10/23/2012

Demolición ilegal de un muro del CCD Puesto Caminero de Pilar

Desde H.I.J.O.S. Córdoba repudiamos con fuerza la demolición ilegal del muro que señalizaba el ex Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como Puesto Caminero de Pilar.

Durante el operativo de desalojo de una familia, el día viernes 19 de octubre por orden del intendente de Pilar Diego Bechis, empleados  municipales demolieron la única pared que quedaba como señalización de que en Pilar funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar. 

El Puesto Caminero de Pilar ubicado a la vera de la Ruta nacional nº 9 es reconocido como un espacio de memoria por la Comisión de la Memoria de Pilar, el Archivo Nacional de la Memoria, la Red Federal de Sitios de Memoria, el Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria y el Municipio de Pilar. El edificio que ocupaba el puesto caminero fue demolido hace años quedando en pie un muro y un espacio verde que fue transformado en una plazoleta de la Memoria amparada por la Ley provincial 9286.  El muro en cuestión no tenía ninguna relación física ni legal con la casa que se intentaba desalojar.

Este accionar del municipio de Pilar es ilegal y violatorio de los derechos humanos.

Varios testimonios  y denuncias judiciales dan cuenta del funcionamiento de este sitio conocido como “La Escuelita de Pilar” o "Puesto Caminero de Pilar” como Centro Clandestino de Detención y Tortura formando parte de la estructura del Estado Terrorista a través de la Policía de la Provincia y más específicamente del D2 (Departamento de Informaciones 2 de la Policía de Córdoba). Más allá del valor simbólico del lugar, era la ubicación exacta donde se cometieron delitos de lesa humanidad que aún no han sido juzgados y su desaparición afecta a los procesos judiciales, históricos y académicos en busca de la Verdad, la Memoria y la Justicia que se vienen llevando a cabo en la provincia y el país.

La familia que por orden del juzgado de Río Segundo debía ser desalojada vive hace más de 20 años en ese lugar y no se les ha respetado su derecho a la vivienda al desconocer que tienen en proceso un juicio por usucapión de la casa.


Exigimos la inmediata preservación del lugar de memoria y el respeto por la preservación de la historia argentina, la construcción de Memoria y el trabajo de la Comisión de la Memoria de Pilar.

Exigimos el inmediato esclarecimiento de los hechos, que se investiguen las responsabilidades de las autoridades involucradas y que sean sancionadas.


H.I.J.O.S. Regional Córdoba
en la Red Nacional

LOS JUZGA UN TRIBUNAL, LOS CONDENAMOS TODOS!

La lógica en que se están desarrollando los juicios a los represores, con el desguace de la causa, su división en etapas a criterios discrecionales, la permanente revictimización de las víctimas, los beneficios de que gozan los genocidas y su imputación por delitos comunes lleva a contradicciones difíciles de explicar. 
Ningún sujeto político puede quedar afuera del debate, porque problematizar estos juicios nos permite respetar la verdad histórica, es por eso que vale preguntarnos: ¿es posible que para un Genocida como Raúl Guglielminetti, de tamaña participación durante la planificación y ejecución del plan genocida, no se solicite reclusión perpetua? ¿Es posible que José Luis Caceres, miembro de la Triple A , custodio y matón de Remus Tetus, captor y torturador de muchos compañeros, sea mantenido como víctima Y TESTIGO PROTEGIDO? ¿Es posible que para Desiderio Penchulef, Comisario de Río Negro y Jefe de la Comisaría de Cinco Saltos, imputado por secuestro y torturas, se solicite sólo 6 años de Prisión? ¿Es posible no haya ningún imputado de la Policía Federal , ni del Servicio Penitenciario ni de la Policía de Neuquén en este Juicio, cuando se ha comprobado en la causa la participación conjunta de las fuerzas represivas junto a las FF AA en los operativos? ¿Es posible que hayan desfilado como meros testigos Policias que han manifestado haber sido los captores de compañeros o haber conducido operativos de secuestros?

