzgados junto al expediente por La Cacha. En febrero de 2013 el juez Arnaldo “2.040” Corazza cerró la instrucción de esa causa en relación a los genocidas imputados Etchecoltaz, Smart, Eduardo Gargano, Horacio Lujan y Julio César Garachico, y decidió fragmentar la causa para continuarla en otras actuaciones respecto a los represores Juan María Torino y Norman Alfredo Miniot.  Más fragmentación.
 
CAUSA POZO DE BANFIELD


En otra obra maestra de la desidia judicial, en abril de 2012 el hoy renunciado juez Corazza decidió elevar a juicio oral la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD conocido como “Pozo de Banfield”. La tarea del juez se limitó a declarar clausurada la pobrísima instrucción que, pese al importante aporte de prueba que los organismos de DDHH realizaron, lo llevó a imputar a sólo 7 represores por este campo. Uno de ellos y jefe del CCD, Juan Miguel Wolk, está prófugo. El resto de los genocidas que actuaron en el lugar, como se acostumbra, quedará para inciertos próximos juicios.

Ubicado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, el “Pozo” funcionó como centro clandestino de detención entre los años 1974 y 1978 en lo que era la Brigada de Investigaciones de Banfield.
Por este CCD pasaron alrededor de 292 detenidos, y una de sus características específicas fue su papel relevante en el circuito de centros clandestinos que funcionó como apoyo para el llamado “Plan Cóndor”, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur parcialmente probada en el juicio que en marzo de 2011 condenó a sólo 4 genocidas por los casos de 65 compañeros que pasaron por el CCD “Automotores Orletti”, y que en el caso de Banfield alojó a parte del grupo de uruguayos militantes del MLN-AMS-GAU secuestrados entre diciembre del ’77 y mayo del ’78. Otra marca distintiva del “Pozo de Banfield” fue el gran número de embarazadas vistas allí y la cantidad de partos que se produjeron en ese lugar. Los casos de Adriana Calvo, que dio a luz en el auto que la trasladaba de Comisaría 5ta de La Plata a Banfield; el de Silvia Isabella Valenzi llevada del Pozo de Quilmes a parir al Hospital Iriarte de Quilmes, alojada en Banfield y apropiada su hija; y el de Stella Maris Montesano que dio a luz a su hijo Martín en una celda del CCD y desaparecida igual que su esposo Jorge Ogando; son sólo algunos de los que dan cuenta de la maternidad clandestina funcionaba en este CCD.

Iniciada en febrero de 2006 a raíz de una denuncia presentada por H.I.J.O.S. regional Capital, la causa N° 26 Pozo de Banfield tuvo un tortuoso derrotero. En 2008, los organismos querellantes pidieron la imputación de cerca de 200 represores en  la causa, por todos los compañeros que pasaron por el campo. En 2010 Corazza decidió procesar, a instancias del requerimiento fiscal, a 6 genocidas (4 de ellos ya procesados en otras causas y pertenecientes a la cadena de mandos), e imputó como procesados nuevos al comisario Miguel Wolk y a Raúl Carlos Rodriguez. En septiembre de 2011 los roganismos reiteraron infructuosamente el pedido. Finalmente, el 23 de marzo de 2012, Justicia Ya! La Plata presentó una queja por retardo de justicia en las causas que instruye Corazza. El 24 de abril de 2012 el juez se despachó con varios “no ha lugar” por pedidos de oposición a la elevación a juicio de la causa en estas condiciones, de paso declaró la prescripción de la acción penal sobre el genocida Ignacio Oscar García “en virtud del fallecimiento  del mismo”, y elevó la actuación a juicio.

“No tengo personal”, “estoy con otra causa”, “estoy cansado y nervioso”, “no soy Superman” y “a este paso vamos a terminar las causas en el 2.040” fueron las excusas que varias veces dio Corazza a los organismos querellantes con cínica elocuencia.
En resumen serán 7 los represores llevados a juicio en esta causa: Rodolfo Aníbal Campos (Sub-Jefe de Policía Bonaerense de diciembre de 1977 a marzo de 1979), Ibérico Saint Jean (militar, gobernador de facto de la provincia), Miguel Etchecolatz (Director General de Investigaciones), Juan Miguel Wolk (Comisario y Jefe del CCD),  Raúl Carlos Rodríguez (Subdirector de Investigaciones, segundo de Wolk), Jaime Smart (Ministro del gobierno defacto de la Provincia), y Jorge Antonio Bergés (médico policial). De todos ellos, sólo 3 son específicos de este CCD (Bergés, Wolk y Rodriguez), los otros son imputados por cadena de mandos. Las víctimas incluidas son 134.
En diciembre de 2012, en inusitado rapto de lucidez, “Superman” Corazza decidió procesar en una causa residual de este CCD a 15 represores más, que en su mayoría están requeridos en causa Cacha y son integrantes de la inteligencia militar. Eso sí, Corazza les otorgó automáticamente la prisión preventiva domiciliaria. Difícilmente integren el juicio por el CCD Banfield elevado en Causa N°26, aunque con la justicia federal nunca se sabe.

