5/21/2011

Carta a la Liga Argentina


Por María Inés Luchetti de Bettanín

Mi suegra Juani Bettanín y yo recorrimos junto a muchos familiares distintos foros en el extranjero, e iniciamos junto a otros sobrevivientes, la causa Feced en Rosario en diciembre de 1983. Hemos reclamado por la aparición con vida de mis cuñados Jaime Colmenares, Guillermo Juan Bettanín y Leticia Jones y denunciamos nuestros propios secuestros y el de mis hijas Mariana y Carolina Bettanín, el nacimiento en cautiverio de mi hija Cristina Inés Bettanín, y los asesinatos de mi marido Leonardo Bettanín y mi cuñada Cristina Bettanín el 2 de enero de 1977. Hoy nos encontramos al final de las testimoniales del juicio oral a Díaz Bessone. Quiero decirles que antes de declarar en este juicio el pasado 30 de noviembre, recorrí los recortes periodísticos de 1984 que aún preservo. Y no sólo en mi testimonio y el de mi suegra, sino en el de casi todos los compañeros denunciábamos entonces a cinco ex militantes que optaron por pasar a formar parte del aparato represivo para preservar sus vidas. Nadie en aquellos días objetó nuestra palabra. Como tampoco se objetó en la elevación a Juicio Oral de la Causa Díaz Bessone.
En octubre de 2010 adherí a la carta enviada a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuestionando su desistimiento de acusar a Ricardo Chomicki y Nilda Folch, basado en un dictamen de la Procuraduría General de la Nación de 2008. Aquellas palabras tocaron lo más profundo de mi alma y fueron un bálsamo para mi añosa soledad sobre estos temas. Siempre que pensaba en ellos, me inundaba un profundo sentimiento de injusticia no reparada. Me preguntaba ¿por qué no podemos enjuiciar a Folch (la Polaca o Victoria), por denunciar a los guardias que mi suegra le había pedido un cigarrillo? A raíz de esta denuncia de Folch, Darío, un miembro de la Brigada, pateó y golpeó a mi suegra, quien se encontraba a mi lado después de haber sido torturada y violada. Folch también participó activamente en mi interrogatorio la noche en que me secuestraron, me acusó de mentir y fue la causante de que los policías me pegaran aún más. Yo estaba embarazada a término. Después que terminó el interrogatorio vino a mi lado y me contó, "lo lindas que eran las fotos de mis hijas que estaban en mi casa". Estaba vestida con ropa mía, por lo cual supe que había participado del allanamiento y el saqueo de mi casa. Me sigo preguntando, ¿por qué no la puedo acusar?
¿Por qué razón no puedo acusar y pedir juicio y castigo para Ricardo Chomicki (el Cadi), que fue quien marcó a Marisol Pérez Losada en un bar al que ella había ido a una cita con un compañero? Esto sucedió en circunstancias en que Chomicki tomaba alegremente un café en ese bar con miembros de la patota de Feced sin estar en operaciones. Así nos contó Marisol su secuestro. Aún hoy no sabemos qué hicieron con ella, quien la mató, dónde la enterraron. El Pollo Baravalle lo sabía y Folch y Chomicki lo saben. Como también saben quién se llevó a Alicia Tierra, embarazada de cuatro meses y dónde y cómo la mataron.
¿Por qué no podemos acusar y enjuiciar a quienes, eligieron formar parte del enemigo y en esa condición, no como víctimas, picanearon, golpearon y enterraron compañeros en el Servicio de Informaciones de Rosario? ¿Por qué no podemos demandarlos por años de pacto de silencio con las fuerzas represivas? Jamás ninguno de ellos colaboró para encontrar a ningún compañero, ni muerto, ni desaparecido. Ningún familiar tuvo una sola palabra de ellos sobre el destino de sus seres queridos. La complicidad les dura hasta hoy. Tengo muy claro que lo que se está juzgando son delitos de lesa humanidad, perpetrados por un aparato represivo que instrumentó el Terrorismo de Estado para eliminar la resistencia a la dictadura militar. Folch, Chomicki, Brunato y Baravalle decidieron formar parte de él. Me sigo preguntando: ¿aplican ustedes a estos casos la Obediencia Debida contra la cual tanto hemos luchado? Nuestras estrategias de supervivencia y resistencia, en la inmensa mayoría de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario no incluyeron la eliminación de nuestros compañeros para preservarnos. Y elegimos, aún en las peores condiciones, no sobrevivir a cualquier precio. Por ello, tampoco acepto que se tienda un manto de sospecha generalizado sobre nuestras conductas, en el sentido que marca del dictamen de la Procuraduría cuando señala que "todos de alguna manera colaboraban". Porque no ha sido así durante mi cautiverio en el Servicio de Informaciones ni en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario.
Por todo esto propongo que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, así como lo ha hecho Familiares, den libertad de acción a cada equipo legal, sin presiones sobre ellos, porque no todos los campos de concentración han sido iguales. Por todo lo expuesto les solicito consideren escuchar y respetar mi voz, que se une a la de muchos sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Rosario. Y en consecuencia instruyan a sus abogadas (que son también quienes llevan adelante mi querella particular) para que acusen a todos los civiles, militares y eclesiásticos del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército de Rosario y del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, sin exclusiones de ninguna clase. De lo contrario, debo pedirles que se abstengan de acusar en mi nombre al momento de alegar. 

* Sobreviviente del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario (2 1 77 al 11 10 de 1977

5/16/2011

Organismos de derechos humanos denuncian indefensión de testigos

A tres semanas del secuestro del testigo rosarino Victor Martinez, enmarcado en un juicio por lesa humanidad, organizaciones de derechos humanos denuncian a través de un comunicado, la falta de protección a los testigos.
         
A tres semanas del secuestro del testigo rosarino Victor Martinez, enmarcado en un juicio por lesa humanidad, organizaciones de derechos humanos denuncian a través de un comunicado, la falta de protección a los testigos.
  
Advierten que sigue vigente "la impunidad y el encubrimiento" por parte de los genocidas y que este prevalece por sobre la seguridad de los testigos, "al igual que los casos de Gerez y Puthod".

También denuncian los atentados a testigos, querellantes, familiares, jueces y abogados que hubo en el juicio a la Unidad 9 en La Plata. El asesinato de Silvia Suppo también es caracterizado por las organizaciones de derechos humanos, con vinculación al "aparato represivo" ya que la mujer era testigo de crímenes de lesa humanidad.

Finalmente el comunicado de prensa cuenta del juicio previsto para mediados de año donde se investigarán hechos ocurridos en distintos centros clandestinos enmarcados en el "circuito Camps", con 23 imputados.