Estas son sólo algunas preguntas que nos permiten también ALEGAR y poner de manifiesto las tamañas arbitrariedades y contradicciones de este proceso judicial que lejos está al día de hoy de permitirnos hablar de “Justicia”.

Por más de 30 años, a través de su lucha constante contra la impunidad, los compañeros ex detenidos, familiares de desaparecidos, organizaciones de DD HH y el pueblo trabajador en su conjunto fueron construyendo una memoria colectiva y una verdad histórica que no se corresponden con estas decisiones políticas y jurídicas de algunas de las partes de este Juicio.

El Estado, con su doble representación (Fiscalía y Secretaría de DD HH), nada ha dicho de las responsabilidades que le competen para seguir atacando la impunidad. No sólo ha pedido penas escandalosas hacia los genocidas que grafican lo impúdico de sus alegatos sino que tampoco procede a la apertura de los archivos de la dictadura ni a dar de baja a los cientos de genocidas que aún cumplen funciones o que cobran jubilaciones con “honores” decretados por este gobierno (como el caso de Vittón, quien está siendo juzgado como jefe de la sub área represiva 5.2.1.1).

Por un lado la Secretaría de DD. HH. reconoce que los delitos de lesa humanidad se cometieron en el marco de un genocidio, pero les imputa a los Genocidas penas bochornosas de 20 a 6 años de prisión por delitos comunes. 

Por otro lado, la Fiscalía sólo reconoce que fue un plan criminal y clandestino desde el aparato estatal y solicita penas de 24 a 5 años de prisión. Alega que es un atenuante para la totalidad de los imputados gozar del concepto de ser “buenos vecinos”. TAL COMO LO ESTA LEYENDO: PARA LA FISCALÍA LOS EJECUTORES DE ESTE PLAN GENOCIDA QUE SECUESTRARON, TORTURARON Y DESAPARECIERON A NUESTROS COMPAÑEROS DEBEN SER CONSIDERADOS COMO BUENOS VECINOS Y POR ENDE GOZAR DE PARTE DE LOS ATENUANTES QUE PERMITE UTILIZAR EL CODIGO PENAL.

El bochornoso alegato del ministerio fiscal y la deprimente pena solicitada fueron justificados sobre los argumentos de que "imputan bajo criterios legales, que cuidan el debido proceso y no buscan venganza". Sin duda, al expresar estas afirmaciones pretenden poner motes de “vengadores”, “ignorantes” o “resentidos” a aquellos que criticamos su accionar. Se olvida la fiscalía de que durante todos estos años este pueblo, los familiares de los/as desaparecidos/as y los mismos sobrevivientes no lucharon para “mandar a los genocidas al paredón”, ni los movilizó la sed de venganza sino todo lo contrario: la lucha los encontró en las calles reclamando el “juicio y castigo a los culpables” y la justicia verdadera.

Pero, mal que les pese, tenemos argumentos, ejemplos y hechos que demuestran que sus decisiones y el pedido de pena constituyen una postura ideológica y no mero legalismo. No podemos entender este proceso judicial sin una explicación política del mismo. Las partes en el juicio deciden qué “biblioteca” y POSICIÓN IDEOLÓGICA defender.

Existen argumentos jurídicos, políticos, históricos, doctrinarios y jurisprudenciales que ya han expresado que es posible afirmar que lo ocurrido en Argentina fue un Genocidio. Al día de la fecha, 11 sentencias lo han confirmado. Muchos de esos fallos han sido ratificados por la Corte Suprema , por lo que están firmes. Por otro lado, existen alegatos de fiscales y fallos de jueces que se han expresado a favor de la posibilidad legal de condenar directamente por Genocidio (fallo en disidencia de causa Nicklison y alegato del fiscal en causa ABO).