Párrafo aparte merece la imputación de Wolk, alias “El Patón”, “El Alemán” o “El Nazi”, ya que por lo menos entre 1976 y 1979 actuó en prácticamente todas las divisiones policiales que funcionaron con sede en el edificio del “Pozo de Banfield”: Jefe de la División Delitos contra la Propiedad, Director de la Dirección de Investigaciones y de la Dirección de Seguridad, Zona Metropolitana. Fue además Subdirector y Jefe de Plana Mayor de la Dirección General de Investigaciones y pasó brevemente por la Unidad Regional de Tigre. Además porque durante años la justicia lo daba por muerto. Sólo ante la denuncia de una compañera ex detenida que determinó que seguía cobrando su jubilación y que vivía en Mar Del Plata, se lo pudo imputar en la causa. Pero no fue Corazza el que lo ubicó, sino el periodista Roberto Garrone, quién lo buscó para entrevistarlo y hace 3 años lo encontró en su chalet de Benedetto Crocce 3045 del  barrio Punta Mogotes.
Puesto en evidencia, Corazza lo mandó a indagar, pero lo hizo sin avisar a las querellas y liberó con domiciliaria al genocida por las famosas “razones de edad y salud”. Casi como un final previsible ante tanta inoperancia judicial, el 10 de Abril de 2012 la Corte Suprema de Justicia confirmó el rechazo de la prisión domicilia de Wolk, cosa que publicó en su sitio oficial de Internet en la misma fecha. La causa llegó a la Cámara de Apelaciones de La Plata el 27 de abril y recién el 4 de mayo el Juez “Cansado” Corazza ordenó su detención. Pero WolK ya no estaba. Su abogado comunicó el 3 de mayo que la hija de Wolk, Mónica Luján, de 51 años y teniente de la Policía Bonaerense, denunció su “desaparición” en la Comisaría 5ta de Mar del Plata el mismo 27 de abril de 2012. Wolk, junto a cerca de 70 genocidas más en todo el país, está prófugo con evidente complicidad de la Justicia que les da la oportunidad de fugarse. Por este hecho Abuelas de Plaza de Mayo pidió el juicio político a Corazza, que anticipando un oscuro horizonte publicó su renuncia en las redes sociales en enero de 2013, y que aún debe ser resuelta por la Cámara Federal de La Plata.

A 37 años del golpe genocida, la justicia platense evade la memoria de las víctimas y de sus familiares que esperan reparación. La justicia hace silencio frente a las denuncias y los reclamos de los organismos de Derechos Humanos, a los que les pide que, como siempre, terminen haciendo el grueso del trabajo investigativo. Los jueces Blanco y Corazza evaden su responsabilidad de investigar y, en definitiva,  revelan a la sociedad toda qué calidad de funcionarios judiciales tienen los tribunales Federales de La Plata donde, a 10 años de anuladas las leyes de impunidad, sólo se ha condenado a 44 genocidas de la última dictadura, y donde sólo tienen procesados a otros 80 para entretenernos los próximos 10 años con una farsa de justicia.

HIJOS LA PLATA - Marzo 2013
Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!
HIJOS La Plata

3/07/2013

Justicia Ya La Plata exige desalojo de la policía del Destacamento de Arana

7 de Marzo de 2013

COMUNICADO DE PRENSA

Justicia Ya en La Plata informa que en el día de hoy entregamos una carta al Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, reiterando el reclamo al Poder Ejecutivo provincial por el incumplimiento, ya no sólo la orden judicial de hace más de cuatro años, emanada por el Juzgado Penal Federal Nº 3 a cargo del Dr. Corazza, solicitando el desalojo del Destacamento de Arana, sino que este incumplimiento se ve drásticamente agravado a partir del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por el Dr. Carlos Alberto Rozanski en calidad de Presidente, y los Sres. Vocales, Dres. Roberto Atilio Falcone y Mario Portela, el día 19 de Diciembre de 2012, emitido luego del juicio seguido a 24 represores del denominado Circuito Camps en dónde se insta a la provincia para que cese la utilización por parte de la policía de las dependencias que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico-militar, especialmente el Destacamento de Arana, la Comisaría 5ta de La Plata, la Brigada de San Justo, Puesto Vasco que funcionó en la Subcomisaría de Don Bosco y el COTI Martínez”.

En la misma insistimos lo paradojal que resulta que el Gobierno anuncie la intención de construir en algunos CCD espacios de memoria, sin reparar en la violencia simbólica de la presencia de la misma fuerza represiva que lo habitaba durante la dictadura militar. De igual modo recordamos al Sr. Gobernador que para poder avanzar en la realización de las investigaciones que quedan pendientes en estos lugares es imprescindible el desalojo y la preservación de los mismos.


Recordamos también al Dr. Scioli que debe ordenar la inmediata baja por exoneración, como lo indicara el mencionado Fallo del TOF al condenar por el delito de Genocidio a los reos juzgados y declarados culpables en el juicio al denominado Circuito Camps.

A pocos días de cumplirse 37 años del golpe genocida esperamos la única respuesta posible por parte del gobernador, el inmediato desalojo del destacamento policial de Arana y demás lugares donde funcionaron CCD tomando los recaudos necesarios para poder avanzar en el conocimiento del destino de muchísimos compañeros que fueron secuestrados, torturados y que hoy permanecen desaparecidos, habiendo sido comprobado su paso por esos centros de exterminio y a hacer efectivo el cumplimiento de la baja por exoneración de los policías condenados.

CONTACTOS DE PRENSA
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Lucía de la Vega 0221-15 4768819
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