La Fiscalía eligió ignorar estos precedentes, pero es la misma Fiscalía que no duda en llevar a Juicio por luchar a compañeros como Guagliardo y Huth, de ATEN, que debieron enfrentar un juicio oral ante la requisitoria y elevación a juicio que llevó adelante la Fiscalía Federal. Tampoco duda en procesar a decenas de compañeros por salir a protestar a las rutas, como hizo en el caso de la abogada de los ceramistas, Natalia Hormazabal. 

Por otro lado, la querella de la APDH ha reconocido que lo ocurrido en Argentina fue un plan genocida (no así en el juicio del 2008). Sin embargo, para que esto no sea meramente declarativo, se debe instar esta imputación ya desde las indagatorias, los procesamientos y la elevación a juicio. Este organismo se ha encargado de mantener una postura que no representa la lucha popular que ha permitido que algunos genocidas deban sentarse en el banquillo de los acusados. No podemos sostener de ninguna manera que los Juicios son parte de una “culminación” de la lucha por la Verdad , Memoria y Justicia. Menos aún justificar la imputación por Homicidio de los casos de los compañeros desaparecidos. 

¿Es posible que una Organización de DD HH impute a los Genocidas por delitos comunes y se permita no pedir prisión perpetua para la mayoría de ellos? (25 años a Guglieminetti es un claro ejemplo). En su alegato la APDH expresó, acertadamente, que no existía una pena que pudiera reparar tanto daño y que justamente solicitaría aplicar la máxima pena ¿Cómo justifica haber pedido sólo 6 años de condena para el Comisario y encargado de la comisaría de Cinco Saltos, Desiderio Penchulef, que está imputado por dos hechos de privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos físicos y psíquicos? Teniendo en cuenta ese pedido, ¿se pueden sostener las penas de más de 20 años que solicitó para Genocidas imputados por los mismos delitos? ¿Es posible luchar por las torturas de las fuerzas represivas actuales en los barrios y en las cárceles con semejante precedente? 

No obstante sabemos que sólo la lucha y la movilización pueden derrotar la impunidad que los distintos gobiernos han tratado de sostener. Es por ello que nos sumamos a las convocatorias y acciones tendientes a defender una lucha que no es privativa de un sector sino que le corresponde al pueblo trabajador que día a día sufre las consecuencias del genocidio, la impunidad y la continuidad del aparato represor.
¡ LA VERDAD ES Y SEGUIRÁ SIENDO REVOLUCIONARIA!

PORQUE LOS JUZGA UN TRIBUNAL Y LOS CONDENAMOS TODOS EXIGIMOS:
CONDENA POR GENOCIDIO, CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS RESPONSABLES.

ACTIVAR 
-Lucha y Organización contra el Genocidio y la Impunidad- 
Octubre de 2012 — con Hijos Ex-Detenidos Mdq, Hijos Resiste, Corriente de Trabajadores y  Sindicato Trabajadores Construccion SitraicPO NeuquénApdn La PlataFiske RedxlaIdentidadHijos MadridCambio Psicosocial,Antena LibreOmar VillablancaLa Brecha ComahueLA Dario Santillan TucumanApdh RosarioHijos Río CuartoComunicadoras Populares En RedBarricada TevesUnter Seccional Seccional RocaCorriente Surcos La PlataFederacion Universitaria PatagonicaSecretaría De Prensa Fadecs FadelCes SindicalesFederacion Universitaria ComahueComisión De Mujeres Fadecs-FadelSindicato De Prensa Neuquén,Adosac Puerto Santa CruzAdosac Filial El Calafate,Insurgentes CehumaAdosac Filial Rio Turbio,Wayruro ComunicaciónCta Fisque MenucoAdosac Las HerasApdh MisionesCulturas Itinerantes yFlor Lezcano.

10/15/2012

¡Que no participe un servicio de la dictadura en el V Congreso por los derechos de la infancia y la adolescencia!


Buenos Aires, 10 de octubre de 2012

A LOS PARTICIPANTES Y CONVOCANTES DEL V CONGRESO MUNDIAL
POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

¡¡URGENTE: UN INDIVIDUO AL SERVICIO DE LA DICTADURA ESTÁ ENTRE LOS PONENTES!!

Estimadas Señoras, Estimados Señores:

Hemos leído el temario que se proponen desarrollar en este V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que tendrá lugar en la ciudad de San Juan, y con estupor hemos comprobado que entre los ponentes se encuentra un individuo que durante la dictadura militar genocida prestó servicios en el Batallón 601.

Nos estamos refiriendo a Gerardo Martínez cuyas tareas surgieron de información publicada por el Archivo Nacional de la Memoria. Martínez aparece como personal civil de inteligencia que revistió en el período 1976 -1983; figura en la foja 52, con el número 2798 y su número de documento. Esa lista la entregó el Ejército al Ministerio de Defensa cumpliendo órdenes del Poder Ejecutivo.

Conscientes de la trascendencia que el V Congreso tendrá en los diferentes países y ámbitos en los que se intercambiarán información, experiencias, programas de protección, fomento de medidas de prevención, etc., dónde incluso se generarán actuaciones conjuntas para el abordaje de problemas, nos preguntamos qué puede aportar un agente que participó en el Batallón 601 desde donde se secuestró, torturó y asesinó a miles de personas, y donde el secuestro y apropiación de menores fue una de las políticas utilizadas, no solo para el intento del cambio de identidad de los chicos apropiados sino en la búsqueda de provocar un cambio en la identidad del pueblo argentino. Hoy, quedan aún por recuperar su identidad cerca de 400 niños apropiados. Nos preguntamos qué puede aportar si no es perversidad, la presencia de un miembro de las fuerzas represivas que hicieron del trabajo esclavo de los prisioneros un sustento más del terror.

En el mes de julio 2012, los organismos de Derechos Humanos Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y el Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE) conjuntamente con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SiTraiC), acompañados por diferentes organizaciones como Liberpueblo, Asociación Por El esclarecimiento de La Masacre Impune de la Amia (APEMIA), la Secretaría de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), y con el patrocinio de los organismos de Derechos Humanos: Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo
(CADeP), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (cEPRODH), Coordinadora Contra la Represión Policial e institucional (CORREPI) y la Asociación de Profesionales en Lucha (APeL), presentaron la correspondiente denuncia contra Gerardo Martínez.

Por los documentos recabados por el Tribunal a cargo del Juez Lijo, de los propios organismos de inteligencia, quedó demostrado que Gerardo Martínez actuó en esa estructura represiva durante la dictadura genocida, operando bajo el seudónimo de Gabriel Mansilla.
En la actualidad las organizaciones denunciantes hemos solicitado a la justicia que no se cierre la causa sino se investigue cuales fueron las tareas asignadas durante su permanencia en el Batallón de Inteligencia y todo su accionar.

Por todo lo anterior, les solicitamos la aplicación práctica de los más elementales principios de justicia que, nos consta, se encuentran en todas las organizaciones participantes y organizadores, que un elemento que ha servido en el aparato represivo de la dictadura genocida que asoló nuestro país, no tenga un espacio que no le pertenece bajo ningún tipo de concepto. No es posible comprender que este congreso que tiene por objetivo debatir los Derechos de la Infancia y Adolescencia pueda albergar y dar voz a un represor que desde el mismo momento en que se sumó a la estructura represiva dictatorial los violó sistemáticamente.

Les solicitamos concretamente que al agente de inteligencia de la última dictadura militar argentina Gerardo Martínez, alias Gabriel Mansilla, no se le permita participar del V Congreso Mundial sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

La inscripción y la participación de este ex agente de seguridad, permite que la impunidad continúe.

Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos
Carlos Calvo 1780, dto. 10, timbre 26 (C1102ABJ) Buenos Aires - Argentina
TE/Fax: (54-11) 4304 8283; e-mail: aedd@exdesaparecidos.org.ar

Todos aquellas organizaciones y/o personas que quieran sumarse a este pedido de rechaza a un genocida, enviar a : aedd@exdesaparecidos.org.ar


10/09/2012

EL “CIRCUITO CAMPS” A LA VANGUARDIA DE LOS MUERTOS IMPUNES


Murió el genocida Saint Jean
Posicionando a la ciudad de La Plata a la vanguardia en la situación de impunidad de que gozan los represores de la última dictadura pese a la reapertura de los procesos judiciales en su contra, el pasado viernes falleció impune el tercer genocida imputado en el juicio “Circuito Camps”: el ex gobernador militar de la Provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint Jean.

Tras los fallecimientos en total impunidad de los represores Rubén Paéz (jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata entre junio y diciembre del ‘77) en febrero pasado y de Alejandro Arias Duval (jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata entre ‘76-‘79) en mayo de este año, la muerte del geronte Saint Jean, de 90 años, confirmó al proceso “Circuito Camps” como el juicio con mayor cantidad de represores muertos impunes durante las audiencias, lo que como mínimo debería llamar la atención sobre la falta de celeridad general del proceso.

Nacido en Chascomús, en septiembre de 1922, Saint Jean ingresó en el Colegio Militar en 1940. Fue director de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, agregado militar en Brasil y pasó a retiro en febrero del ’73. Designado gobernador de facto en la dictadura por Decreto n° 47 del 7 de abril del ‘76, ocupó el cargo hasta el 28 de marzo de 1981.

Beneficiado durante décadas con las leyes de impunidad, Saint Jean fue procesado a indagado en mayo de 2008. En el juicio “Circuito Camps” se señalaba su responsabilidad en la organización del plan represivo, en cuanto a la provisión y sostenimiento de la estructura edilicia, del personal y de los medios materiales indispensables para la realización de las conductas ilícitas perpetradas durante toda su fase ejecutiva. La acusación fiscal afirmaba que “Saint Jean asumió la gobernación de la provincia a sabiendas de que tal circunstancia requería ser parte de un plan criminal” y que “la Policía de la provincia de Buenos Aires no pudo haber funcionado con independencia del Poder Ejecutivo Provincial, así como tampoco pudo estar a disposición de otro organismo sin la decisión de este poder”.

Pese a su importante rol en la cadena de mandos represivos, la imputación a Saint Jean es una muestra del recorte  fragmentación que la justicia realiza en estos procesos: se lo acusaba sólo por 62 casos de secuestros, torturas y un homicidio, ocurridos en el CCD “Puesto Vasco”, entre ellos los sufridos por integrantes del “Grupo Graiver” y ministros del gobernador Victorio Calabró.


Saint Jean fue uno de los 15 genocidas cuya situación acusatoria se agravó en septiembre pasado, merced a la impecable actuación de la querella del espacio “Justicia Ya!” que logró ampliar la acusación por los homicidios de al menos 33 víctimas cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Ello importaba la posibilidad de condenarlo a prisión perpetua, por eso el tribunal le había revocado la domiciliaria de la que gozaba desde hace años en su departamento porteño de calle Cabildo N°639 y lo mandó al hospital penitenciario de Ezeiza.  
En las dos posibilidades de declarar que tuvo en el marco del juicio “Circuito Camps” se llamó a silencio, como la mayoría de los genocidas allí juzgados.

La justicia a cuentagotas sigue inclinando el fiel de la balanza hacia la impunidad, ya que a más de 9 años de caídas las leyes de impunidad son 313 los genocidas procesados muertos impunes contra 261 condenados.

Algunos de los últimos genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena.
El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes.

En diciembre de 2011, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. Y en febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

Las muertes impunes de Paez, Arias Duval y Saint Jean, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti, Osvaldo Sertorio y otros en las causas de La Plata, no hacen más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones.
De hecho en La Plata, aún con el proceso recortado por el “Circuito Camps” de 26 (ahora menos 3) represores imputados por unas 280 víctimas, en 2012 no se condenó a ningún genocida. Y suman sólo 20 los represores condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. Y hay en la Jurisdicción federal de La Plata unas 20 causas en instrucción con 94 procesamientos sobre 62 represores a ser juzgados en inciertos próximos juicios.

Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.

10/07/2012

Elevaron a juicio la causa por el asesinato de Enrique Angelelli


La complicidad de la Iglesia
La investigación del crimen del obispo deja al descubierto el rol de la jerarquía eclesiástica durante la dictadura. Los fiscales señalaron en su acusación que las Fuerzas Armadas operaban “en coordinación y con el consentimiento de la Iglesia Católica argentina”.

Por Alejandra Dandan
La investigación por el asesinato del obispo Enrique Angelelli acaba de ser elevada a juicio oral. La arquitectura de la acusación que construyeron los fiscales federales Darío Edgar Illanes y Carlos Gonella tiene un agregado: muestra por primera vez en clave penal el rol que cumplió la jerarquía de la Iglesia Católica argentina durante la dictadura. Los fiscales dicen que no fue un rol silencioso ni sólo cómplice, sino un “rol activo” en las políticas del terrorismo de Estado: “El terrorismo de Estado fue un fenómeno mucho más complejo que el que intentan demostrar algunas miradas miopes, que lo reducen al accionar de las Fuerzas Armadas. En esta causa queda particularmente demostrado que el terrorismo de Estado 1976-1983 actuó criminalmente bajo el amparo de la jerarquía de la Iglesia Católica en Argentina”. O con otras palabras: “Que el sistema represivo operó en coordinación y con el consentimiento de la Iglesia, o al menos de buena parte de su jerarquía”.

Sobre el caso Angelelli, Gonella e Illanes concluyen que el obispo murió en “un atentado” producto de un “accidente intencional”: “Podemos afirmar con seguridad –explican– que la colisión automovilística donde monseñor Enrique Angelelli perdió la vida fue provocada de forma deliberada por otro vehículo que venía siguiéndolos” a él y al sacerdote Arturo Pinto, que salvó su vida milagrosamente “por razones ajenas a la voluntad de los acusados”.

Por el crimen imputaron a Jorge Rafael Videla y al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, que “emitió directivas precisas para eliminar los grupos vinculados al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo”; al ex jefe del III Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez; y a dos jefes del aparato represivo de La Rioja: el vicecomodoro Fernando Estrella, acusado en el juicio abierto por los curas de Chamical, y entonces segundo de la base de la Fuerza Aérea (Celpa), que funcionó como centro clandestino, y al entonces jefe de la D2, el ex comisario Juan Carlos Romero.

Para conectar la relación entre el rol de la jerarquía de la Iglesia y la causa Angelelli, los fiscales indican que de “la abultada prueba surge de que las persecuciones a los curas riojanos fueron puestas en conocimiento de la jerarquía regional y nacional”. Pero a partir de ese momento, y antes de situar la historia del obispo dentro del desa-rrollo y la persecución al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), explican por qué dicen que el sistema operó en coordinación y acuerdo con la Iglesia. “Resulta de singular importancia mencionar que así como en otras investigaciones ha quedado claro el rol desempeñado por otras instituciones estatales durante el terrorismo de Estado, como el Poder Judicial, en la presente causa se ha demostrado que el sistema represivo instaurado por las Fuerzas Armadas operaba también criminalmente como aparato de poder organizado en coordinación y con el consentimiento la Iglesia Católica argentina, o al menos buena parte de su jerarquía”, dicen. En ese sentido, toman como prueba “el registro” revelado hace unos meses sobre la entrevista que mantuvo el 10 de abril de 1978 Videla con la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, representada en ese acto por el obispo Vicente Zazpe y los cardenales Raúl Primatesta y Juan Aramburu.

El contenido del documento que forma parte de los archivos secretos de la Iglesia fue revelado por Horacio Verbitsky en Página/12. “En la reunión entre Videla y el Episcopado queda claro que en forma conjunta se buscaron soluciones para el problema de los desaparecidos –dicen los fiscales–, y que esas soluciones no fueron justamente blanquear la situación, informar sobre el destino de las personas, sino todo lo contrario.”

Primatesta escribió en el documento que, durante el encuentro, Videla se mostró preocupado porque los obispos habían usado la palabra “presos políticos”. Les dijo que “en el ámbito internacional y periodístico esos términos se interpretan como que acá hay presos por sus opiniones políticas, o por cuestiones raciales o religiosas, cosa que no es cierta: los que están presos –y citó casos concretos como el de Timerman– no lo están por esas causas sino por razones que hacen directamente a la guerrilla”. Primatesta le dijo a Videla que “se había tratado de una ‘nomenclatura vulgar’ y que no hubo otra intención”. Y le explicó que el problema que tenían ellos era el reclamo de los obispos, que a su vez recibían las quejas de los familiares, y que se acercaba el viaje para la Asamblea de Puebla, en el que los recibiría un ambiente “no local” donde se “pueden hacer cuestionamientos que de algún modo tendremos que responder”.

El texto transcribe lo que sigue: “El presidente respondió que aparentemente parecía que sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están; pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados; ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas. Se estuvo dialogando sobre la necesidad de buscar alguna solución...”, dejó escrito el cardenal sobre la entrevista en la que poco más tarde, por la reconstrucción, él dice que “la Iglesia quiere comprender, cooperar”.

“Es realmente asombroso el tratamiento que efectuaron los prelados sobre la ‘nomenclatura vulgar’”, señalan los fiscales. “Pero lo más asombroso e indignante resulta el sesudo análisis sobre ‘los desaparecidos’ y los problemas que podría generar en Puebla”, la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que se iba a hacer el 27 de enero de 1979 en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, de México, para continuar con los lineamientos de la II Conferencia General de Medellín.

En ese punto recuerdan una frase de Aramburu sobre el final del encuentro: “Le sugerí que por lo menos dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban desaparecidos, fuera de los nombres que han dado a publicidad”. También recuerdan la frase del propio Videla a la revista cordobesa El Sur, en la que dijo que: “Los obispos nos asesoraron sobre la forma de manejar el tema de los desaparecidos”.

Primatesta va a aparecer nuevamente en la historia de Angelelli, esta vez como la persona que “gestionó” su “alejamiento” de la provincia de Córdoba y le dijo al vicario castrense del Ejército Victorio Bonamín: “Ojalá se lleve a los compinches”.

Pese al modo de construir en clave penal la participación de la Iglesia en la dictadura, los fiscales no avanzaron con una acusación contra ninguno de los obispos. Gonella dice que no lo hicieron porque todos los que aparecen están muertos y que él mismo dijo, en uno de los juicios de Córdoba, que si Primatesta estuviese vivo estaría entre los acusados.

LA INVESTIGACION DEL CRIMEN
Un atentado planificado

El expediente por el asesinato del obispo Enrique Angelelli contiene algunas definiciones importantes. Los fiscales plantean el caso como un “atentado” en el contexto de un accidente intencional. El hecho, dicen, “se planificó, ordenó e instrumentó el 4 de agosto de 1976 con la finalidad de eliminar al obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, que, con el sacerdote Arturo Pinto, partió a las 14.30 de Chamical munido de una carpeta con información sobre el homicidio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, ocurrido días antes. Salió de Chamical con destino a la ciudad de La Rioja, al mando de un Fiat 125 Multicarga modelo 1973, por la Ruta Nacional 38, en dirección sur-norte, tomando el camino viejo para evitar que los miembros de Celpa supieran de su viaje”.

Cerca del mojón del Km 1056, luego de atravesar una elevación de terreno, a unos seis kilómetros de Punta de los Llanos, “se le acercó a gran velocidad un vehículo de color claro –presumiblemente modelo Peugeot 404—-, conducido por personas que no han podido ser individualizadas hasta la fecha, que circulaban en el mismo sentido y alcanzaron a la camioneta por su izquierda, encerrándola hacia la derecha con una maniobra intencionalmente brusca, momento en que se produjo una explosión”. La camioneta salió del asfalto, ingresó a la banquina en semicírculo y salió de nuevo a la ruta, donde volcó. Eso “trajo como resultado la muerte de Angelelli y lesiones en Arturo Pinto, entre las 15.15/15.30 horas, no consumándose la muerte de este último por razones ajenas a la voluntad de los acusados”.

Pinto perdió la memoria y se enteró de la muerte del obispo cuando salió del hospital, pero lo que dijo durante las noches de delirio es una parte importante de las pruebas que abonan la tesis del accidente provocado. Pinto decía entre lamentos de dolor: “Apúrese, monseñor, ya nos alcanzan”. Hablaba de un Peugeot blanco que los venía siguiendo.

Un enfermero de la época llamado Mario Rubén Gorosito dijo que lo único que se le entendía a Pinto era algo parecido: “Monseñor, cómo está monseñor, el auto blanco, los papeles, nos sigue un auto blanco”. Y la religiosa Delia Ursula Braida, entre otros, le oyó decir en esos días, inconsciente y delirando: “Qué pasó con el obispo... murió el obispo... nos aporrearon... nos seguía un Peugeot blanco...”

Para los fiscales, eso “no deja lugar a dudas de que se trató de un homicidio provocado”, un dato que cotejan con dos pericias. Ambas señalan un golpe en la camioneta por cuyas características consideran que pudo ser producto de la embestida de otro auto.

Ahora bien, el peso simbólico de la acusación está en otra parte: en la reconstrucción que los fiscales hicieron en clave histórica sobre el contexto del desarrollo del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, la semblanza de la figura de Angelelli, el rol político de su proyecto pastoral y los conflictos que esa política generó con los sectores más reaccionarios de la Iglesia y con los grupos económicos ligados a la tierra.

Las pruebas del espiral

Angelelli llegó a La Rioja en 1968, mientras se iniciaba en el país el desarrollo del MSTM. La presencia del obispo en la provincia tuvo dos etapas, una interpretación de su biografía que los fiscales también establecieron en este texto. El punto medio es 1971, cuando le prohibieron la difusión de las “misas radiales” a través de las cuales llegaba a toda la provincia. “A partir del año siguiente, impedido de militar a través de la palabra, pasó a militar a través de la acción directa”, dice el escrito.

La persecución empezó “con sutiles mensajes, en rigor veladas amenazas”, en los medios de prensa. El 20 de noviembre de 1973, el diario El Sol criticó un dictamen del obispo y dijo que era “preámbulo de la política de puertas abiertas al marxismo en la Iglesia”. Luego, continuó “a través de concretos actos de intimidación como la proscripción de las misas, siguió con represión y encarcelamiento, y finalizó con salvajes actos de crueldad hacia sus más directos colaboradores: secuestro, tortura y homicidio alevoso de los padres Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, el 18 de julio de 1976; el homicidio alevoso del laico Wenceslao Pedernera a una semana de ese terrible episodio y finalizó con el artero y cobarde atentado que terminó con la vida del obispo el 4 de agosto de 1976, en el que por milagro salvó la suya su acompañante, el padre Arturo Aldo Pinto”. Una de las pruebas mas importantes de la causa son documentos del Departamento de Inteligencia de la Policía de La Rioja, que muestran que confeccionó listados de sacerdotes que, según ellos, pertenecían al MSTM y el lugar donde estaban.

La construcción de Angelelli como subversivo y el modo en el que fueron cercándole el camino, las amenazas y la reconstrucción de los últimos momentos también forman parte de las pruebas. Serán parte de un nuevo artículo.